TC Rol 17328

Texto completo

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CUARENTA Y OCHO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 17.328-26-CPR

[31 de marzo de 2026]

____________



CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE
MODERNIZA EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS,
CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 10.795-3


VISTOS Y CONSIDERANDO:



I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio N° 21.043, de 29 de enero de 2026 - ingresado a
esta Magistratura con la misma fecha - la H. Cámara de Diputadas y Diputados
ha remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso
Nacional, que moderniza el régimen sancionatorio de la Superintendencia
de Servicios Sanitarios, correspondiente al Boletín N° 10.795-33, con el
objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N° 1° de la Constitución Política de la República,
ejerza el control de constitucionalidad respecto de los números 6, 8 y 12 del
artículo 1° del proyecto de ley;

SEGUNDO: Que, el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional
“[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes
de su promulgación;”;

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando
anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del
proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el
constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;




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CUARENTA Y NUEVE




II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, las disposiciones del proyecto de ley remitido que han
sido sometidas a control de constitucionalidad son las que se destacan a
continuación:

“6. Reemplázase el artículo 13 por el que sigue:

“Artículo 13.- El interesado podrá reclamar de la sanción o de su monto
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de conformidad con el régimen de
reclamación establecido en el artículo 32.

La notificación de la reclamación interpuesta suspenderá la aplicación de
la sanción. Los intereses a que se refiere el artículo 16 se devengarán desde el
décimo día desde que la sentencia judicial quede firme y ejecutoriada.

El pago de las multas más los intereses a que se refiere el artículo 16 deberá
efectuarse dentro del décimo día de ejecutoriado el fallo.”.



8. Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- El titular de la concesión a que se refiere el Capítulo III del
Título II del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras
Públicas, que haya sido caducada, podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de
Santiago de conformidad con el régimen de reclamación establecido en el artículo
32, y deberá computarse el plazo desde la fecha de notificación por la
Superintendencia del decreto supremo que declara dicha caducidad.

La declaración de caducidad sólo surtirá efecto una vez transcurrido el
plazo de reclamación previsto en el artículo 32 sin que se hubiere deducido
reclamo, o una vez que la sentencia que resuelva la reclamación se encuentre
firme. A partir de ese momento comenzará a correr el plazo para efectuar la
licitación de las concesiones caducadas y sus bienes afectados y designar al
administrador provisional, a menos que éste haya sido designado previamente
por falta de oposición del concesionario interesado.”.



12. Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Las resoluciones u oficios de la Superintendencia serán
reclamables por los afectados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en
cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una resolución que resuelve un procedimiento
sancionatorio, en cuyo caso el afectado podrá reclamar de la aplicación de
la sanción o de su monto.

b) Cuando se declare la caducidad de la concesión, según lo
dispuesto en el artículo 17.




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CINCUENTA




c) Cuando la resolución u oficio no se ajuste a la ley, reglamentos o
normas que le compete aplicar a la Superintendencia.

La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de quince días
hábiles contado desde la notificación del acto reclamado. El reclamo deberá
presentarse por escrito y en él se indicará la resolución u oficio en contra del cual
se dirige, los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, y las peticiones
concretas que se someten a resolución del tribunal.

El tribunal se pronunciará en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo.
Lo declarará inadmisible si éste no ha sido interpuesto dentro de plazo o si no
señala con precisión el acto u omisión objeto del reclamo, la norma legal que se
supone infringida y la forma en que se ha producido la infracción. En contra de la
resolución que declare inadmisible el reclamo podrá interponerse el recurso de
reposición con apelación subsidiaria, dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la
Superintendencia por diez días hábiles, y la notificará de esta resolución por
oficio.

La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del
acto reclamado cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar
la calidad del servicio, su continuidad o la seguridad de las personas.

Evacuado el traslado o vencido el plazo dispuesto para hacerlo, la Corte
ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia
para su inclusión en la tabla. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un
término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de
las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Si la Corte
da lugar al reclamo, deberá declarar que la resolución u oficio no es conforme a la
normativa vigente y, en su caso, anulará total o parcialmente la resolución u
oficio recurrido y dispondrá que se modifique, cuando corresponda.

