TC Rol 17326

Texto completo

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NOVENTA Y SIETE




Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 89 y 94, a todo, téngase por cumplido lo ordenado. Estese a
lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 28 de enero de 2026, Jorge Gaete Caldera ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216, para que ello
incida en el proceso penal RIT N° 7819-2021, RUC N° 2100369151-6,
seguido ante el Juzgado de Garantía de Arica;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
dar cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala de esta Magistratura;

3°. Que, desde ya, a partir del examen del requerimiento,
alegaciones para fundar un conflicto constitucional y luego de analizar el
estado procesal de la gestión invocada, esta Sala se ha formado
convicción de que concurre la causal prevista en el numeral 6° del
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. La
acción de inaplicabilidad de la presente causa carece de fundamento
plausible, por lo que no resulta necesario verificar el cumplimiento de los
requisitos en fase de admisión a trámite;

4°. Que, la presentación de fojas 1 contiene argumentaciones
insuficientes a efectos de explicitar las presuntas vulneraciones a la
Constitución Política que refiere, dada la aplicación de la norma
cuestionada en la gestión seguida ante el Juzgado de Garantía de Arica
con relación a la imputación penal que, en su oportunidad, fue dirigida al
requirente;

5°. Que, se impugna el artículo 1° inciso segundo de la Ley N°
18.216, atendida la restricción que establece de otorgar eventuales
penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, entre otros, a los
autores del delito de abuso sexual previsto en el artículo 366 bis del
Código Penal;

6°. Que, lo anterior es presentado en el contexto de una causa
criminal en que el requirente fue condenado por dicho delito, proceso


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con sentencia ejecutoriada (fojas 31), y en que fue solicitada audiencia
para eventual discusión de pena mixta en los términos establecidos en el
artículo 33 de la Ley N° 18.216. Señala que “[a]tendida, la condena por
delito de abuso sexual de menor de 14 años del artículo 366 bis del Código
Penal, y tras haberse dictado posteriormente la ley 21. 523, ley que modificó
la ley 18.216, el condenado no podría optar a la pena mixta del artículo 33
de la ley 18.216, conforme al artículo 1° de la Ley 18.216, en cuanto esta
disposición restringe la facultad de sustitución que el legislador entrega al
Tribunal en el evento de dictarse resolución favorable que acceda a la
concesión de la pena mixta” (fojas 5), cuestión que implica vulneración “al
principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la
Constitución, por cuanto establece una diferencia de trato legal que carece
de una justificación objetiva y razonable en el caso concreto” (fojas 13), “el
derecho a un procedimiento racional y justo consagrado en el artículo 19 N°
3 de la Constitución, en cuanto priva al tribunal de toda facultad de
ponderación judicial respecto de la procedencia de la pena mixta” (fojas 14),
así como la dignidad humana y el derecho a la libertad personal y
seguridad individual (fojas 15), “al reducir al condenado a una categoría
normativa rígida definida exclusivamente por el tipo penal, desconociendo
completamente su identidad personal, su trayectoria vital, su conducta
intrapenitenciaria y su evolución durante el cumplimiento de la pena” (fojas
15);

7°. Que, las alegaciones del requerimiento de inaplicabilidad
presentado a fojas 1, acción que ostenta una especial naturaleza jurídica
de control concreto de la ley en un especial y particular caso concreto
sustanciado ante un tribunal ordinario o especial, conducen a la
declaración de inadmisibilidad.

Desde que fuera ingresada la causa Rol N° 2959-16, en enero de
2016, esta Magistratura ha conocido en diversas oportunidades
impugnaciones en la competencia de inaplicabilidad a la disposición
nuevamente cuestionada. En su oportunidad, el Tribunal razonó que la
improcedencia a todo evento de otorgar penas sustitutivas a la privación
efectiva de libertad pudo implicar contravención a lo dispuesto en el
artículo 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto;

8°. Que, así, se falló que “cualquiera sea el medio que el legislador
utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, éste no puede
prescindir de la gravedad del delito expresado a través del quantum de la
pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la


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naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para
apreciar qué tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel
de gravedad de un ilícito es el quantum de la pena” (STC Rol N° 2959),
cuestión que, verificada la sistemática global en que son penalizadas
diversas conductas bajo la Ley N° 17.798, de Control de Armas, no se
avenía en la mayoría de los delitos de ese cuerpo legal con la pena
asociada y su forma estricta de cumplimiento, lo que generó diversos
declaraciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Luego, con la
entrada en vigencia de la Ley N° 21.412, de enero de 2022, se modificó la
regla impugnada para posibilitar, bajo determinados requisitos, el
acceso a penas sustitutivas en delitos contemplados en la Ley de Control
de Armas, por lo que esa línea jurisprudencial no se mantuvo. Ello es
relevante al tratarse de acciones de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad en que los contornos de la gestión invocada son
relevantes al resolver;

9°. Que, sin embargo, existe un continuo jurisprudencial que este
Tribunal ha mantenido en el tiempo. Los diversos delitos que ha
introducido el legislador en las restricciones para el acceso a penas
sustitutivas tienen algunas características comunes no sólo desde las
consideraciones relativas al bien jurídico protegido (vida, libertad
ambulatoria, autonomía e indemnidad sexual), sino, también, en la
especial lesividad de las conductas sancionadas, cuestión que fue tenida
en consideración por el legislador para exceptuar del eventual
otorgamiento de penas sustitutivas;

10°. Que, como puede apreciarse, el caso presentado ante esta
Magistratura basado a partir de imputación por delito de abuso sexual
se torna ajeno a otras impugnaciones que en su oportunidad ameritaron
sentencias estimatorias. En contrario, se desarrolla un supuesto
vinculado a la comisión de delitos en que el legislador ha ponderado el
desvalor de la conducta respecto de la sanción, en lo que debe
encontrarse como parte integrante su especial forma de cumplimiento;

11°. Que, por lo expuesto, el requerimiento carece de fundamento
plausible para sortear el requisito previsto en el artículo 84, numeral 6°
de la Ley orgánica Constitucional de este Tribunal con relación al artículo
93 inciso undécimo de la Constitución. El requirente no entrega
elementos nuevos y diversos para explicar la forma en que la gestión
permitiría acreditar la existencia de una contravención constitucional, de
ser aplicada la regla impugnada. Su argumentación no se aparta de los


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razonamientos vertidos en casos presentados con infracciones a delitos
de menor lesividad;

Al no desarrollar un conflicto constitucional concreto la acción
deducida no supera el estándar que el legislador orgánico ha establecido
en el artículo 84, numeral 6° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de esta Magistratura, por lo que no puede prosperar y así será
declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.326-26-INA.




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CIENTO UNO


Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 09/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 09/03/2026 Fecha: 09/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 09/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne y señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 10/03/2026




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