TC Rol 17294

Texto completo

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VEINTIOCHO



Santiago, seis de febrero de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 19 de enero de 2026, Guillermo Chacana Moreno
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 330 inciso segundo del Código Procesal Penal, para que ello
incida en el proceso penal RIT N° 483-2022, RUC N° 2001122411-4, seguido
ante el Juzgado de Garantía de La Ligua;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional dispuso la
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala;

3°. Que, luego de examinar sus antecedentes, desde ya se tiene la
concurrencia de la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura con relación a lo dispuesto en el artículo
93 inciso undécimo de la Constitución, en tanto adolece de falta de
fundamento plausible o razonable. Lo señalado imposibilita examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite previstos en los
artículos 79 y 80 de dicha ley orgánica constitucional (así, resolución en
causa Rol N° 16.830);

4°. Que el actor indica que se sustancia proceso penal ante el Juzgado
de Garantía de La Ligua, habiendo sido acusado por el Ministerio Público
por presunto delito de violación de persona mayor de 14 años, previsto y
sancionados en el artículo 361 N°1 del Código Penal. Señala que se
contraviene la Carta Fundamental en sus artículos 1° y 1 19 N° 2° y N° 3
incisos segundo y sexto; y disposiciones tanto de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Refiere que el artículo 330 inciso segundo del Código Procesal
Penal, “vulnera la objetividad, pues entrega de la víctima la[s] expresiones ahí
vertidas, limitando gravemente el contrainterrogatorio, como principio base del
debido proceso penal” (fojas 15);

5°. Que, se cuestiona de inaplicabilidad la siguiente disposición
contenida en el artículo 330 del Código Procesal Penal:

“En relación a la víctima, no se podrán realizar interrogaciones ni
contrainterrogatorios que humillen, causen sufrimiento, intimiden o lesionen su
dignidad”.

Por su parte, y de acuerdo con lo desarrollado en el requerimiento y
según se tiene de la certificación acompañada, la gestión invocada

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VEINTINUEVE



corresponde a un proceso penal seguido en contra del actor ante el Juzgado
de Garantía de La Ligua y con plazo de investigación cerrado, a fojas 19;

6°. Que, siguiendo lo resuelto en causa Rol N° 14.847, en Rol N°
15.279 y en Rol N° 16.938, la impugnación carece de fundamento plausible o
razonable. De acuerdo con los antecedentes expuestos en el requerimiento
no se constata -en el marco de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley- un conflicto que amerite su resolución en el
fondo por el Pleno de este Tribunal.

En tal sentido, el cuestionamiento desarrollado se desenvuelve en
argumentaciones genéricas y abstractas que no especifican de manera
circunstanciada el eventual gravamen que podría significar, en la gestión
pendiente, la aplicación de la norma cuestionada al contrastarla con la
Constitución. Si bien se arguye un conflicto por eventuales vulneraciones en
su derecho a defensa desde el debido proceso, al derecho a defensa y al
contenido esencial de los derechos, la forma en que la disposición irrogaría
ese concreto gravamen constitucional no se vincula a la alegación con el
desenvolvimiento de la gestión pendiente invocada.

Lo señalado, en tanto el sistema legal le franquea otras disposiciones
del Código Procesal Penal, como sus artículos 329 y 330 en aquellas partes
no cuestionadas de inaplicabilidad. Por lo mismo, la inaplicabilidad
requerida no es plausible en su argumentación como el único medio eficaz e
idóneo que permita evitar un gravamen constitucional en la gestión.

7°. Que, a ese respecto, es necesario reiterar la especial naturaleza
jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en la Constitución. Ésta la
configura como un instrumento de eliminación o supresión concreta de uno
o más preceptos legales y no de reformulación de la normativa aplicable a
una materia como la que ocurre en la gestión invocada. Como fuera
razonado en resolución de inadmisibilidad en causas Roles N° 14.009, N°
14.237, N° 16.575, la reestructuración abstracta de un objeto de regulación
excede la naturaleza normativa de la inaplicabilidad y constituye una
prerrogativa del legislador.

Unido a lo anterior, y considerando el carácter concreto de control
constitucional de la ley, las alegaciones de la parte requirente deben ser
analizadas con relación a las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es
expresión de la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (Rol N° 12.281-21, c. 7°);




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TREINTA



8°. Que, consecuencialmente, no es posible tener por razonablemente
fundado el requerimiento en el ámbito de la inaplicabilidad. La naturaleza de
una acción de control concreto de la ley demanda que la argumentación del
libelo configure un análisis idóneo para, de ser el caso y en una eventual
sentencia estimatoria, generar la inaplicación de una disposición legal
vigente.

Por todo lo anterior, el libelo deducido no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por la Constitución y la ley orgánica constitucional que
regula a esta Magistratura y amerita la declaración de inadmisibilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal
de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.294-26-INA.




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TREINTA Y UNO




Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 06/02/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 06/02/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional.


José Francisco Leyton Jiménez
Fecha: 06/02/2026




BE99FB10-C966-4014-AF7A-629D95CAAD3E
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