TC Rol 17286

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CIENTO TREINTA Y NUEVE



Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.


VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 15 de enero de 2026, Ernesto Ramos
Gutiérrez y otros accionan de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 768 inciso segundo, 781 inciso segundo y 782 inciso
segundo del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el
proceso Rol N° 34.300-2025, seguido ante la Excma. Corte Suprema;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala;

3°. Que, luego de examinar el requerimiento y sus argumentaciones
para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad de la ley, se constata
la causal contenida en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, al carecer de fundamento plausible o
razonable, cuestión que imposibilita desde ya el análisis de los requisitos de
admisión a trámite;

4°. Que, la gestión invocada por los requirente se sustancia ante la
Excma. Corte Suprema en razón de recursos de casación en la forma y en el
fondo que fueron interpuestos en contra de una sentencia dictada por la
Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo de la
demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio deducida en
contra del Servicio de Salud de Antofagasta.

Explican que la Excma. Corte Suprema, con fecha 5 de enero de 2026,
dictó resolución que declaró inadmisible el recurso de casación en la forma,
en aplicación de los artículos 768 inciso segundo y 781 inciso segundo del
Código de Procedimiento Civil, y rechazó el recurso de casación en el fondo
por manifiesta falta de fundamento, en aplicación del artículo 782 inciso
segundo del mismo cuerpo legal. En contra de dicha resolución,
interpusieron recurso de reposición, constituyendo la gestión pendiente
invocada;

5°. Que, al desarrollar el conflicto que podría implicar la aplicación de
las disposiciones impugnadas en la resolución de la gestión, señalan que
dichas normas habrían sido aplicadas de manera “groseramente abusiva” y
que su aplicación “ha conculcado las garantías constitucionales de los
demandantes” (fojas 2). Agregan que el artículo 768 inciso segundo permitió
que los vicios alegados en casación en la forma- falta de fundamentación e


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infracción al principio de congruencia- fueran descartados “de forma rápida
y antijurídica” (fojas 7). Respecto del artículo 781 inciso segundo, sostienen
que operó como “regla habilitante del cierre anticipado del debate recursivo”
(fojas 8). En cuanto al artículo 782 inciso segundo, anotan que la causal de
“manifiesta falta de fundamento” queda “vaciada de contenido” y se
transforma en “una cláusula abierta” que habilita un rechazo anticipado
(fojas 12).

Atendido lo que explican, refiere que el conflicto se generaría en
contravención al artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso primero y sexto de la
Constitución, así como al artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos;

6°. Que, según se anotó precedentemente, las normas legales
requeridas corresponden a los artículos 768 inciso segundo, 781 inciso
segundo y 782 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, los que
disponen lo siguiente en aquellas partes cuestionadas:

“Artículo 768.- (…) En los negocios a que se refiere el inciso segundo del
artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de
las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y
también en el número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del
asunto controvertido";

“Artículo 781.- (…) Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo
inadmisible, lo declarará sin lugar desde luego, por resolución fundada";

“Artículo 782.- (…) La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos
establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato si, en
opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de
fundamento";

7°. Que, de acuerdo con la certificación acompañada por los
requirente, con fecha 5 de enero de 2026, la Excma. Corte Suprema dictó
resolución que declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y
rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de
fundamento. En contra de dicha resolución, con fecha 14 de marzo de 2025
—según se indica en el requerimiento—, se interpuso recurso de reposición,
el cual se encontraría pendiente de resolución;

8°. Que, por lo anotado, el conflicto que la parte requirente desarrolla
para solicitar la inaplicabilidad se desenvuelve en una gestión en que,
habiendo ya recibido aplicación las disposiciones impugnadas, la respectiva
decisión fue recurrida de reposición.



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Sin embargo, el libelo carece de fundamento plausible o razonable a
partir de sus alegaciones para plantear el inicio de un contradictorio de
constitucionalidad concreto de la ley;

9°. Que, la exigencia de fundamentación plausible o razonable para
estructurar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
expresa la naturaleza jurídica o finalidad de esta acción otorgada por la
Constitución a las partes de una gestión pendiente ante un tribunal
ordinario o especial, permitiendo velar por la supremacía constitucional en
un concreto caso (Rol N° 1295-08, c. 44°). Por lo mismo, el requerimiento no
puede desatender el proceso en que incide la eventual declaración de
inaplicabilidad y sus particularidades (Rol N° 14.836-23, c. 6°), puesto que si
las alegaciones únicamente se desenvuelven en cuestiones que serán
resueltas por el tribunal competente al determinar el sentido y alcance de
los preceptos legales impugnados (Rol N° 14.364-23, c. 3°), se excede la
competencia de este Tribunal para el inicio de un contradictorio en el ámbito
de la inaplicabilidad. A este respecto, el parámetro de contraste es la
Constitución y no la ley (Rol N° 4696-18, c. 10°), por lo que al examinar el
conflicto concreto que pudiera surgir entre la norma legal cuestionada y la
Carta Fundamental, no es posible desatender que, de ser el caso, las
alegaciones pudieran ser previamente resueltas por el juez llamado a
conocer el asunto e impugnadas por las vías recursivas establecidas en la
ley;

10°. Que, conforme fuera reseñado en los considerandos
precedentes, las alegaciones del requerimiento se concentran en cuestionar
la forma en que la Excma. Corte Suprema aplicó las normas procesales
impugnadas al declarar inadmisible la casación en la forma y rechazar la
casación en el fondo. Así, a fojas 7, se señala que “la aplicación del artículo
768 inciso segundo permitió que dichos vicios fueran descartados de forma
rápida y antijurídica”; a fojas 8, que el artículo 781 inciso segundo operó
como “regla habilitante del cierre anticipado del debate recursivo”; y a fojas 12,
que el artículo 782 inciso segundo “ha permitido que un recurso de casación en
el fondo sea rechazado bajo la etiqueta de 'manifiesta falta de fundamento, aun
cuando el texto del recurso contiene un desarrollo jurídico extenso, coherente y
basado en disposiciones legales precisas”.

De ello no se tiene el desarrollo argumentativo necesario para un
conflicto constitucional; más bien, se desprende de lo alegado la
discrepancia jurídica con lo que fuera resuelto por la Excma. Corte Suprema
al dar aplicación a las normas procesales cuestionadas. En este sentido, el
recurso de reposición interpuesto controvierte lo resuelto;


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11°. Que, por lo señalado, no es posible tener el requerimiento
deducido en la presente causa como plausible o razonable para el inicio de
un contradictorio en la competencia de la inaplicabilidad. Sus alegaciones se
desenvuelven en el ámbito de la legalidad y no de la constitucionalidad, al
controvertir el cumplimiento de determinados requisitos procesales y la
forma en que el tribunal superior calificó los recursos interpuestos. Desde lo
anterior, el gravamen alegado por una eventual aplicación de las normas en
forma contraria a la Constitución no puede desatender aquello que fue
previamente decidido por la Excma. Corte Suprema y es impugnado ante el
mismo Tribunal por medio de un recurso de reposición. Ello trae como
necesaria consecuencia la falta de plausibilidad del libelo para iniciar un
proceso de inaplicabilidad.

Según ha resuelto este Tribunal, el examen debe ser efectuado en
cada requerimiento en necesaria concatenación con lo que ha sido o pudiera
ser planteado ante el juez del fondo que deberá, en definitiva, resolver el
asunto (Rol N° 8728-18, c. 13°);

12°. Que, así, no puede tenerse por razonable o plausible el
requerimiento y ha de declararse su inadmisibilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




SE RESUELVE:



Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.286-26-INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 28/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 28/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/01/2026




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