TC Rol 17284

Texto completo

0000421
CUATROCIENTOS VEINTIUNO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 17.284-2026
[13 de mayo de 2026]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 248,
LETRA C), Y 259 INCISO FINAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO
258, TODOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL


SONIA ALARCÓN ÁLVAREZ

EN EL PROCESO PENAL RIT N° 147-2025, RUC N° 2510005572-7, SEGUIDO ANTE
EL JUZGADO DE GARANTÍA DE ANCUD



VISTOS:

Que, con fecha 13 de enero de 2026, Sonia Alarcón Álvarez requiere la
declaración de inaplicabilidad por inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
de los artículos 248, letra c), y 259 inciso final en relación con el artículo 258, todos del
Código Procesal Penal, para que ello incida en el proceso penal RIT N° 147-2025, RUC
N° 2510005572-7, seguido ante el Juzgado de Garantía de Ancud.



Las disposiciones legales impugnadas disponen lo siguiente, en sus
respectivas partes destacadas:



"Código Procesal Penal

(…)




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Artículo 248- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para
la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa;

b) Formular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento
serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma, o

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el
procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación.

La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto
la formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares
que se hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si
nunca se hubiere interrumpido.

(…)

Artículo 259.- Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma
clara y precisa:

a) La individualización de el o los acusados y de su defensor;

b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica;

c) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que
concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal;

d) La participación que se atribuyere al acusado;

e) La expresión de los preceptos legales aplicables;

f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse
en el juicio;

g) La pena cuya aplicación se solicitare, y h) En su caso, la solicitud de que se proceda
de acuerdo al procedimiento abreviado.

Si, de conformidad a lo establecido en la letra f) de este artículo, el fiscal ofreciere rendir
prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos,
profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo
307, y señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones. En el
mismo escrito deberá individualizar, de igual modo, al perito o los peritos cuya comparecencia
solicitare, indicando sus títulos o calidades.

Si el fiscal solicita la aplicación del comiso de ganancias o, de ser procedente, del comiso
por valor equivalente de efectos o instrumentos del delito, deberá indicar su monto aproximado
y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, y señalará los medios de




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prueba de que piensa valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
precedente.

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la
formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación
jurídica. Con todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto
de terceros en los casos previstos por la ley.

(…)

Artículo 258.- Forzamiento de la acusación. Si el querellante particular se opusiere
a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes
sean remitidos al fiscal regional o al Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según
corresponda, a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa.

Si el fiscal regional o el Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según corresponda,
dentro de los tres días siguientes, decidiere que el ministerio público formulará acusación,
dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el
momento lo hubiere conducido, o si designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del
ministerio público deberá ser formulada dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las
reglas generales.

Por el contrario, si el fiscal regional o el Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según
corresponda, dentro del plazo de tres días de recibidos los antecedentes, ratificare la decisión
del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada
por el querellante, quien la habrá de sostener en lo sucesivo en los mismos términos que este
Código lo establece para el ministerio público, o bien procederá a decretar el sobreseimiento
correspondiente.

En caso de que el fiscal hubiere comunicado la decisión a que se refiere la letra c) del
artículo 248, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que
se refiere el inciso anterior.

La resolución que negare lugar a una de las solicitudes que el querellante formulare de
conformidad a este artículo será inapelable, sin perjuicio de los recursos que procedieren en
contra de aquella que pusiere término al procedimiento.”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la parte requirente que la gestión pendiente tiene origen en querella
deducida en enero de 2025 por Sonia, Diela y Lilian Alarcón, junto a Jaime Mallea, en
contra de Yessica y Hslaya Alarcón, imputándoles delitos de suscripción engañosa,
estafa, administración desleal y maltrato relevante de persona en situación de
vulnerabilidad, todos ellos vinculados a la situación personal y patrimonial de don
Hugo Alarcón Avendaño, adulto mayor de 83 años.



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Describe que el adulto mayor presenta un deterioro cognitivo progresivo
desde al menos el año 2018, con diagnósticos de Parkinson, demencia y pérdida
funcional severa, lo que habría sido constatado por diversos informes médicos, así
como por diligencias practicadas por la Policía de Investigaciones, configurándose un
estado de vulnerabilidad que habría sido aprovechado por las querelladas para la
realización de actos patrimoniales en su beneficio.

En este contexto, sostiene que las imputadas habrían restringido el acceso del
resto de la familia al adulto mayor, aislándolo de su entorno, y habrían ejecutado una
serie de actos destinados a disponer de sus bienes sin su consentimiento informado,
incluyendo la celebración de contratos y la enajenación de inmuebles en condiciones
que se califican como irregulares. Asimismo, denuncia la existencia de negligencia
grave en su cuidado, reflejada en la ausencia de controles médicos por un período
prolongado, la falta de tratamientos adecuados y la constatación de deterioro físico
significativo, todo lo cual, a juicio de la requirente, configura además el delito de
maltrato relevante.

Añade que la investigación penal se encuentra desformalizada y que el
Ministerio Público ha solicitado audiencia para comunicar su decisión de no
perseverar en el procedimiento, fijada para el día 26 de enero de 2026, circunstancia
que, afirma, produce un efecto decisivo en la causa, toda vez que impediría el ejercicio
de la acción penal por parte de la víctima.

Al fundar el conflicto constitucional, sostiene que en una investigación
desformalizada la decisión de no perseverar impide el ejercicio del forzamiento de la
acusación, toda vez que el inciso final del artículo 259 exige que la acusación se refiera
a hechos y personas incluidos en la formalización, requisito que no se cumple en la
especie. De este modo, argumenta que las normas cuestionadas permiten al Ministerio
Público poner término a la persecución penal mediante un acto de carácter
administrativo sin que exista un control jurisdiccional efectivo sobre la concurrencia
de sus presupuestos, y, al mismo tiempo, priva a la víctima de la posibilidad de ejercer
la acción penal que la Constitución le reconoce.

En tal sentido, sostiene que la decisión de no perseverar constituye un acto que,
en los hechos, pone término al proceso penal sin intervención jurisdiccional
sustantiva, limitándose el Juez de Garantía a tener presente dicha comunicación, sin
facultades para revisar el mérito de la decisión, lo que genera un vacío de control
incompatible con el derecho a un procedimiento racional y justo.

