TC Rol 17252

Texto completo

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CIEN




Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, Álvaro González Gallardo, abogado, en
representación de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, representada
por su alcalde don Christopher White Bahamones solicita a este tribunal
resolver la contienda de competencia suscitada entre dicho Municipio y el
Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo;

2°. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 N° 12 de la
Constitución Política de la República, esta Magistratura Constitucional es
competente para resolver las contiendas de competencia que se susciten
entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia,
que no correspondan al Senado;

3°. Que, la actora relata que, con fecha 24 de enero de 2017, un
conjunto de personas naturales presentaron demanda en contra de
INMOBILIARIA PY S.A., por estimar que se encontraban conculcados sus
derechos como consumidores, la que fue conocida por el Segundo
Juzgado de Letras de San Bernardo en autos ROL C-317-2017, caratulados
PINCHEIRA/INMOBILIARIA PY S.A.

El fundamento de la demanda decía relación con la existencia de
infracciones a la ley del consumidor, pues alegaban que la demandada no
cumplió con lo publicitado y ofrecido consistente en la venta de
propiedades en un conjunto habitacional que contaría con un acceso
único y controlado.

Señala que la inmobiliaria expuso su defensa, pero que el tribunal
dictó sentencia condenatoria en su contra por las infracciones
reclamadas.

Expone que el fallo ordena “IX.- Que según lo ordena el artículo 50 de
la Ley N 19.496 la demandada debe mantener el Conjunto residencial Prados
de Nos o San León con un acceso único y controlado, paralizando sus obras de
construcción en la última etapa de este proyecto.”.

Indica que luego de tramitados los recursos deducidos contra la
sentencia, ésta fue confirmada por los tribunales superiores de justicia.
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CIENTO UNO




4°. Que, a fojas 7, la actora refiere que la contienda de competencia
que se somete al conocimiento de esta Magistratura dice relación con la
ejecución del fallo referido.

Así, explica que el 12 de junio de 2025 la inmobiliaria ingresó
solicitud a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para efectos de que se
le autorizara ejecutar el cierre de la Avenida Parque Unión, comuna de San
Bernardo, cuya naturaleza corresponde a un bien nacional de uso público,
en su intersección con calle Camino El Cerrillo, a fin de dar cumplimiento a
la sentencia referida.

Expresa que mediante oficio interno N° 986, de 4 de julio de 2025, la
DOM resolvió:

“No es posible acoger su requerimiento, dado que no cumple con lo
establecido en la normativa vigente: específicamente en el punto 2, letra b),
sub punto i-ii de la Ley 21.411, artículo 2°; numeral 1 y 2 del Decreto 196 y
artículo 4 de la Ordenanza Local N°48; sobre “”Cierre o implementación de las
medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales,
urbanos o rurales por motivos de seguridad y por tanto la resolución del
Tribunal no puede estar sobre la ley.

A mayor abundamiento, no es posible autorizar la implementación del
cierre en Avenida Parque la Unión con El Cerrillo; dado que su ancho de
calzada no es inferior a 7 metros y además su extensión excede el máximo
permitido de una cuadra, al igual que el portón que se encuentra de manera
irregular en Avenida Parque La Unión con camino Nos a Los Morros. En
consecuencia, no es posible acoger su requerimiento y se reitera que la
resolución del Tribunal no puede estar por sobre la ley”.

Expone que la demandada dio cuenta de esta situación al tribunal,
por lo que éste, el 18 de julio de 2025 ofició a la DOM a efectos de que
“informe a este Tribunal, los argumentos que tuvieron en consideración al
momento de pronunciarse respecto Al oficio N 986, que va en contravención a
lo ordenado en la sentencia definitiva de autos, la cual ser adjuntada a correo
electrónico por intermedio del Secretario del Tribunal”.

Dicho oficio fue contestado por medio del Oficio Ordinario
N°1.665/2025 que señaló, en relación a la instalación del cierre de acceso
vehicular y peatonal del conjunto habitacional Los Prados de Nos, que no
cumplía con la normativa vigente para la autorización solicitada,
“específicamente en el punto 2, letra b), sub punto i-ii de la Ley 21.411, artículo
2°; numeral 1 y 2 del Decreto 196 y artículo 4 de la Ordenanza Local N°48;”.
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CIENTO DOS




Ante ello, indica que el tribunal, por resolución de 1 de diciembre de
2025 ordenó:

“Teniendo presente el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y
visto que la autoridad municipal en forma reiterada se niega a cumplir lo
resuelto por el Tribunal, cuestionando y calificando la legalidad de la
resolución que así lo ordena, se le da un plazo único de 10 días hábiles para
ejecutar lo ordenado en la referida sentencia, bajo apercibimiento de arresto
en caso de contravención. Sin perjuicio de lo anterior, notifíquese por cédula
tanto al representante legal de la I. Municipalidad de San Bernardo y al
Director de Obras Municipales don Cristopher Karamanoff Olguin, debiendo
practicarse dicha notificación por el receptor judicial de turno.

Adjúntese copia íntegra de la sentencia definitiva y su respectivo
cúmplase de fecha 30 de abril de 2024 de folio 151.