Contra dicha sentencia se podrá apelar ante la Corte Suprema dentro del
plazo de diez días hábiles, la que conocerá previa vista de la causa y se agregará
extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la
Sala. En contra de la sentencia de la Corte Suprema no procederá recurso
alguno.”.



III. NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL
ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

QUINTO: Que, el artículo 66, inciso segundo de la Constitución Política,
establece que “Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter
de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán,




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CINCUENTA Y UNO




modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores
en ejercicio.”

En tanto, el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política, señala
que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones
de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración
de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las
calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que
deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas
ministros de Corte o jueces letrados”;



IV. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN
NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

SEXTO: Que, el número 6 contenido en el artículo 1° del proyecto de
ley en examen reemplaza el artículo 13 de la Ley N° 18.902, que crea la
Superintendencia de Servicios Sanitarios.

En el inciso primero de esta norma se establece la competencia de la
Corte de Apelaciones de Santiago para conocer de las reclamaciones que
pudiesen interponer los interesados respecto de las sanciones, o su monto,
impuestas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de conformidad con
el régimen de reclamación establecido en el artículo 32.

El inciso segundo dispone que la notificación de la reclamación
interpuesta suspenderá la aplicación de la sanción y establece que los intereses
referidos en el artículo 16 se devengarán desde el décimo día de ejecutoriada la
sentencia judicial. En tanto, el inciso tercero determina que el pago de las
multas y los intereses referidos en el artículo 16 deberá efectuarse dentro de
décimo día de ejecutoriado el fallo;

SÉPTIMO: Que, únicamente la frase “El interesado podrá reclamar
de la sanción o de su monto ante la Corte de Apelaciones de Santiago,”
contenida en el número 6 del artículo 1° del proyecto de ley es propio de la
ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77, inciso primero de la
Carta Política, pues conforme lo asentara esta Magistratura en la STC Rol N°
1151, c. 6°, y en la STC Rol N° 3.489, c. 11°, la determinación de competencias a un
tribunal es siempre constitucional en el entendido de que ésta sea referida a
normativa de naturaleza orgánica constitucional, toda vez que la expresión
“atribuciones” que emplea la Carta Fundamental en el artículo 77, en su sentido
natural y obvio, y en el contexto normativo en cuestión, debe ser comprendida
como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que
la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones (Así, STC Rol N° 9.673 y
Rol N° 10.513).

En efecto, la norma en examen reemplaza la competencia del juez de
letras en lo civil correspondiente, por la Corte de Apelaciones de Santiago,
otorgando a este Tribunal una nueva competencia no contemplada
previamente.



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CINCUENTA Y DOS




En este punto, en STC Rol N° 15.801, c. 10° se determinó que “[l]os
criterios para identificar el marco competencial de lo fijado por el precepto
constitucional referido han sido definidos en pronunciamientos múltiples por esta
Magistratura, existiendo fallos recientes en STC Roles N°s 15.368, 15.380, 15.525,
15.619 y 15.796-24, sistematizando y orientando la calificación de normativa
orgánica constitucional para determinar el sentido y alcance de la expresión
“organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la
pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la
República”. Todo ello en remisión a la temprana jurisprudencia del Tribunal
consignada en STC Rol N° 4, c. 4°, desarrollado en STC recaídas en Roles N° 297, N°
1243, N° 1528, N° 1583, N° 2649, N° 2713 y N° 8297.

A partir de lo señalado, se ha resuelto que el concepto “organización” de
los tribunales “se refiere a la estructura básica del Poder Judicial en cuanto ella no
está reglada por la propia Carta Fundamental, pues dice relación con lo necesario
para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la
República", como expresamente se refiere en STC Rol N° 4, c. 4°, desarrollándose
tal conceptualización durante la primera etapa en que fue ejercido el control
preventivo de constitucionalidad de leyes orgánicas constitucionales para
examinar el alcance del artículo 74, actual artículo 77 de la Constitución, en STC
Roles N° 9, N°62, N° 131 y N° 171, criterios que fueron refrendados en STC Rol N°
15.796, c. 29°.”;

OCTAVO: Que, el número 8 del artículo 1° del proyecto de ley
examinado sustituye el artículo 17 de la Ley N° 18.902, que crea la
Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El inciso primero de la norma consultada determina la competencia de la
Corte de Apelaciones de Santiago para conocer de la reclamación del titular de
la concesión a que se refiere el Capítulo III del Título II del decreto con fuerza de
ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, que haya sido caducada,
conforme el procedimiento establecido en el artículo 32.

