TC Rol 17329

Texto completo

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NOVENTA




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 17.329-2026 CPR


[23 de abril de 2026]

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE
LEY QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES COMO
PILAR DE LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL,
OTORGANDO UN MARCO JURÍDICO INTEGRAL PARA ELLAS,
CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 17.117-03


VISTOS Y CONSIDERANDO:



I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD.

PRIMERO: Que, por Oficio N° 21.041, de 29 de enero de 2026, ingresado a
esta Magistratura con igual fecha, la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha
remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso
Nacional, que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la
alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral
para ellas, correspondiente al boletín N° 17.117-03, con la finalidad de que
este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93,
inciso primero N° 1° de la Constitución Política de la República, ejerza el control
de constitucionalidad, respecto de los artículos 5; 6, incisos primero y cuarto; 8,
inciso primero; 11, encabezamiento; 13, incisos primero y cuarto; 16, inciso
primero; 17, inciso primero; 24, inciso primero; 27; 44; 45 y 49, permanentes; y
de los artículos cuarto; quinto, incisos primero, cuarto y sexto; y sexto,
transitorios, del proyecto de ley;



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SEGUNDO: Que, el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional
“[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes
de su promulgación;”;

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando
anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del
proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el
Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;



II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

CUARTO: Que, los artículos del proyecto de ley remitido que han sido
sometidos a control de constitucionalidad son los que se transcriben a
continuación:

“Artículo 5.- Procedimiento para el establecimiento de ferias libres.
Corresponderá a cada municipalidad determinar el establecimiento de una feria
libre. Este procedimiento deberá contemplar las siguientes etapas:

a) Iniciativa para el establecimiento de una feria libre.

b) Informe de sostenibilidad y factibilidad.

c) Pronunciamiento del Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres.

d) Acuerdo del concejo municipal.

e) Emisión de decreto alcaldicio de establecimiento de la feria libre.”



“Artículo 6.- Iniciativa para el establecimiento de ferias libres. El
procedimiento para el establecimiento de una feria libre podrá ser iniciado de
oficio por la autoridad municipal o a solicitud de parte.

[…]

La autoridad municipal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la
solicitud en el plazo de veinte días hábiles, y para ello emitirá una resolución
fundada de su decisión. Si la autoridad municipal evalúa positivamente la
solicitud, o cuando inicie de oficio el procedimiento, instruirá en el acto la
elaboración del informe de sostenibilidad y factibilidad al que se refiere el artículo
8.

[…]”.



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“Artículo 8.- Informe de sostenibilidad y factibilidad. La municipalidad
respectiva deberá emitir un informe técnico de sostenibilidad y factibilidad. Este
informe evaluará fundadamente, conforme a las capacidades administrativas y
presupuestarias del municipio, el impacto urbano, social, comunitario,
económico y en el mercado laboral de la comuna que pueda generar la nueva
feria. Este informe será un insumo necesario para la decisión del concejo
municipal sobre el establecimiento de la nueva feria.

[…]”.



“Artículo 11.- Aprobación del concejo municipal y emisión del decreto
alcaldicio. […]”.



“Artículo 13.- Ordenanza local de ferias libres. Cada municipio deberá
contar con una ordenanza local de ferias libres, que regulará el porcentaje
mínimo de permisos de venta de productos alimenticios de origen animal o
vegetal, de conformidad a lo señalado en el literal a) del artículo 3, y el
funcionamiento, organización y administración de las ferias libres de dicha
comuna. Además, esta ordenanza deberá contener los criterios para la asignación
de permisos de uso en ferias libres, su vigencia mínima, los rubros de feria
permitidos, los estándares mínimos para el espacio de servicio y las sanciones por
incumplimiento de sus disposiciones.

[…]

Una resolución del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
establecerá una ordenanza local tipo, que servirá de base orientadora para la
ordenanza local de ferias libres de cada comuna y respetará en todo caso las
facultades normativas propias de las municipalidades conforme a la ley N°
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. La ordenanza que se dicte
sobre la materia deberá ser sometida por la autoridad municipal a la aprobación
del concejo.

[…]”.



“Artículo 16.- […]

Alteraciones temporales en el funcionamiento de las ferias libres. La
autoridad municipal, mediante decreto alcaldicio, podrá alterar temporalmente
los días u horarios de funcionamiento de una feria libre, trasladarla
provisoriamente de ubicación o suspender su funcionamiento por razones de



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obras en la vía pública, faenas en servicios básicos, problemas de tránsito u otras
causas fundadas en el interés público, así como por coincidir con alguna
festividad o evento específico.

[…]”.



“Artículo 17.- Cierre y modificación de las características esenciales de las
ferias libres. El cierre de las ferias libres y la modificación permanente de sus
características esenciales deberán ser acordadas por el concejo municipal, a
propuesta de la autoridad municipal. Se entiende por características esenciales de
una feria libre su ubicación, los días y horarios de funcionamiento y la cantidad de
puestos en su interior.

[…]”.



“Artículo 24.- Revocación o no renovación de los permisos de uso en ferias
libres. La revocación de un permiso de uso en ferias libres, o su no renovación,
constará en decreto alcaldicio, el que expresará las causales invocadas, de entre
aquellas contempladas en el reglamento de esta ley, así como los hechos que las
sustentan.

[…]”.



“Artículo 27.- Régimen sancionatorio. Los incumplimientos por las y los
feriantes de las normas establecidas en esta ley y en la ordenanza local de ferias
libres respectiva, serán conocidos y sancionados con arreglo a las disposiciones
contenidas en la ley N° 18.287, sobre procedimientos ante juzgados de policía
local, y en la ley Nº 15.231, sobre organización y atribuciones de juzgados de
policía local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
decreto supremo Nº 307, de 1978, del Ministerio de Justicia.

Las ordenanzas locales de ferias libres establecerán las sanciones
aplicables a cada infracción, diferenciarán entre multas y clausuras, conforme a
lo establecido en los literales b) y d) del inciso primero del artículo 52 de la ley N°
15.231, y reservarán la clausura para las infracciones más graves.

El permiso podrá ser revocado definitivamente por decisión del juez de
policía local competente, a petición de la autoridad municipal, en el caso en que la
o el titular haya sido sancionado dos o más veces, en el período de un año, con la
clausura contemplada en la correspondiente ordenanza local de ferias libres.”




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“Artículo 44.- Régimen de autorización de ferias comerciales.
Corresponderá a cada municipio otorgar los permisos de uso para el
funcionamiento de las ferias comerciales, permanentes o temporales, que se
desarrollen dentro de su jurisdicción.

El otorgamiento de los permisos de uso deberá realizarse mediante decreto
alcaldicio fundado, en conformidad a la correspondiente ordenanza local de
ferias comerciales.”



“Artículo 45.- Ordenanza local de ferias comerciales. Cada municipio
deberá contar con una ordenanza local de ferias comerciales, que regule su
funcionamiento, organización y administración. Dicha ordenanza considerará la
diversidad de modalidades de ferias comerciales presentes a nivel local, y
establecerá disposiciones acordes a las características específicas de cada una.

Esta ordenanza, deberá contener, al menos, las siguientes disposiciones:

a) Requisitos y procedimientos para la asignación de los permisos de uso.
Los permisos podrán ser individuales, para cada comerciante; o colectivos,
otorgados a asociaciones u organizaciones responsables de la gestión de la feria,
según lo determine la modalidad de feria comercial correspondiente.

b) Vigencia de los permisos. Respecto de ferias comerciales temporales o
estacionales, la vigencia no podrá exceder la duración programada para su
funcionamiento.

c) Sanciones aplicables al incumplimiento de la ordenanza, incluidas
multas, clausura o revocación del permiso, así como los procedimientos
administrativos para su aplicación.

d) Rubros de bienes o servicios autorizados, según la modalidad de feria
comercial.”



“Artículo 49.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades:

1. Incorpórase en el artículo 104 B el siguiente inciso quinto, nuevo,
pasando el actual inciso quinto a ser inciso sexto, y así sucesivamente:

“En aquellas comunas en que existan ferias libres, el consejo podrá ser
integrado, además, por un representante del Consejo Participativo Comunal de
Ferias Libres, designado por la mayoría de sus miembros.”.




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2. Incorpórase en el inciso cuarto del artículo 104 F el siguiente literal m),
nuevo, pasando el actual a ser literal n):

“m) Medidas de prevención de delitos orientadas a actividades comerciales
desarrolladas en el espacio público, especialmente en ferias libres o similares.”.



“Artículo cuarto.- Publicada la ordenanza local tipo señalada en el
artículo anterior, la autoridad municipal convocará a una sesión extraordinaria
del concejo municipal para discutir y aprobar la ordenanza local de ferias libres,
la que deberá ser aprobada dentro de los seis meses siguientes. Las
municipalidades que a la fecha de publicación de esta ley cuenten con una
ordenanza de ferias libres vigente, dispondrán de este mismo plazo para
adecuarla a lo establecido en la presente ley y en la ordenanza tipo dictada por el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Cumplido este plazo sin que exista una ordenanza aprobada por el concejo,
el secretario municipal certificará dicho hecho y regirá íntegramente la
ordenanza local tipo publicada por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. La entrada en vigor de esta nueva ordenanza dejará sin efecto aquellas
ordenanzas locales que regulen la materia”.



“Artículo quinto.- Dentro del plazo máximo de veinticuatro meses desde
la publicación de la presente ley, y sólo una vez que el municipio haya dictado su
respectiva ordenanza local de ferias libres conforme al artículo cuarto
transitorio, la autoridad municipal deberá emitir un decreto de reconocimiento
para cada feria libre que haya sido creada y autorizada antes de la entrada en
vigencia de la presente ley. El decreto deberá incluir una nómina de los permisos y
las patentes que hayan sido otorgados en cada feria reconocida y los rubros de
feria libre autorizados para cada uno de ellos.

