TC Rol 17322

Texto completo

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CIENTO CUARENTA Y CUATRO



Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 62, ténganse por acompañados los antecedentes
remitidos.

A fojas 131, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo y tercer otrosíes, téngase
presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 27 de enero de 2026, Jacqueline
González Pereira deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 64 inciso primero de la Ley
N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; 73 inciso
primero del Decreto N° 412, que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile; y, 2 y
10° del Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile,
aprobado por Decreto N° 4, de 6 de enero de 1988, del Ministerio de
Defensa Nacional, para que ello incida en el proceso RIT N° 828-2024,
RUC N° 24-4-0608017-6, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo
de Concepción, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de
Concepción bajo el Rol N° 1109-2025;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional
ordenó la cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a
tramitación por resolución de 25 de febrero de 2026, a fojas 55. En dicha
oportunidad se declaró derechamente inadmisible en la impugnación a
los artículos 2 y 10, del Reglamento de las Comisiones Médicas de
Carabineros de Chile, al no ostentar rango de preceptos legales.
Además, en lo restante, se confirió traslado a las demás partes de la
gestión invocada para examinar el cumplimiento de sus requisitos de
admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y examinado el requerimiento en
conjunto con todos sus antecedentes fundantes, se tiene la
configuración de la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en
tanto carece de fundamento plausible o razonable;



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CIENTO CUARENTA Y CINCO



4°. Que, la requirente expone que dedujo demanda de tutela
laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de
Carabineros de Chile ante el Juzgado de letras del Trabajo de
Concepción, en tanto, refiere que su retiro temporal de la institución por
imposibilidad física tuvo como antecedente un dictamen de la Comisión
Médica Central que “no constituyó un acto neutro ni meramente técnico,
sino que se produjo en un contexto de hostigamiento y acoso laboral
previamente denunciado, afectando gravemente sus derechos
fundamentales, en particular su integridad psíquica, su derecho al
trabajo y la garantía de indemnidad” (fojas 4);

5°. Que, al fundar la cuestión de inaplicabilidad, la actora
desarrolla que ”el tribunal a quo otorgó a los dictámenes de la Comisión
Médica Central un efecto definitivo, inmodificable e inmune a revisión
judicial, lo que lo condujo a abstenerse de ejercer el control jurisdiccional
sustantivo respecto de la eventual vulneración de derechos fundamentales
alegada por la demandante, rechazando la acción de tutela no por
inexistencia de los hechos, sino por una supuesta imposibilidad jurídica de
controlarlos”, añadiendo que “[l]a Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Concepción, al conocer y resolver el recurso de nulidad laboral actualmente
pendiente, deberá necesariamente pronunciarse sobre la corrección jurídica
de dicho razonamiento, cuya ratio decidendi se construye precisamente
sobre la aplicación y el alcance atribuido a los preceptos legales
impugnados, lo que implica volver a considerar su aplicabilidad
constitucional en el caso concreto” (fojas 15);

6°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento
y resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria de la requirente, es
que debe ser declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible
o razonable;

7°. Que, la especial naturaleza jurídica de la acción de
inaplicabilidad establecida en la Constitución la configura como un
instrumento de eliminación o supresión concreta de uno o más
preceptos legales y no de reformulación de la normativa aplicable a una
materia como la que ocurre en la gestión invocada. Unido a lo anterior,
y considerando el carácter concreto de control constitucional de la ley,
las alegaciones de la parte requirente deben ser analizadas con relación
a las peticiones y argumentaciones entregadas en la gestión pendiente




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CIENTO CUARENTA Y SEIS



con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es expresión de
la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (Rol N° 12.281-21, c. 7°);

8°. Que, según se desprende de los antecedentes expuestos en el
requerimiento, la gestión corresponde a un juicio de tutela laboral por
vulneración de derechos fundamentales, en que se ha recurrido de
nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Concepción con relación a
la sentencia desestimatoria de su pretensión, dictada por el Juzgado de
Letras del Trabajo de esa ciudad (así, a fojas 46). El conflicto radica en
determinar si “la interpretación aplicada por el tribunal de primera
instancia ha extendido indebidamente [la] competencia técnica hacia un
ámbito decisorio que excede manifiestamente las atribuciones legales de la
Comisión, transformando un informe administrativo en una suerte de
decisión final inmune al control judicial” (fojas 19);

9°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional
no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que será resuelto por
el tribunal laboral en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de los preceptos legales aplicables al caso. Como fue
resuelto en causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales
errores interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la
forma en que aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida
en la presente causa no constituye una instancia para revisar decisiones
judiciales. Un asunto de mera legalidad —como el presentado— ha de
resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que,
previa interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar —en
todo caso— en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de
la Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°);

10°. Que, si bien, lo ha razonado la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es
factible que una determinada interpretación adoptada por un tribunal
pueda generar efectos inconstitucionales, activándose la competencia
de inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está habilitada para la
corrección de errores interpretativos si, de existir, se han habilitado por
el legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones,
como ocurre a propósito del recurso de nulidad que ha sido ejercido. En
contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por este
Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la
dotaría de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos




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CIENTO CUARENTA Y SIETE



constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde
efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones
de otros poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan
resultar derecho aplicable en la resolución de una concreta gestión,
siendo en definitiva un control de carácter normativo;

11°. Que, el conflicto planteado no se origina en la eventual
aplicación inconstitucional de los preceptos impugnados; antes, en
contrario, en la interpretación y alcance que a aquellos debe darse y en
el desarrollo que alcanza la preceptiva reglamentaria invocada, ya
declarada inadmisible por esta Sala;

12°. Que, con todo, esa determinación corresponde al ámbito de
interpretación y aplicación que es propio del tribunal laboral que conoce
de la gestión pendiente.

Por todo lo expuesto, el requerimiento carece de debido
fundamento plausible para sortear el requisito que ha previsto el
legislador orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su artículo 84
N° 6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto por la
judicatura laboral competente, y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.322-26-INA.




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CIENTO CUARENTA Y OCHO




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CIENTO CUARENTA Y NUEVE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 25/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 25/03/2026 Fecha: 25/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 25/03/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 25/03/2026




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