A su vez, el inciso segundo determina que la declaración de caducidad
solo surtirá efecto una vez transcurrido el plazo de reclamación previsto en el
artículo 32 si no se hubiere deducido reclamo, o una vez que la sentencia que
resuelva la reclamación se encuentre firme, y establece que a partir de ese
momento comienza a correr el plazo para efectuar la licitación de las
concesiones caducadas y la designación del administrador provisional;

NOVENO: Que, únicamente la frase “El titular de la concesión a que
se refiere el Capítulo III del Título II del decreto con fuerza de ley N° 382, de
1988, del Ministerio de Obras Públicas, que haya sido caducada, podrá
reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago” contenida en el
numeral 8 del artículo 1° del proyecto de ley tiene el carácter orgánico
constitucional señalado en el artículo 77, inciso primero de la Carta
Fundamental, pues determina una nueva facultad a la Corte de Apelaciones de
Santiago, que antes estaba radicada en el juez de letras en lo civil que




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CINCUENTA Y TRES




correspondía, y conforme los criterios referidos supra, innova
competencialmente respecto de las atribuciones de la Corte;

DÉCIMO: Que, el número 12 del artículo 1° del proyecto de ley en
examen reemplaza el artículo 32 de la Ley N° 18.902, que crea la
Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El inciso primero de la norma en examen dispone que las resoluciones u
oficios de la Superintendencia serán reclamables por los afectados ante la Corte
de Apelaciones de Santiago, y establece los casos en que procede.

En tanto, los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de
esta norma regulan el recurso de reclamación, estableciendo el plazo en que
debe interponerse, la forma y contenido del reclamo, y la tramitación del mismo
ante la Corte.

Finalmente, el inciso octavo y final dispone que contra esta sentencia
procede el recurso de apelación ante la Corte Suprema y determina su
procedimiento;

DÉCIMO PRIMERO: Que, el epígrafe “Reemplázase el artículo 32 por
el siguiente:” contenido en el numeral 12 del artículo 1° del proyecto de ley
reviste carácter orgánico constitucional.

En STC Rol N° 270 del año 1997 esta Magistratura ejerció el control de
constitucionalidad del proyecto de ley que modifica el régimen jurídico
aplicable al sector de servicios sanitarios, y estableció que “[l]as normas
contempladas en el nuevo artículo 32, agregado a la Ley N° 18.902, que regula la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, por el N° 14 del ARTICULO TERCERO
del proyecto sometido a control, son propias de la ley orgánica constitucional
indicada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República” (c. 11°,), y
determinó que este precepto no era contrario a la Carta Fundamental.

En este sentido, es propio de ley orgánica constitucional el epígrafe
“Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:”, siguiendo el criterio sostenido
en la STC Rol N° 16.681, c. 28°, a partir del cumplimiento e imperativo que surge
desde el artículo 66 inciso segundo de la Constitución, por cuanto “[l]as normas
legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica
constitucional […] se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría
absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la frase “Contra dicha sentencia se podrá
apelar ante la Corte Suprema” contenida en el inciso final del nuevo
artículo 32 reemplazado por el numeral 12 del artículo 1° del proyecto de
ley es propio de la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77,
inciso primero de la Carta Política, pues confiere una nueva atribución a la
Corte Suprema que antes recaía en la Corte de Apelaciones de Santiago, y
conforme los criterios referidos en el c. 7° del presente fallo, se presenta una
innovación competencial que incide en nuevas facultades al Tribunal Superior;




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CINCUENTA Y CUATRO




V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS CUALES NO SE
PRONUNCIARÁ ESTA MAGISTRATURA, POR NO CONTENER MATERIAS
PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

