TC Rol 17296

Texto completo

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SETENTA Y NUEVE




Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 19 de enero de 2026, José Manuel Gaete Iglesias
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 67 N° 2 de la Ley N° 19.968, que
crea los Tribunales de Familia, en el proceso RIT N° Z-87-2024, RUC N° 24-
2-4332642-3, seguido ante el Juzgado de Familia Ovalle;

2°. Que, la señora Presidenta (S) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, para el examen de admisión a trámite del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en autos, debe verificarse el cumplimiento de los
requisitos consignados en el artículo 93 de la Constitución Política de la
República, y en los artículos 79, inciso segundo y 80 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional;

4°. Que, el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental establece que
“Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

5°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución;”.

En tanto, el inciso decimo primero de dicha norma dispone que “En
el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté
fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la
ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del
procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

A su vez, el artículo 79, inciso segundo dispone que “Si la cuestión
es promovida por una parte ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá
acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión
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OCHENTA




judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la
calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados”.

Por su parte, el artículo 80 de la citada ley establece que “El
requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las
normas constitucionales que se estiman transgredidas”;

6°. Que, la presentación de fojas 1 no cumple con las exigencias
previstas tanto en la Carta Fundamental como en la ley orgánica
constitucional del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, no se ha acompañado un certificado expedido por
el tribunal que conoce de la gestión judicial con las menciones previstas en
el artículo 79, inciso segundo ya indicado.

En segundo término, el requerimiento no contiene una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y tampoco desarrolla
los vicios de constitucionalidad que enuncia a fojas 3 y 4.

En tercer término, no se queda claro cuál sería la gestión pendiente
útil donde la actora pretende hacer valer una eventual sentencia
estimatoria de inaplicabilidad respecto del precepto legal impugnado.

Finalmente, en el punto 3 del petitorio de fojas 4 la actora solicita:
“3. Requerir al Tribunal de Familia de Ovalle, en los autos RIT Z-87-2024, que
reconozca los pagos efectuados a la alimentaria mayor de edad y ajuste las
liquidaciones conforme a lo acreditado”, cuestión completamente ajena a la
atribución que determina el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental;

7°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que no se tiene un
requerimiento con las exigencias previstas por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 17.997, por lo que no será admitido a trámite.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso decimo primero, de la Constitución Política y
en los artículos 80, 82, inciso primero, y demás pertinentes de la Ley Nº
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
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OCHENTA Y UNO




SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.296-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/01/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 29/01/2026 Fecha: 28/01/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 28/01/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 29/01/2026




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