TC Rol 17318

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SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO




Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

A fojas 29, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al otrosí,
téngase presente.

A fojas 65, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 26 de enero de 2026, Agroindustrial y Comercial
Valle Arriba SpA. ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 121, numerales 2 y 3, de la Ley
N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de
reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol
de la Superintendencia del ramo, para que ello incida en el proceso Rol
C-16266-2025, seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 05 de marzo de
2026 a fojas 23, confiriéndose traslado a las demás partes de la gestión
invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad. En dicha etapa procesal formuló
observaciones la parte requerida, solicitando la inadmisibilidad del
requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numerales 6°, del artículo 84, de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible;

4°. Que, como antecedentes de la gestión judicial, explica que la
sociedad Rabofinance Chile SpA. solicitó la liquidación concursal en su
contra. Y, que dentro del plazo legal se opuso a la liquidación forzosa
conforme lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley N° 20.720.

En dicho contexto, en la audiencia respectiva opuso las excepciones
contempladas en los numerales 7, 9, y 12, del artículo 464, del Código de
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Procedimiento Civil. Señala que tiene los medios para acreditar y probar lo
que se alega, pero que se ve impedido de hacerlo, atendido a lo dispuesto
en el numeral 2 y 3, del artículo 121, de la referida Ley N° 20.720, que
obliga al deudor ofrecer en el escrito de oposición todos los medios de
prueba de que pretenda valerse y acompañar toda la prueba documental
pertinente;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad alega
que la aplicación de los numerales 2 y 3, del artículo 121 transgrede el
debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3, de la Constitución,
atendido a que se rompe la bilateralidad real de la audiencia, afecta
gravemente la igualdad de armas y vacía de contenido el derecho a rendir
prueba pertinente, transformándolo en una carga formal sin correlato
racional, pues la exigencia de los referidos numerales “ha generado una
carga probatoria anticipada, cerrada y preclusiva, impidiendo a esta parte
ejercer de manera real y efectiva su derecho a defensa, particularmente frente
a la incorporación posterior de hechos nuevos por la contraparte al evacuar el
traslado” (fojas 2). Agrega que la “indefensión que se genera no proviene de
una actuación judicial aislada, sino de la estructura misma de la norma legal,
que obliga a probar sin que exista aún un thema decidendum fijado
jurisdiccionalmente” (fojas 4).

Asimismo, considera vulnerado los artículos 5, inciso segundo, de la
Carta Fundamental y 8.1, de la Convención Americana de Derechos
Humanos, pues la aplicación de la norma indicada, “desconoce los
estándares internacionales de tutela judicial efectiva, en cuanto impide a la
parte afectada ser oída con las debidas garantías y ejercer plenamente su
derecho a defensa” (fojas 5);

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 14.479, c. 7°, “la exigencia
constitucional y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar
por la Sala respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional
para iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad. Éste debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única forma
de hacer valer, en ese especial y concreto caso, la supremacía constitucional.
Por ello, las alegaciones de quien acciona ante este Tribunal deben ser
analizadas en relación con las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado y expresa la
naturaleza jurídica de una acción de control concreto de constitucionalidad de
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la ley (en igual sentido, resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-
21, c. 7°)”;

7°. Que, en la especie no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, teniendo en consideración las
características del caso concreto, no existen argumentos que permitan
comprender cómo se afectan los derechos y garantías constitucionales
que reclama el requirente, pues precisamente en virtud de los numerales
indicados, éste ha podido presentar todas las pruebas para oponerse a la
ejecución forzada;

8°. Que, en efecto, conforme las piezas allegadas al expediente
consta que el tribunal en la audiencia inicial de fecha 8 de enero de 2026,
tuvo por admitida la prueba testimonial y confesional, fijando la fecha
para su rendición y, al mismo tiempo, admite como medio de prueba los
documentos incorporados en el escrito de oposición. Además, consta que
el requirente interpuso recurso de reposición en contra de la resolución
que recibió la causa a prueba, el que es rechazado por el tribunal con fecha
13 de enero del presente año, atendido a que “ninguna de las partes dedujo
recurso alguno en la audiencia inicial, en contra de la interlocutoria de prueba
fijada en la misma y, a mayor abundamiento, que en los puntos de prueba
fijados por el Tribunal en la resolución que recibió la causa a prueba, se
contienen todos los elementos fácticos que la configuran, puntos que por lo
demás fueron redactados en términos claros y amplios, no siendo atingente lo
deducido por el recurrente, pues los puntos de prueba que pretende incluir ya
se encuentran contenidos en los mismos” (fojas 557).

Asimismo, cabe advertir que el requirente acompañó documentos
que surgieron con posterioridad a la audiencia inicial, conforme lo
dispuesto en el artículo 122 N° 4, de la Ley 20.720, teniéndolos por
acompañados el tribunal con fecha 03 de febrero de 2026, encontrándose
pendiente la realización de la audiencia de complementación de
observaciones de la prueba, la que quedó fijada para el 12 de marzo del
año en curso, a continuación de la prueba testimonial (fojas 629);

9°. Que, conforme lo razonado, la solicitud de declaración de
inaplicabilidad de los numerales 2 y 3, del artículo 121, de la Ley Ley N°
20.720 no satisface el estándar de plausibilidad exigible para dar inicio a
un contradictorio constitucional, pues tal como se ha indicado, la petición
del requirente incurre en una contradicción insalvable, pues requiere la
inaplicabilidad justamente de los numerales que le permitieron oponerse
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a la demanda de liquidación forzosa, ofreciendo todos los medios de
prueba y acompañar toda la prueba documental pertinente, sin que se
aprecie una vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa, por lo
que el libelo no puede prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6°, del artículo 84 de la Ley N° 17.997.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada con fecha
05 de marzo de 2026, a fojas 23.




Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.318-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 31/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 31/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 31/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




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