Agrega que esta situación vulnera el artículo 19 N°3 de la Constitución, en
cuanto impide el acceso a una decisión jurisdiccional sobre el fondo, así como el
artículo 83 inciso segundo, en la medida que priva a la víctima de su derecho a ejercer
la acción penal, al impedirle forzar la acusación en ausencia de formalización.




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Asimismo, precisa que la facultad del Ministerio Público para decidir no
perseverar no puede interpretarse en términos absolutos, en cuanto se encuentra
limitada por la Constitución y sujeta a control jurisdiccional, de modo que no puede
ser ejercida de manera tal que excluya completamente la intervención de la víctima en
el proceso penal.

Finalmente, invoca jurisprudencia de esta Magistratura en que se ha
reconocido que la aplicación del artículo 248 letra c) puede producir efectos contrarios
a la Constitución cuando impide el ejercicio efectivo de la acción penal por parte de la
víctima, particularmente en contextos en que no existe formalización de la
investigación.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala con fecha 20 de
enero de 2026, a fojas 184. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, fue declarado admisible, a fojas 378, en resolución de 9 de
marzo del mismo año. Se confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada
y a los órganos constitucionales interesados.



A fojas 333, con fecha 31 de enero de 2026, la parte requerida de Hslaya
Alarcón Álvarez y Yessica Marcela Alarcón Álvarez evacúa traslado y solicita la
desestimación del requerimiento.

Expone que la gestión pendiente se inserta en una disputa familiar compleja
relativa al cuidado y administración de los bienes de don Hugo Alarcón, quien
presenta un estado de salud delicado que ha requerido cuidados permanentes, los
cuales han sido asumidos por las querelladas durante varios años. En ese contexto,
anotan que la investigación penal ha sido exhaustiva, habiéndose practicado múltiples
diligencias que permitieron al Ministerio Público concluir, conforme al principio de
objetividad, que no existían antecedentes suficientes para sustentar una acusación, lo
que justifica plenamente la decisión de no perseverar.

Luego, refieren que la parte querellante ha ejercido reiteradamente acciones
judiciales en diversas sedes, como familia, civil y constitucional, fundadas en los
mismos hechos, las cuales han sido rechazadas por los tribunales, lo que evidenciaría
un patrón de judicialización abusiva destinado a prolongar artificialmente el conflicto.

En relación con el fondo del requerimiento, sostiene que no existe vulneración
a la tutela judicial efectiva, en cuanto la requirente ha podido ejercer plenamente sus
derechos procesales, participando en la investigación y formulando las solicitudes que




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estimó pertinentes, de modo que su disconformidad con el resultado no puede ser
considerada una infracción constitucional.

Asimismo, argumenta que la decisión de no perseverar se encuentra dentro de
las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y que su control corresponde a los
mecanismos internos del propio órgano, sin que proceda su revisión por la vía de la
acción de inaplicabilidad. Luego, en la impugnación del artículo 259, anotan que la
parte requirente desconoce su carácter de garantía del debido proceso, en cuanto
impide la formulación de acusaciones sin una previa formalización, lo que asegura el
derecho de defensa del imputado y la congruencia del proceso penal.



A fojas 392, con fecha 30 de marzo de 2026, evacúa traslado el Ministerio
Público y solicita el rechazo del requerimiento.

Argumenta que el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal recoge una
de las tres opciones que surgen para el Fiscal del Ministerio Público una vez que ha
cerrado la investigación, y consiste en la comunicación de su decisión de no perseverar
en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes
suficientes para fundar una acusación. Las otras dos alternativas son las de acusar o
solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa.

Luego, el artículo 83 de la Constitución establece que el Ministerio Público es
un órgano autónomo y jerarquizado al que le corresponde la dirección exclusiva de la
investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación
punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso, el ejercicio de la
acción penal. Al señalar la Ley Superior que le corresponde al Ministerio Público tanto
la investigación de los hechos que determinen la participación punible como aquellos
que acrediten la inocencia del imputado, se establecen condiciones para el ejercicio de
sus funciones que serán recogidas por el artículo 3° de la Ley N° 19.640 que consagra
el principio de objetividad.

Sostiene que cuando la Constitución señala que al Ministerio Público le
corresponde el ejercicio de la acción penal “en su caso”, esto aparece reflejado en el
nivel legal y precisamente en el artículo 248 del Código Procesal Penal. La regla de la
letra b) del artículo 248 indica que una vez cerrada la investigación, el fiscal podrá
formular acusación cuando estimare que la investigación proporciona fundamento
serio para el enjuiciamiento del imputado. Este precepto impone al fiscal la obligación
de verificar si la investigación que dirige en forma exclusiva proporciona fundamento
serio para el enjuiciamiento.

Desarrolla que determinar si existen o no fundamentos serios para formular
una acusación es una actividad que fue retirada del ámbito de competencias de la
judicatura, y así se hizo a resguardo de la imparcialidad del Juez y el predominio claro
del principio acusatorio. En tanto el ejercicio de una acusación pende de la obtención



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de fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado proporcionados por la
investigación, la regla de la letra b) del artículo 248 cobija igualmente aquella hipótesis
en la que la investigación no entrega tales fundamentos, en cuyo caso, a contrario
sensu, no procede que el fiscal presente acusación.

Agrega que esto de manera alguna se opone al texto constitucional que, por
una parte, autoriza al Ministerio Público para ejercer la acción penal en su caso y en
la forma prevista por la ley, y por la otra, le entrega el mandato de averiguar no solo
los hechos constitutivos de delito y los que determinen la participación, sino también
aquellos que acreditan la inocencia del imputado. De lo que se viene diciendo surge
que tanto la decisión de acusar como la de no perseverar comparten en realidad el
mismo fundamento, esto es, la existencia de una investigación y la apreciación acerca
de si ella arroja, o no, antecedentes suficientes para llevar al acusado a un juicio,
correspondiéndole dicha apreciación al organismo que por mandato constitucional
dirige en forma exclusiva la investigación.

