TC Rol 17314

Texto completo

0001252
UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS



Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.



A fojas 382, a lo principal, se tienen como partes; al prime otrosí,
téngase por evacuado; al segundo otrosí, estese a lo que se resolverá; al
tercer, cuarto y quinto otrosíes, téngase presente. Como se pide a la forma
de notificación señalada.

A fojas 427, ténganse por acompañados los antecedentes remitidos.

A fojas 1176, a lo principal, téngase como parte y por evacuado el
traslado; al primer y quinto otrosíes, estese a lo que se resolverá; al
segundo, tercer y cuarto otrosíes, téngase presente. Como se pide a la
forma de notificación solicitada.

A fojas 1239, estese a lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 23 de enero de 2026, AVLA Seguros de Crédito y
Garantía S.A. e Inversiones Asterix SpA han presentado un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 23, inciso
primero en la expresión “tengan interés actual en sus resultados” e inciso
segundo en la expresión “Se entenderá que hay un interés actual siempre
que exista comprometido un derecho y no una mera expectativa”, del
Código de Procedimiento Civil, para que ello surta efectos en el proceso Rol
N° C-5182024, seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Derivada la cuenta del requerimiento a la Primera Sala, a fojas 366, en
resolución de 24 de febrero de 2026 se resolvió admitirlo a trámite y conferir
traslado a las demás partes para examinar el cumplimiento de sus requisitos
de admisibilidad. Precluido lo anterior, y examinados el libelo y la gestión
invocada, se tiene que éste no cuenta con fundamento plausible o
razonable, constatándose la causal prevista en el artículo 84, N° 6°, de la Ley
N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal;

2°. Que las requirentes exponen que, en el marco del Acuerdo de
Reorganización Judicial de Enjoy S.A., aprobado judicialmente con fecha 22
de agosto de 2024, AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. le otorgó
financiamiento, acordándose que, como contraprestación, Enjoy procedería
a enajenar y traspasar activos vinculados a sus casinos a las requirentes a
través de la sociedad Casinos de Chile SpA (Inversiones Asterix SpA).


1
0001253
UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES



Posteriormente, refiere que, en razón de la medida precautoria
decretada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 18
de diciembre de 2024 en la gestión invocada, que prohíbe los actos y
contratos que lleven a Enjoy a perder el control de las sociedades titulares
de los casinos Rinconada, Los Ángeles y San Antonio, ese traspaso no ha
podido perfeccionarse, cuestión que “afecta directa e inmediatamente los
derechos de las Sociedades, por cuanto impide el traspaso del Casino
Rinconada a las Sociedades, a través de NewCo2, según fue comprometido
en el ARJ y en el Contrato de Promesa, y por lo cual AVLA desembolsó
enormes sumas de dinero” (fojas 6).

En dicho contexto, anotan que el 29 de diciembre de 2025, solicitaron
comparecer como terceros en la gestión pendiente, petición que fue
desestimada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mediante
resolución de 21 de enero de 2026, en aplicación del artículo 23 del Código
de Procedimiento Civil. A esa decisión recurrieron de reposición, según se
tiene de las piezas acompañadas a fojas 427 y siguientes;

3°. Que, al fundar la cuestión de constitucionalidad, argumentan que
la aplicación de las expresiones impugnadas del artículo 23 del Código de
Procedimiento Civil les ha impedido comparecer ante el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia, lo que, indican, configura una vulneración de las
garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la
defensa consagradas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, en el
caso concreto;

4°. Que, para los efectos de declarar la admisibilidad de la cuestión
sometida al conocimiento de este Tribunal en la competencia de
inaplicabilidad, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que
exista una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial; b) que la
acción sea ejercida por el juez que conoce del asunto o por alguna de las
partes; c) que se impugne la constitucionalidad de un precepto con rango
legal; d) que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar
decisiva en la resolución del asunto; y e) que la impugnación esté fundada
razonablemente (así, rol N° 717);

5°. Que, la jurisprudencia de esta Magistratura ha delimitado el
contenido de la exigencia dirigida a la plausibilidad o fundamentación
razonable de una acción de inaplicabilidad. En una formulación temprana y
reiterada, se ha establecido que la fundamentación razonable “supone una
condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los
preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso
concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente”, y


2
0001254
UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO



que “la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las
normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base
indispensable de la acción ejercitada” (roles N°s 482, 483, 484). Para que se
entienda satisfecha esta exigencia, el requerimiento “no sólo debe señalar
con precisión y suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y también
indicar cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse
violentados de ser aplicada la o las determinadas normas legales
impugnadas en el proceso judicial pendiente, sino que, además, debe
señalarse de manera clara, delimitada y específica, la forma en que se
podría producir la contradicción constitucional en el asunto concreto que se
discute en el mismo proceso judicial” (Rol N° 2.121, c. 6°, reiterado en Rol N°
3.105);