DÉCIMO TERCERO: Que, las restantes disposiciones contenidas en los
numerales 6, 8 y 12 del artículo 1° del proyecto de ley examinado no alcanzan el
ámbito regido por la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso
primero de la Carta Fundamental, pues se refieren a aspectos procedimentales
relativos al recurso de reclamación que ya están contemplados en los artículos
13, 17 y 32 de la Ley N° 18.902;



VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO
DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORME CON LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DÉCIMO CUARTO: Que, las siguientes disposiciones correspondientes
son conformes con la Constitución:

1. La frase “El interesado podrá reclamar de la sanción o de su monto
ante la Corte de Apelaciones de Santiago,” contenida en el numeral 6
del artículo 1° del proyecto de ley;
2. La frase “El titular de la concesión a que se refiere el Capítulo III del
Título II del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de
Obras Públicas, que haya sido caducada, podrá reclamar ante la Corte
de Apelaciones de Santiago” contenida en el contenida en el numeral
8 del artículo 1° del proyecto de ley;
3. El epígrafe “Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:” y la frase
“Contra dicha sentencia se podrá apelar ante la Corte Suprema”
contenidos en el numeral 12 del artículo 1° del proyecto de ley.


VII. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS
NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

DÉCIMO QUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que
las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron
aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías
requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política;



VIII. INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU
COMPETENCIA
DÉCIMO SEXTO: Que, en lo pertinente se ha oído previamente a la Corte
Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la
Constitución Política, conforme consta en Oficio N° 1-2026, de 6 de enero de
2026, que rola a fojas 31, dirigido a doña Milena Karelovic Ríos Abogada
Secretaria de la Comisión de Obras Públicas del Senado;




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CINCUENTA Y CINCO




Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 66, inciso
segundo, 77, inciso primero y 93, inciso primero, de la Constitución Política de la
República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

1. QUE, LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE
LEY, SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN:

1. La frase “El interesado podrá reclamar de la sanción o de su monto
ante la Corte de Apelaciones de Santiago,” contenida en el numeral 6
del artículo 1° del proyecto de ley;
2. La frase “El titular de la concesión a que se refiere el Capítulo III del
Título II del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de
Obras Públicas, que haya sido caducada, podrá reclamar ante la Corte
de Apelaciones de Santiago” contenida en el contenida en el numeral
8 del artículo 1° del proyecto de ley;
3. El epígrafe “Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:” y la frase
“Contra dicha sentencia se podrá apelar ante la Corte Suprema”
contenidos en el numeral 12 del artículo 1° del proyecto de ley.


2. QUE, NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL RESTO DE
LAS DISPOCIONES CONSULTADAS, POR NO VERSAR SOBRE
MATERIAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

Desestimado el carácter de ley orgánica constitucional de la frase
“de conformidad con el régimen de reclamación establecido en el artículo
32, y deberá computarse el plazo desde la fecha de notificación por la
Superintendencia del decreto supremo que declara dicha caducidad.”
contenida en el inciso primero del artículo 17 sustituido por el número 8;
del inciso primero del artículo 32 reemplazado por el número 12; y de las
frases “dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá previa vista
de la causa y se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia
más próxima, previo sorteo de la Sala. En contra de la sentencia de la
Corte Suprema no procederá recurso alguno.” contenidas en el inciso final
del artículo 32 reemplazado por el número 12; todos del artículo 1° del
proyecto de ley en examen con el voto dirimente de la Presidenta del
Tribunal Constitucional, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, de
conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 8° de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.




DISIDENCIAS




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CINCUENTA Y SEIS




Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, al tenor de las
normas orgánico-constitucionales consultadas por el H. Congreso Nacional
que, por mandato constitucional, esta disidencia declara como tales a
partir del proyecto de ley sometido a su conocimiento en el ejercicio
legítimo de la facultad reconocida en el artículo 93 numeral primero de la
Carta Fundamental, tal como se explicará en los apartados indicados a
continuación:



I. SOBRE LAS NORMAS CONSULTADAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL

A. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MATERIAS RESERVADAS POR LA
CONSTITUCIÓN AL LEGISLADOR ORGÁNICO

1°. Que, la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados ha remitido
mediante oficio el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que
moderniza el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, correspondiente al Boletín N°10.795-33.

