TC Rol 17241

Texto completo

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CUATROCIENTOS CUARENTA




Santiago, tres de febrero de dos mil veintiséis.



A fojas 411, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer y segundo otrosíes, téngase presente.

A fojas 431, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 24 de diciembre de 2025, Michael Mark Clark
Varela ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 54 y 199 de la Ley
N°18.045, de Mercado de Valores, en el proceso seguido ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, sobre reclamo de ilegalidad bajo el Rol 73-2025
(Contencioso Administrativo), en conocimiento de la Corte Suprema, por
recurso de apelación, bajo el Rol N° 39.715-2025;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, el cual fue acogido a trámite con fecha 30 de
diciembre de 2025, a fojas 398;

3°. Que, la parte requirente relata que la controversia se origina a
raíz de la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
efectuada en diciembre de 2024, cuando tomó conocimiento de que con
fecha 13 de diciembre de 2024 Inversiones Antumalal Limitada –
sociedad del requirente – había adquirido 6.354.981 cuotas, de la serie
única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondiente al
90% de las cuotas de dicho fondo, en circunstancias de que este Fondo
de Inversión Privado (FIP), administrado fiduciariamente por Sartor
Administradora de Fondos de Inversión Privado S.A., poseía en su
portafolio un 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul S.A.

Expresa que mediante Oficio N° 169.791, la CMF solicitó
información detallada sobre la operación, la que fue oportuna e
íntegramente proporcionada, explicando la imposibilidad jurídica de que
la adquisición de cuotas pudiera traducirse en una toma de control
societario.

Sin embargo, expone que el 26 de diciembre de 2024, mediante
Oficio N°170.499, la CMF modificó el sentido de su requerimiento inicial y
sostuvo que la adquisición del 90% de las cuotas del FIP Tactical Sport
constituiría, por sí misma una toma de control indirecta de Azul Azul S.A.


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CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO




en los términos de los artículos 54 y 199 de la Ley de Mercado de Valores,
señalando en consecuencia que el Michael Clark Varela debería haber
realizado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), de
acuerdo al artículo 199 letra a), e informar una toma de control conforme
al artículo 54.

Explica que frente a esta imputación y ante la ausencia de
parámetros legales que definieran el contenido del deber
supuestamente exigible, solicitó a la autoridad precisar qué conducta
concreta habría permitido cumplir con la supuesta obligación, y que la
CMF a través del Oficio Ordinario N° 514, de 3 de enero de 2025,
respondió que no le correspondía determinar la forma de cumplimiento.

En este contexto, relata que el mismo 3 de enero de 2025
interpuso una reposición administrativa en contra del Oficio N°170.499,
denunciando que la amplitud de los artículos 54 y 199 de la Ley de
Mercado de Valores estaba siendo utilizada para proyectar
consecuencias sancionatorias no previstas por el legislador.

Con fecha 22 de enero de 2025, por Resolución Exenta N°977-
2025, la CMF rechazó el recurso de reposición deducido por la
requirente.

La requirente expone que esta resolución descarta cada una de las
alegaciones deducidas en la reposición, afirmando que la adquisición del
90% de las cuotas “permitiría asegurar la mayoría de los votos”, sin
explicar cómo la estructura fiduciaria del fondo podría derivar en control
societario.

Además, argumenta que el acto administrativo no analiza ni refuta
la incompatibilidad legal entre la instrucción impartida, que impone al
administrado un deber jurídicamente imposible, como es formular una
OPA que la Ley N° 20.712 prohíbe expresamente en su artículo 93.

Finalmente, hace presente que esta resolución mantuvo la
instrucción de “adoptar las medidas pertinentes” para subsanar las
situaciones detectadas.

En este escenario, con fecha 3 de febrero de 2025, la actora dedujo
ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad
solicitando dejar sin efecto la Resolución Exenta N°977-2025, el que fue
rechazado con fecha 3 de septiembre de 2025.




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS




Indica que la gestión pendiente es un recurso de apelación
deducido respecto del rechazo del reclamo de ilegalidad, el que se sigue
ante la Corte Suprema bajo el Rol N° 39.715-2025;

4°. Que, la requirente explica en el libelo que en la operación
cuestionada, Inversiones Antumalal Limitada no adquirió ni las acciones
del portafolio ni derechos políticos, sino únicamente la mera titularidad
de cuotas, por lo que la estructura jurídica del fondo no experimentó
alteración alguna. En ese sentido, mientras Inversiones Antumalal
Limitada entró como simple aportante; la administradora conservó de
forma exclusiva las facultades de voto y gestión; y Azul Azul S.A. continuó
siendo controlada por quienes detentan directa y actualmente derechos
políticos. Por ello, afirma que la adquisición de cuotas no produjo, ni
podía producir, traslado alguno de control societario.