Sin perjuicio de lo anterior, y de remitir en caso de proceder los
antecedentes al Ministerio Publico por el delito de desacato”.

5°. Que, a fojas 9 y 10, la actora expone que los fundamentos de
derecho de la contienda de competencia que se plantea dice relación con
lo prescrito en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política.

Entiende la actora que la facultad exclusiva de los tribunales de
justicia de hacer ejecutar lo juzgado, conforme la norma constitucional,
dice relación con los mandatos que se puedan realizar a la fuerza pública y
no al municipio.

Por lo expuesto, expresa que “se produce una contienda de
competencia en cuanto a la ejecución de la sentencia, toda vez que el actuar de
la judicatura debió considerar que la función jurisdiccional debe ser ejercida
dentro de los límites que la ley prescribe, lo cual no ocurre en el presente caso,
por los motivos que se exponen”. Y que por lo anterior, “la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo, en específico la Dirección de Obras
Municipales, no ha dado cumplimiento a lo resuelto por el Segundo Juzgado
de Letras de San Bernardo” (fojas 10).

Finaliza la actora solicitando “tener a bien resolver la contienda de
competencia que se expuso, declararla admisible, acogerla a tramitación y, en
definitiva, resolver la contienda de competencia suscitada entre la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo, en específico la Dirección de Obras
Municipales, y el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, a efectos de que
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CIENTO TRES




resuelva conforme a derecho y así determinar el curso de acción en respectivo
en relación a la ejecución de la sentencia expuesta”;

6°. Que, del examen de los antecedentes y argumentos aportados
por la actora se puede concluir que no se aprecia que se configure una
contienda de competencia, entendida como una disputa que se promueve
entre una autoridad y un tribunal.

En este caso, la Municipalidad de San Bernardo no se está
atribuyendo competencia o la falta de ella, sino que está cuestionando la
legalidad de la resolución del tribunal respecto al apercibimiento
decretado para que se dé cumplimiento a la sentencia.

Tanto es así, que en el petitorio del libelo se solicita resolver la
contienda “a efectos de que resuelva conforme a derecho y así determinar el
curso de acción en respectivo en relación a la ejecución de la sentencia
expuesta” (sic).

Por ende, no se está solicitando que esta Magistratura se pronuncie
respecto de qué órgano es el competente para continuar conociendo del
asunto, sino que tome una postura frente a la resistencia por parte de la
autoridad requerida de hacer cumplir un mandato judicial y con ello
ejecutar lo juzgado, elemento propio de la facultad jurisdiccional de que
gozan los tribunales de justicia conforme, lo mandata el artículo 76 de la
Carta Fundamental. Por lo anterior, no nos encontramos en el ámbito que
la Constitución prevé en el artículo 93 N° 12;

7°. Que, por lo expuesto esta Sala concluye que no se cumple en la
especie con lo dispuesto en los artículos 93 N° 12 constitucional y 112 de la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en términos suficientes
para promover una contienda de competencia que requiera ser resuelta
en el fondo, lo que determinará su necesaria declaración de
inadmisibilidad;


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 12, e inciso decimoséptimo, de la Constitución Política de la
República y en los artículos 112 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:
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CIENTO CUATRO




Que se declarara inadmisible la presente contienda de
competencia.



Acordada con el voto en contra del Ministro señor MARIO GÓMEZ
MONTOYA quien estuvo por declarar admisible la contienda
presentada.



Se previene que la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo
declarar improcedente el requerimiento deducido a fojas 1, aquello
por dos razones esenciales que motivan este voto, a saber: en primer
término, el supuesto constitucional de aplicación de la norma, en segundo
término, debido a la competencia constitucional de este Tribunal
Constitucional, en este conflicto de contienda.

1°. En autos consta que la gestión judicial invocada por la requirente
como relevante para la contienda se encuentra actualmente en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel (causa caratulada
“PINCHEIRA/INMOBILIARIA PY S.A.”, libro civil, Rol N°2.549-2025, cuyo
ingreso consta a folio 1 de la carpeta electrónica de la causa de fondo, el
cual se estimó admisible a folio 4 de la misma carpeta), por recurso de
apelación presentado por el demandado en el juicio de fondo en contra de
la resolución dictada por el 2° Juzgado de Letras de San Bernardo dictada
el 1 de diciembre de 2025. Por tanto, la potencial contienda -de existir- se
suscitaría actualmente entre una autoridad administrativa y un tribunal
superior de justicia.

2°. Debido a que, aún si se estimase que existe una potencial
contienda de competencia, ella debiera ser resuelta por el Honorable
Senado. Esto, en conformidad al artículo 53, N°3 de la Carta Fundamental,
el cual establece, en lo pertinente, “Artículo 53.- Son atribuciones exclusivas
del Senado: (…) 3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten
entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de
justicia”; siendo únicamente competencia del Tribunal resolver aquellas
que no queden comprendidas en esa atribución del Honorable Senado.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.252-26 CCO
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CIENTO CINCO


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 27/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 27/01/2026 Fecha: 27/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 27/01/2026 Fecha: 27/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/01/2026




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