2°. Que, en virtud del artículo 93, numeral primero de la Constitución
Política de la República es atribución de esta Magistratura “Ejercer el control
de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la
Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un
tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su
promulgación”. Por ende, las normas contenidas en el proyecto de ley que estos
Ministros subsumimos al tenor de la fuerza normativa de la Carta Fundamental
que calificamos como leyes orgánicas constitucionales son las siguientes:

i. El artículo 1, Nº6 del proyecto de ley. La disposición controlada
establece que el interesado podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de
Santiago de la sanción que le imponga la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, o de su monto. Por tanto, es orgánica constitucional en virtud del
artículo 77 inciso primero de la Constitución, pues dice relación con las
atribuciones de los tribunales de justicia;

ii. El artículo 1, Nº8 del proyecto de ley. La disposición controlada
establece que el titular de la concesión caducada podrá reclamar ante la Corte
de Apelaciones de Santiago. Por tanto, es orgánica constitucional en virtud del
artículo 77 inciso primero de la Constitución porque incide en la organización y
atribuciones de los tribunales de justicia;

iii. El artículo 1, Nº12 del proyecto de ley. La disposición
controlada establece que los afectados podrán reclamar ante la Corte de
Apelaciones de Santiago de las resoluciones u oficios de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios, en los casos indicados en el precepto controlado; y
establece, además, que se podrá apelar ante la Corte Suprema en contra de la
sentencia que se dicte. Por tanto, es orgánica constitucional en virtud del
artículo 77 inciso primero de la Constitución, pues dice relación con las
atribuciones de los tribunales de justicia.



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CINCUENTA Y SIETE




Además, en cuanto reemplaza el artículo 32 de la Ley Nº18.902,
que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la disposición controlada
tiene naturaleza orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso
segundo de la Carta Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en la sentencia rol Nº270.

3°. En consonancia con lo anteriormente expuesto, la razón jurídica de la
calificación de los preceptos legales controlados en el presente proyecto de ley
radica en las fuentes del derecho constitucional chileno. Ello por dos razones
esenciales que fundamentan esta disidencia.

4°. En primer término, porque la Constitución es fuente directa y
primaria que determina directamente las materias reservadas al legislador
orgánico constitucional. Y, porque, además, en virtud de la norma normarum las
normas que crean, modifican o derogan materias orgánicas constitucionales
poseen el mismo carácter conforme al artículo 66 de nuestra Carta Magna.

5°. En segundo término, porque la jurisprudencia de esta Magistratura es
fuente secundaria del derecho constitucional chileno, por ende, para estos
ministros, resulta evidente que las materias que han sido declaradas como
orgánico constitucionales por jurisprudencia anterior, como fuente secundaria
del derecho constitucional que fundamentan la coherencia sistémica del
ordenamiento jurídico.

6°. Y, es que, en razón de lo anterior, estos ministros concuerdan con la
calificación normativa propuesta por la Honorable Cámara de Diputadas y
Diputados en su oficio Nº21.042, en el que se señala que “[E]n virtud de lo
dispuesto en el número 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución
Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de
constitucionalidad respecto de los números 1, 3 y 16 del artículo 1; del artículo 9, y
del inciso segundo del artículo 16 del proyecto de ley” (f. 1 del expediente
constitucional).



B. LAS NORMAS QUE LA CONSTITUCIÓN HA DETERMINADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONALES Y EL DEBER DE CALIFICAR AQUELLAS COMO
TAL



7°. Este Tribunal es el garante de la Ley Suprema en nuestro
ordenamiento jurídico. Por ello, los jueces de esta Magistratura controlan el
proyecto de ley sometido a su conocimiento para dilucidar si aquellas
disposiciones relativas a competencias propias de leyes orgánicas
constitucionales han cumplido con los requisitos de forma y fondo que la Carta
Fundamental exige. Ello porque “la Constitución es un todo orgánico y el sentido
de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida
correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que
conduzca a anular o a privar de eficacia algún precepto de ella” (sentencia rol
N°33, c. 19°).