6°. Que, en cuanto a la finalidad de la causal señalada, se ha razonado
que ésta persigue un doble objetivo: por una parte, evitar que esta
Magistratura se avoque a resolver cuestiones que en su presentación inicial
no satisfacen un mínimo estándar de plausibilidad; y, por otra, que no se
traben procesos en sede de inaplicabilidad cuyo objeto resulte tan difuso o
confuso que el Tribunal no pueda determinar su propia competencia
específica o la contraparte comprender lo accionado y sus fundamentos. En
ambos casos, se trata de objetivos prácticos “que no consisten en la
medición de la excelencia de la argumentación, lo que es propio del
quehacer académico, sino que, más bien, de superar un estándar procesal
que permita dar inicio a un contradictorio constitucional” (Rol N° 1.182, c. 8°,
reiterado en roles N°s 5.645, c. 12°, y 7.072, c. 5°). A su vez, el requerimiento
debe articular “una línea argumental con suficiente y meridiana motivación,
así como fundamentos suficientemente sólidos”, de tal modo que,
“articulados, hagan inteligible para esta Magistratura la pretensión que se
hace valer y la competencia específica que se requiere” (Rol N° 7.072, c. 4°).

Sobre estas bases, el Tribunal ha precisado que el requerimiento
carece de fundamento plausible cuando no se explicita “la forma cómo la
aplicación del precepto legal objetado produce la infracción constitucional
que se denuncia” (roles N°s 1.956 y 2.127), y cuando lo planteado es “un
conflicto de leyes” o “una cuestión de mera legalidad” relativa a la aplicación
e interpretación que los tribunales de fondo han dado a la norma, pues en
tales supuestos el parámetro de contraste no es la Constitución sino la ley,
siendo esa determinación de competencia exclusiva de los jueces del fondo
(roles N°s 2.451, 2.508, 6.584 y 6.592);

7°. Que, examinado el requerimiento a la luz de esos criterios, se
constata que la argumentación de la parte requirente no logra articular un


3
0001255
UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO



conflicto de constitucionalidad. El reproche formulado no se dirige contra el
contenido normativo de las expresiones impugnadas del artículo 23 del
Código de Procedimiento Civil, sino contra la forma en que el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia las interpretó y aplicó al resolver el
incidente formulado para comparecer en calidad de tercero. Es un asunto de
legalidad referido al contenido normativo que, en uno u otro sentido, podría
tener el interés exigido en la disposición cuestionada.

En este sentido, de la revisión del requerimiento se tiene que el núcleo
del argumento se circunscribe a que el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia debió haber concluido que las actoras tenían “interés actual”
en los resultados del proceso pendiente, entregando diversos fundamentos
de hecho para avalar ese aserto. Ello no constituye una impugnación del
precepto legal, sino que, antes, a la interpretación que se le dio en el caso
concreto. Desde esa perspectiva de análisis, la discrepancia sobre cuál es la
interpretación correcta de la norma es “un asunto de mera legalidad” que
debe resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que,
previa interpretación, efectúa el juez del fondo” (STC Rol N° 5.418-18, c. 33°),
siendo “la acción de inaplicabilidad una vía procesal inidónea para impugnar
resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad
de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas” (roles N°s 493, 2.465,
2.477, 2.479, 2.566, 2.630, 2.705 y 2.979);

8°. Que, por lo razonado, confluye la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. No se aprecia, a partir del requerimiento
deducido y de los antecedentes de la gestión invocada, la articulación de un
conflicto de constitucionalidad concreto y circunstanciado respecto del
contenido normativo de las expresiones impugnadas, limitándose a
cuestionar la interpretación judicial de la norma.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.

4
0001256
UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS




Acordada con el voto en contra del Ministro señor Héctor Mery
Romero, quien estuvo por declarar la admisibilidad del requerimiento, al
no estimar la concurrencia de ninguna de las causales previstas en el
artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, con
relación a lo establecido en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución.
Por ello, estima que el conflicto constitucional desarrollado en el
requerimiento debe ser conocido por el Pleno del Tribunal para resolver la
competencia de inaplicabilidad que ha sido ejercida.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.314-26-INA.




5
0001257
UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 27/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 27/04/2026 Fecha: 27/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 27/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 27/04/2026




B43FDF77-5B6F-4CCC-BE8C-7644B6F93D00
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.