Agrega que conforme a lo establecido en la Ley N° 20.712, sobre
Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, la
adquisición y tenencia de cuotas de un FIP no confiere derechos
políticos, facultades de administración ni posibilidad alguna de incidir en
la gestión de las sociedades cuyas acciones integran el portafolio del
fondo. Más aún, hace ver que el artículo 93 de dicha ley prohíbe
expresamente someter las cuotas de FIP a oferta pública, por lo que
sostiene que esto evidencia que su adquisición no puede - por diseño
legal- activar legítimamente el régimen de OPA previsto exclusivamente
para acciones con derechos políticos.

Señala además que en la gestión pendiente, la aplicación de los
preceptos impugnados reviste un carácter decisorio litis en sentido
estricto, pues sólo a partir de ellos se construye la imputación de un
supuesto incumplimiento normativo y se producen efectos patrimoniales
inmediatos y gravosos sobre las cuotas del fondo, restringiendo de
hecho su libre disposición.

5°. Que, la actora, a fojas 6 y ss. explica los efectos
inconstitucionales que se desencadenan con motivo de la aplicación de
los preceptos legales impugnados.

En primer lugar, argumenta que se vulnera de manera directa el
derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta
Fundamental, pues la aplicación de las normas cuestionadas opera como
un mecanismo de inmovilización forzosa de las cuotas del FIP.




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En este sentido, explica que el artículo 93 de la Ley N° 20.712
establece que el cuotahabiente no detenta control societario y prohíbe
expresamente someter las cuotas de fondos privados a oferta pública.
Por ello, al imponerse un deber jurídicamente imposible − formular una
OPA que la propia Ley N° 20.712 prohíbe − se priva al aportante de la
facultad esencial de disposición, sometiéndolo a un riesgo permanente
de imputación infraccional. Ello transforma un título de inversión carente
de derechos políticos en un bien jurídicamente condicionado, de hecho,
imposible de comercializar, al que se le atribuyen efectos no previstos
por el legislador y que erosionan directamente su contenido patrimonial.

Señala que esta consecuencia se produce por no tratar el estatuto
propietario como corresponde a un FIP, sino que utilizando
analógicamente otras categorías propietarias, por lo que es esta
interpretación extensiva la que construye una obligación nueva sobre el
Fondo sin el amparo de la ley, atribuyendo efectos impropios en el
mercado de valores para este tipo de inversiones.

En segundo lugar, y como consecuencia necesaria de la anterior,
la actora alega que las normas en examen infraccionan el derecho de
igualdad ante la ley, determinado en el numeral 2 del artículo 19
constitucional, pues se somete exclusivamente a la requirente, y a
ningún otro cuotahabiente en el mercado, a las cargas propias de un
accionista controlador, pese a que la ley no atribuye tales efectos a la
mera titularidad de cuotas. Así, enfatiza que pretender aplicar
indistintamente la OPA a regímenes distintos vulnera el trato diferente
que la ley preserva y realiza una interpretación que en los hechos crea
una norma de aplicación singularísima y ad hoc.

En tercer, y último lugar, la requirente aduce que esta aplicación
de los preceptos legales impugnados los convierte en normas
sancionatorias en blanco, permitiendo a la CMF un exceso contrario a
cualquier principio básico de legalidad en materia penal y sancionatoria,
al atribuir infracciones no previstas por el legislador y situando al
administrado bajo la amenaza de consecuencias punitivas sin tipo legal
previo ni procedimiento contradictorio, en contravención del artículo 19
N°3 de la Carta Política.

