TC Rol 17276

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OCHENTA Y DOS



Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 9 de enero de 2026, Juan José Sampson Trujillo
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 19 bis de la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de
Pensiones Alimenticias, para que ello incida en el proceso Rol Z-1584-2025,
seguido ante el Tribunal de Familia de Iquique;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal derivó la cuenta del
requerimiento ante la Primera Sala.

Al tenor de su examen, desde ya surge la causal prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal
con relación al artículo 93 inciso undécimo de la Constitución, en tanto
carece de fundamento plausible o razonable, cuestión que imposibilita
analizar el cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite previstos en
sus artículos 79 y 80. Las alegaciones que estructuran el requerimiento, más
bien, conforman el conflicto que ha sido planteado y resuelto en la sede
judicial competente de familia;

3°. Que, el requirente expone que ha sido demandado de
cumplimiento de alimentos y que dedujo excepción de prescripción de la
acción ejecutiva sobre la cantidad que ha resultado como consecuencia del
reajuste de la pensión de alimentos, la que fue desestimada por el Juzgado
de Familia de Iquique;

4°. Que, agrega que se aplicó el artículo 19 bis de la Ley N° 14.908, el
cual establece que el plazo de prescripción para las acciones ejecutivas de
cobro por deudas de pensión alimenticia será de tres años y se comenzará a
computar desde el momento en que el alimentario o alimentaria cumpla 21
años.

Al fundar la cuestión de constitucionalidad respecto de la aplicación
del artículo 19 bis de la Ley N° 14.908, argumenta que vulnera el derecho a
la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, el
derecho al debido proceso establecido en el artículo 19 N° 3, y el derecho de
propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24. Desarrolla que la aplicación
de dicho precepto no es equitativa, porque se está aplicando a situaciones
ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia y, según sostiene, ello es
arbitrario. Expone que para impetrar la prescripción de los reajustes de la


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pensión de alimentos alegó la aplicación de la Ley sobre Efecto Retroactivo
de las Leyes y la prescripción se invoca sobre un periodo de tiempo en el
cual no existía el artículo 19 bis de la Ley 14.908, por lo que es contrario a las
normas del debido proceso la aplicación de dicho artículo, por no ser
preexistente al tiempo en que se comienza a computar el plazo de
prescripción;

5°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento y
resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del actor, es que debe ser
declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o razonable;

6°. Que, conforme ha sido razonado por este Tribunal al examinar el
alcance de la exigencia de fundamento plausible o razonable, la especial
naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en la
Constitución la configura como un instrumento de eliminación o supresión
concreta de uno o más preceptos legales y no de reformulación de la
normativa aplicable a una materia. Asimismo, atendido el carácter concreto
de control constitucional de la ley, las alegaciones de la parte requirente
deben ser analizadas con relación a las peticiones y argumentaciones
entregadas en la gestión pendiente con que se vincula el requerimiento
presentado, lo que es expresión de la naturaleza jurídica de una acción de
control concreto de constitucionalidad de la ley (resolución de
inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-21, c. 7°);

7°. Que, según se desprende de los antecedentes acompañados y de
lo expuesto por el requirente, la gestión pendiente corresponde a un
procedimiento de cumplimiento de alimentos en el cual el tribunal ha
rechazado la excepción de prescripción deducida por el demandado. El
conflicto se centra en determinar si resulta procedente aplicar el artículo 19
bis de la Ley N° 14.908 a una deuda de pensión de alimentos cuyo origen es
anterior a la entrada en vigencia de dicha norma, y en la apreciación de las
circunstancias en que el tribunal de familia calificó como improcedente la
excepción de prescripción opuesta. La controversia desarrollada en el
requerimiento conlleva, además, la determinación del régimen de
prescripción aplicable y la forma en que el tribunal interpretó las normas
sobre efecto retroactivo de las leyes en relación con el artículo 19 bis
impugnado.

