INA-Inadmisibilidad

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Santiago, nueve de junio de dos mil diez.

Proveyendo a lo principal y primer y tercer otrosíes
de fojas 52, téngase presente, y al segundo otrosí,
téngase por acompañado el documento.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 13 de mayo de 2010, el abogado
señor Julio Disi Rojas ha deducido un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 16,
No 2, de la Ley N?* 20.000, que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en
el recurso de apelación interpuesto para ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, bajo el Rol IC N* 889-2010, en
contra de la resolución pronunciada por el 8% Juzgado de
Garantía de Santiago, con fecha 27 de abril de 2010, por
la cual se denegó la solicitud de sobreseimiento
definitivo formulada en nombre de su representado, don
Francisco Lapolla Senler, “imputado en los autos sobre
presuntos delitos de asociación ilícita para el tráfico
de drogas, omisión de denuncia y cohecho, de que conoce
el referido Juzgado de Garantía, bajo el RIT N* 3815-
2009;

2*. Que el artículo 93, inciso primero, N”* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin

ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre

que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

3*. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N” 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 47 D
de dicho texto legal establece que "para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 47 A y 47 B. En
caso contrario, por resolución fundada que se dictará en
el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no
presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 47 A y 47 B de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 47 A.- En el caso del número 6% del
artículo 93 de la Constitución Política, es Órgano
legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en
que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son
personas legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

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Sesenta y vino

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 47 B.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de
la gestión pendiente o por una de las partes, deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado
la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo,
el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación precisa de las normas constitucionales que
se estiman transgredidas”.

A su vez, el artículo 47 F de la misma ley orgánica.
establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1% Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u Órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3% Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, co se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4% Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;

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50 Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6% Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

4%. Que, a fojas 51, el Presidente del Tribunal
ordenó que se diera cuenta del requerimiento deducido en
la Primera Sala de esta Magistratura;

5%. Que, atendido el mérito de los antecedentes que
obran en autos, esta Sala ha logrado convicción en cuanto
a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, siendo impertinente, por ende, que ésta sea
previamente acogida a tramitación;

6%. Que, en efecto, el requirente ha solicitado la
inaplicabilidad del N* 2 del artículo 16 de la Ley N?
20.000, en la gestión consistente en la apelación de la
resolución del Juez de Garantía que rechazó la solicitud
de sobreseimiento definitivo de la causa, siendo la
apelación -de conformidad al artículo 253 del Código
Procesal Penal- el único recurso procedente en contra de
dicha resolución;

7%. Que, a fojas 52, el Ministerio Público,
representado por su Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán
Sarrás, se hizo parte y acompañó copia de la sentencia de

la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 25 de mayo

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Sesenta Y tres

de 2010, que confirmó la resolución del 8% Juzgado de
Garantía de Santiago a la que se ha aludido en esta
sentencia;

8. Que, atendido lo expuesto en los dos
considerandos precedentes, es indubitado que no existe en
la actualidad la gestión judicial pendiente en la cual el
actor pretendía la inaplicación del precepto impugnado,
toda vez que ella correspondía a una solicitud de
sobreseimiento definitivo que ha sido rechazada por el
Juez de Garantía que conoce de la causa y confirmada por
la Corte de Apelaciones de Santiago, habiendo sido esta
última resolución notificada por el estado diario a las
partes el mismo día 25 de mayo de 2010 y sin que procedan
recursos en su contra, esto es, la gestión ha concluido
por sentencia que se encuentra firme o ejecutoriada, y

9%, Que, en consecuencia, no cumpliendo el
requerimiento deducido con la exigencia constitucional y
legal de que exista una gestión pendiente ante un
tribunal ordinario o especial en que la norma impugnada
pueda recibir aplicación, cCcarecería de todo sentido
entrar a pronunciarse sobre su admisión a trámite, en
circunstancias que jamás podrá prosperar su
admisibilidad, lo que lleva necesariamente a que el
requerimiento deba ser declarado inadmisible desde luego.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en el N* 3% del artículo 47 F y
demás normas pertinentes de la Ley N”* 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Al primer y tercer otrosíes, ténganse por

acompañados los documentos; al segundo otrosí, atendido

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lo resuelto a lo principal, no ha lugar a la suspensión
del procedimiento solicitada, y al cuarto otrosí,
téngase presente.

Notifíquese por carta certificada al requirente y al
Ministerio Público.

Ofíciese a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Archívese.

Rol 1727-10-INA.

Pronunciada por la Primera Salay/del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Marcelo Venegas Palacios, y los Ministros señores
Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique
Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.

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