6°. Que, llamada la Sala a votar la admisibilidad de la acción de
autos se obtuvo el siguiente resultado:




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




Votaron por declarar admisible el requerimiento los Ministros
señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR MERY ROMERO, en
razón de que, a su juicio, no concurren las causales que prevé el artículo
84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, por los
motivos que siguen:

7°. Que, para estos Ministros un requerimiento no se encuentra
razonablemente fundado si no se mencionan con meridiana claridad los
hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, cuestión que hace
ininteligible para esta Magistratura el conflicto de constitucionalidad que
se plantee;

8°. Que, de los términos empleados en el libelo pretensor, estos
Ministros inferimos que aquél sí contiene una exposición clara de los
hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, lo que se evidencia
en que explica suficientemente, a lo menos en esta fase procesal, cuál es
la gestión pendiente en que incidirían de manera decisoria los preceptos
legales impugnados;

9°. Que, en una apreciación in limite, que es la que cabe hacer en
esta fase procedimental, constatamos que el requerimiento señala de
modo preciso y determinado el o los vicios de inconstitucionalidad que
aduce, y la forma en que se produciría la infracción constitucional. Su
texto desarrolla, de la manera exigible constitucional y legalmente, la
forma en que la norma legal impugnada vulneraría los derechos y
garantías constitucionales invocados, de ser aplicada por la Corte
Suprema en el recurso de apelación que se ha deducido en contra de la
sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, autos sobre
reclamo de ilegalidad Rol N° 73-2025 (Contencioso Administrativo).

Por consiguiente, la acción impetrada cuenta con fundamento
plausible;

10°. Que, las normas legales sobre inadmisibilidad regulan la
aparición de defectos que autorizan imponer una sanción procesal que,
en nuestro parecer, debe interpretarse siempre en términos
restringidos. Más aun cuando de ellos depende el acceso a la justicia
constitucional;

11°. Que, por las razones reseñadas en lo precedente, para los
Ministros señores Miguel Ángel Fernández González y Héctor Mery
Romero la acción contenida en el requerimiento de fojas 1 no incurre en
ninguno de los motivos de inadmisibilidad fijados por el artículo 84 de la


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CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO




Ley Orgánica Constitucional que rige esta judicatura, amerita un
pronunciamiento de fondo por el Pleno del Tribunal respecto del
conflicto constitucional accionado en autos, y corresponde a este último
acogerlo o desestimarlo;

12°. Que, a su turno, votaron por declarar inadmisible el libelo
las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA (Presidenta
Subrogante) y ALEJANDRA PRECHT RORRIS, al estimar concurrente la causal
prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, pues el requerimiento carece de fundamento plausible;

13°. Que, para fundar la inadmisibilidad del presente
requerimiento estas Ministras tendrán presente que el conflicto
sometido al conocimiento de esta Magistratura consiste en la
discrepancia que mantiene la actora con el Oficio N°170.499 y la
Resolución Exenta N°977-2025, ambos actos dictados por la CMF, en
cuanto le reprochan no haber efectuado una OPA en la operación
reseñada en el considerando 3°, y le ordenan adoptar las medidas
pertinentes para subsanar la situación, por aplicación de los artículos 54
y 199 de la Ley N°18.045, de Mercado de Valores, cuando la requirente
entiende que debe aplicarse el artículo 93 de la Ley N° 20.712.

Esto revela que la controversia dice relación con el sentido y
alcance de los preceptos legales impugnados en autos y la colisión de
normas que plantea en torno a la aplicación de la Ley N°18.045 y la Ley
N°20.712, lo que corresponde a un asunto que es de competencia del
juez del fondo, en este caso, de la Corte Suprema, en el recurso de
apelación deducido respecto del rechazo del reclamo de ilegalidad que
se encuentra pendiente;

14°. Que, por ello las Ministras señoras Nancy Yáñez Fuenzalida
(Presidenta Subrogante) y Alejandra Precht Rorris estiman la
concurrencia de la causal contemplada en el numeral 6° del artículo 84
de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en cuanto no se
tiene en autos el desarrollo de un conflicto constitucional que posibilite
activar la competencia de este Tribunal con la finalidad de inaplicar en un
caso concreto una disposición legal vigente;

15°. Que, por todo lo expuesto precedentemente, y al producirse
empate de votos en torno al cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad deducido, éste se
tiene necesariamente por inadmisible al no haberse alcanzado el



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CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS




quórum necesario para superar el estándar negativo formulado en el
artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93 incisos
primero, Nº 6º, y decimoprimero de la Constitución Política y en los
artículos 83, 84 N° 6 y demás disposiciones pertinentes de la Ley Nº
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1.º. Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas
1.

2.º. Álcese la suspensión del procedimiento decretada con fecha 30
de diciembre de 2025, a fojas 398 .



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.241-25-INA




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE




Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 03/02/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y
por sus Ministros señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery
Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional.


José Francisco Leyton Jiménez
Fecha: 03/02/2026




A6701E9B-0BF5-4D56-ABD6-31A812962F79
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