Son todas cuestiones ajenas al control de inaplicabilidad que la
Constitución ha entregado a este Tribunal;



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8°. Que, esta acción constitucional no es idónea para buscar la
enmienda o revocar lo que ha sido resuelto por un tribunal en ejercicio de
sus competencias para determinar el sentido y alcance de uno o más
preceptos legales. Como fue resuelto en causa Rol N° 16.390, ésta no busca
corregir los eventuales errores interpretativos que pudiera adoptar el juez
del fondo en la forma en que aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la
ejercida en la presente causa no constituye una instancia para revisar
decisiones judiciales. Un asunto de mera legalidad -como el presentado- ha
de resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa
interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en todo caso- en
línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la Carta
Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°). Si bien, lo ha advertido la STC Rol
N° 15.066-24, c. 21°, es factible que una determinada interpretación
adoptada por un tribunal pueda generar efectos inconstitucionales,
activándose la competencia de inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no
está habilitada para la corrección de errores interpretativos si, de existir, se
han habilitado por el legislador mecanismos de impugnación de esos actos y
resoluciones. En contrario, aceptar que esos defectos puedan ser
subsanados por este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso
procesal y la dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus
requisitos constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones de
otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan resultar
derecho aplicable en la resolución de una concreta gestión, siendo en
definitiva un control de carácter normativo;

9°. Que, el conflicto planteado no se origina en la aplicación del
precepto impugnado, sino, en contrario, en la determinación del régimen de
prescripción aplicable al caso concreto y en la interpretación de las normas
sobre efecto retroactivo de las leyes en relación con el artículo 19 bis de la
Ley N° 14.908. El actor de inaplicabilidad cuestiona que se haya aplicado una
norma que estima posterior al inicio del cómputo de la prescripción, y que el
tribunal no haya acogido su interpretación basada en la Ley sobre Efecto
Retroactivo de las Leyes. Sin embargo, estas materias corresponden al
ámbito de interpretación que es ajena al control de constitucionalidad
concreta que ejerce esta Magistratura a través de la acción de
inaplicabilidad, en tanto se busca controvertir la forma en que el tribunal
interpretó el alcance de las normas sobre prescripción aplicables y valoró los
fundamentos de la excepción deducida, así como la determinación de las
normas de derecho transitorio pertinentes;



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10°. Que, con ello, la parte requirente no impugna el contenido
normativo del artículo 19 bis de la Ley N° 14.908, sino que, antes, cuestiona
la forma en que fue aplicado por el Juzgado de Familia de Iquique,
controvirtiendo esa decisión y la interpretación que se habría efectuado
respecto de las normas sobre efecto retroactivo de las leyes. Como fuera
razonado en resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N° 14.009-23 y
N° 16.575, la inaplicabilidad constituye “un instrumento de eliminación o
supresión concreta de un precepto legal y no de reformulación de la normativa
aplicable a una materia”;

11°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la STC Rol N°
15.036 razonó que la acción de inaplicabilidad no permite “transgredir la
distribución de competencias entre el Poder Judicial y este tribunal, de que dan
cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional, y los cuerpos legales que
regulan las atribuciones de estos órganos constitucionales”, criterio que debe
ser asentado, puesto que no puede tenerse por razonablemente fundado un
requerimiento como el ejercido si éste, más bien, impugna la forma en que
un tribunal interpretó el alcance de las normas de prescripción aplicables,
determinó su ámbito de aplicación temporal y resolvió sobre la procedencia
de una excepción procesal, materias que deben resolverse en el marco de
las competencias propias del Poder Judicial y, en su caso, a través de los
recursos que la ley franquea para impugnar tales resoluciones.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93 incisos
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N°6, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad
deducido a lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.276-26-INA.


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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 21/01/2026



Miguel Angel Fernández González Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 21/01/2026 Fecha: 21/01/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y
por sus Ministros señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery
Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 22/01/2026




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