Asimismo, anota que en el nivel constitucional esto es reflejo del carácter
exclusivo con que el Ministerio Público ejerce la investigación de los delitos, y por la
otra, de la función consistente en ejercer “en su caso”, y no “en todo caso”, la acción
penal. Indica que la historia de la norma objetada, contenida en la Ley N° 19.696,
consigna que la decisión de no perseverar fue introducida por el Senado sustituyendo
la disposición del proyecto del ejecutivo que establecía como causal de sobreseimiento
temporal la insuficiencia de antecedentes. Las razones de este cambio se apoyaron en
la necesidad de afirmar el principio acusatorio y en el declarado propósito de separar
la función investigativa de la jurisdiccional.

Acota que la decisión de no perseverar se ajusta a dos importantes reglas
constitucionales: la que consagra la exclusividad del Ministerio Público en la labor
investigativa y aquella que manda investigar tanto los hechos que determinen la
participación punible como los que acrediten la inocencia del imputado, lo que
además es reforzado por las exigencias constitucionales que enlazan el principio
acusatorio con el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. El mecanismo
consagrado en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal no es definitivo ni
concluye irremediablemente la causa, y en esos términos se ha dicho que representa
la procedimentalización de un estado intelectual de duda en el que se encuentra el
instructor de la investigación al final de las pesquisas.

En relación con la impugnación del artículo 259 inciso final, sostiene que la
exigencia de formalización previa para la acusación constituye una garantía esencial
del debido proceso, en cuanto permite delimitar los hechos objeto del juicio y asegurar
el derecho de defensa del imputado, de modo que no puede considerarse
inconstitucional.




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A fojas 410, por decreto 13 de abril de 2026, se dispuso traer los autos en
relación.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 20 de abril de 2026 se oyó la relación pública y alegatos
de los abogados señores Daniel Hasson Kalkstein, por la parte requirente, y Hernán
Ferrera Leiva, por la parte del Ministerio Público. Fue adoptado acuerdo en Sesión de
igual fecha, conforme fue certificado por el relator a fojas 420.



Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que don Daniel Haason Kalstein y don Felipe Cañón Parra, en
representación de doña Sonia Alarcón Álvarez, requieren la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 248, letra c), y 259
inciso final en relación con el artículo 258, todos del Código Procesal Penal, para que
ello incida en el proceso penal RIT N° 147-2025, RUC N° 2510005572-7, seguido ante
el Juzgado de Garantía de Ancud, en el que la requirente detenta la calidad de
querellante. Estima la actora que la aplicación de las normas impugnadas en el
proceso penal de que se trata produciría efectos contrarios a lo prescrito por los
artículos 19 N° 2 y 3, 76 y 83, todos de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el reclamo se centra, ante todo, en la exigencia de existir
formalización para que el querellante pueda forzar la acusación en los términos del
artículo 258 del Código Procesal Penal. Esto, desde ya, despeja el tema respecto del
artículo 248 letra c) del mismo Código, porque no es esa la norma que se refiere a la
formalización, ni en cuanto a requisito para acusar ni, en verdad, en forma alguna. El
punto que genera el problema que cree ver el requirente, es que el Ministerio Público
pueda decidir no perseverar en una investigación desformalizada, pero que pueda
hacerlo o no es una cuestión de legalidad, porque depende de la interpretación que se
dé al artículo 248 letra c), con relación a otras disposiciones, pero no es un problema
de constitucionalidad.

TERCERO: Que el requerimiento estima que la falta de control jurisdiccional
sobre esa decisión de no perseverar genera afectación al debido proceso, pero no es
así porque lo que el tribunal puede hacer es ordenar la reapertura de la investigación,
como lo dispone el artículo 257 del mismo Cuerpo Legal, pero no es admisible que
pudiera rechazar sin más la comunicación de no perseverar por no concordar con ella,
pues entonces desaparecería no solo la autonomía que la Constitución asegura al
Ministerio Público, y su exclusividad en la dirección de la investigación, sino también
su deber de objetividad, ya establecido en el propio artículo 83 inciso primero de la




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Carta, y conforme al cual esa entidad autónoma debe estar premunida de la facultad
de decidir si estima contar, o no, con elementos de cargo que le permitan sostener un
juicio.

CUARTO: Que, por lo demás, esa falta de otro control, más allá de lo prescrito
por el artículo 257 señalado, es parte del diseño del sistema puesto que, aun si
suprimiéramos del proceso el artículo 248 letra c) el querellante no obtendría nada en
su provecho, pues la causa simplemente quedaría en una latencia no regulada cuyo
término estaría asociado al cumplimiento de los plazos de prescripción de la acción
penal. En efecto, de suprimir la letra c) en estudio no se sigue que el Ministerio Público
quede obligado a acusar; es más, no podría hacerlo pues la letra b) del mismo artículo
248 le exige que para ello esté formalizada la investigación. En todo caso, sería
inconstitucional exigirle que acuse porque se contravendría, de nuevo, su autonomía
y su deber-derecho de objetividad. Derecho, decimos, porque el deber lleva consigo
la facultad de decidir si, conforme a su evaluación, existe o no mérito para llegar a
juicio. Tampoco se sigue que debiera dictarse sobreseimiento definitivo o temporal,
que son las otras opciones del artículo 248 y que es claro que no favorecerían al
querellante, porque para ello el fiscal debiera estimar, otra vez de manera autónoma
y bajo deber de objetividad, que se cumple alguno de los supuestos de los artículos
250 y 252 del Código Procesal Penal. En suma, no es posible remover del proceso penal
que constituye la gestión pendiente el artículo 248 letra c), tanto porque él no produce
efecto inconstitucional alguno, pues el problema del querellante no está dado por esa
norma sino por otras que ya analizaremos, como porque hacerlo generaría un
escenario vacío, en el que la causa quedaría igualmente en suspenso.

QUINTO: Que es evidente que la norma del artículo 248 letra c) no genera
ningún problema de desigualdad ante la ley, ya que la circunstancia de que el
Ministerio Público sea quien pueda decidir no perseverar se ajusta a la lógica del
sistema pues ese órgano es el que investiga y el que está sujeto a la obligación de
objetividad, de modo que solo él, y no otros intervinientes, puede y debe decidir si
continúa la persecución penal. El querellante no está en la misma posición jurídica ni
queda sujeto al deber de objetividad, de modo que no puede pretender las mismas
facultades que el persecutor fiscal a ese respecto.

