TC Rol 17291

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CIENTO OCHENTA Y DOS



Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 19 de enero de 2026, Mauricio Núñez
Sotelo acciona de inaplicabilidad respecto del artículo 89 y del artículo
234 incisos primero y tercero del Código de Procedimiento Civil, para
que ello incida en el en el proceso Rol C-5309-2015, seguido ante el
Vigésimo Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago y en causa Rol
N° 8283-2022 (Civil), ante la Corte de Apelaciones de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional
ordenó la cuenta del requerimiento ante la Primera Sala;

3°. Que, examinado el requerimiento en conjunto con sus
antecedentes fundantes, se tiene desde ya la configuración de la causal
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, en tanto carece de
fundamento plausible o razonable, lo que imposibilita el análisis del
cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite de sus artículos 79
y 80;

4°. Que, el requirente expone que el conflicto tiene origen en un
procedimiento de cumplimiento incidental de sentencia definitiva
iniciado por el Banco Santander Chile ante el Vigésimo Sexto Juzgado de
Letras en lo Civil de Santiago, en que opuso excepciones al
cumplimiento incidental: haber perdido su carácter de ejecutoria; falta
de oportunidad para la ejecución; transacción; concesión de esperas y
prórrogas; y pago de la deuda. Agrega que conferido traslado al Banco
demandante y éste no evacuó el traslado dentro del término legal, y que
con fecha 27 de julio de 2021, el tribunal de primera instancia procedió a
rechazar de plano todas las excepciones opuestas, sin recibir la causa a
prueba;

5°. Que, agrega que interpuso recursos de casación en la forma y
de apelación contra dicha sentencia, siendo el primero declarado
inadmisible y el segundo admitido a tramitación ante la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Santiago;

6°. Que, al fundar la cuestión de constitucionalidad respecto de la
aplicación de los preceptos impugnados, argumenta que se vulnera el



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derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la
Constitución, así como la igual protección de la ley en el ejercicio de los
derechos y el debido proceso establecidos en el artículo 19 N° 3, incisos
primero y sexto, de la Carta Fundamental. Desarrolla que se establecería
una diferencia arbitraria respecto del artículo 319 del Código de
Procedimiento Civil, que exige determinar en forma objetiva la
existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos para
recibir la causa a prueba, mientras que los artículos 89 y 234 del mismo
cuerpo legal dejarían entregada tal decisión a criterios que, indica, son
subjetivos del tribunal. Agrega que esta situación le impidió rendir todos
los medios de prueba legalmente admisibles para acreditar las
excepciones opuestas, dejándolo en indefensión;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento
y resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria, es que debe ser
declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o razonable;

8°. Que, conforme ha sido razonado por este Tribunal al examinar
el alcance de la exigencia de fundamento plausible o razonable, la
especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en
la Constitución la configura como un instrumento de eliminación o
supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de
reformulación de la normativa aplicable a una materia. Asimismo,
atendido el carácter concreto de control constitucional de la ley, las
alegaciones de la parte requirente deben ser analizadas con relación a
las peticiones y argumentaciones entregadas en la gestión pendiente
con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es expresión de
la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (resolución de inadmisibilidad en causa Rol
N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, según se desprende de los antecedentes acompañados y
de lo expuesto por el requirente, la gestión pendiente corresponde a un
recurso de apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de
Santiago contra la sentencia que rechazó de plano las excepciones
opuestas al cumplimiento incidental de sentencia. El conflicto se centra
en determinar si el tribunal de primera instancia incurrió en error al no
recibir la causa a prueba y al rechazar de plano las excepciones,
estimando que no se cumplían los requisitos establecidos en los




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artículos 89 y 234 del Código de Procedimiento Civil. La controversia
envuelve, además, la apreciación de las circunstancias en que el tribunal
de primera instancia estimó innecesaria la recepción de la causa a
prueba;

10°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional
no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que ha sido resuelto
por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de uno o más preceptos legales. Como fue resuelto en
causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales errores
interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en que
aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente
causa no constituye una instancia para revisar decisiones judiciales. Un
asunto de mera legalidad -como el presentado- ha de resolverse “en el
marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa
interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en todo
caso- en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la
Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°).

Si bien, lo ha advertido la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es factible
que una determinada interpretación adoptada por un tribunal pueda
generar efectos inconstitucionales, activándose la competencia de
inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está habilitada para la
corrección de errores interpretativos si, de existir, se han habilitado por
el legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones.
En contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por
este Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la
dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones
de otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan
resultar derecho aplicable en la resolución de una concreta gestión,
siendo en definitiva un control de carácter normativo;

11°. Que, el conflicto planteado no se origina en la aplicación de
los preceptos impugnados, sino, en contrario, en la determinación de si
el tribunal de primera instancia interpretó y aplicó correctamente las
normas procesales que regulan la tramitación de las excepciones al
cumplimiento incidental, específicamente en cuanto a la necesidad de
recibir o no la causa a prueba y al rechazo de plano de las excepciones




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opuestas. Con lo anterior, el actor de inaplicabilidad cuestiona que se
haya considerado innecesaria la recepción de la causa a prueba y que se
hayan rechazado de plano las excepciones, estimando que existían
hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes que requerían de
período probatorio. Sin embargo, esas materias corresponden al ámbito
de interpretación de las normas procesales que es ajena al control de
constitucionalidad concreta que ejerce esta Magistratura a través de la
acción de inaplicabilidad, en tanto se busca controvertir la forma en que
el tribunal interpretó el alcance y requisitos de las normas sobre
tramitación incidental y cumplimiento de sentencia, y valoró la entidad y
fundamento de las excepciones opuestas;

12°. Que, con ello, la parte requirente no impugna el contenido
normativo de las disposiciones cuestionadas, sino que, antes, cuestiona
la forma en que fueron aplicadas e interpretadas por el tribunal de
primera instancia al rechazar de plano las excepciones sin recibir la
causa a prueba, lo que ha impugnado mediante recurso de apelación
ante la Corte de Apelaciones de Santiago. A partir de lo anterior, lo
desarrollado como conflicto constitucional por el requirente importa
alegaciones que involucran la revisión de la interpretación legal judicial
de las normas reprochadas, lo que excede la naturaleza del control
concreto de constitucionalidad y corresponde a la competencia
exclusiva de los tribunales ordinarios. Como fuera razonado en
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N° 14.009-23 y N°
16.575, la inaplicabilidad constituye “un instrumento de eliminación o
supresión concreta de un precepto legal y no de reformulación de la
normativa aplicable a una materia”;

13°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la STC
Rol N° 15.036 razonó que la acción de inaplicabilidad no permite
“transgredir la distribución de competencias entre el Poder Judicial y este
tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional, y
los cuerpos legales que regulan las atribuciones de estos órganos
constitucionales”, criterio que debe ser asentado, puesto que no puede
tenerse por razonablemente fundado un requerimiento como el
ejercido si éste, más bien, impugna la forma en que el tribunal de
primera instancia interpretó el alcance de las normas cuestionadas al
determinar la procedencia o improcedencia de recibir la causa a prueba
y al rechazar de plano las excepciones opuestas, materias que deben
resolverse en el marco de las competencias propias del Poder Judicial y,




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CIENTO OCHENTA Y SEIS



en particular, a través del recurso de apelación pendiente ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.291-26-INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 28/01/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 28/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/01/2026




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