TC Rol 17325

Texto completo

0000576
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS




Santiago, dos de marzo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 28 de enero de 2026, Juan Patricio Valdebenito
Roa por sí y en representación de VALRO’S S.A deducen requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 768,
inciso segundo del Código de Procedimiento Civil; y 8° N° 9, inciso
segundo, parte final de la Ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre
arrendamiento de predios urbanos, para que ello incida en el proceso Rol
N° 7899-2024, seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el
Rol N° 463-2026;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo, así,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a trámite
y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de
la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878,
1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible,
al concurrir en la especie las causales de inadmisibilidad previstas en los
numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, según se dirá;

5°. Que, las requirentes relatan que ante el Tercer Juzgado de Letras
en lo Civil de Santiago se sigue en su contra juicio sumario especial de
término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas iniciado por
la empresa Plaza Estación S.A. respecto de un inmueble ubicado en la
comuna de Estación Central.

Exponen que al contestar la demanda, en lo principal opusieron
excepciones dilatorias de previo y especial pronunciamiento y en subsidio,
0000577
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE




contestaron la demanda oponiendo la excepción de contrato no cumplido,
y además dedujeron demanda reconvencional solicitando la nulidad de
determinadas cláusulas del contrato.

Indican que el 2 de diciembre de 2025 fueron notificadas de la
sentencia definitiva, la que a su juicio adolece de vicios sustanciales.

Por ello, el 15 de diciembre de 2025 interpusieron un recurso de
casación en la forma y apelación subsidiaria en contra del fallo.

Explican que el recurso de casación en la forma se fundó en cuatro
causales: la primera, prevista en el artículo 768 N° 9, en relación con el
artículo 795 N°4; la segunda, fundada en el artículo 768 N° 4; la tercera,
basada en el artículo 768 N° 5 en relación con lo dispuesto en el artículo
170 N° 4; y la cuarta, sustentada en el artículo 768 N° 5 en relación con el
artículo 170 N° 6; todas normas del Código de Procedimiento Civil.

Señalan que el recurso ingresó a la Corte de Apelaciones bajo el Rol
N° 463-2026 del Libro Civil, y que el 12 de enero de 2026 solicitó que se
decretara orden de no innovar.

Sin embargo, refieren que la Corte, con fecha 23 de enero de 2026,
declaró inadmisible el recurso de casación en la forma “solo en lo que
respecta a la causales 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil,
con relación al numeral 4° del artículo 170 del mismo cuerpo legal y de la
causal del numeral 9° del artículo 768 del citado código” (fs. 9).

Además, exponen que con la misma fecha, el Tribunal de alzada
denegó de plano la orden de no innovar, "atendido al mérito de lo dispuesto
en el artículo 8° N°9 de la Ley N°18.101, no ha lugar a la petición de orden de
no innovar” (fs. 10).

A fojas 12 sostiene que “En particular, la gestión pendiente se
configura respecto de las resoluciones del tribunal de alzada que, con
fundamento en las normas legales impugnadas, han declarado inadmisibles
las causales de casación en la forma previstas en los numerales 5° y 9° del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, así como respecto de la
denegación de la orden de no innovar solicitada, circunstancias todas que
inciden de manera decisiva en la subsistencia, alcance y eficacia del control
jurisdiccional que debe ejercer la Corte sobre la sentencia recurrida.”;

6°. Que, las requirentes reclaman que el artículo 768, inciso
segundo del Código de Procedimiento Civil infracciona las garantías
contenidas en los artículos 19 N° 2, 3 y 26 de la Constitución Política de la
0000578
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO




República, y el artículo 5° inciso segundo constitucional, en relación con
los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, toda vez que se “afecta el contenido esencial del derecho al debido
proceso, en cuanto impide acceder a un procedimiento racional y justo, y
vulnera asimismo el principio de igualdad ante la ley, al establecer una
diferenciación carente de justificación razonable entre quienes pueden
impugnar una sentencia por vicios formales y quienes, encontrándose en
idéntica situación jurídica, se ven impedidos de hacerlo por la sola
circunstancia de estar sometidos a un procedimiento regido por una ley
especial. Tal diferenciación carece de fundamento objetivo y razonable,
configurando una discriminación arbitraria prohibida por el artículo 19 N°2
de la Constitución.” (fs. 22).