SEXTO: Que, en rigor, los problemas del querellante están dados por la
exigencia de formalización para poder acusar y por la exclusividad que la ley entrega
al Ministerio Público respecto de la actuación procesal denominada formalización.
Ninguna de estas cuestiones está regulada por el artículo 248, de donde se sigue que
definitivamente esa norma no es la que pueda resultar decisiva para las pretensiones
procesal penales del requirente en la causa base. Sí lo es el, en principio, el artículo 259
inciso final, pero en la especie termina no siéndolo porque la influencia de esa norma
depende de que también se impugnen otras dos que conducen al mismo resultado,
que son los artículos 248 letra b) y 261 letra a), ambos del Código Procesal Penal.




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SÉPTIMO: Que, en efecto, el artículo 259 se refiere a la acusación fiscal y
destaca, para lo que ahora interesa, la exigencia de que esa actuación se refiera a
hechos y personas incluidos en la formalización, pero ocurre que el artículo 248 letra
b) lleva a la misma exigencia, puesto que dice que el Fiscal puede acusar al imputado
contra quien se hubiere formalizado la investigación. Es decir, suprimido el inciso
final del 259, el Ministerio Público igualmente no podría acusar a una persona contra
quien no hubiere formalizado la investigación, por impedirlo la señalada letra b) del
artículo 248. A su turno, el artículo 261 regula la acusación del querellante, y en él
también se exige, en su letra a), que se trate de hechos y de imputados que hubieren
sido objeto de la previa formalización. Es decir, suprimido el artículo 259 el
querellante estaría igualmente impedido de acusar a una persona no formalizada, y
como el requirente no impugnó ni el artículo 248 letra b) ni el 261 letra a), la conclusión
necesaria es que el artículo 259 inciso final, por sí solo, no es decisivo en la suerte de
la causa penal, y ello basta para desechar la acción de inaplicabilidad.

OCTAVO: Que como el requisito de formalización es común para las
acusaciones del Ministerio Público y del querellante, en todo caso tampoco se puede
comprender en qué sentido se afecta aquí la igualdad ante la ley. Respecto del debido
proceso hay que recordar, a todo evento, que en materia de acción penal pública no
existe un derecho subjetivo de la víctima o del querellante que se ampare por esa vía.
Tales derechos pueden existir, desde luego, pero sus vías de resguardo son otras, y en
el caso específico de posible vulneración de derechos del adulto mayor a que la gestión
judicial de fondo se refiere, esas vías han sido utilizadas, pues consta la interposición
de la acción de protección Rol Nº 1684-2024 seguida ante la Iltma. Corte de
Apelaciones de Puerto Montt, que resultó desechada; consta, además, de la misma
sentencia de protección, la existencia de un segundo antecedente en la justicia
ordinaria, seguido ante Juzgado de Familia de Ancud, en la causa RIT F-294-2024, por
maltrato, también desestimada, y consta, finalmente, la existencia de un
procedimiento de interdicción en Rol V-69-2024, seguido ante el Juzgado Civil de
Ancud.

NOVENO: Que en materia penal de acción pública, en cambio, el interés
protegido nunca es particular, sino social, y su custodio es el Ministerio Público. El
artículo 83 inciso segundo de la Constitución asocia ese interés a ciertos particulares,
por su especial cercanía con él, dada la condición, en general, de presuntas víctimas
que les corresponde, pero esa acción penal que les concede está supeditada a la del
Ministerio Público en tanto sujeta a las mismas exigencias que corresponden a éste, y
por eso la norma dice que se concede la acción penal “igualmente” a los terceros; es
decir, en las mismas condiciones y bajo las mismas exigencias a que queda sujeto el
Ministerio Público, y no puede ser de otro modo, pues si no fuera así se privatizaría
la acción penal y la pena se confundiría con la venganza, lo que ni aun en la tesis
retribucionista es aceptable.




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DÉCIMO: Que esa exigencia de mantener el carácter público de la acción hace
que el artículo 83 la separe de la investigación, pues el fiscal solo ejerce la acción “en
su caso” luego de desarrollar la investigación. La primera etapa le queda entregada
en exclusiva al órgano público, y su dirección no solo consiste en decidir las diligencias
a realizar, sino también en decidir el carácter de la indagatoria, en cuanto a si
formalizada o desformalizada, porque eso es también necesario desde el punto de
vista de la objetividad, como lo comprueba el artículo 232 inciso final, del Código
Procesal Penal. Por eso es que el querellante solo puede acusar previa formalización,
tal como el Ministerio Público queda sujeto a la misma limitación. La objetividad
siempre exigible y la imposibilidad de privatizar la acción suponen que exista un
control previo, siquiera indiciario, siquiera provisional, de plausibilidad de esa futura
acción, y ese control solo lo puede ejercer el Ministerio Público, como titular de la
investigación y único persecutor sujeto al deber de objetividad.

UNDÉCIMO: Que, además, todo lo anterior se refrenda si se atiende a que la
formalización está entregada en exclusiva a la decisión del Ministerio Público en los
artículos 229, 230, 231 y 232 del Código en examen, ninguno de los cuales fue objeto
del requerimiento. Nada de esto, por lo demás, equivale a usurpar la facultad
jurisdiccional, de modo que no se advierte que la ley, fiel al diseño constitucional,
vulnere el artículo 76 de la Carta.

DUODÉCIMO: Que tampoco resulta posible eliminar el inciso final del
artículo 259 impugnado si atendemos a que él resguarda un principio clave que forma
parte del debido proceso, y que es el de coherencia o congruencia. Si el imputado tiene
derecho a defensa y a formular peticiones y requerir diligencias desde el comienzo
mismo de la investigación dirigida en su contra, eso supone que conozca los cargos
de antemano, en la etapa indagatoria misma, y por eso el artículo 232 señala que la
formalización exige expresar esos cargos. Pero, claro está, si luego varían al acusar o
si se acusa a alguien a quién no se formalizó previamente, ese derecho a defensa
reconocido desde el inicio, como lo dice ya el artículo 7° del Código, se desvanece. No
cabe argumentar que la querella pueda sustituir a la formalización para ese efecto, no
solo porque el querellante no cargue con el deber de objetividad, sino porque este
Tribunal no puede añadir nada a las normas legales, sino solo suprimir alguna, para
el caso de que se trate, y si se suprime el inciso final del artículo 259 desaparece el
baremo de congruencia legalmente establecido, simplemente, y nada autorizaría a
añadir algo que la norma no dice, como sería señalar que en su remplazo operará la
querella.