[…]

Asimismo, las ferias que funcionen permanentemente y no cumplan con el
porcentaje mínimo establecido en el inciso anterior podrán solicitar su
reconocimiento como feria libre ante la autoridad municipal. La solicitud deberá
estar suscrita por, al menos, el cincuenta por ciento de los feriantes autorizados
para trabajar en la feria. El municipio evaluará la solicitud y emitirá un decreto
fundado para otorgar el reconocimiento.

[…]

Una vez emitido el decreto, el secretario municipal convocará a la primera
asamblea de la feria libre en el plazo no superior a seis meses. En dicha sesión se




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deberá discutir y aprobar el reglamento interno de la feria libre y elegir el
respectivo Comité de Representación.

[…]”.



“Artículo sexto.- En caso de ferias libres que desarrollen sus actividades
en bienes fiscales o municipales mediante comodato, cesión u otro título, y que
deban cesar su funcionamiento por término del contrato respectivo u otro hecho
no imputable a sus locatarios, la municipalidad respectiva deberá constituirlos
como feria libre de forma prioritaria, a través del mecanismo establecido en el
Título II, y no les será aplicable a estos locatarios lo establecido en el artículo 22.”;



III. NORMATIVA NO CONSULTADA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE
LA CUAL ESTE TRIBUNAL EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

QUINTO: Que, no obstante someterse a control de constitucionalidad
ante esta Magistratura, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, N° 1, de la Constitución Política de la República las disposiciones
señaladas en el considerando primero, este Tribunal, en ejercicio de sus
facultades, examinó la eventual naturaleza de ley orgánica constitucional de las
siguientes disposiciones no consultadas por el Congreso Nacional:

“Artículo 6.- […]

La solicitud podrá ser presentada por el Consejo Participativo Comunal de
Ferias Libres a que se refiere el artículo 35, juntas de vecinos, otras
organizaciones comunitarias de la comuna, o por al menos veinticinco vecinas o
vecinos domiciliados en la unidad vecinal donde se emplazará la feria, mediante
la presentación de una petición fundada a la autoridad municipal.

La solicitud deberá proponer, al menos, el nombre y características
esenciales de la nueva feria propuesta, su ubicación precisa, días y horas de
funcionamiento y número de puestos. Adicionalmente, se podrán proponer otros
elementos relevantes para la decisión de la autoridad municipal, como medidas
para mitigar posibles efectos adversos ocasionados por el funcionamiento de la
feria”.



“Artículo 9.- Consulta a juntas de vecinos aledañas. El informe de
factibilidad y sostenibilidad deberá considerar la realización de una o más
consultas a las juntas de vecinos de la comuna que se encuentren situadas en un
rango de mil doscientos metros de los límites perimetrales de la feria proyectada.
Dichas consultas se efectuarán en la forma establecida en el decreto alcaldicio que


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las instruya y deberán ejecutarse hasta diez días antes del vencimiento del plazo
establecido para la emisión del informe contemplado en el artículo precedente.
Las opiniones recabadas tendrán un carácter estrictamente consultivo y no
vinculante, pero serán consideradas relevantes dentro del informe técnico.

Durante la o las consultas, la autoridad municipal procurará entregar
información clara y sencilla sobre aquellas características esenciales de la feria
proyectada, y precisará su ubicación, días y horas de funcionamiento, número de
puestos y cualquier otro aspecto que estime relevante para una comprensión y
participación informada de la comunidad local.

Las conclusiones de estas consultas formarán parte del informe de
sostenibilidad y factibilidad y servirán de base para el análisis del impacto
comunitario de la feria”.



“Artículo 10.- Pronunciamiento del Consejo Participativo Comunal de
Ferias Libres. El Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres podrá
pronunciarse sobre la propuesta de la nueva feria en una sesión extraordinaria, la
que deberá celebrarse dentro del plazo de veinte días hábiles posteriores a la
recepción del informe de sostenibilidad y factibilidad. El acta de dicha sesión
deberá ser remitida al concejo municipal y servirá de insumo para su decisión
final. El pronunciamiento del Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres no
será vinculante para la decisión del concejo municipal.”



“Artículo 11.- […] Recibida el acta referida en el artículo anterior o
cumplido el plazo para la celebración de la sesión sin que ésta se lleve a cabo, el
concejo municipal someterá a discusión el establecimiento de la feria propuesta
en su siguiente sesión ordinaria. Si el establecimiento de la feria es aprobado por
el concejo, la autoridad municipal dictará el decreto alcaldicio de establecimiento
de la feria en el plazo máximo de diez días hábiles. Dicho decreto deberá
contemplar a lo menos lo siguiente:

a) Nombre de la feria libre.

b) Días de la semana y horario de funcionamiento de la feria libre.

c) Ubicación y delimitación precisa del emplazamiento en el que
funcionará la feria libre, con especificación de calles, plazas, instalaciones o sitios
que ocupará, sus accesos y límites perimetrales.

d) Determinación del espacio de servicio correspondiente a la feria, con
especificación de las actividades complementarias a las cuales se podrá destinar.

e) Identificación de la infraestructura necesaria para el correcto
funcionamiento de la feria.


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f) El número total de puestos de la feria libre.

g) La superficie para cada puesto de la feria libre, a menos que ésta se
encuentre especificada en la ordenanza local de ferias libres.

h) En aquellos casos en que el municipio así lo considere, la designación de
puestos reservados para la actividad comercial de personas con discapacidad,
conforme al artículo 33 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad
de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”.



“Artículo 16.- […]

Previo a decretar la alteración temporal de funcionamiento, el municipio
oirá a los representantes del Comité de Representación de la feria afectada y al
Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres correspondiente, para alcanzar
acuerdos sobre la duración y alcance de las alteraciones, las posibles medidas de
mitigación u otros aspectos.

[…]”.



“Artículo 17.- […].

Previo a someter la propuesta de cierre o modificación al concejo, la
autoridad municipal deberá solicitar la opinión del Comité de Representación de
la feria afectada. Además, podrá requerir la elaboración de informes técnicos y la
realización de consultas ciudadanas a las juntas de vecinos del lugar en donde
esté emplazada la feria para la evaluación de los impactos de la modificación o
extinción propuesta.”

[…]”.



“Artículo 34.- […]

El Tribunal Electoral Regional deberá resolver la reclamación dentro del
plazo de treinta días hábiles de recibida. Su sentencia será apelable ante el
Tribunal Calificador de Elecciones dentro de quinto día de notificada a los
afectados y se sustanciará de acuerdo con el procedimiento establecido para las
reclamaciones en la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para
lo cual no se requerirá el patrocinio de un abogado.

[…]”.



“Artículo 35.- Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres. En cada
comuna en que existan ferias libres se constituirá un Consejo Participativo



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Comunal de Ferias Libres, cuyo objeto será proporcionar una instancia de diálogo
entre el municipio y las y los representantes de las ferias. El consejo participativo
estará integrado por:

a) La autoridad municipal de la comuna.

b) Dos concejales elegidos por el concejo municipal.

c) Un máximo de diez directivas o directivos de los Comités de
Representación, elegidos conforme a un mecanismo de representación
proporcional de las ferias libres de la comuna, que será establecido por el
reglamento.

El Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres se reunirá al menos dos
veces por semestre de manera ordinaria, y podrá ser convocado
extraordinariamente a solicitud de los dos tercios de sus integrantes.

Quienes integren el consejo participativo durarán dos años en sus cargos,
con excepción de la autoridad municipal y de las y los concejales, quienes lo
integrarán mientras se encuentren en sus respectivos cargos.

Las demás disposiciones referidas al funcionamiento del consejo
participativo, la forma de elección de sus miembros, su quorum de
funcionamiento y otras disposiciones quedarán establecidas en la ordenanza
local de ferias libres respectiva, en conformidad a esta ley y su reglamento.”



“Artículo 36.- Funciones del Consejo Participativo Comunal de Ferias
Libres. Le corresponderán al Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres,
además de las establecidas en la ordenanza local respectiva, las siguientes
funciones:

a) Facilitar el diálogo entre los Comités de Representación y la autoridad
municipal.

b) Ser oído por la autoridad municipal en relación con la interrupción
temporal del funcionamiento habitual de una feria libre.

c) Emitir opinión respecto de las modificaciones a la ordenanza local de
ferias libres, para lo cual la autoridad municipal deberá solicitar su
pronunciamiento en un plazo razonable, el que no podrá ser inferior a treinta ni
superior a cincuenta días hábiles, según el procedimiento que establezca el
reglamento de esta ley.

d) Proponer al concejo municipal modificaciones a la ordenanza local de
ferias libres.

e) Presentar al concejo municipal solicitudes, inquietudes o sugerencias
referidas a la gestión municipal de las ferias libres.



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f) Pronunciarse, previo a la autorización de una nueva feria libre en la
comuna, respecto de su idoneidad y factibilidad, en los términos establecidos en el
artículo 10.

g) Solicitar la creación de nuevas ferias libres y participar en los
procedimientos de autorización.

h) Participar en el diseño e implementación de las medidas de mitigación
en las zonas residenciales aledañas a una feria libre.

i) Colaborar y participar en las instancias de planificación de medidas de
seguridad y prevención y control del delito al interior de las ferias libres y en sus
alrededores. Para ello, el Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres se podrá
coordinar con el Consejo Comunal de Seguridad Municipal a través de la
participación de alguna o alguno de sus integrantes en las asambleas del Consejo
Comunal de Seguridad Municipal que se citen para tal efecto.”



