TC Rol 17317

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TREINTA Y CINCO




Santiago, dos de marzo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, con fecha 26 de enero de 2026, Ricardo Pablo Abarzúa
Noches ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 486, inciso primero del Código
de Procedimiento Civil, en el proceso Rol C-1922-2025, seguido ante el
Segundo Juzgado de Letra en lo Civil de Valdivia.

2°. Que la señora Presidenta (S) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo, así,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a trámite
y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de
la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878,
1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible,
al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, que el precepto legal impugnado no resultará
decisivo en la resolución del asunto;

5°. Que, la requirente expone que ante el Segundo Juzgado de Letra
en lo Civil de Valdivia se sigue juicio ejecutivo en su contra, en que se
persigue el cumplimiento forzado de una obligación de dar, con garantía
hipotecaria sobre un inmueble de su propiedad.

Indica que en la etapa de apremio se trabó embargo sobre la
propiedad hipotecada, y que con fecha 14 de octubre de 2025 el tribunal
fijó como tasación del bien el avalúo fiscal vigente a la fecha del remate.
Agrega que el 22 de octubre de 2025 el tribunal procedió a la aprobación
de las bases del remate, estableciéndose como mínimo para las posturas
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TREINTA Y SEIS




la suma de $80.126.798, correspondiente al avalúo fiscal del segundo
semestre del año 2025.

Refiere que tras una reprogramación, finalmente se fijó como fecha
de la subasta el día 7 de enero de 2026.

Sin perjuicio de ello, destaca que el 30 de diciembre de 2025 solicitó
formalmente la tasación pericial comercial del inmueble y la suspensión
del remate, y que el 2 de enero de 2026 el tribunal rechazó dicha solicitud
invocando la preclusión procesal.

Por ello, relata que el 5 de enero de 2026 interpuso un incidente de
nulidad de todo lo obrado por falta de certeza en el mínimo del remate e
infracción al artículo 493 del Código de Procedimiento Civil, el que fue
rechazado de plano en la misma fecha. Indica que en contra de esta
resolución interpuso recurso de apelación, el que invoca como gestión
pendiente para estos autos constitucionales.

A fojas 4 la actora expone que el remate de la propiedad se llevó a
cabo el 7 de enero de 2026, y se produjo la adjudicación del inmueble por
la suma de $120.001.000;

6°. Que, para resolver resulta necesario examinar si la gestión en
que incide el requerimiento se encuentra pendiente de modo que una
eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda surtir efecto en la
misma, en el contexto de los antecedentes procesales de ésta que se
encuentran acompañados al expediente constitucional y luego, de
encontrarse ésta pendiente, debe analizarse la viabilidad de que la
preceptiva reprochada pueda resultar normativa aplicable en la
resolución del asunto. Por ello, en la nomenclatura empleada por el
legislador orgánico constitucional debe hablarse ya no sólo de gestión
pendiente, sino, también, de que ésta sea útil;

7°. Que, a fojas 34 rola certificación de la relatora de la causa,
respecto del estado procesal de la gestión pendiente invocada, en la
consta que en el folio 61 del Cuaderno de Apremio rola Acta de Remate de
7 de enero de 2026 en que consta la adjudicación del inmueble
embargado a don Luis Hernán Casanova Obando, por la suma de
$120.001.000;

8°. Que, con lo expuesto, se concluye que respecto del precepto
legal impugnado concurre la causal de inadmisibilidad contemplada en el
artículo 84 N° 5, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
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TREINTA Y SIETE




Magistratura, ya que de los antecedentes de la gestión pendiente aparece
que éste ya recibió aplicación conforme lo reseñado, encontrándose
agotado su ámbito de ejercicio. Por ello, la disposición cuestionada no
resultará decisiva en lo que resta de la resolución del asunto.

Así, lo ha señalado este Tribunal al resolver “Que el artículo 93, inciso
primero, N° 6, de la Constitución Política exige que el precepto legal pueda
resultar decisivo en la resolución del asunto o gestión pendiente, ‘lo que
implica que la inaplicabilidad declarada deba ser considerada por el juez
llamado a resolverla, tanto en lo que se refiere a los fundamentos de ésta
cuanto a todo otro razonamiento que implique que la decisión del asunto no
resultará contraria a la Constitución’…” (STC Rol N° 1780);



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, N° 5, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo
resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol Nº 17.317-26 INA

Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 02/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 02/03/2026 Fecha: 03/03/2026




Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidente Subrogante, Ministro señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, y por
sus Ministros señor Héctor Mery Romero, señora Alejandra Precht Rorris y señor
Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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TREINTA Y OCHO


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 03/03/2026




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