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8°. En efecto, evitar el reduccionismo de las materias confiadas al
legislador orgánico es esencial si se tiene en cuenta que las normas orgánicas
constitucionales son verdadera fuente del derecho constitucional al completar
la regulación contenida en la Carta Fundamental. Así lo ha explicado la doctrina
comparada al señalar que “en muchos países existe un cuerpo importante de
normas legales dictadas por el legislativo que -no en teoría, pero sí en la
práctica- complementan, desarrollan, modifican o adaptan la
constitución. Estas leyes, que suelen ser de rango superior a las demás, reciben
diversos nombres: “constitucionales” (Italia), “orgánicas” (España), etc. Las
materias que regulan suelen ser de gran trascendencia, como la
organización judicial. Como decíamos en el capítulo anterior, estas leyes son muy
importantes porque ninguna Constitución (en sentido material) puede ni debe
estar sólo en una única ley, y ninguna Constitución (en sentido formal) puede
regularlo todo, ni debe siquiera intentarlo” (PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos
(2006): Teoría constitucional. Santiago, Editorial LexisNexis, segunda edición, p.
39).

9°. Por tanto, “[L]a Constitución debe aplicarse y no debe ser sólo una
declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas
se sujete a distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la
ley orgánica por su contenido deba obligatoriamente sujetarse al texto
constitucional y controlarse previamente como requisito en su proceso
formador” (BULNES ALDUNATE, Luz (1984): La ley orgánica constitucional.
Revista chilena de Derecho, vol. 11, N°2 y 3, pp. 228-239).

10°. Con razón, el constituyente chileno, inspirado en modelos de
derecho comparado, vale recordar, Constitución Francesa de 1958, Constitución
española de 1978, ha reconocido este tipo de leyes que por razones de
competencia exigen un quórum de aprobación de la mayoría absoluta de los
miembros en ejercicio para crear, modificar o derogar una ley orgánica
constitucional. Con razón, De Otto explica que “las normas relativas a ciertas
materias queden sujetas a un procedimiento especial, que exige una mayoría
cualificada” (DE OTTO, Ignacio (1988): Derecho constitucional. Sistema de
fuentes. Barcelona, Editorial Ariel S.A., segunda edición, pp. 111-113).

A mayor abundamiento, se advierte en el derecho constitucional francés
que las leyes orgánicas versan sobre temáticas “indispensables para el
funcionamiento del mismo sistema constitucional” (PARDO FALCON, Javier (1990):
El Consejo Constitucional francés. La jurisdicción constitucional en la Quinta
República. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, p. 164).



C. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS COMO
ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 77, INCISO
PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN

11º. La razón de la calificación jurídica como norma orgánico
constitucional se refiere al artículo primero en sus numerales sexto, octavo y
duodécimo porque establecen competencia en los tribunales que indica para



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reclamación de multas y otros. Aquello en conformidad al artículo 77 inciso
primero de la Constitución que mandata al legislador orgánico constitucional la
“organización y atribuciones” de los tribunales de justicia. Y es que, es la
Constitución la que dispone en sus propios artículos y a través de su densidad
normativa qué materias serán reguladas por leyes orgánicas constitucionales. Y
atendida la literalidad de las disposiciones examinadas del proyecto de ley
controlado, aquellas revisten carácter orgánico constitucional, pues incide en el
ámbito competencial fijado en el artículo 77 de la Carta Fundamental. Todo ello
en línea con una lectura ajustada al texto fundamental en torno a la noción de la
normativa orgánica constitucional y el contenido de los preceptos analizados.

12°. Además, la expresión “organización y atribuciones de los tribunales” f
orma parte de una tradición constitucional ininterrumpida en Chile respecto de
la regulación del Poder Judicial en la Carta Fundamental desde 1833 hasta hoy.
Por tanto, esa cosmovisión no debe interpretarse restrictivamente porque el
constituyente ha dotado de contenido normativo a la disposición constitucional.

