TC Rol 17299

Texto completo

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CINCUENTA Y SIETE




Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 20 de enero de 2026, Juan De Dios Miranda
Norambuena deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 671, del Código Civil; y 497 y
181, del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso
Rol C-26527-2017, seguido ante el Décimo Noveno Juzgado de Letras en lo
Civil de Santiago, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago,
por recurso de apelación, bajo el Rol N° 21043-2025 (Civil);

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad puede
adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que pueda
prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala efectúe un examen previo
de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente
la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, luego de examinar el libelo y sus argumentaciones para
fundar un conflicto concreto de constitucionalidad de la ley en la gestión
indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la
acción constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella será
declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del artículo 84, de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

5°. Que, el requirente explica que con fecha 17 de octubre de 2025,
el Décimo Noveno Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago dictó
resolución que ordena el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública,
allanamiento y descerrajamiento del inmueble ubicado en Holanda N°
2064, comuna de Maipú, en cumplimiento del proceso de ejecución
hipotecaria promovido por Itaú Corpbanca en contra de Carolina Andrea
Bernal Galaz, deudora principal en el juicio de origen. No obstante, en el
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CINCUENTA Y OCHO




inmueble individualizado reside actualmente el requirente en virtud de un
contrato de arrendamiento legalmente celebrado con fecha 29 de
septiembre de 2023.

En dicho contexto, refiere que con fecha 19 de octubre de 2025
dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio, solicitando se
deje sin efecto la resolución de lanzamiento, en atención a la falta de
notificación, a la vigencia del contrato de arrendamiento, y a la manifiesta
afectación de las garantías constitucionales de defensa, inviolabilidad del
hogar y propiedad. La reposición fue rechazada, concediéndose la
apelación en el solo efecto devolutivo;

6°. Que, conforme el certificado de la gestión pendiente,
acompañado a fojas 51, ante la Corte de Apelaciones de Santiago ingresó
con fecha 01 de diciembre de 2025, recurso civil, bajo el Rol N° 21043, el
que se encontraría “pendiente de admisibilidad”.

Sin embargo, conforme certificación que rola a fojas 56, con fecha
05 de enero del presente año, el tribunal de alzada declaró inadmisible el
recurso de apelación deducido por el requirente en contra de la resolución
que ordenó el lanzamiento de fecha 17 de octubre de 2025;

7°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad para
requerir la declaración de inaplicabilidad de los preceptos impugnados,
afirma que su aplicación en la gestión pendiente infringe los derechos
reconocidos en los numerales 3°, 5° y 24°, del artículo 19, de la
Constitución Política de la República, atendido a que la resolución de
lanzamiento ordenada por el tribunal se apoya expresamente en las
normas cuya inaplicabilidad solicita el actor. Agrega que la vulneración se
profundiza con la aplicación del artículo 181, del Código de Procedimiento
Civil cuestionado, en virtud del cual el tribunal rechazó la reposición de
plano, argumentando que no existía perjuicio procesal susceptible de
subsanación. Refiere que dicha “decisión, adoptada sin audiencia ni debate,
implica una negación del derecho a ser oído y una renuncia judicial al deber de
motivar racionalmente sus resoluciones, en contravención al artículo 19 N° 3,
inciso 6°, de la Constitución” (fojas 5);

8°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 14.479, c. 7°, “la exigencia
constitucional y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar
por la Sala respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional
para iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
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CINCUENTA Y NUEVE




inaplicabilidad. Éste debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única forma
de hacer valer, en ese especial y concreto caso, la supremacía constitucional.
Por ello, las alegaciones de quien acciona ante este Tribunal deben ser
analizadas en relación con las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado y expresa la
naturaleza jurídica de una acción de control concreto de constitucionalidad de
la ley (en igual sentido, resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-
21, c. 7°)”;

9°. Que, en la especie no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, teniendo en consideración las
características del caso concreto, no existen argumentos que permitan
comprender cómo se afectan los derechos y garantías constitucionales del
requirente -tercero excluyente en la gestión pendiente-, pues construye y
fundamenta sus alegaciones a partir de un contrato de arrendamiento
vigente respecto de la propiedad que ha sido rematada en pública subasta
y cuyo lanzamiento ha sido decretado por el juez de la instancia.

En efecto, la parte requirente realiza alegaciones genéricas y
abstractas respecto de la inconstitucionalidad de las normas impugnadas,
sosteniendo que el “efecto conjunto de los artículos 671 del Código Civil, 497
y 181 del Código de Procedimiento Civil es permitir la realización de un acto de
privación de derechos mediante una secuencia procesal carente de audiencia,
contradicción y control. Tales disposiciones, al ser aplicadas en el caso de mi
representado, no sólo resultan incompatibles con el artículo 19 N° 3 de la
Constitución, sino que además transforman la función jurisdiccional en un
instrumento de ejecución automática, vulnerando el principio de
proporcionalidad y razonabilidad que informa todo el sistema de garantías
constitucionales” (fojas 11). Sin embargo, dicha afirmación no se condice
con las reglas procesales que rigen los juicios ejecutivos donde la deudora
principal y el requirente que actúa como tercero excluyente en dicho juicio
han podido promover todos los recursos procesales que le franquea el
ordenamiento jurídico para hacer valer sus pretensiones.

Además, cabe advertir que el artículo 671, del Código Civil referido a
la tradición; y el artículo 497, del Código de Procedimiento Civil, que regula
los actos posteriores a la subasta pública no inciden en el estado actual de
la gestión pendiente, esto es, la resolución que ordena el lanzamiento de
los ocupantes del inmueble adjudicado.
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SESENTA




En cuanto al artículo 181, del Código de Procedimiento que
establece expresamente que el juez resolverá de plano la reposición de los
autos y decretos, se evidencia que el requirente no comparte el diseño
legislativo en materia recursiva, pretendiendo por la vía de la
inaplicabilidad la revisión de una resolución judicial, lo que escapa de las
competencias de esta Magistratura;

10°. Que, en todo caso, y según el estado de la gestión pendiente,
no se visualiza de qué modo las normas impugnadas, pueden tener
aplicación, atendido a que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró
inadmisible el recurso de apelación deducido en forma subsidiaria de la
reposición en contra de la resolución de fecha 17 de octubre de 2025 que
ordenó el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, allanamiento y
descerrajamiento del inmueble respectivo, por lo que la solicitud de
declaración de inaplicabilidad no satisface el estándar de plausibilidad
exigible para dar inicio a un contradictorio constitucional, conforme lo
dispone la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo
84 de la Ley N° 17.997.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo
resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.299-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 29/01/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 28/01/2026 Fecha: 28/01/2026
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SESENTA Y UNO


Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 28/01/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 29/01/2026




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