“Artículo 38.- Del Consejo Nacional Consultivo de las Ferias Libres.
Créase el Consejo Nacional Consultivo de las Ferias Libres, en adelante “el
Consejo”, cuya función será asesorar al Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Seguridad Pública, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Ministerio de
Salud en la proposición de políticas de fomento y desarrollo para las ferias libres
del país, destinadas a promover su adecuada participación en la economía
nacional en favor de la seguridad alimentaria y nutricional del país”.



“Artículo 39.- Integración del Consejo. El Consejo estará integrado por los
siguientes miembros:

a) Una o un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
quien lo presidirá.

b) Una o un representante del Ministerio de Agricultura.

c) Una o un representante del Ministerio del Interior, y una o un
representante del Ministerio de Seguridad Pública.

d) Una o un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e) Una o un representante del Ministerio de Salud.

f) Una o un representante del Servicio de Cooperación Técnica.

g) Un representante por cada región elegido por las organizaciones de
ferias libres. En el caso de la Región Metropolitana elegirá dos representantes
más, y las regiones de Valparaíso y Biobío elegirán un representante adicional
cada una.


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h) Dos representantes del sector no gubernamental, académico y/u
organizaciones multilaterales que tengan por objeto promover el desarrollo de
las ferias libres y la seguridad alimentaria. Los miembros designados en
conformidad a este literal tendrán únicamente derecho a voz y no a voto.

i) Dos representantes de las asociaciones de municipalidades.

El reglamento establecerá las normas necesarias para la designación de
las consejeras y los consejeros señalados en los literales g), h) e i), las normas de
suplencias, el funcionamiento de la secretaría ejecutiva, y para la adecuada
ejecución de las funciones que le son encomendadas.

Asimismo, el Consejo, cuando lo estime necesario, podrá invitar a sus
sesiones a funcionarias o funcionarios públicos, representantes de otros poderes
del Estado, del gobierno central o regional y de los municipios, académicas o
académicos, expertas o expertos, organizaciones no gubernamentales,
representantes del sector privado y de la sociedad civil, entre otros, a efectos de
intercambiar conocimientos y experiencia en el ámbito de las ferias libres.

Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones ad-honorem.”



“Artículo 40.- Funciones del Consejo. Para el cumplimiento de su objetivo,
el Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar consultas, sugerencias, observaciones y/o proposiciones
respecto de las materias de competencia de los ministerios involucrados,
relacionados con las ferias libres, en las cuales se solicite su opinión.

b) Asesorar a los ministerios involucrados en cuanto a políticas de
fomento, así como en planes y programas del Estado que tengan como fin el
desarrollo de las ferias libres y del canal agroalimentario y pesquero tradicional,
considerando la agricultura familiar campesina y la pesca artesanal.

c) Proponer a los ministerios involucrados estrategias que permitan
potenciar la debida coordinación de las políticas y acciones sectoriales de apoyo a
las ferias libres.

d) Solicitar antecedentes sobre la evolución de las ferias libres a partir de
la información del Registro Nacional de Ferias Libres y programas de fomento
relacionados con los ministerios involucrados.

e) Asesorar a los ministerios involucrados frente a catástrofes y
emergencias, para facilitar la coordinación de las ferias libres a nivel nacional y
su continuidad.

f) Asesorar a los ministerios correspondientes en modificaciones al
reglamento de esta ley.”



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“Artículo 41.- Duración de las y los miembros del Consejo. Las y los
miembros del Consejo a los que se refieren los literales g), h) e i) del artículo 39
durarán dos años en sus cargos y podrán renovarse hasta por dos períodos
consecutivos. Estas y estos miembros cesarán en sus cargos por las siguientes
causales:

a) Expiración del plazo por el que fueron nombradas o nombrados.

b) Renuncia aceptada por la o el presidente del Consejo.

c) Falta grave al cumplimiento de sus funciones como miembro del
Consejo, así calificada por la mayoría de sus miembros.

d) Enfermedad grave para desempeñar el cargo, calificada por el Consejo.

e) En el caso de las y los miembros del Consejo a los que se refiere el literal
g) del artículo 39, la pérdida de la calidad de integrante de la organización que los
propuso. En tal evento, quien lo reemplace será designado por la respectiva
entidad gremial, por el tiempo que falte para que el reemplazado cumpla su
período.

Las y los representantes de los órganos públicos señalados en los literales
a), b) c), d), e) y f) del artículo 39 permanecerán en el Consejo mientras
permanezcan en el ejercicio del cargo.”



“Artículo 42.- Sesiones del Consejo. El Consejo celebrará al menos dos
sesiones al año, las que se convocarán por su presidenta o presidente, o a solicitud
de cuatro de sus miembros, facultad que estos últimos podrán ejercer por el
máximo de dos veces en el año. El Consejo para sesionar y adoptar acuerdos
deberá contar con la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de empate,
decidirá el voto de la presidenta o del presidente, según sea el caso.”;



IV. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECEN EL
ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO.

SEXTO: Que, los artículos 66, inciso segundo; 77, inciso primero; 118,
incisos segundo y quinto; y 119, inciso tercero, de la Constitución Política de la
República, establecen que son propias de ley orgánica constitucional las
materias que en ellos se indican y cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Artículo 66.- […]

Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley
orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán,


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modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en
ejercicio.

[…]”.

“Artículo 77.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la
pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.
La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y
el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas
que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

[…]”

“Artículo 118.- […]

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y
formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las
actividades municipales.

[…]

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones
de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia
municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de
los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley,
someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades,
forma de la convocatoria y efectos”.

[…]”.

“Artículo 119.- […]

La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre
organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del
alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá
el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación
del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de
inversión respectivos.”;



V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN
NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando segundo
de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas
del proyecto de ley remitido que estén comprendidas en las materias que la
Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional;




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1. La ley orgánica constitucional prevista en el artículo 118, inciso
segundo, de la Constitución.

OCTAVO: Que, el literal c), del artículo 5° exige el pronunciamiento del
Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres, como una de las etapas en el
procedimiento para el establecimiento de una feria libre;

NOVENO: Que, en el inciso primero, del artículo 9° de la iniciativa se
contiene la siguiente frase “deberá considerar la realización de una o más
consultas a las juntas de vecinos de la comuna”.

Dicho artículo 9 exige que el informe de factibilidad y sostenibilidad
deberá considerar la realización de una o más consultas a las juntas de vecinos
de las comunas que se encuentren situadas en un rango de mil doscientos
metros de los límites perimetrales de la feria proyectada;

DÉCIMO: Que, el artículo 10 que complementa lo regulado en el literal
c), del artículo 5° del proyecto, ya indicado, agrega que el Consejo Participativo
Comunal de Ferias Libres podrá pronunciarse sobre la propuesta de la nueva
feria, en una sesión extraordinaria, estableciendo que el acta de dicha sesión
deberá ser remitida al concejo municipal y servirá de insumo para su decisión
final.

Asimismo, establece que el pronunciamiento de dicho Consejo no será
vinculante para la decisión del concejo municipal;

UNDÉCIMO: Que, el artículo 16, inciso tercero de la iniciativa legal,
establece que el municipio, previo a decretar la alteración temporal de
funcionamiento de la feria libre, oirá a los representantes del Comité de
Representación de la feria afectada y al Consejo Participativo Comunal de Ferias
Libres correspondiente para alcanzar acuerdos sobre la duración y alcance de
las alteraciones, las posibles medidas u otros aspectos;

DUODÉCIMO: Que, el artículo 17, inciso segundo dispone que la
autoridad municipal, previo a someter al concejo la propuesta de cierre o
modificación de las características esenciales de la feria, deberá solicitar la
opinión del Comité de Representación de la feria afectada.

Asimismo, establece que dicha autoridad municipal podrá requerir la
elaboración de informes técnicos y la realización de consultas ciudadanas a las
juntas de vecinos del lugar en donde esté emplazada la feria para la evaluación
de los impactos de la modificación o extinción propuesta;

DÉCIMO TERCERO: Que, el artículo 35 del proyecto de ley crea el
Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres, cuyo objeto es proporcionar
una instancia de diálogo entre el municipio y las y los representantes de las
ferias.



15
0000105
CIENTO CINCO




El precepto en examen junto con regular su integración, sesiones y
duración en el cargo, establece en su inciso final que las demás disposiciones
referidas al funcionamiento del consejo participativo, la forma de elección de
sus miembros, su quórum de funcionamiento y otras disposiciones quedarán
establecidas en la ordenanza local de ferias libres respectiva;

DÉCIMO CUARTO: Que, el artículo 36 regula las funciones del Consejo
Participativo Comunal de Ferias Libres: a) Facilitar el diálogo entre los Comités
de Representación y la autoridad municipal; b) Ser oído por la autoridad
municipal en relación con la interrupción temporal; c) Emitir opinión respecto
de las modificaciones a la ordenanza local de ferias libres; d) Proponer al
concejo municipal modificaciones a la ordenanza local de ferias libres, entre
otras;

DÉCIMO QUINTO: Que, el artículo 49, que introduce modificaciones en
el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, a través del numeral 1, incorpora al
artículo 104 B, el inciso quinto nuevo, el cual establece que en las comunas en
que existan ferias libres, el consejo comunal de seguridad pública podrá ser
integrado, además, “por un representante del Consejo Participativo Comunal de
Ferias Libres, designado por la mayoría de sus miembros”;

DÉCIMO SEXTO: Que, esta Magistratura declarará ley orgánica
constitucional las normas indicadas precedentemente, pues inciden en
materias reservadas al legislador orgánico conforme lo establece el artículo 118,
inciso segundo de la Constitución, atendido a que los preceptos en examen
regulan distintas formas o modalidades de participación ciudadana en el
establecimiento de ferias libres.