13°. En esta línea, las expresiones “organización y atribuciones”
requieren correlación en necesaria coherencia interpretativa con la propia
función judicial establecida directamente en la Constitución, en tanto, “[l]a
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la
ley”. De esta manera, bajo la norma constitucional del actual artículo 77, está
entregado a dicho legislador la “organización y atribuciones de los tribunales”,
por lo que aquel tiene facultad para conferirles las atribuciones que estime
pertinentes para la debida administración de justicia, en la medida en que ello
se materialice mediante la reserva que ha dispuesto la propia Constitución a la
ley orgánica constitucional. Así fue resuelto en sentencia rol n° 80, c. 9°, criterio
que también ha sustentado la disidencia en causa rol n° 15.796-24 y 15.801-24,
entre otras, a propósito de la determinación del alcance del artículo 77 de la
Carta Fundamental.

14°. Por lo anterior, el contenido normativo de la “organización y
atribuciones” reservada a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso
primero supone que no se desnaturalice o vacíe de contenido la expresa reserva
entregada por la Constitución a la ley orgánica constitucional.

De esta forma, el legislador orgánico tiene facultad constitucional “para
entregarle a los tribunales las atribuciones que estime pertinentes para la debida
administración de justicia” (sentencia rol n° 80, c. 9°). Así, esta Magistratura ha
indicado en sentencias roles números, 62, 316 y 433, establecer determinadas
prohibiciones para optar a los cargos de juez, es materia del legislador orgánico
constitucional; o, en sentencia rol n° 3203, c. 9°, se estimó incidente en su esfera
competencial la entrega de nuevas atribuciones a los tribunales de competencia
penal.

15º. En ese sentido, el control preventivo obligatorio ejercido por estos
jueces constitucionales respecto de los preceptos sometidos a examen otorga la
competencia a la Corte de Apelaciones para resolver conflictos jurídicos en



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SESENTA




materia sanitaria, esencialmente multas y concesiones, por tanto, incide en
materias que la Constitución mandata regulación vía ley orgánica
constitucional. (Véase en ese sentido, verbi gratia, sentencia rol n° 2390, c. 6° y,
sentencia rol n° 3130, c. 27°)”.

16°. Además de lo señalado, al examinar el sentido y alcance de las
expresiones “organización y atribuciones” que se contienen en el artículo 77
inciso primero de la Constitución, es necesario tener presente que la
delimitación competencial surge no sólo de estas disposiciones en una
aproximación aislada -lo que no es posible al interpretar en forma armónica e
íntegra el texto constitucional- sino que, antes de ello, desde las Bases de la
Institucionalidad, que se fundamenta y controla en virtud del principio
constitucional de juridicidad; esto es, el artículo séptimo de la Carta
Fundamental sobre investidura regular, competencia y actuación conforme a la
ley. Así, “[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular
de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, a
ñadiendo el inciso segundo que “[n]inguna magistratura, ninguna persona ni
grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.



D. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO ORGÁNICO
CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 66, INCISO SEGUNDO, DE LA
CONSTITUCIÓN

17°. Que, además, estos ministros califican el numeral 12 del artículo 1
del proyecto de ley controlado como orgánico constitucional en virtud del
artículo 66, inciso segundo, de la Constitución y de la jurisprudencia de esta
Magistratura que ha declarado previamente aquellas materias como
competencia de ley orgánica. Ello, porque “Las normas legales a las cuales la
Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de
quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría
absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”. Lo anterior conforme a lo
dispuesto en el artículo 66 inciso segundo constitucional.

18°. Y, es que, la disposición controlada, esto es, el artículo 32 de la Ley N.
º18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios; norma ya
declarada orgánica constitucional por esta Magistratura en la sentencia rol
Nº270.

En efecto, aquel fallo advirtió, con razón “Que, las normas contempladas
en el nuevo artículo 32, agregado a la Ley N° 18.902, que regula la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, por el N° 14 del ARTICULO TERCERO
del proyecto sometido a control, son propias de la ley orgánica constitucional
indicada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República”. Cabe
señalar que la referencia al artículo 74 debe entenderse al actual artículo 77 de
la Carta Fundamental.




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SESENTA Y UNO




Aquella es la razón por la cual estos ministros califican a la disposición
controlada con la misma naturaleza jurídica en virtud de la fuente normativa y
jurisprudencial indicada. Por tanto, estos ministros consideramos que donde
existe la misma razón debe existir la misma disposición por razones de lógica y
certeza jurídica.



La Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS estuvo por calificar como
ley simple el numeral 12 del artículo 1° del proyecto de ley en su encabezado, el
cual dispone: “Reemplázase el artículo 32 por el siguiente”: Ello en virtud de las
consideraciones siguientes:

1°. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, para determinar el
rango de orgánico constitucional le corresponde a esta Magistratura
“determinar en cada caso su contenido específico diferenciándola, por una
parte, de los preceptos constitucionales y sus leyes interpretativas y, por la otra,
de la ley común.” (STC Rol N°4-81).

Ello, teniendo en consideración que las leyes orgánicas constitucionales “
son, en cierta manera, el desarrollo o la deducción natural del precepto
constitucional” (Actas de la Comisión Ortuzar, Tomo X, Biblioteca del Congreso
Nacional, p. 472). En ese entendido, solo tienen ese carácter las normas que
poseen un contenido material, y, conforme, a ello debe interpretarse el artículo
66 de la Constitución.

2°. Los “encabezados” contemplados en un proyecto de ley respecto de
las normas que lo integran constituyen órdenes que da el legislador para los
efectos de adecuar el texto de la norma legal a los cambios contemplados en el
proyecto aprobado por el Congreso Nacional. Tales órdenes o instrucciones
conducen a que, una vez incorporadas dichas modificaciones a la ley, su texto
no las contemple por cuanto son ajenas a la materia que ella regula. Ello sucede
tanto si tales encabezados disponen la sustitución, modificación, reemplazo o
derogación de una determinada disposición o de una parte de ella.

3°. Resulta, pues, que sólo el enunciado normativo, es decir, “una unidad
lingüística que establece una conducta” (STC Rol N°626), y que supone la
existencia de sujetos obligados cuya conducta produce una consecuencia
jurídica, se encuentra contemplado, para poder examinar si nos encontramos
frente a una ley común o a una de carácter orgánico constitucional, en el
contenido sustantivo o material de la norma aprobada y no en el encabezado.

4°. Calificar el encabezado de una norma contenida en un proyecto de ley
como orgánico constitucional no sólo constituye una confusión teórica sino,
además, puede provocar consecuencias prácticas carentes de sentido en el
marco de la deliberación legislativa. Como en un mismo cuerpo normativo
puede haber normas propias de ley orgánica constitucional y otra reservadas a
la ley común, puede suceder que, al someterse a votación un encabezado con un
quórum de aprobación más alto (orgánico constitucional) que el contenido de la
modificación (ley simple), se corra el riesgo de que no lo alcance y de que, por




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SESENTA Y DOS




ello, pueda llegar a aprobarse el contenido sin expresión de la acción ordenada (
sustituir, modificar, añadir o eliminar). Ilustraremos lo anterior con un ejemplo.
Se formula una indicación del siguiente tenor, “Reemplázase el artículo 3° por el
siguiente:” (“encabezado”) “Artículo 3°.- Sólo le corresponderá al Ministerio del
Interior coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las
directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República”
(contenido). Si el encabezado no alcanza a obtener la mayoría absoluta de los
diputados y senadores en ejercicio y el contenido sí alcanza el quorum exigido
para ley simple, sólo subsistirá este último, sin relación que se sepa si la regla
sustancial aprobada es modificatoria o sustitutiva de otra.

5°. Esta Magistratura debe encontrase en condiciones de prever el
alcance de sus decisiones respecto de los demás órganos del Estado y actuar
conforme a los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes, ya
que sus sentencias “modelan el comportamiento de todos los órganos del Estado
y, en especial, de los poderes colegisladores” (Garrote, Emilio (2012),“Cosa
juzgada constitucional sui géneris y su efecto en las sentencias del Tribunal
Constitucional”, en Estudios Constitucionales Vol. 10 N° 2, p. 413), por lo que,
junto a las otras razones que se han expresado, esta ministra disiente de la
calificación jurídica respecto del encabezado del artículo 1° N°12 del proyecto
de ley consultado



Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la
suscriben.

Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y
archívese.

Rol N° 17.328-26-CPR




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 01/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 31/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 31/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 31/03/2026 Fecha: 31/03/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 01/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht
Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




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