DECIMOTERCERO: Que todo lo anterior ha sido latamente desarrollado por
este Tribunal en numerosas sentencias previas, de las cuales, y solo a modo de
ejemplo, pueden citarse las de los roles 13.934, 14.399, 15.751 y 16.241, de manera tal
que no cabe sino desechar el presente requerimiento.




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Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL
DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA
LITIGAR.



DISIDENCIA



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS estuvo por acoger el
requerimiento de inaplicabilidad únicamente respecto a los preceptos legales
impugnados relativos a los derechos de las víctimas; esto es; artículos 248 letra c) y
259 inciso final del Código Procesal Penal, atendiendo a las siguientes razones:



I. CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD

1°. La requirente sostiene que la aplicación de los artículos 248, letra c) y 259,
inciso final, ambos del Código Procesal Penal, “(…) producirá efectos contrarios a lo
dispuesto en los artículos 19 N° 2, 19 N° 3, 76, y 83, todos de la Constitución Política de la
República de Chile (…)” (fojas 1 del expediente).



A) NORMAS IMPUGNADAS SOBRE LAS QUE VERSA ESTE VOTO

2°. Que, en el presente proceso constitucional, se pretende la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248, letra c) y 259, inciso final
del mismo Código.

El artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, en lo pertinente, prescribe:
“Artículo 248. Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la




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CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES




averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará
cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…)

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una
acusación.”

Por su parte, el artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, dispone
perentoriamente que “La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la
formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Con
todo, en la acusación podrá solicitarse el comiso de ganancias respecto de terceros en los casos
previstos por la ley”.



B) ELEMENTOS DEL CASO CONCRETO

3°. Que la requirente dedujo querella criminal en causa ordinaria penal RIT
N°147-2025 ante el Juzgado de Garantía de Ancud, “(…) por los delitos de Suscripción
Engañosa de Documentos, previsto en el numeral 4° del art. 470 y sancionado en el art. 467
del Código Penal; Estafa, previsto en el artículo 468 y sancionado en el artículo 467 del Código
Penal; Administración Desleal, previsto en el numeral 11° del art. 470 y sancionado en el art.
467 del Código Penal; y Maltrato relevante de persona en situación de vulnerabilidad, previsto
y sancionado en el artículo 403 bis del Código Penal (…)” (f. 206 del expediente), en contra
de las requeridas y de quienes resulten responsables.

4°. Que, en el marco de dicho proceso judicial, y sin haberse formalizado la
investigación, el Ministerio Público solicitó al tribunal de fondo que fijara audiencia
para comunicar su decisión de no perseverar; audiencia que, de acuerdo a los
antecedentes que constan en estos autos constitucionales, no se ha materializado a la
fecha. En efecto, el Juzgado de Garantía había programado la audiencia para el 26 de
enero de 2026, pero dicha programación fue dejada sin efecto por la suspensión del
procedimiento ordenada por esta Magistratura.



II. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS Y LA DECISIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE NO PERSEVERAR EN EL PROCEDIMIENTO


A) ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LAS VÍCTIMAS

5°. Que durante las últimas décadas, se ha llevado a cabo un proceso conocido
como la constitucionalización del derecho, el cual se caracteriza por el reconocimiento
práctico de la supremacía de la Carta Fundamental, formulado a través del Derecho
Constitucional y realizado, en todas las disciplinas jurídicas, cualquiera sea quien las
estudie u opere con ellas.




13
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CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO




Tal Constitucionalización se expresa en la difusión de los principios y normas
de la Carta Fundamental a todo el sistema jurídico, impregnándolo de los valores de
ésta, como son la vida e integridad de la persona, la libertad e igualdad, la paz y
justicia, el bien común, la participación, el desarrollo y la solidaridad que, entre otros,
son modeladores de aquel proceso jurídico, teleológica y no lógico-positivamente
entendido.

6°. Que en dicho marco, en nuestro ordenamiento jurídico se ha llevado un
proceso de constitucionalización del derecho penal, un fenómeno sobre el cual la
doctrina ha sostenido que “[E]n la actualidad el derecho penal se entiende –que- debe estar
perfectamente constitucionalizado, es decir, que las normas constitucionales referidas a los
derechos fundamentales y obviamente, las que tienen que ver de forma expresa con el derecho
penal, entran a jugar como parámetro de evaluación crítica de las normas penales, al mismo
tiempo que se constituyen en criterios para su interpretación y aplicación. Este fenómeno de
vinculación necesaria entre el derecho penal y la constitución, que ha llevado a importantes
autores como WINFRIED HASSEMER a sostener por ejemplo que el derecho penal se debe
entender como derecho constitucional aplicado” (COTE-BARCO, Gustavo (2008):
Constitucionalización del derecho penal y proporcionalidad de la pena. Universitas,
Bogotá, v.57, n.116, p. 119-151).

7°. Que, en el marco de dicho fenómeno, en nuestro ordenamiento jurídico se
produjo la constitucionalización de los derechos de las víctimas de delitos, a través de
reformas constitucionales. Una de las modificaciones más relevantes se produce en
1997, a través de la reforma que incorpora a la Carta Fundamental al Ministerio
Público, al cual se le confía la obligación constitucional de adoptar las medidas para
proteger a las víctimas y a los testigos, como consta en el artículo 83 de la Constitución.

Específicamente, a través de esta reforma, se incorporó a la Constitución el
derecho de las víctimas a ejercer la acción penal, explícitamente consagrado,
actualmente, en el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución, al señalar que
“[E]l ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente
la acción penal”.

Esta norma viene a romper la tradición chilena hasta la época, que se
caracterizaba por otorgarle un papel secundario a la víctima, siguiendo la influencia
del derecho español (TAPIA BALLESTEROS, Patricia (2016): El estatuto de la víctima en
el ordenamiento jurídico chileno: estado de la cuestión y algunas consideraciones.
Revista de Ciencias Penales, sexta época, vol. XLIII, N|2, pp. 19-38). Así, hoy en día es
claro que la Constitución vigente contempla el derecho de la víctima a ejercer la acción
penal.