En efecto, se crea el Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres con
la finalidad de proporcionar instancias de diálogo entre el municipio y las y los
representantes de ferias libres; la realización de una o más consultas a las juntas
de vecinos de la comuna; oír a los representantes del Comité de Representación
de la feria como trámite previo para decretar la alteración temporal de
funcionamiento de la feria afectada, o el cierre o modificación de las
características esenciales de las ferias libres.

Asimismo, conforme al artículo 49 del proyecto de ley, que a través del
numeral 1, incorpora un nuevo inciso quinto al artículo 104 B de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, al establecer que en aquellas
comunas en que existan ferias libres, el consejo comunal de seguridad pública “
podrá ser integrado, además, por un representante del Consejo Participativo
Comunal de Ferias Libres, designado por la mayoría de sus miembros”, incide en
materias entregadas al legislador orgánico, conforme lo prevé el artículo 118,


16
0000106
CIENTO SEIS




inciso segundo de la Carta Política. Así también lo dispuso esta Magistratura en
la STC 17.209-25, c. 28°, respecto del proyecto de ley que modifica la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con
el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad
pública y prevención del delito, al señalar que las normas que establecen una
modalidad de participación ciudadana en materia de seguridad pública, inciden
en el ámbito que el legislador orgánico constitucional ha previsto en el artículo
118, inciso segundo, de la Constitución.

Además, atendido a que el numeral 1, del artículo 49 de la iniciativa legal
en cuanto modifica el artículo 104 B de la referida Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades que fue declarado previamente con carácter orgánico
constitucional por esta Magistratura en la STC 3221-16, c. 9° y 11°, mantiene
dicho carácter en virtud del artículo 66, inciso segundo, de la Carta
Fundamental;

2. La ley orgánica constitucional prevista en el artículo 119, inciso
tercero, de la Constitución.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la letra d), del artículo 5°, así como la frase
“deberán ser acordadas por el concejo municipal” contenida en el inciso
primero del artículo 17 de la iniciativa legal, serán calificadas como ley
orgánica constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 119, inciso
tercero, de la Carta Fundamental, pues la regla en examen obliga a la autoridad
municipal requerir el acuerdo del concejo municipal. En el primer caso, se
requiere de dicho acuerdo para el establecimiento de las ferias libres; y en el
segundo, el cierre y modificación de las características esenciales de las ferias
-ubicación, días y horarios de funcionamiento y la cantidad de puestos en su
interior-, deberán ser acordadas por el concejo municipal, a propuesta de la
autoridad municipal.

Así lo ha señalado en jurisprudencia previa esta Magistratura, al
expresar que son propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
a que alude el inciso tercero, del artículo 119, de la Carta Fundamental las
materias en que necesariamente el alcalde requiere el acuerdo del concejo
municipal (STC Roles N°s. 224, c. 6; 323, c. 5; 395, cc. 9 a 12; 421, c. 6; 446, c 7; 633,
c. 5; 675, c. 5; 999, c. 7; 1000, c. 5; 1017, c. 8; 1274, c. 7; 1869, c. 6; 2132, c. 6; 2191, c.
6; 2355, c. 6; 2725, c. 13; 15.459, c. 8, entre otras);

3. La ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso
primero, de la Constitución.

DÉCIMO OCTAVO: Que, la frase “Los incumplimientos por las y los
feriantes de las normas establecidas en esta ley” contenida en el artículo 27
del proyecto de ley remitido a control preventivo, que regula el régimen
sancionatorio aplicable frente a los incumplimientos por las y los feriantes de


17
0000107
CIENTO SIETE




las normas establecidas en la presente ley, es propia de la Ley Orgánica
Constitucional a que alude el artículo 77, inciso primero, de la Constitución
Política de la República, al incidir en la organización y atribuciones de los
tribunales de justicia.

En efecto, y conforme lo asentara esta Magistratura en la STC Rol N° 1151,
c. 6°, y en la STC Rol N° 3489, c. 11°, la determinación de competencias a un
tribunal es siempre constitucional en el entendido de que ésta sea referida a
normativa de naturaleza orgánica constitucional, toda vez que la expresión
“atribuciones” que emplea la Carta Fundamental en el artículo 77, en su sentido
natural y obvio, y en el contexto normativo en cuestión, debe ser comprendida
como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que
la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones (Así, STC 9673 y 10.513).

En consecuencia, la frase en examen al entregar una nueva competencia
a los Juzgados de Policía Local para conocer y sancionar los incumplimientos
por parte de las y los feriantes de las normas de la presente ley que reconoce y
fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local,
abarca materias que inciden en la ley orgánica constitucional a que alude el
artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política.

Al respecto, cabe hacer presente que esta Magistratura en la STC 15.015-
23, c. 11, a propósito del control preventivo de constitucionalidad del proyecto
de ley sobre seguridad privada, que entregó competencia al Juzgado de Policía
Local, estableció que “[e]stas disposiciones del proyecto de ley entregan nuevas
competencias a los Juzgados de Policía Local, ampliando el marco de atribuciones
reservadas a dicho legislador. En este sentido, no corresponden a cuestiones sólo
procedimentales o que se limitan a reiterar competencias previstas en la ley, sino
que, antes de ello, estructuran funciones jurisdiccionales nuevas para dicha
judicatura, materia cuya competencia está reservada al legislador orgánico
constitucional. Por ello, el criterio desarrollado, entre otras, en las STC Roles N°s
6007-19, c. 8°, al examinar en control preventivo de constitucionalidad la Ley N°
21.149, de 14 de febrero de 2019, y recientemente en las STC Roles N°s 14.064-23, c.
6°, con relación a la Ley N° 21.553, de 19 de abril de 2023, en que las nuevas
competencias entregadas a los Juzgados de Policía Local para el conocimiento y
resolución en torno a determinadas infracciones es parte del ámbito competencial
previsto en el artículo 77 inciso primero de la Carta Fundamental, debe ser
mantenido en lo resolutivo de la presente sentencia”.;



VI. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE NO
REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.

DÉCIMO NOVENO: Que, examinadas las otras disposiciones del
proyecto de ley remitido en torno a su eventual incidencia en asuntos


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0000108
CIENTO OCHO




reservados al legislador orgánico constitucional, se calificarán aquellas como
propias de legislación común, al no incidir en materias propias del legislador
orgánico, según se razonará:

1. Artículo 5° y sus literales a), b) y e); artículo 6; artículo 8°, inciso
primero; artículo 9°, salvo la frase “deberá considerar la realización de una o
más consultas a las juntas de vecinos de la comuna”; y artículo 11 del proyecto
de ley.

VIGÉSIMO: Que, el referido artículo 5° regula el procedimiento para el
establecimiento de ferias libres. Los literales en examen se refieren a las etapas
de dicho procedimiento: a) Iniciativa; b) Informe de sostenibilidad y factibilidad
y, e) Emisión de decreto alcaldicio.

En cuanto a la iniciativa para el establecimiento de ferias libres, el
artículo 6° señala que el procedimiento puede ser iniciado de oficio por la
autoridad municipal o a solicitud de parte. En este último caso, la solicitud, que
debe ser fundada, podrá ser presentada por el Consejo Participativo Comunal de
Ferias Libres, juntas de vecinos, otras organizaciones comunitarias de la
comuna, o por lo menos veinticinco vecinas o vecinos domiciliados en la unidad
vecinal donde se emplazará la feria.

Asimismo, el precepto en examen indica las menciones o elementos que
debe contener la solicitud, estableciendo que la autoridad municipal deberá
pronunciarse mediante resolución fundada sobre su admisibilidad en el plazo
de veinte días hábiles. Si la autoridad municipal evalúa positivamente la
solicitud, o cuando inicie de oficio el procedimiento, instruirá en el acto la
elaboración del informe de sostenibilidad y factibilidad al que se refiere el
artículo 8°.

El informe técnico a que alude el artículo 8° evaluará fundadamente,
conforme a las capacidades administrativas y presupuestarias del municipio, el
impacto urbano, social, comunitario, económico y en el mercado laboral de la
comuna que pueda generar la nueva feria. Este informe será un insumo
necesario para la decisión del concejo municipal sobre el establecimiento de la
nueva feria.

Por su parte, el artículo 9°, en aquella parte no declarada ley
orgánica constitucional, establece que las consultas a las juntas de vecinos de
la comuna se efectuarán en la forma establecida en el decreto alcaldicio que las
instruya y deberán ejecutarse hasta diez días antes del vencimiento del plazo
establecido para la emisión del informe de sostenibilidad y factibilidad. Las
opiniones recabadas tendrán un carácter estrictamente consultivo y no
vinculante, pero serán consideradas relevantes dentro del informe técnico.
Agrega dicha norma que las conclusiones de estas consultas formarán parte del



19
0000109
CIENTO NUEVE




informe de sostenibilidad y factibilidad y servirán de base para el análisis del
impacto comunitario de la feria.

