TC Rol 17251

Texto completo

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CINCUENTA Y SIETE




Santiago, treinta de enero de dos mil veintiséis.



A fojas 47, ténganse por acompañados.

A fojas 50 y 55, téngase por cumplido lo ordenado, sin perjuicio de
lo que se resolverá.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 01 de enero de 2026 Jean Manuel Suarez
Alcayaga ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 432, del Código de
Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-322-2025,
seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de La Serena;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, llamada la Sala a votar la acción de autos, se obtuvo el
siguiente resultado:

Votaron por declarar que se admite a trámite el requerimiento la
Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS y el ministro señor MARIO GÓMEZ
MONTOYA, ya que el requerimiento cumple con las exigencias
contempladas en los artículos 79 y 80 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal.

A su turno, estuvieron por declarar derechamente inadmisible el
libelo de fojas 1, la Presidenta de la Segunda Sala, Ministra señora MARIA
PÍA SILVA GALLINATO y el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ, estimando
concurrente la causal prevista en el numeral 5°, del artículo 84, del citado
cuerpo legal, esto es, falta de decisoriedad de la norma impugnada;

4°. Que, el artículo 8°, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional, prescribe, en su letra g), que son
atribuciones del Presidente de esta Magistratura “[d]irimir los empates,
para cuyo efecto su voto será decisorio, salvo en los asuntos a que se refieren
los números 6° y 7° del artículo 93 de la Constitución Política”. Por su parte,
el artículo 9° del aludido cuerpo orgánico constitucional, dispone que
“[e]l Ministro que, conforme a lo dispuesto en el artículo de esta ley, presida
la Sala que no integre el Presidente del Tribunal, tendrá respecto a las
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CINCUENTA Y OCHO




sesiones que ella celebre las atribuciones que señala el artículo 8°, en lo que
corresponda”;

5°. Que, conforme a lo que expresa el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, el vocablo “asunto” significa tanto
“materia de que se trata” como “cosa o hecho que sucede o interesa, en el
que se piensa, del que se trata o sobre el cual se realizan gestiones” y
respecto de tales asuntos o materias, el número 6 del artículo 93 de la
Constitución, sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad, “se realizan
gestiones”, como dice el mismo Diccionario, es decir, todo lo que diga
relación con el conocimiento, tramitación y resolución de los
requerimientos de inaplicabilidad, como ocurre en la causa de autos, que
hayan sido presentados ante esta Magistratura. Esos asuntos, por lo
tanto, dicen relación no sólo con la sentencia que dicte el pleno del
Tribunal Constitucional al resolver si procede acoger o no en el fondo la
inaplicabilidad del precepto legal impugnado, sino también con las
decisiones que se vayan adoptando en alguna de las Salas por los
ministros que las integren relativas a si el requerimiento cumple con los
requisitos constitucionales y legales para ser admitido a trámite o para
ser declarado admisible;

6°. Que, el artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Constitución
dispone que es atribución del Tribunal Constitucional “resolver por la
mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquiera gestión que se siga ante un tribunal
ordinario o especial, resulte contrario a la Constitución”.

Atendido el quórum que exige el artículo 93 N° 3 de la Carta
Fundamental para acoger en el fondo el requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad, tal quórum con mayor razón se hace extensivo
al examen en sede de admisión a trámite y de admisibilidad, gestiones
que se vinculan directamente con el asunto o materia de que se trata;

7°. Que, en consecuencia, al haberse producido un empate de
votos en la Sala y, teniendo en cuenta la remisión que hace el artículo 9°,
de la Ley Orgánica Constitucional al artículo 8° del mismo cuerpo legal y
lo expresado en el numeral 6 del artículo 93 de la Carta Fundamental,
como la Presidenta de la Segunda Sala no dirime un empate en estos
casos, necesariamente el requerimiento será declarado inadmisible,
dado que no se ha alcanzado el quórum necesario para superar el
estándar negativo formulado en el artículo 84, de la Ley N° 17.997,
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CINCUENTA Y NUEVE




Orgánica Constitucional de esta Magistratura, que exige mayoría de
votos para la declaración de admisibilidad;

8°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisión a
trámite de un requerimiento de inaplicabilidad, la Sala respectiva puede
declarar que el requerimiento es derechamente inadmisible y, por tal
razón, no pase a su conocimiento por el Pleno.