Lo mismo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia, al explicar que
el artículo 83 de la Carta Fundamental “no sólo está situando a aquellos sujetos en un plano
de igualdad con el Ministerio Público, en lo que respecta al ejercicio de la acción penal pública,
sino que, en esencia, consagra el ejercicio de la referida acción como un verdadero



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0000435
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO




derecho, que debe ser respetado y promovido por todos los órganos del Estado, en
obediencia a lo mandado por el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental”
(STC Rol N°1.484, c. 17°).

8°. Que lo señalado por el actual artículo 83 de la Constitución vino a ser
reforzado posteriormente, a partir de la ley de reforma constitucional N°20.516. Este
cuerpo normativo produjo la constitucionalización del derecho de defensa jurídica
gratuita de la víctima, al añadirlo en el texto del artículo 19 N°3 de la Constitución
Política de la República, que regula la igual protección en el ejercicio de los derechos
o debido proceso, agregando que “[L]a ley señalará los casos y establecerá la forma en que
las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas,
a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”.

Dicha reforma obliga al legislador a regular el derecho a defensa y asesoría
jurídica en favor de las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no
pueden procurárselas por sí mismas, para así poder ejercer la acción penal. Por lo
tanto, es indudable que esta reforma al artículo 19 Nº3 reforzó el derecho
constitucional de las víctimas a ejercer la acción penal, tal como lo ha señalado esta
Magistratura en su jurisprudencia (en este sentido, STC Rol Nº8.798 c. 7º).

9°. Que, en cuanto al contenido del derecho de la víctima a ejercer la acción
penal, la doctrina lo ha caracterizado como ius ut procedatur “esto es, como derecho al
proceso jurisdiccional tiene como núcleo esencial mínimo la prestación de actividad
jurisdiccional y de una decisión jurisdiccional motiviada”, lo cual implica “que la acción
procesal del ofendido por el delito exige que —incluso en las etapas preparatorias— haya
actividad jurisdiccional y al menos una resolución jurisdiccional motivada respecto de su
derecho a intervenir en el proceso y a formular en él una pretensión procesal acusatoria” (DEL
RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema
constitucional del acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en
POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en
el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch)
pp.396-397). (En el mismo sentido, voto disidente, STC Rol N°14.265, c.13°).

Así, el derecho de la víctima a ejercer la acción penal no se satisface por la
simple posibilidad de intervenir en el proceso penal o de interponer querella, puesto
que el contenido esencial del mismo va más allá, y exige que el ofendido pueda
obtener una decisión judicial motivada sobre su pretensión penal. Cabe aclarar que lo
anterior en ningún caso significa que ella tiene derecho a obtener un resultado
favorable a sus pretensiones o la condena del imputado; sino que básicamente implica
que el ofendido por el delito pueda llevar adelante la persecución penal con los
debidos controles judiciales, independientemente de cuál sea la decisión final
adoptada por los tribunales competentes.

10°. Que, por lo tanto, es indiscutible que no sólo el Ministerio Público, en el
ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, puede -y debe- ejercer la acción



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CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS




penal; pues la víctima también tiene derecho a hacerlo, en base a los artículos 19 N°3
y 83 de la Constitución. Lo mismo ha sostenido este Tribunal Constitucional en su
jurisprudencia, explicando que “resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por
parte de un sujeto distinto al Ministerio Público, está garantizado por la
Constitución tanto en su artículo 19, Nº 3°, inciso sexto, como en el artículo 83, inciso
segundo” (STC Rol N°11.325, c. 11°).

De esta forma, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer sus
atribuciones de una forma compatible con los derechos y garantías que la Constitución
otorga a la víctima -y los de todos los intervinientes-, pues tal como lo ha explicado
esta Magistratura, “el debido proceso y la actividad de investigación del Ministerio Público
no pueden entenderse desconectadas o desvinculadas” (STC Rol N°14.345, c. 4°). Entonces,
“la exclusividad constitucional de que goza el Ministerio Público para investigar no puede
significar la ausencia– aun parcial- de tutela judicial de los intereses de aquel ofendido que
aspira a que se persevere en la pretensión punitiva” (voto disidente, STC Rol N°13.011, c.
15°).

11°. A mayor abundamiento, en el estatuto de las víctimas en el derecho
constitucional comparado resulta relevante el caso de España y México. En ese
sentido, la Constitución Española consagra en su artículo 24 el derecho a tutela judicial
efectiva. Ello, ha tenido manifestación concreta en la misma Ley 4/2015, de 27 de abril,
del Estatuto de la víctima del delito. Así, su artículo 3, establece un verdadero catálogo
de derechos de la víctima, a saber; “1. Toda víctima tiene derecho a la protección,
información, apoyo, asistencia, atención y reparación, así como a la participación activa en el
proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio
desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los
servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y, en su caso, de justicia restaurativa, a lo largo
de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con
independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. En
todo caso estará vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de
violencia de género.

2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las
disposiciones reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación
especial y en las normas procesales que resulten de aplicación.” Junto a lo anterior, es preciso
señalar que dicho cuerpo normativo desarrolla los derechos básicos de las víctimas en
todo su título I.

12°. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
contiene igualmente un catálogo de derechos atribuidos exclusivamente a la víctima.
De esta forma, en su artículo 20 letra B), consagra siete numerales que dan cuenta de
un estado avanzado en materia de protección de víctimas a nivel americano. Así,
advierte que “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. I. Recibir asesoría



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CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE




jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio
Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en
la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el
Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y
motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido
lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para
ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y
otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de
delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio
del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa. Párrafo reformado DOF 14-07-2011 El Ministerio Público deberá garantizar la
protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el
proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las
medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos,
y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de
la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del
daño.”

Por ende, los derechos de las víctimas en ordenamientos constitucionales
comparados resguardan incluso más allá del derecho a la acción un estatuto que
reconoce derechos específicos en virtud de un procedimiento racional y justo para
ellas.