Por último, si el concejo municipal aprueba el establecimiento de la feria
libre, el artículo 11 de la iniciativa legal establece que la autoridad municipal
deberá dictar el correspondiente decreto alcaldicio, el que deberá contemplar
las especificaciones que indica dicha norma, como el nombre de la feria libre,
días de la semana y horario de funcionamiento, ubicación y delimitación
precisa del emplazamiento en el que funcionará, con especificación de calles,
plazas, instalaciones o sitios que ocupará, sus accesos y límites perimetrales,
entre otras;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, las normas en examen no revisten
naturaleza de ley orgánica constitucional en los términos del artículo 118, inciso
quinto y 119, inciso tercero de la Constitución Política, atendido a que no se
refieren a las atribuciones esenciales de los municipios o del concejo municipal,
sino que regulan aspectos procedimentales para el establecimiento de las ferias
libres, como las etapas del procedimiento, iniciativa, pronunciamiento de la
autoridad municipal acerca de la admisibilidad de la solicitud, informe técnico
de sostenibilidad y factibilidad, el procedimiento para el proceso de consulta a
las juntas de vecinos de la comuna; el plazo para la dictación del decreto
alcaldicio de establecimiento de la feria, entre otros;

2. Artículo 13, incisos primero y cuarto, del proyecto de ley.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el inciso primero del artículo 13 de la
iniciativa legal establece la obligación del municipio de regular a través de una
ordenanza local de ferias libres el porcentaje mínimo de permisos de venta de
productos alimenticios de origen animal o vegetal, el funcionamiento,
organización y administración de las ferias libres de la respectiva comuna.
Asimismo, la ordenanza deberá contener los criterios para la asignación de
permisos de uso en ferias libres, su vigencia mínima, los rubros de feria
permitidos, los estándares mínimos para el espacio de servicio y las sanciones
por incumplimiento de sus disposiciones.

Por su parte, el inciso cuarto establece que una resolución del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo establecerá una ordenanza local tipo, que
servirá de base orientadora para la ordenanza local de ferias libres de cada
comuna.

Además, se dispone que la ordenanza que se dicte deberá ser sometida
por la autoridad municipal a la aprobación del concejo;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, el precepto en referencia, en sus incisos
primero y cuarto, no reviste carácter orgánico constitucional, dado que no
altera las funciones y atribuciones esenciales que tiene la autoridad municipal,



20
0000110
CIENTO DIEZ




pues la facultad de dictar ordenanzas se encuentra establecida en el artículo 12
de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que la
norma en examen reitera una atribución que ya tienen las municipalidades.

En relación con la obligación de la autoridad municipal de someter la
ordenanza a la aprobación del concejo municipal, igualmente se reitera una
facultad que se encuentra establecida en la referida Ley N° 18.695, pues el
artículo 65, letra l) dispone que el alcalde requiere acuerdo del concejo para
dictar ordenanzas municipales;

3. Artículo 16, inciso primero; artículo 17, inciso primero, salvo la
frase “deberán ser acordadas por el concejo municipal, a propuesta de la
autoridad municipal”; e inciso primero del artículo 24, del proyecto de ley.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, el artículo 16, inciso primero establece que
la autoridad municipal, mediante decreto alcaldicio podrá alterar
temporalmente el funcionamiento de las ferias libres.

Por su parte, el artículo 17, en lo no declarado ley orgánica
constitucional, alude al cierre y modificación de las características esenciales de
las ferias libres, entendiéndose por éstas su ubicación, los días y horarios de
funcionamiento y la cantidad de puestos en su interior.

En tanto, el inciso primero del artículo 24 establece que la revocación
o no renovación de los permisos de uso en ferias libres debe constar en un
decreto alcaldicio, el que expresará las causales invocadas;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, las mencionadas disposiciones serán
calificadas de ley simple, atendido a que no establecen nuevas atribuciones
para los municipios en los términos del artículo 118, inciso quinto de la
Constitución, sino que a través de ellas se regula la forma en que la autoridad
municipal puede alterar temporalmente el funcionamiento de las ferias libres
en los casos señalados en el artículo 16, inciso primero; o bien revocar un
permiso de uso en ferias libres o su no renovación, expresando las causales
invocadas (artículo 24, inciso primero); en ambos casos, la autoridad municipal
deberá dictar el correspondiente decreto alcaldicio. Dichas facultades ya se
encuentran comprendidas en el artículo 5 y 12, de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades;

4. Artículo 27, salvo la frase “Los incumplimientos por las y los
feriantes de las normas establecidas en esta ley”.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en lo relativo a los incumplimientos por las y los
feriantes de las normas establecidas en la ordenanza local de ferias libres, se
dispone en el artículo 27 que dichos incumplimientos serán conocidos y
sancionados con arreglo a las disposiciones contenidas en la ley N° 18.287, sobre




21
0000111
CIENTO ONCE




procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, y en la ley N° 15.231, sobre
organización y atribuciones de dichos juzgados.

De acuerdo con el inciso segundo del señalado artículo 27, las ordenanzas
locales de ferias libres establecerán las sanciones aplicables a cada infracción,
diferenciarán entre multas y clausuras, conforme a lo establecido en los
literales b) y d) del inciso primero del artículo 52 de la ley N° 15.231, y
reservarán la clausura para las infracciones más graves.

Por su parte, el inciso tercero se refiere a la revocación definitiva del
permiso de uso en ferias libres;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, la norma controlada, al referirse a la
competencia de los Juzgados de Policía Local para conocer de los
incumplimientos de la ordenanza local de ferias libres e imponer las respectivas
sanciones a las y los feriantes no es propia de ley orgánica constitucional sobre
organización y atribuciones de los tribunales de justicia, pues no innova
respecto de las facultades que ya tienen dichos tribunales en la materia. En
efecto, el artículo 12 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades establece que las ordenanzas podrán establecer multas, “las
que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes”. Del
mismo modo, la letra b) del artículo 13 de la Ley N° 15.231, sobre organización y
atribuciones de Juzgados de Policía Local, dispone que los Jueces de Policía
Local conocerán en primera instancia de las “infracciones de las ordenanzas […]
”. Así lo ha declarado esta Magistratura en la STC 15.380-24, c. 6° al establecer
que no es materia de ley orgánica constitucional aquella norma que “en nada
innova, ni tampoco modifica ni altera aspectos de la competencia jurisdiccional
existente, por lo que reviste carácter de ley común”;

5. Artículo 34, inciso quinto, del proyecto de ley.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, el inciso quinto en análisis establece la
competencia del Tribunal Calificador de Elecciones para conocer de la
apelación de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Regional que conoce
y resuelve las reclamaciones efectuadas por cualquier feriante miembro de la
Asamblea General respecto de las elecciones de Comité de Representación,
incluida la reclamación respecto de la calificación de elecciones;

VIGÉSIMO NOVENO: Que, el inciso quinto, del artículo 34, de la
iniciativa legal, al regular el funcionamiento del Tribunal Calificador de
Elecciones no incide en una materia reservada al legislador orgánico conforme
lo prevé el artículo 95, en relación con el artículo 96, de la Carta Fundamental,
pues este último dispone en su inciso primero que las resoluciones de los
tribunales electorales, “serán apelables para ante el Tribunal Calificador de
Elecciones en la forma que determine la ley”, por lo que el precepto revisado
regula una materia propia del legislador común o simple;


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0000112
CIENTO DOCE




6. Artículos 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, del proyecto de ley.

TRIGÉSIMO: Que, el artículo 38 en examen crea el Consejo Nacional
Consultivo de las Ferias Libres, cuya función es asesorar a varios Ministerios
que se vinculan con la materia que regula el proyecto de ley, en la proposición
de políticas de fomento y desarrollo para las ferias libres del país, destinadas a
promover su adecuada participación en la economía nacional en favor de la
seguridad alimentaria y nutricional.

Por su parte, lo relacionado con la integración de los miembros del
Consejo Nacional, sus funciones, duración en el cargo y sesiones se encuentra
regulado en los artículos 39, 40, 41, 42, 44 y 45 del proyecto de ley;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, el artículo 38 en examen, al crear un
órgano meramente consultivo sin facultades decisorias ni potestades públicas
propias, no incide en la organización básica de la Administración del Estado y,
por tanto, constituye materia de ley común (STC N° 17.009, c. 43).

Del mismo modo, las demás disposiciones señaladas al referirse a las
atribuciones, conformación y funcionamiento de dicho Consejo Nacional no
abarcan el ámbito competencial del artículo 38, inciso primero, de la
Constitución Política, criterio que esta Magistratura ha sostenido en abundante
jurisprudencia, entre otras, STC N°s. 17.303, c. 14; 17.011, c. 10; 15.043, c. 22; y
13.670, c. 24;

7. Artículo 49, numeral 2, del proyecto de ley

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el numeral 2, del referido artículo 49,
modifica el artículo 104 F de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, referido a las materias que debe considerar el plan comunal
de seguridad pública, agregando el literal m) nuevo, en los siguientes términos:
“Medidas de prevención de delitos orientadas a actividades comerciales
desarrolladas en el espacio público, especialmente en ferias libres o similares”.

Dicha norma, al especificar una nueva materia que debe considerar el
plan comunal de seguridad pública no reviste el carácter de ley orgánica
constitucional, pues no establecen nuevas atribuciones o facultades a las
municipalidades, por lo que comprende solo materias de ley común. (STC
17.209-25, c. 50°);

8. Artículos cuarto; quinto, incisos primero, cuarto y sexto; y sexto
transitorios del proyecto de ley.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, el artículo cuarto transitorio impone a la
autoridad municipal convocar a una sesión extraordinaria del concejo
municipal para discutir y aprobar la ordenanza local de ferias libres,
estableciendo un plazo de seis meses para ello. Asimismo, dispone que las
municipalidades que a la fecha de publicación de esta ley cuenten con una


23
0000113
CIENTO TRECE




ordenanza de ferias libres vigente, dispondrán del mismo plazo para adecuarla
a lo establecido en la presente ley y en la ordenanza tipo dictada por el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Si ello no ocurre, y previa
certificación del secretario municipal, regirá íntegramente la ordenanza local
tipo publicada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

A su vez, el artículo quinto transitorio inciso primero establece un
plazo para que la autoridad municipal emita el decreto de reconocimiento para
cada feria libre que haya sido creada y autorizada antes de la entrada en
vigencia de la presente ley. Además, establece el contenido del decreto, y regula
en el inciso cuarto el procedimiento para obtener el reconocimiento como
ferias libres cuando éstas no cumplen el requisito para ello.

