TC Rol 17240

Texto completo

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TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE



Santiago, veinte de enero de dos mil veintiséis.



A fojas 102, ténganse por acompañados los antecedentes
remitidos.

A fojas 317, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer, segundo y tercer otrosíes, téngase presente. Como se pide a la
forma de notificación solicitada; al cuarto otrosí, estese a lo que se
resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 24 de diciembre de 2025, Ernesto
Vera Rodríguez requiere la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 8°, numerales 8) y 9), primer
párrafo, de la Ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre
arrendamiento de predios urbanos, para que ello incida en el proceso
Rol C-15.309-2025, seguido ante el Vigésimo Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
la cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala, acogiéndolo a
tramitación por resolución de 29 de diciembre de 2025, a fojas 93. En
dicha oportunidad se confirió traslado a las demás partes de la gestión
invocada para examinar el cumplimiento de sus requisitos de
admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y examinado el requerimiento en
conjunto con todos sus antecedentes fundantes, se tiene la
configuración de la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en
tanto carece de fundamento plausible o razonable;

4°. Que, el requirente expone que el conflicto suscitado en la
gestión tiene origen en un juicio especial de arrendamiento tramitado
conforme a la Ley N° 18.101, en el cual, durante la audiencia de
contestación, conciliación y prueba, no fue rendida prueba por su
defensa en calidad de parte demandada, pese a que ésta había sido
entregada a su abogado patrocinante. Agrega que cuenta con




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credencial de discapacidad reconocida por el Estado, circunstancia que,
estima, exigía un estándar reforzado de protección de su derecho a
defensa y acceso efectivo a la justicia;

5°. Que, anota que solicitó al tribunal en que se sustancia la
gestión le fuera reconocida la existencia de un entorpecimiento y, con
ello, se habilitara la posibilidad de rendir la prueba. Dicha petición fue
rechazada, en aplicación de los numerales 8 y 9 del artículo 8 de la Ley
N° 18.101, desestimándose además la reposición y apelación
interpuestas en subsidio;

6°. Que, al fundar la cuestión de inaplicabilidad, argumenta que la
aplicación de los numerales 8 y 9 del artículo 8° de la Ley N° 18.101,
vulneran el derecho a un proceso racional y justo consagrado en el
artículo 19 N° 3 de la Constitución. Se excluye la posibilidad de revisión
judicial de resoluciones que afectan el derecho a defensa, impidiendo al
juez realizar ajustes frente a un entorpecimiento legítimo como el que
fue alegado en la gestión. Con lo anterior, se transforma el
procedimiento sumario en un mecanismo incompatible con las
exigencias de justicia y al tratarse de una persona con discapacidad
acreditada, se activa el deber del Estado de asegurar ajustes razonables
en el acceso a la justicia, conforme a la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento
y resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del actor, debe ser
declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o razonable;

8°. Que, conforme ha sido razonado por este Tribunal al examinar
el alcance de la exigencia de fundamento plausible o razonable, la
especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en
la Constitución la configura como un instrumento de eliminación o
supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de
reformulación de la normativa aplicable a una materia. Asimismo,
atendido el carácter concreto de control constitucional de la ley, las
alegaciones de la parte requirente deben ser analizadas con relación a
las peticiones y argumentaciones entregadas en la gestión pendiente
con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es expresión de
la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de




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constitucionalidad de la ley (resolución de inadmisibilidad en causa Rol
N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, según se desprende de los antecedentes acompañados y
de lo expuesto por el requirente, la gestión invocada corresponde a un
juicio especial de arrendamiento en el cual se ha verificado el
vencimiento del término probatorio. El conflicto se centra en determinar
si resultaba procedente habilitar un término probatorio extraordinario o
acoger el entorpecimiento alegado por la parte demandada -parte
requirente de esta causa- atendida la circunstancia de que no se rindió
prueba en la audiencia respectiva por una causa que estima no
imputable a su voluntad. La controversia envuelve, con lo anterior, la
valoración de las circunstancias que, en su oportunidad y mérito,
apreció el Vigésimo Primero Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;

10°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional
no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que ha sido resuelto
por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de uno o más preceptos legales. Como fue resuelto en
causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales errores
interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en que
aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente
causa no constituye una instancia para revisar o enmendar decisiones
judiciales. Un asunto de mera legalidad -como el presentado- ha de
resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que,
previa interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en
todo caso- en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la
Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°). Si bien, lo ha advertido
la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es factible que una determinada
interpretación adoptada por un tribunal pueda generar efectos
inconstitucionales, activándose la competencia de inaplicabilidad de la
ley, esta Magistratura no está habilitada para la corrección de errores
interpretativos si, de existir, se han habilitado por el legislador
mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones.

En contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados
por este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal
y la dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus
requisitos constitucionales y legales. El control concreto que le
corresponde efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre




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actuaciones de otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que
puedan resultar derecho aplicable en la resolución de una concreta
gestión, siendo en definitiva un control de carácter normativo;

11°. Que, el conflicto planteado no se origina en la aplicación de
los preceptos impugnados; en contrario, en la determinación de si
resultaba procedente acoger el entorpecimiento alegado y habilitar un
término probatorio extraordinario, así como en la apreciación de las
circunstancias en que el tribunal de instancia calificó la solicitud para
adoptar una decisión. Sin embargo, estas materias corresponden al
ámbito de interpretación que es ajena al control de constitucionalidad
concreta que ejerce esta Magistratura a través de la acción de
inaplicabilidad, en tanto se busca controvertir la forma en que el
tribunal interpretó el alcance de las normas procesales aplicables y
valoró los fundamentos de la solicitud de corrección procesal deducida;

12°. Que, con ello, la parte requirente no impugna el contenido
normativo de los numerales 8 y 9 del artículo 8° de la Ley N° 18.101;
antes, cuestiona la forma en que fueron aplicados, controvirtiendo esa
decisión judicial. A juicio de este Tribunal, ese desarrollo argumental del
requerimiento importa alegaciones que involucran una reorientación
del estatuto procesal y de las normas procesales aplicables, lo que
excede la naturaleza del control concreto de constitucionalidad y
constituye una prerrogativa del legislador. Como fuera razonado en
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N° 14.009-23 y N°
16.575, la inaplicabilidad constituye “un instrumento de eliminación o
supresión concreta de un precepto legal y no de reformulación de la
normativa aplicable a una materia”;

13°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la STC
Rol N° 15.036 razonó que la acción de inaplicabilidad no permite
“transgredir la distribución de competencias entre el Poder Judicial y este
tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional, y
los cuerpos legales que regulan las atribuciones de estos órganos
constitucionales”, criterio que debe ser asentado, puesto que no puede
tenerse por razonablemente fundado un requerimiento como el
ejercido si éste, más bien, impugna la forma en que un tribunal
interpretó el alcance de las normas procesales aplicables y determinó su
aplicación a un caso concreto, materias que deben resolverse en el
marco de las competencias propias del Poder Judicial.




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Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.240-25-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 21/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/01/2026 Fecha: 20/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 21/01/2026




01D1AC9C-65AD-41B2-95AE-8B9553FAF9ED
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