B) LA DECISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO PERSEVERAR EN EL
PROCEDIMIENTO

13°. Que de lo expuesto por la actora en su requerimiento, es posible concluir
que el hecho que gatilla el conflicto de constitucionalidad presentado ante este
Tribunal corresponde a la posibilidad de que el Ministerio público comunique su
decisión de no perseverar en el procedimiento, por lo que nos referiremos brevemente
a dicha facultad.

14°. Que, en virtud del principio de oportunidad, el Ministerio Público cuenta
con facultades que le permiten “no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de
la persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián (2002):
Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p.48).
Dentro de ellas, encontramos la posibilidad de que se comunique la decisión de no



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CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO




perseverar en el procedimiento, cuando no se hayan reunido los suficientes
antecedentes para fundar una acusación en contra del imputado.

15º. Que, así, es evidente que la naturaleza de la decisión de no perseverar es
eminentemente administrativa, no judicial. En esta línea, la doctrina ha señalado que
“un elemento central que distingue a la decisión de no perseverar del sobreseimiento definitivo,
y obviamente de la sentencia que se dicte en el juicio oral, es que la mencionada decisión -en
tanto acto no jurisdiccional- no genera (en principio) el efecto propio de la cosa juzgada”
(CORREA ROBLES, Carlos (2020): Uso y abuso de la decisión de no perseverar en el
procedimiento. Revista chilena de Derecho, vol. 47, N°1, pp. 159-185).

Es más, incluso se ha llegado a considerar que esa decisión, administrativa y
de mérito, es “de exclusiva competencia del Ministerio Público y no cabe, en consecuencia,
pronunciamiento ulterior del juez ni, evidentemente, recursos jurisdiccionales en contra de la
misma”, lo cual, de acuerdo a la doctrina especializada en la materia “genera diversos
problemas y trastoca la lógica del Código, orientada a la completación de mecanismos de
clausura definitiva del procedimiento en casos débiles, sin vialidad o en que no existe una
actividad productiva del órgano de persecución penal” (HORVITZ LENNON, María Inés y
LÓPEZ MASLE, Julián (2002): Derecho procesal penal chileno. Tomo I. Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, pp. 585-586).

16º. Que, por lo tanto, al comunicar que no perseverará en un procedimiento
penal, el Ministerio Público realiza un juicio discrecional de mérito de naturaleza
administrativa respecto a los antecedentes que ha podido recopilar durante la
investigación, determinando si prosigue o no con el proceso; sin que exista una
intervención o control de fondo sobre dicha decisión por parte de un órgano
jurisdiccional.



III. ESCRUTINIO DE INAPLICABILIDAD: LA VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 19 N°3
Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN

17°. Que la requirente estima que la aplicación de los preceptos legales
impugnados vulnera la Constitución, principalmente debido a que, como el
Ministerio Público busca comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento
sin haber formalizado la investigación, se afectaría su derecho a ejercer la acción penal,
pues no se le permite proseguir con el juicio criminal del cual es querellante.

Esto, por cuanto la aplicación de los preceptos impugnados no le permite, en
su caso concreto, forzar acusación, ya que el artículo 259 del Código Procesal Penal
establece que la acusación sólo puede referirse a personas y hechos incluidos en la
formalización. Así, estando la investigación desformalizada, malamente podría la
requirente referirse a sujetos o circunstancias contenidas en un acto que no se ha
realizado.




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CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE




18°. Que, por lo tanto, para determinar si, en este caso concreto, la aplicación
de los preceptos impugnados genera resultados contrarios a la Constitución, los jueces
constitucionales deben preguntarse si los efectos que produce la comunicación de la
decisión del Ministerio Público de no perseverar en un proceso penal desformalizado
es o no respetuosa de los derechos que la Carta Fundamental le reconoce a las
víctimas.

Lo anterior debe realizarse teniendo especialmente en cuenta que un
querellante no puede forzar acusación respecto a una investigación que no ha sido
formalizada y que, por ende, no puede proseguir con el proceso penal en virtud de la
decisión del órgano persecutor fiscal.

19º. Que, para lograr lo anterior, debemos recordar que el ofendido por el
delito tiene el derecho constitucional subjetivo a ejercer la acción penal, en virtud de
los artículos 83 inciso segundo y 19 Nº3 de la Constitución.

Como fue señalado en los apartados anteriores, el contenido esencial de este
derecho no se limita solamente a presentar querella, sino que, tal como lo ha explicado
la doctrina, “exige que el desenvolvimiento del derecho al proceso del actor depende
de decisiones judiciales motivadas que deban o puedan librar en el curso del proceso”.
(DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur y denegatio actionis: el problema
constitucional del acusador penal particular y su derecho a la acción procesal”, en
POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coordinadores), Las partes en
el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch)
p. 397).

Esto no significa, como ya adelantábamos, que el ofendido por el delito tenga
el derecho a obtener una decisión judicial determinada, y ni siquiera implica que se
llegue a cierta etapa específica del mismo -pues atentado a las circunstancias del caso
concreto el juicio puede llegar a terminar anticipadamente de forma legítima-. Pero sí
exige que el concreto desenvolvimiento del proceso “solo puede ser progresivamente
reconocido o negado siempre por la autoridad jurisdiccional, mediante una decisión
fundada y sumisa a Derecho, precisamente porque en esto reside el contenido nuclear
mínimo del derecho a la acción” (DEL RÍO FERRETTI, Carlos (2024): “Ius ut procedatur
y denegatio actionis: el problema constitucional del acusador penal particular y su
derecho a la acción procesal”, en POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA,
Flavia (coordinadores), Las partes en el proceso. IX Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal (Valencia, Tirant Lo Blanch) pp. 397-398).

Así, los artículos 19 Nº3 y 83 inciso segundo de la Constitución exigen, en
cuanto consagran el derecho de la víctima de un delito a ejercer la acción penal, que
sea un órgano jurisdiccional quien eventualmente decida truncar o no la prosecución
de un juicio penal.




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CUATROCIENTOS CUARENTA




20º. Que, además, debe recordarse que la decisión de no perseverar del
Ministerio Público tiene una naturaleza eminentemente administrativa, de mérito y
discrecional; y no está sujeta a control judicial alguno, ni es objeto de impugnación o
reclamación a través de acciones o recursos jurisdiccionales. Pues, si bien el órgano
persecutor debe comunicar al juez competente que no proseguirá con el
procedimiento, este último simplemente tiene presente la comunicación; limitándose
la participación del tribunal, entonces, a una mera intervención sin influencia
sustantiva.