En tanto, el inciso sexto del referido artículo quinto transitorio
establece la obligación de convocar a la primera asamblea de la feria libre en el
plazo no superior a seis meses. En dicha sesión se deberá discutir y aprobar el
reglamento interno de la feria libre y elegir el respectivo Comité de
Representación.

Por otro lado, tratándose de ferias libres que desarrollen sus actividades
en bienes fiscales o municipales mediante comodato, cesión u otro título, y que
deban cesar su funcionamiento por término del contrato respectivo u otro
hecho no imputable a sus locatarios, el artículo sexto transitorio dispone que
en dichos casos la municipalidad respectiva deberá constituirlos como feria
libre de forma prioritaria;

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, los referidos artículos cuarto; y quinto,
incisos primero, cuarto y sexto, transitorios, en tanto regulan el procedimiento
para la dictación del decreto de reconocimiento de ferias libres, estableciendo
un plazo y el contenido del mismo, y la obligación que tiene el secretario
municipal para convocar a la primera asamblea de la feria libre, no revisten
naturaleza de ley orgánica constitucional en los términos del artículo 118, inciso
quinto y 119, inciso segundo, de la Constitución Política.

Del mismo modo, tampoco tiene dicho carácter el artículo sexto
transitorio, el que si bien impone una obligación a la autoridad municipal para
constituir como feria libre en forma prioritaria si concurre alguna de las
hipótesis que se indican en la norma en examen, ésta remite al mecanismo
establecido en el Título II, de la presente ley, el cual regula, precisamente, el
procedimiento para el establecimiento de ferias libres, por lo que aquello es
materia de ley común;




24
0000114
CIENTO CATORCE




VII. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE
LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA
CONSTITUCIÓN POLITICA.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, las siguientes disposiciones del proyecto de
ley que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el
desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas, son conformes
con la Constitución Política de la República:

1. El literal c) y d), del artículo 5°.
2. La frase “deberá considerar la realización de una o más consultas a las
juntas de vecinos de la comuna”, contenida en el inciso primero, del
artículo 9.
3. El artículo 10.
4. El artículo 16, inciso tercero.
5. La frase “deberán ser acordadas por el concejo municipal”, contenida
en el inciso primero, del artículo 17.
6. El inciso segundo, del artículo 17.
7. La frase “Los incumplimientos por las y los feriantes de las normas
establecidas en esta ley”, contenida en el inciso primero del artículo
27.
8. El artículo 49, numeral 1.


VIII. CUMPLIMIENTO DEL QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS
NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, consta que las normas sobre las cuales este
Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas, en ambas Cámaras del
Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución Política;



IX. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE
LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ INCONSTITUCIONALES

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, el artículo 35, del proyecto de ley que crea
el Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres, y el artículo 36, que regula
las funciones de dicho Consejo y, según consta del oficio N° 21.075, de 09 de
marzo de 2026, del Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados,
en el primer trámite constitucional en la Cámara, los preceptos en referencia no
fueron aprobados con las mayorías requeridas por el inciso segundo, del
artículo 66 de la Constitución Política.

En consecuencia, no cumpliéndose con el requisito de forma
constitucionalmente exigido, tales preceptos adolecen de un vicio de esa



25
0000115
CIENTO QUINCE




naturaleza, motivo por el cual deben ser declarados inconstitucionales por esta
Magistratura;



X. INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU
COMPETENCIA

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en lo pertinente, en la tramitación legislativa
se recibió informe de la Corte Suprema, dándose cumplimiento con ello a lo
dispuesto en el artículo 77, de la Constitución Política, conforme consta en Oficio
N° 420-2024, de 18 de diciembre de 2024, que rola a fojas 73, dirigido a don Juan
Carlos Herrera Infante, abogado Secretario de la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y
Diputados.



Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 66, inciso
segundo; 77, inciso primero; 118, incisos segundo y quinto, y 119, inciso tercero,
y 93, inciso primero, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en
los artículos 48 a 51 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,



SE DECLARA:

I. QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY,
QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES COMO PILAR
DE LA ALIMENTACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL, OTORGANDO UN
MARCO JURÍDICO INTEGRAL PARA ELLAS, CORRESPONDIENTE AL
BOLETÍN N° 17.117-03, SON CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN:


1. El literal c) y d), del artículo 5°.
2. La frase “deberá considerar la realización de una o más consultas a las
juntas de vecinos de la comuna”, contenida en el inciso primero, del
artículo 9.
3. El artículo 10.
4. El artículo 16, inciso tercero.
5. La frase “deberán ser acordadas por el concejo municipal”, contenida
en el inciso primero, del artículo 17.
6. El inciso segundo, del artículo 17.
7. La frase “Los incumplimientos por las y los feriantes de las normas
establecidas en esta ley”, contenida en el inciso primero del artículo
27.
8. El artículo 49, numeral 1.


26
0000116
CIENTO DIECISEIS




II. QUE SON CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA, POR LO QUE DEBEN ELIMINARSE DEL TEXTO DEL
PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE
CONSTITUCIONALIDAD:

1. El artículo 35.
2. El artículo 36.



III. QUE ESTA MAGISTRATURA NO EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN
EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS
RESTANTES DISPOSICIONES CONSULTADAS.



Desestimado el carácter de ley orgánica constitucional de las
siguientes disposiciones del proyecto de ley: el artículo 5° y sus literales a), b) y
e); el inciso segundo, del artículo 6°; el inciso primero, del artículo 8°; los incisos
primero y cuarto, del artículo 13; el inciso primero del artículo 16; el inciso
primero del artículo 24; el artículo 45; el numeral 2, del artículo 49; y el artículo
sexto transitorio, con el voto dirimente de la Presidenta del Tribunal
Constitucional, Ministra señora Daniela Marzi MUÑOZ, de conformidad con
lo previsto en el literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional.



DISIDENCIAS

El carácter de ley orgánica constitucional de la letra c), del artículo 5°; del
artículo 16, inciso tercero; del artículo 17, inciso segundo; y del numeral 1, del
artículo 49, fue acordado con el voto en contra de las Ministras señoras DANIELA
MARZI MUÑOZ (P), NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA y CATALINA LAGOS TSCHORNE.

El carácter de ley orgánica constitucional de la letra d), del artículo 5°; y
la frase “deberán ser acordadas por el concejo municipal”, contenida en el inciso
primero, del artículo 17 fue acordado con el voto en contra de la Ministra señora
NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA.

Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y
HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, al
tenor de las normas orgánico-constitucionales que por mandato constitucional
esta disidencia declara como tales a partir del proyecto de ley sometido a su
conocimiento en el ejercicio legítimo de la facultad reconocida en el artículo 93




27
0000117
CIENTO DIECISIETE




numeral primero de la Carta Fundamental. Lo anterior, porque estos Ministros
razonan en virtud de apartados indicados a continuación:



I. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MATERIAS
RESERVADAS POR LA CONSTITUCIÓN AL LEGISLADOR
ORGÁNICO

1°. Que, la Honorable Cámara de Diputados ha remitido mediante oficio
el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que reconoce y fortalece
a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando
un marco jurídico integral para ellas, correspondiente al Boletín Nº17.117-03.

2°. Que, en virtud del artículo 93, numeral primero de la Constitución
Política de la República es atribución de esta Magistratura “Ejercer el control de
constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la
Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un
tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su
promulgación”. Por ende, las normas contenidas en el proyecto de ley que estos
jueces constitucionales disidentes subsumimos al tenor de la fuerza normativa
de la Carta Fundamental que calificamos como leyes orgánicas constitucionales
son las siguientes:

i. El artículo 5 del proyecto de ley. Aquel atribuye a cada
municipalidad determinar el establecimiento de una feria libre y las etapas que
deberá contemplar dicho procedimiento, dentro de las cuales se incluye
acuerdo del concejo municipal. Por tanto, la norma es orgánica constitucional
en virtud de los artículos 118 inciso quinto y 119 inciso tercero de la
Constitución.

ii. El artículo 6 del proyecto de ley. Confiere la atribución a las
municipalidades para iniciar de oficio o a solicitud de parte el procedimiento de
establecimiento de una feria libre; además de regular las propuestas mínimas
que deberá contener la solicitud y quiénes podrán presentarla, incluyendo,
entre ellos, al Consejo Participativo Comunal, juntas de vecinos, organizaciones
comunitarias de la comuna o un grupo de al menos veinticinco vecinos. Del
mismo modo, establece que la autoridad municipal deberá pronunciarse sobre
la admisibilidad de la solicitud en el plazo de veinte días hábiles mediane
resolución fundada; ordenando instruir la elaboración del informe de
sostenibilidad y factibilidad correspondiente si la autoridad municipal evalúa
positivamente la solicitud. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional
en virtud del artículo 118 incisos segundo y quinto de la Constitución.

iii. El inciso primero del artículo 8 del proyecto de ley. Regula la
atribución de la municipalidad respectiva que emitirá un informe técnico de



28
0000118
CIENTO DIECIOCHO




sostenibilidad y factibilidad, el cual será un insumo necesario para la decisión
del concejo municipal sobre el establecimiento de la nueva feria. Por tanto, la
norma es orgánica constitucional en virtud de los artículos 118 inciso quinto y
119 inciso tercero de la Constitución.

