TC Rol 17244

Texto completo

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SETENTA Y NUEVE




Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 28 de diciembre de 2025, Joaquín Francisco
Antonio Agüero Núñez ha presentado un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 229 bis del
Código Procesal Penal, en el proceso penal RIT N° 169-2024, RUC N°
2100844233-6, seguido ante el Juzgado de Garantía de Calama;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo, así,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a
trámite y procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878).

Para ello se ha tenido presente que esta Sala ya resolvió declarar
inadmisible dos requerimientos presentados respecto del mismo
precepto legal impugnado y en la misma gestión pendiente, por dos
coimputados, en las causas Roles N° 17.127-25 y 17.128-25;

4°. Que, esta Sala ha logrado formarse convicción de que la acción
constitucional deducida no puede prosperar, por lo que será declarada
inadmisible al concurrir en la especie las causales de inadmisibilidad
previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, que el precepto
legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto y por
adolecer de falta de fundamento plausible;

5°. Que, la actora relata que ante el Juzgado de Garantía de
Calama se sigue causa criminal en su contra en que ha sido imputado
por el delito de violación de persona mayor de catorce años, previsto y
sancionado en el artículo 361 del Código Penal.

Expone que el 3 de mayo del año 2024 fue formalizado en
audiencia citada al efecto por los hechos que expone de fojas 2 a fojas 5.
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OCHENTA




Señala que con fecha 22 de mayo de 2025 se habilitó la audiencia
de apercibimiento de cierre, ya programada a petición de las defensas,
para que el Ministerio Público procediera a reformalizar la investigación,
de acuerdo con el artículo 229 bis del Código Procesal Penal y transcribe
los hechos comunicados de fojas 5 a fojas 8.

La requirente indica que “existen una serie de inconsistencias a partir
del ejercicio abusivo por el cual el Ministerio Público reformaliza la
investigación de mi representado y el resto de los imputados, ya que entre el
3 de mayo de 2024 y el 22 de mayo de 2025 se incorporaron nuevos hechos
en la construcción fáctica y modalidades comisivas invocadas por el
Ministerio Público”, los cuales detalle en un cuadro de fojas 14 y 15.

Indica que el 30 de mayo de 2025 el Ministerio Público presentó
acusación en su contra por los hechos que describe a fojas 9 y siguientes
y señala que se encuentra pendiente la audiencia de preparación de
juicio oral, lo que se encuentra refrendado en el certificado acompañado
de fojas 40;

6°. Que, la requirente argumenta que se ha solicitado la
inaplicabilidad de la norma en examen en este caso concreto puesto que
“si el Ministerio Público pretende sostener acusación fiscal en el juicio oral, al
valerse de una reformalización que incorpora un nuevo desarrollo fáctico
respecto de los hechos, invocando nuevas circunstancias, nuevas
modalidades comisivas, infringiendo la prohibición de sorpresa el principio
de igualdad de armas, el derecho a conocer anticipadamente en tiempo
prudente el contenido de la imputación, el derecho a solicitar oportunamente
diligencia de investigación, lo que a su vez representa una infracción a lo
dispuesto en los numerales segundo y tercero inciso quinto del artículo 19 de
la Constitución Política de la República y una transgresión al derecho a la
defensa, información, igualdad de armas y prohibición de sorpresa” (fojas
16).

