TC Rol 17266

Texto completo

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CUARENTA




Santiago, veinte de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 06 de enero de 2026 José Narciso Cartes Castañia
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 195, inciso tercero, primera parte; y 196 ter, inciso
primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290, en el proceso penal RIT N°
1147-2024, RUC N° 2300178238-K, seguido ante el Juzgado de Garantía de
San Pedro de la Paz;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad puede
adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que pueda
prosperar, siendo así, impertinente que la Sala efectúe un examen previo
de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente
la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, de conformidad con el artículo 90, de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal, que expresamente establece
que “[r]esuelta la cuestión de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no
podrá ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas
instancias o grados de la gestión en que se hubiere promovido”, el
requerimiento será declarado derechamente inadmisible, atendido a que
la parte requirente persigue que esta Magistratura declare inaplicable
preceptos legales respecto de los cuales esta Sala ya emitió un
pronunciamiento con fecha 16 de diciembre de 2025 (Rol 17.119-25),
declarando inadmisible el requerimiento en virtud de la causal prevista en
el artículo 84 N° 6, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, atendido a que el requirente mantiene
argumentaciones ya desvirtuadas en sentencias previas de inaplicabilidad
al examinar antecedentes análogos al que se invoca por la parte
requirente;
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CUARENTA Y UNO




5°. Que, cabe hacer presente que el actual libelo se fundamenta en
los mismos hechos y circunstancias que el anterior requerimiento. En
efecto, en ambos casos, y de acuerdo con los certificados de la gestión
pendiente acompañados, se sigue proceso penal ante el Juzgado de
Garantía de San Pedro de la Paz (RIT N° 1147-2024), en contra del actor
formalizado por el delito de darse a la fuga del lugar del accidente,
previsto y sancionado en el artículo 176 y 195 inciso 3° y demás
pertinentes de la ley 18.290, en calidad de autor de delito consumado;

6°. Que, en cuanto a los preceptos impugnados, el actual libelo realiza
algunas precisiones respecto del anterior. En efecto, en relación al artículo
195, inciso tercero impugnado, lo cuestionado lo acota ahora sólo a la
primera parte de dicho inciso; y respecto del artículo 196 ter, excluye el
inciso segundo, primera parte.

No obstante, el conflicto constitucional propuesto sigue siendo el
mismo en ambos libelos, pues si bien no alude en este último
requerimiento al artículo 1° y 19, número 2, ni tampoco a las normas del
derecho internacional de los derechos humanos, mantiene como
infringidos los principios de culpabilidad y proporcionalidad, y la garantía
del debido proceso racional y justo, y la vulneración del derecho al trabajo
y a ejercer actividades económicas lícitas, contenidas en el artículo 19, N° 3
y 21, respectivamente, de la Constitución Política.

En relación a este último derecho alega en los dos requerimientos
presentados en términos idénticos que la aplicación automática de la
inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica,
prevista en el artículo 195 inciso tercero, primera parte, priva al requirente
de manera definitiva de una actividad que constituye su medio lícito de
subsistencia, sin permitir ponderación judicial alguna de las circunstancias
concretas del caso ni del grado de incidencia de la víctima en el hecho;

7°. Que, la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, no contempla mecanismos de impugnación frente a la
resolución que se pronuncie declarando la inadmisibilidad de una acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de conformidad al tenor literal
de su artículo 84, inciso final, cuestión que resulta del todo pertinente, en
la medida que un segundo pronunciamiento sobre un requerimiento ya
deducido y rechazada su admisibilidad por sentencia interlocutoria que
pone fin al proceso, implicaría una revisión de lo ya decidido;
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CUARENTA Y DOS




8°. Que, por lo demás, cabe advertir que la imposibilidad de recurrir
en contra de lo resuelto por esta Magistratura no sólo encuentra sustento
en el plano orgánico constitucional, según ya se ha expuesto
precedentemente, sino que también a nivel constitucional, según lo
dispone el artículo 94, inciso primero, de la Carta Fundamental, en la
medida que contempla la improcedencia de recursos en contra de sus
resoluciones, voz que, bajo su sentido natural y obvio, abarca los
pronunciamientos sobre admisibilidad.

Tal imposibilidad se vincula estrechamente con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley N° 17.997, el cual establece que, resuelta la cuestión
de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no podrá ser intentada
nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o grados de la
gestión en que se hubiere promovido.

Dicha disposición legal refuerza la conclusión de que carece de
fundamento plausible la reiteración de un conflicto constitucional ya
resuelto, pues el ordenamiento jurídico expresamente impide tal
proceder. Así, manteniéndose el conflicto constitucional planteado en los
dos requerimientos correlacionados, no resulta posible una revisión de lo
ya decidido. Dicha cuestión encuentra fundamento en el criterio sostenido
por este Tribunal en causas Roles N°s 1281, 1671, 1672, 1834, 2395, 5085,
5136, 8555, 8899, entre otras;

9°. Que, en consecuencia, al constatarse que el presente
requerimiento es intentado por la misma parte que en causa Rol N°
17.119-25, impugnando los mismos preceptos legales con las precisiones
ya referidas, en la misma gestión pendiente y fundado en el mismo vicio
constitucional, el requerimiento será declarado derechamente
inadmisible conforme la receptiva señalada.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo y 94 de la Constitución Política y
artículos 84, inciso final, y 90, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:
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CUARENTA Y TRES




Se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo
resuelto.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, estuvo por declarar el
requerimiento deducido a fojas 1 derechamente inadmisible, únicamente
por estimar que concurre la causal contenida en el artículo 84, Nº6, de la
Ley Nº17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es,
adolecer el requerimiento de falta de fundamento plausible.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.266-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 20/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/01/2026 Fecha: 20/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 20/01/2026




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