En tanto, alegan que el artículo 8° N° 9, inciso segundo, parte
final de la Ley N° 18.101, en cuanto dispone que no procede la orden de
no innovar respecto de juicios relativos a los contratos de arrendamientos
de inmuebles, transgrede el artículo 19 N° 3, inciso quinto de la Carta
Fundamental, en concordancia con el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aplicables conforme al
artículo 5 constitucional, y el artículo 19 N° 26 de la Carta Política, en
cuanto se les priva del derecho a ser juzgados mediante un procedimiento
racional y justo en que se puede decretar una medida cautelar para
asegurar la eficacia práctica de la revisión jurisdiccional;

7°. Que, respecto de la impugnación al artículo 768, inciso
segundo del Código de Procedimiento Civil resulta necesario examinar
si la gestión en que incide el requerimiento se encuentra pendiente, de
modo que una eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda
surtir efecto en la misma con los antecedentes procesales de ésta que se
encuentran acompañados al expediente constitucional.

En ese contexto debe tenerse presente que las actoras han relatado
que con fecha 23 de enero de 2026 la Corte de Apelaciones de Santiago
declaró inadmisible el recurso de casación en la forma señalada en el
considerando 5°.

Dicha situación es refrendada por la certificación de la relatora de la
causa que rola a fojas 575, en la que además se certifica que no consta
impugnación a dicha resolución;
0000579
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE




8°. Que, de lo razonado, se concluye que respecto de este precepto
concurre la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 N° 5,
de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, ya que
de los antecedentes se constata que no existe una gestión pendiente útil
en la que pueda hacerse valer una eventual sentencia estimatoria de
inaplicabilidad, por lo que el artículo 768, inciso segundo del Código de
Procedimiento Civil no resultará decisivo en la resolución de lo que resta
del asunto.

Así, lo ha señalado este Tribunal al resolver que “La acción
constitucional deducida no puede prosperar, en virtud de que la gestión
pendiente, si bien continúa su tramitación ordinaria no posibilita hacer
efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
solicitada por la parte requirente. Este Tribunal debe analizar la viabilidad de
que la preceptiva reprochada pueda resultar normativa aplicable en la
resolución del asunto. Por ello, en la nomenclatura empleada por el legislador
orgánico constitucional debe hablarse ya no sólo de gestión pendiente, sino,
también, de que ésta sea útil, lo que no se cumple en la especie en atención al
devenir procesal ya referido, en que se ha desestimado la incidencia planteada
por la actora”. (Rol N° 6899);

9°. Que, respecto del cuestionamiento al artículo 8° N° 9, inciso
segundo, parte final de la Ley N° 18.101 esta Sala declarará su
inadmisibilidad por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 6, de la
Ley N° 17.997.

Este criterio ha sido determinado en resoluciones de
inadmisibilidad Roles N° 13.276, 13.248, 12.236 y 17.315, entre otras.

Lo anterior teniendo en cuenta que esta Magistratura ha asentado
abundante y uniforme jurisprudencia rechazando en el fondo
requerimientos de inaplicabilidad impetrados respecto del mismo
precepto legal concernido en autos (STC Roles N° 1907, 2325, 3298, 3938,
8316 y 8330, entre otras) y haciéndose cargo de las mismas disposiciones
de la Carta Fundamental que se han invocado como infringidas en el
presente requerimiento. A lo que cabe agregar que la requirente en su
libelo no se hace cargo de dichos precedentes en términos tales como
para desvirtuarlos, ni agrega otras argumentaciones de
inconstitucionalidad que requieran un nuevo pronunciamiento de esta
Magistratura sobre el fondo.
0000580
QUINIENTOS OCHENTA




En dichas circunstancias, se concluye por esta Sala que no existe
fundamento plausible en la acción deducida en autos, lo que determina su
necesaria inadmisibilidad.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84 N° 5 y 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto a fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.325-26-INA

Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 02/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 02/03/2026 Fecha: 03/03/2026




Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidente Subrogante, Ministro señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, y por
sus Ministros señor Héctor Mery Romero, señora Alejandra Precht Rorris y señor
Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 03/03/2026




5D724B31-BBA5-41C7-A142-6B4C9FC6AB67
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.