De este modo, se ha resuelto en oportunidades anteriores, y
atendido el mérito de cada caso particular, que un determinado
requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos
tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo así, por lo tanto,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a
trámite y procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878).
Ello es lo que sucede en este caso concreto;

9°. Que, el voto por declarar derechamente inadmisible el
requerimiento de autos tiene en consideración, respecto de los
antecedentes de la gestión pendiente, la explicación que da el requirente
en cuanto a que interpuso demanda civil ante el 2° Juzgado de Letras de
La Serena por incumplimiento de contrato, cumplimiento forzado o
resolución por incumplimiento con indemnización de perjuicios en
contra de doña Grimaldi De Las Mercedes Da Fuente Peralta.

El libelo sostiene que en la etapa probatoria solicitó absolución de
posiciones de la demandada, siendo autorizada dicha diligencia por el
tribunal. Sin embargo, y sin que haya podido rendir la prueba de
absolución de posiciones (segunda citación), el Juez de la causa con fecha
18 de diciembre de 2025 dictó resolución citando a las partes a oír
sentencia.

Indica como conflicto constitucional que la aplicación de la norma
impugnada produce efectos contrarios a la Constitución, pues en el caso
concreto se vulnera el debido proceso “al limitar que la prueba ofrecida o
solicitada no pueda rendirse o con ello llevarse a una decisión jurisdiccional
que no va a considerar todos los elementos probatorios que las partes
requieren para fundar sus pretensiones. (fojas 5 y 6);

10°. Que, en cuanto al estado de la gestión pendiente, y conforme
certificación que rola a fojas 56, consta que con fecha 30 diciembre el 2°
Juzgado de Letras de La Serena, rechazó el recurso de reposición
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SESENTA




intentado por el requirente en contra de la resolución que no dio lugar a
la solicitud de citar por segunda vez a absolver posiciones, atendido lo
dispuesto en los artículos 432 y 433 del Código de Procedimiento Civil;

11°. Que la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad
debe analizar “si el precepto legal impugnado resulta decisorio litis, al tenor
de lo prescrito en la Constitución. Aquel requisito se desprende,
específicamente de la exigencia de procedencia de la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del artículo 93 inciso
primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que la densidad
normativa del precepto constitucional exige que la norma impugnada por el
requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre el que trata la
gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°);

12°. Para comprobar si el precepto legal impugnado es decisivo o
no, esta Judicatura ha desarrollado múltiples criterios. Entre ellos, ha
explicado que, al realizar el análisis de la decisoriedad de la norma, es
importante considerar el estado procesal de la gestión pendiente. Esto
ha motivado a que las Salas de este Tribunal declaren inadmisibles
requerimientos cuando “en el actual estado en que se encuentra la
sustanciación del reclamo en comento, la aplicación del precepto impugnado
no resulta decisiva” (STC Rol N°3.278, c. 7°). Por tanto, esta Magistratura
tendrá presente el estado actual de la gestión pendiente invocada al
momento de analizar si la norma que la parte requirente pretende
inaplicar es decisiva o no;

13°. Que, en definitiva, de conformidad con el requerimiento y
como ya se adelantó, esta Magistratura por empate de votos, declarará
su inadmisibilidad por concurrir en la especie la causal prevista en el
artículo 84, numeral 5, de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, dado que la preceptiva legal impugnada no es
decisiva en la resolución de la gestión judicial invocada, atendido a que el
tribunal de la instancia rechazó el recurso de reposición en contra de la
resolución que no dio lugar a la solicitud realizada por el requirente de
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SESENTA Y UNO




citar por segunda vez a absolver posiciones, sin que conste en autos
recursos procesales pendientes de resolver.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política y en
los artículos 8°, letra g), 9, 83, 84 N° 5 y demás disposiciones pertinentes
de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

1. Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo
resuelto.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.251-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 30/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 30/01/2026 Fecha: 30/01/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 30/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor
Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/01/2026




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