iv. El artículo 9 del proyecto de ley. Regula el informe de
factibilidad y sostenibilidad deberá considerar la realización de una o más
consultas a las juntas de vecinos de la comuna que se entren situadas en un
rango de mil doscientos metros de los límites perimetrales de la feria
proyectada, en la forma establecida en el decreto alcaldicio que las instruya. Por
tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 118 inciso
segundo de la Constitución.

v. El artículo 10 del proyecto de ley. Atribuye al Consejo
Participativo Comunal de Ferias Libres pronunciarse sobre creación de nuevas
ferias en una sesión extraordinaria, debiendo remitirse el acta de dicha sesión
al concejo municipal y servirá de insumo para su decisión final, sin ser
vinculante para la decisión del concejo municipal. Por tanto, la norma es
orgánica constitucional en virtud de los artículos 118 inciso segundo y 119
inciso tercero de la Constitución.

vi. El artículo 11 del proyecto de ley. Regula la atribución del
concejo municipal sobre el establecimiento de la feria propuesta en su siguiente
sesión ordinaria a la recepción del acta o cumplido el plazo pertinente. Además,
si el concejo aprueba el establecimiento de la feria, la autoridad municipal
dictará el decreto alcaldicio de establecimiento de la feria en el plazo máximo de
10 días hábiles; y establece los contenidos mínimos que deberá contemplar el
decreto. Por tanto, la norma es orgánica constitucional en virtud de los artículos
118 inciso quinto y 119 inciso tercero de la Constitución.

vii. Los incisos primero y cuarto del artículo 13 del proyecto de
ley. En lo pertinente, establece que cada municipio deberá contar con una
ordenanza de ferias libres, la cual deberá ser sometida por la autoridad
municipal a la aprobación del concejo. Por tanto, la norma es orgánica
constitucional en virtud de los artículos 118 inciso quinto y 119 inciso tercero de
la Constitución.

viii. Los incisos primero y tercero del artículo 16 del proyecto de
ley. Regula la atribución facultativa de la autoridad municipal mediante
decreto alcaldicio para realizar alteraciones temporales en el funcionamiento
de las ferias libres; y que previo a decretarla, el municipio oirá a los
representantes del Comité de Representación de la feria libre afectada y al
Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres para alcanzar acuerdos sobre la
duración y el alcance de las alteraciones, las posibles medidas de mitigación u




29
0000119
CIENTO DIECINUEVE




otros aspectos. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del
artículo 118 incisos segundo y quinto de la Constitución.

ix. Los incisos primero y segundo del artículo 17 del proyecto de
ley. Regula la atribución de la autoridad municipal para proponer el cierre o
modificación permanente de una feria libre. Dicha atribución se ejercerá con
acuerdo del Concejo. Además, establece que previo a someter la propuesta de
cierre o modificación al concejo, la autoridad municipal deberá solicitar la
opinión del Comité de Representación de la feria afectada, y podrá requerir la
elaboración de informes técnicos y la realización de consultas ciudadanas a las
juntas de vecinos del lugar donde esté emplazada la feria. Por tanto, la norma es
orgánica constitucional en virtud de los artículos 118 incisos segundo y quinto, y
119 inciso tercero de la Constitución.

x. El inciso primero del artículo 24 del proyecto de ley. Regula la
revocación de un permiso de uso en ferias libres o su no renovación constará en
decreto alcaldicio, el que expresará las causales invocadas de entre aquellas
contempladas en el reglamento y los hechos que la sustentan. Por tanto, la
disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 118 inciso quinto de
la Constitución.

xi. El artículo 27 del proyecto de ley. En lo pertinente, establece
que los incumplimientos de los feriantes a las normas establecidas en esta ley y
en la ordenanza local de ferias libres respectiva, serán conocidos y sancionados
por los juzgados de policía local de acuerdo a las disposiciones contenidas en las
leyes N°18.287 y N°15.231, y le otorga al juez de policía local competente la
atribución para revocar permisos de forma definitiva a petición de la autoridad
municipal. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud de los
artículos 77 inciso primero y 118 de la Constitución.

xii. El inciso quinto del artículo 34 del proyecto de ley. Regula las
sentencias de los Tribunales Electorales Regionales que resuelven las
reclamaciones reguladas en dicha disposición, será apelable ante el Tribunal
Calificador de Elecciones. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en
virtud del artículo 95 de la Constitución.

xiii. El artículo 35 del proyecto de ley. Regula las funciones del
Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres. Por tanto, la disposición es
orgánica constitucional en virtud del artículo 118 inciso segundo de la
Constitución.

xiv. El artículo 36 del proyecto de ley. Crea el Consejo Participativo
Comunal de Ferias Libres, estableciendo que su objeto será proporcionar una
instancia de diálogo entre el municipio y los representantes de las ferias; y su
integración. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del
artículo 118 inciso segundo de la Constitución.


30
0000120
CIENTO VEINTE




xv. El artículo 44 del proyecto de ley. Faculta al municipio para
otorgar los permisos de uso para el funcionamiento de las ferias comerciales,
permanente o temporales que se desarrollen dentro de su jurisdicción;
mediante decreto alcaldicio fundado, en conformidad a la correspondiente
ordenanza local de ferias comerciales. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud del artículo 118 inciso quinto de la Constitución.

xvi. El artículo 45 del proyecto de ley. Faculta a cada municipio
para regular vía ordenanza local de ferias comerciales el funcionamiento,
organización y administración. Además, establece las disposiciones mínimas
que dicha ordenanza deberá contener. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud del artículo 118 inciso quinto de la Constitución.

xvii. El numeral 1 del artículo 49 del proyecto de ley. Incide en la
integración del consejo comunal de seguridad pública al señalar que en
aquellas comunas en que existan ferias libres, el consejo podrá ser integrado
por un representante del Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres
designado por la mayoría de sus miembros. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud del artículo 118 inciso segundo de la Constitución.

xviii. El numeral 2 del artículo 49 del proyecto de ley. Regula el
plan comunal de seguridad pública que adoptará las medidas de prevención de
delitos orientadas a actividades comerciales desarrolladas en el espacio público,
especialmente en ferias libres o similares. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud del artículo 118 de la Constitución.

Asimismo, en cuanto modifica el artículo 104 F de la Ley Nº18-695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, la disposición controlada tiene
naturaleza orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la
Carta Fundamental, pues el artículo 104 F (salvo sus incisos 8° y 9°, no
modificados por el proyecto de ley controlado) fue declarado orgánico
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº3.221.

xix. El artículo cuarto transitorio del proyecto de ley. Atribuye a
la autoridad municipal discutir y aprobar la ordenanza local de ferias libres con
acuerdo del Concejo municipal. Por tanto, la norma es orgánica constitucional
en virtud de los artículos 118 y 119 inciso tercero de la Constitución.

xx. Los incisos primero, cuarto y sexto de artículo quinto
transitorio del proyecto de ley. Regula ciertas facultades de las
municipalidades relacionadas al reconocimiento de las ferias libres, por
ejemplo, establecimiento que la autoridad municipal deberá emitir un decreto
de reconocimiento para cada feria libre que haya sido creada y autorizada antes
de la entrada en vigencia de la ley; y que las ferias que funcionen
permanentemente y que no cumplan con que al menos el cincuenta por ciento
de sus permisos o patentes estén asignados a rubros alimenticios, podrán


31
0000121
CIENTO VEINTIUNO




solicitar a la autoridad municipal su reconocimiento como feria libre, debiendo
el municipio evaluar la solicitud y emitir un decreto fundando para otorgar el
reconocimiento. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud
del artículo 118 de la Constitución.

xxi. El artículo sexto transitorio del proyecto de ley. Establece
que en caso de ferias libres que desarrollen sus actividades en bienes fiscales o
municipales mediante comodato, cesión u otro título, y que deban cesar su
funcionamiento por el término del contrato respectivo u otro hecho no
imputable a sus locatarios, la municipalidad deberá constituirlos como feria
libre de forma prioritaria. Por tanto, la disposición controlada es orgánica
constitucional en virtud del artículo 118, inciso quinto, de la Constitución.

3° En consonancia con lo anteriormente expuesto, la razón jurídica de la
calificación de los preceptos legales controlados en el presente proyecto de ley
radica en las fuentes del derecho constitucional chileno. Ello por dos razones
esenciales que fundamentan esta disidencia.

4° En primer término, porque la Constitución es fuente directa y
primaria que determina las materias derivadas al legislador orgánico
constitucional. Y, porque, además, en virtud de la norma normarum las normas
que crean, modifican o derogan materias orgánicas constitucionales poseen el
mismo carácter conforme al artículo 66 de nuestra Carta Magna.

5° En segundo término, porque la jurisprudencia de esta Magistratura es
fuente secundaria del derecho constitucional chileno, por ende, para estos
ministros, resulta evidente que las materias que han sido declaradas como
orgánico constitucionales por jurisprudencia anterior, fundamentan entonces
la coherencia sistémica del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio que, lo anterior
no obsta para el control a posteriori, si existe vulneración de derechos
adquiridos reconocidos por la Carta Fundamental.



