TC Rol 17267

Texto completo

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CIENTO CUATRO




Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 87, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente.

A fojas 96, ténganse por acompañados los antecedentes remitidos.



VISTOS
Y CONSIDERANDO:
1°. Que, con fecha 7 de enero de 2026, Daniel Marín Zúñiga
requiere la declaración de inaplicabilidad por inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 195 y 195 bis de la Ley N°
18.290, de Tránsito, para que ello incida en el proceso penal RIT N° 1186-
2025, RUC N° 2500001296-6, seguido ante el Juzgado de Garantía de La
Ligua;

2°. Que, ordenándose la cuenta del requerimiento ante la Primera
Sala de este Tribunal y luego de ser acogido a tramitación, ha logrado
formarse convicción de su inadmisibilidad al concurrir la causal prevista
en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, carecer de fundamento plausible;

3°. Que, conforme consta en el expediente constitucional, el
requirente acciona de inaplicabilidad en el contexto de un proceso penal
en que ha sido imputado ante el Juzgado de Garantía de La Ligua por los
delitos previstos en los artículos 195 y 195 bis de la Ley N° 18.290, de
Tránsito (fojas 3 y 31).

Refiere que la aplicación de las normas cuestionadas infringiría el
principio de culpabilidad penal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 19 N° inciso séptimo de la Constitución, en relación con su
artículo 1°, así como la igualdad ante la ley, en los términos del artículo 19
N° 2, en vinculación con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Explica que “[l]a causa basal del accidente que se investiga, no estuvo
en el actuar de nuestro representado, si no que, y de acuerdo a lo señalado
por el informe del SIAT San Felipe de Carabineros de Chile en informe Nº 01-
A-2025 de 15 de mayo de 2025, se establece claramente como causa basal del
accidente, la maniobra imprudente y contraria a la ley de tránsito al momento



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CIENTO CINCO




de realizar un viraje hacia la izquierda sin respetar el derecho preferente de
paso de las víctimas del accidente.

También se consigna, que los fallecidos, iban sin el cinturón de seguridad,
que la ley de tránsito establece como obligatorio tanto para el conductor
como para el acompañante del vehículo, lo cual influyó sustancialmente en el
resultado del accidente sangre. Y respecto de la víctima Briceño Infante en
informe Nº 05-VAL-0390- 25 de fecha 31.01.2025 tenía 0,60 G/L gramos de
alcohol por litro de sangre.”.

Además, anota lo siguiente: “[s]i las víctimas del lamentable accidente
de tránsito hubieran sobrevivido, hoy serían ellas las formalizadas y las que
arriesgarían penas privativas de libertad, sin embargo, y de acuerdo a la
técnica legislativa utilizada en las normas que se busca impugnar por esta vía,
se invierte las reglas de la culpabilidad, e independiente, de quien causó el
accidente de tránsito, inmediatamente, se establece que nuestro
representado, tiene culpa en los hechos, siendo que de acuerdo a los informes
periciales, y aunque suene redundante, son las víctimas quienes hicieron
maniobras contrarias a la ley de tránsito siendo la causa basal del mismo,
además de no portar su cinturón de seguridad y manejar bajo los efectos del
alcohol”;

4°. Que, teniendo presente lo expuesto es que será declarado
inadmisible el libelo. La expresión fundamento plausible, como exigencia
que debe ostentar un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, es asimilable al requisito que ha sido dispuesto
directamente la Constitución en su artículo 93, inciso undécimo, en
cuanto la impugnación debe estar fundada razonablemente (así, STC Rol
N° 1288, c. 105°).

En razón del carácter concreto de la acción de inaplicabilidad, la
exigencia de fundamento razonable o plausible permite que el Tribunal se
avoque al conocimiento de materias diversas que, dada la aplicación de
normas en principio conformes a la Constitución, pueden presentar en su
aplicación particular resultados no queridos por el Constituyente,
debiendo ostentar un específico conflicto constitucional. Ello ha permitido
desarrollar jurisprudencia en torno a la causal del artículo 84 N° 6 del
aludido cuerpo orgánico constitucional, declarándose que debe tenerse
por no razonablemente fundado un requerimiento si éste no argumenta
de forma original alegaciones constitucionales que han sido previa –y
reiteradamente- desestimadas por el Tribunal (a vía ejemplar,




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CIENTO SEIS




resoluciones recaídas en causas Roles N°s 4745, 4873, 5246, 5293, 5783,
5931, 6058, 6215 y 6216, entre otras);

5°. Que, lo anotado sucede respecto del requerimiento presentado.
La impugnación no cuenta con fundamento razonable, en razón de que el
conflicto propuesto ha sido conocido y fallado a través de diversas
sentencias en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
desvirtuándose todos los capítulos que el requirente presenta en el libelo
de estos autos (así, entre otras, STC Roles N°s 7076, 7448);

6°. Que, además, y siguiendo lo resuelto en causa Rol N° 16.159, c.
8°, el análisis que debe efectuar esta Sala en sede de admisibilidad implica
verificar no sólo que se ha cumplido con los requisitos formales de
existencia de gestión pendiente e impugnación de persona legitimada
respecto de un precepto de rango legal, sino que, también, que la
normativa cuestionada será decisiva para resolver el asunto y que ello,
como un todo, constituye un conflicto constitucional concreto que amerita
su resolución final por el Pleno del Tribunal Constitucional con el
importante eventual efecto de inaplicar una o más normas vigentes en
una concreta gestión judicial.

Desde esa perspectiva de análisis, “a esta Magistratura Constitucional
no corresponde la valoración de decisiones político criminales adoptadas por
el legislador, a menos que tales decisiones legislativas violenten estándares
constitucionales en una gestión sub lite, atendida la naturaleza jurídica propia
de la inaplicabilidad. Tampoco le corresponde, por encontrarse fuera de su
marco competencial, evaluar la plausibilidad de una teoría de defensa ni la
concurrencia de los presupuestos típicos de una imputación penal. En este
sentido, al tenor del artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, corresponde únicamente en sede
de admisibilidad verificar la estructuración de un conflicto constitucional
concreto en relación con la aplicación de normativa de rango legal” (Rol N°
16.159, c. 8°);

7°. Que, de esta forma, y teniendo en consideración que se ha
trasladado a esta sede constitucional el desarrollo argumental de la
defensa del requirente respecto de la imputación penal, el libelo no puede
alcanzar el estándar de fundamento plausible o razonable para iniciar un
proceso de inaplicabilidad. Conforme lo ha razonado el Tribunal, “[l]a
determinación sobre el descarte o concurrencia de presupuestos propios de
tipicidad en sede penal corresponde al juez sustanciador de fondo.




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CIENTO SIETE




Únicamente a aquel compete pronunciamiento en torno a las alegaciones de
defensa que puedan ser planteadas en un proceso penal, constituyendo ello
esencialmente un asunto de mera legalidad” (Rol N° 16.159, c. 10°).

Por todo lo anterior, debe ser declarado inadmisible el
requerimiento presentado a fojas 1.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.267-26-INA.




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CIENTO OCHO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 17/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 17/03/2026 Fecha: 17/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 18/03/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 18/03/2026




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