Agrega que “es evidente que un ejercicio abusivo e inconstitucional
del artículo 229 bis del Código Procesal Penal permite sostener la presente
acusación en juicio oral, puesto que en lo sucesivo del presente
requerimiento se demostrará que se ha generado una contienda
constitucional con la garantía del justo y racional debido proceso además de
la igualdad ante la ley y la no discriminación, en cuanto el ejercicio abusivo
de parte del persecutor, genera una sorpresa para la defensa, en el
entendido de que por medio de la introducción de nuevos hechos, el mismo
día en que se decretó el cierre de la indagatoria, se genera una lesión a lo
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previsto a propósito de la igualdad ante la ley, la garantía de la no
discriminación y debido proceso, garantías que se encuentran resguardadas
en los artículos 1º y 5º de la Constitución Política de la República; 19 Nº3 de la
Constitución Política de la República; 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; 1.1 y 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos”;

7°. Que, para resolver, esta Sala tendrá presente que el precepto
legal impugnado en autos ya fue aplicado, ya que la propia requirente ha
indicado que en audiencia de 22 de mayo de 2025, el Ministerio Público
procedió a reformalizar la investigación en los términos que el artículo
229 bis del Código Procesal Penal determina.

Seguidamente, la actora también ha señalado que en dicha
audiencia se cerró la investigación, y que el 30 de mayo el Ministerio
Público presentó acusación, por lo que se encuentra pendiente la
realización de la audiencia de preparación de juicio oral.

Así, se concluye que ha operado el principio de orden consecutivo
legal, por lo que la inaplicabilidad solicitada en autos no podría tener el
resultado buscado por la requirente.

En efecto, una eventual sentencia estimatoria por parte de esta
Magistratura – de acogerse la inaplicabilidad del precepto legal
cuestionado por ser contrario a la Constitución, en este caso concreto -
no produciría la consecuencia de retrotraer la gestión pendiente al
estado procesal anterior a la reformalización de la investigación, y
tampoco dejaría sin efecto dicha actuación.

Esta Magistratura se ha pronunciado en STC 14.387-23,
c.2,señalando que “En este sentido, se trata de un precepto que no tiene la
potencialidad de resultar decisivo, en la medida que ya fue aplicado y ya
produjo efectos, sin que sea posible tampoco retrotraer su aplicación en el
contexto de la gestión judicial pendiente de autos”.

Por ello, la norma cuestionada ha agotado el ámbito de aplicación,
no resultando decisiva para lo que resta del proceso penal que se sigue
en contra de la actora;

8°. Que, esta Magistratura ha resuelto “Que, en consideración a los
antecedentes referidos y, en especial, al estado de tramitación de los autos en
los que incide esta acción de inaplicabilidad, esta Sala ha verificado que la
disposición legal cuestionada, al haber sido ya aplicada en la fase procesal
pertinente, no resultará decisiva en la resolución del asunto que se halla
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pendiente de resolver por los tribunales del fondo en este caso concreto,
incumpliéndose, por consiguiente, una de las exigencias de admisibilidad de
esta clase de requerimientos” (Rol 1828 c.8).

9°. Que, consecuentemente con lo expresado, esta Sala estima que
el requerimiento carece de fundamento plausible, en atención a que la
crítica que se plantea a la institución procesal de la reformalización y los
vicios constitucionales que se desarrollan han perdido oportunidad.

Ello redunda en que de las alegaciones del requerimiento no se
tiene el desarrollo de un conflicto constitucional en que esta
Magistratura pueda resultar competente para un pronunciamiento de
fondo, por cuanto, teniendo en consideración las características del caso
concreto, no existen argumentos que permitan comprender la
contrariedad de la Constitución con la aplicación de la norma
cuestionada.

10°. Que, en estos términos, el requerimiento no puede prosperar,
por lo que será declarado inadmisible al concurrir las causales
contempladas en el artículo 84 N° 5 y 6 de Ley Orgánica Constitucional
de esta Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política y 83,
84 N° 5 y 6 y demás disposiciones pertinentes de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Acordada con el voto en contra del Ministro señor MARIO GÓMEZ
MONTOYA, quien estuvo por acoger a tramitación el requerimiento, al
cumplirse los requisitos contemplados en los artículos 79 y 80 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.244-25-INA
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OCHENTA Y TRES
María Pía Silva Gallinato
Fecha: 15/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 16/01/2026 Fecha: 15/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/01/2026 Fecha: 15/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/01/2026




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