Esta decisión de no perseverar es especialmente importante respecto de
investigaciones desformalizadas ya que, tal como señalamos previamente, el artículo
259 del Código Procesal Penal no permite, en la práctica, que los querellantes realicen
un forzamiento de la acusación para seguir con el juicio penal sin la intervención del
Ministerio Público, pues dicho precepto impugnado exige que la acusación se refiera
a hechos y personas contenidos en la formalización. No habiendo formalización,
entonces, no le es posible al querellante mantener el proceso en tramitación.

21º. Que, por ende, es ineludible concluir que en la gestión pendiente de autos
la aplicación de los preceptos impugnados, a saber, la letra c) del artículo 248 y del
inciso final del artículo 259, ambos del Código Procesal Penal, genera efectos que
contrarían lo dispuesto en los artículos 83 y 19 Nº3 de la Constitución, por cuanto, en
la práctica, permiten que una decisión administrativa no sujeta a control jurisdiccional
-la del Ministerio Público de no perseverar en un procedimiento cuya investigación
no ha sido formalizada- prive a la víctima de la posibilidad de proseguir con el proceso
penal en el cual interviene.

Esta vulneración a lo dispuesto en la Carta Fundamental es evidente si se tiene
en cuenta que, tal como lo ha señalado esta Magistratura en su jurisprudencia, el
derecho de la víctima a ejercer la acción penal incluye “el acceso efectivo a la jurisdicción,
que se manifiesta en la exigibilidad de la apertura y, consecuentemente, de la sustanciación del
proceso” (STC Rol Nº815, c. 11º), el cual solamente puede terminar lícitamente
mediante un acto sujeto a control jurisdiccional.

Lo anterior no implica desconocer las facultades privativas que tiene el
Ministerio Público respecto a la dirección de las investigaciones penales, puesto que
la labor investigativa del órgano persecutor “no puede confundirse con actividades
que, en la práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima y, por
consiguiente, tienen una implicancia directa sobre un asunto más propiamente
jurisdiccional: la resolución del conflicto. No ha de perderse de vista que el sentido y
alcance de la facultad del Ministerio Público de dirigir en forma exclusiva la investigación dice
relación con la determinación de la orientación de la investigación, pero no con una supuesta
– más bien inexistente - facultad de ponderar, sin control judicial, el grado de suficiencia de las
pruebas para desvanecer o no la presunción de inocencia del investigado o del imputado”;
porque “la Constitución no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin un



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CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO




control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más,
decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad y
de la víctima” (STC Rol Nº11.325, c. 12º y c. 16º).

22º. Que lo anterior también ha sido sostenido por la doctrina, al explicar “que
si bien corresponde al Ministerio Público la dirección de la investigación, la actuación del
órgano persecutor tendrá siempre como límite el reconocimiento del derecho a la
acción penal del que la víctima es titular. Lo anterior –señala el TC- exige que el
legislador contemple las medidas de control judicial que, limitando un eventual
actuar arbitrario del Ministerio Público, hagan factible la interposición de una
acusación por parte del querellante privado. Y ese límite no existe para el ejercicio de la
facultad de no perseverar, pues, a diferencia de lo que el mismo artículo 248 del Código Procesal
Penal contempla para el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento temporal, que son
solicitados por el fiscal y decretados por el juez de garantía, la decisión del Ministerio Público
de no perseverar en la investigación no requiere aprobación judicial” (BERTELSEN REPETTO,
Raúl (2021): La decisión de no perseverar en la investigación ante el Tribunal
Constitucional. Disponible en “Sentencias Destacadas 2020”, Libertad y Desarrollo,
pp. 119-120).



IV. CONCLUSIONES

23º. Que, en base a todo lo expuesto, se sigue que este Tribunal, a través de la
declaración de inaplicabilidad, debe evitar la cristalización de los efectos que generará
la aplicación de los preceptos impugnados, pues ellos son contrarios a lo dispuesto en
los artículos 19 Nº3 y 83 inciso segundo de la Constitución.

Esto, por cuanto la aplicación de la letra c) del artículo 248 y el inciso final del
artículo 259, ambos del Código Procesal Penal implican que, en el caso concreto, la
vulneración del derecho del ofendido por el delito a ejercer la acción penal. Lo
anterior, debido a que el Ministerio Público, a través de su decisión discrecional de no
perseverar en un procedimiento desformalizado, impide que la requirente prosiga con
el juicio penal, a través de una determinación esencialmente administrativa que no
está sujeta a control jurisdiccional.



PREVENCIÓN



Además del voto que antecede respecto de la impugnación al artículo 259
inciso final del Código Procesal Penal, el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por acoger parcialmente el requerimiento en la frase
“comunicar la decisión del ministerio público de”, contenida en su artículo 248, letra
c), atendidos los fundamentos formulados en casos análogos precedentes, v. gr., en el




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS




Rol N° 13.914, porque, de esta manera, subsiste la atribución del Ministerio Público,
en el marco de su autonomía constitucional, para no perseverar en el procedimiento,
por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para
fundar una acusación, pero queda el Juez de Garantía en situación de evaluar la
decisión adoptada por el Ministerio Público, lo que, además, permitirá a los
intervinientes sostener su posición al respecto en la audiencia correspondiente y, en
definitiva, resolver con todos los elementos de juicio, si se accede o no, en definitiva, a
la decisión de no perseverar, pero mediando control judicial de esta decisión, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3° inciso sexto de la Constitución, en
relación con el derecho contemplado en su artículo 83 inciso segundo.



Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La disidencia fue
escrita por la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.

La prevención fue redactada por el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 17.284-26-INA




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CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 14/05/2026



María Pía Silva Gallinato Miguel Angel Fernández González
Fecha: 14/05/2026 Fecha: 13/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 13/05/2026 Fecha: 14/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 13/05/2026 Fecha: 14/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 14/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora María
Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela
Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez
Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 14/05/2026




A858D954-14F7-440F-A3E9-AE23981982AF
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
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