II LAS NORMAS QUE LA CONSTITUCIÓN HA DETERMINADO
COMO ORGÁNICO CONSTITUCIONALES Y EL DEBER DE CALIFICAR
AQUELLAS COMO TAL

6°. Este Tribunal es el garante de la Ley Suprema en nuestro
ordenamiento jurídico. Por ello, los jueces de esta Magistratura controlan el
proyecto de ley sometido a su conocimiento para dilucidar si aquellas
disposiciones relativas a competencias propias de leyes orgánicas
constitucionales han cumplido con los requisitos de forma y fondo que la Carta
Fundamental exige. Ello porque “la Constitución es un todo orgánico y el sentido
de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la
debida correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación



32
0000122
CIENTO VEINTIDOS




que conduzca a anular o a privar de eficacia algún precepto de ella” (sentencia
rol N°33, c. 19°).

7°. En efecto, evitar el reduccionismo de las materias confiadas al
legislador orgánico es esencial si se tiene en cuenta que las normas orgánicas
constitucionales son verdadera fuente del derecho constitucional al
complementar la regulación contenida en la Carta Fundamental. Así lo ha
explicado la doctrina comparada al señalar que “en muchos países existe un
cuerpo importante de normas legales dictadas por el legislativo que -no en
teoría, pero sí en la práctica- complementan, desarrollan, modifican o adaptan
la constitución. Estas leyes, que suelen ser de rango superior a las demás,
reciben diversos nombres: “constitucionales” (Italia), “orgánicas” (España), etc.
Las materias que regulan suelen ser de gran trascendencia, como la
organización judicial. Como decíamos en el capítulo anterior, estas leyes son
muy importantes porque ninguna Constitución (en sentido material) puede ni
debe estar sólo en una única ley, y ninguna Constitución (en sentido formal)
puede regularlo todo, ni debe siquiera intentarlo” (PEREIRA MENAUT, Antonio-
Carlos (2006): Teoría constitucional. Santiago, Editorial LexisNexis, segunda
edición, p. 39).

8°. Por tanto, “[L]a Constitución debe aplicarse y no debe ser sólo una
declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas se
sujete a distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la ley
orgánica por su contenido deba obligatoriamente sujetarse al texto
constitucional y controlarse previamente como requisito en su proceso
formador” (BULNES ALDUNATE, Luz (1984): La ley orgánica constitucional.
Revista chilena de Derecho, vol. 11, N°2 y 3, pp. 228-239).

9°. Con razón, el constituyente chileno, inspirado en modelos de derecho
comparado, vale recordar, Constitución Francesa de 1958, Constitución
española de 1978, ha reconocido este tipo de leyes que por razones de
competencia exigen un quórum de aprobación de la mayoría absoluta de los
miembros en ejercicio para crear, modificar o derogar una ley orgánica
constitucional. Con razón, De Otto explica que “las normas relativas a ciertas
materias queden sujetas a un procedimiento especial, que exige una mayoría
cualificada” (DE OTTO, Ignacio (1988): Derecho constitucional. Sistema de
fuentes. Barcelona, Editorial Ariel S.A., segunda edición, pp. 111-113).

A mayor abundamiento, se advierte en el derecho constitucional francés
que las leyes orgánicas versan sobre temáticas “indispensables para el
funcionamiento del mismo sistema constitucional” (PARDO FALCON, Javier
(1990): El Consejo Constitucional francés. La jurisdicción constitucional en la
Quinta República. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, p. 164).




33
0000123
CIENTO VEINTITRES




III. SOBRE EL SENTIDO CONSTITUCIONAL DE LA LEY
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MUNICIPALIDADES

10°. En materia de municipalidades la regulación constitucional posee en
esencia dos características particulares. La primera dice razón con la
flexibilidad normativa del mandato constitucional que refiere de modo directo
a ciertas materias específicas para que sean competencia de ley orgánica. La
segunda se refiere a las competencias que según el principio de juridicidad las
municipalidades poseen. Ello porque se trata de la separación de funciones
vertical, esto es, a partir del artículo tercero de la Carta Magna que organiza
competencialmente la forma jurídica del Estado de Chile, esto es, un Estado
Unitario.

11°. Con razón, la definición constitucional de municipalidad está
regulada en el artículo 118 de la Constitución que establece que “son
corporaciones autónomas, creadas y configuradas, en sus elementos esenciales
(organización, funciones, potestades), directamente por el propio texto
constitucional, el que es complementado por leyes orgánicas constitucionales.
Sin embargo, el legislador puede precisar cuánta autonomía corresponde a un
determinado órgano constitucional; pero no puede establecer interferencias
externas incompatibles con dicha autonomía” (Véase, GÓMEZ GONZÁLEZ, Rosa
Fernanda (2017): La potestad normativa sancionadora municipal. Análisis de la
operatividad del principio de legalidad. Revista Ius et Praxis, Año 23, Nº2, p.
494). (El destacado es nuestro).

12°. A mayor abundamiento, desde el derecho público se reconoce que el
derecho municipal es una rama del derecho administrativo porque “comparte
sus fuentes, aun cuando por sus características particulares tiene una
legislación propia y especialísima que la regula. De esta forma existe una Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades signada con el N° 18.695 de 31 de
marzo de 1988, que regula por especial mandato de la Constitución su
organización y funcionamiento, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio del
Interior publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2006”. (Véase,
VILLAGRÁN ABARZÚA, M. (2015). Manual de derecho municipal: (ed.). Santiago
de Chile, Chile: RIL editores, pp. 38-39). (El destacado es nuestro).

13°. En consonancia con lo anterior, la base normativa del derecho
municipal se fundamenta en la flexibilidad normativa de la Carta Fundamental
en las normas o mandatos constitucionales que lo regulan especialmente. Esta
flexibilidad normativa es un elemento que se refiere a la formulación de la
norma constitucional y de la norma legal que son examinadas en el control de
constitucionalidad.




34
0000124
CIENTO VEINTICUATRO




En este sentido, las normas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. Las
primeras son aquellas que permiten mediación del legislador para su
desarrollo. Las segundas son aquellas que se bastan a sí mismas, sin necesidad
de habilitar al legislador para su comprensión y cumplimiento. Las terceras son
aquellas que, sin ser abiertas, habilitan al legislador para que actúe en un
sentido determinado por la Constitución. Por ejemplo, una norma abierta es
aquella que encarga al legislador la regulación de cierto contenido de la norma
constitucional, en cambio, una norma cerrada, en principio, no requiere la
intervención legislativa. Y las normas mixtas sólo permiten al legislador que
actúe de la manera que la Constitución determina.

14°. Ello porque la Constitución así entendida fija el parámetro de lo que
está permitido, prohibido u ordenado. Además, la Carta Fundamental opera
como regla de derecho que distingue entre las competencias regladas y las
discrecionales del legislador. Por tanto, para efectos de la declaración de las
normas del proyecto de ley sometido a control, el baremo es la norma
constitucional que las regula. Por tanto, el baremo se refiere a la mediación
normativa de la Constitución al legislador orgánico, conforme al tenor literal de
la Carta Fundamental.

15° En ese sentido, las municipalidades administran y regulan los
diversos permisos que permiten el emprendimiento y economía local al tenor
del desarrollo del derecho de todas las personas a ejercer su libertad de trabajo
y también, su libre iniciativa económica. El proyecto de ley controlado supone la
regulación legal, y de ley orgánica constitucional de municipalidades para
facilitar el ejercicio de los feriantes de su actividad económica lícita en orden al
bien común.



IV. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 77, INCISO
PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN

16° La razón de la calificación jurídica como norma orgánico
constitucional del artículo 27 del proyecto de ley se debe a que aquel establece
que los incumplimientos de los feriantes a las normas establecidas en esta ley y
en la ordenanza local de ferias libres respectiva, serán conocidos y sancionados
por los juzgados de policía local de acuerdo a las disposiciones contenidas en las
leyes N°18.287 y N°15.231, y le otorga al juez de policía local competente la
atribución para revocar permisos de forma definitiva a petición de la autoridad
municipal.

Aquello en conformidad al artículo 77 inciso primero de la Constitución
que mandata al legislador orgánico constitucional la “organización y
atribuciones” de los tribunales de justicia. Y es que, es la Constitución la que


35
0000125
CIENTO VEINTICINCO




dispone en sus propios artículos y a través de su densidad normativa qué
materias serán reguladas por leyes orgánicas constitucionales.

17°. Además, la expresión “organización y atribuciones de los tribunales”
forma parte de una tradición constitucional ininterrumpida en Chile respecto
de la regulación de los tribunales de justicia en la Carta Fundamental desde
1833 hasta hoy. Por tanto, esa cosmovisión no debe interpretarse
restrictivamente porque el constituyente ha dotado de contenido normativo a la
disposición constitucional.

18°. En esta línea, las expresiones “organización y atribuciones”
requieren correlación en necesaria coherencia interpretativa con la propia
función judicial establecida directamente en la Constitución, en tanto, “[l]a
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por
la ley”. De esta manera, bajo la norma constitucional del actual artículo 77, está
entregado a dicho legislador la “organización y atribuciones de los tribunales”,
por lo que aquel tiene facultad para conferirles las atribuciones que estime
pertinentes para la debida administración de justicia, en la medida en que ello
se materialice mediante la reserva que ha dispuesto la propia Constitución a la
ley orgánica constitucional. Así fue resuelto en sentencia rol n° 80, c. 9°, criterio
que también ha sustentado la disidencia en causa rol n° 15.796-24 y 15.801-24,
entre otras, a propósito de la determinación del alcance del artículo 77 de la
Carta Fundamental.



V. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 95 DE LA
CONSTITUCIÓN

19°. Que el artículo 34, inciso quinto, del proyecto de ley controlado
regula la atribución constitucional de los Tribunales Electorales Regionales
para resolver las reclamaciones reguladas en dicha disposición, será apelable
ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Por tanto, dicha disposición incide en las materias relacionadas al
Tribunal Calificador de Elecciones que la Constitución ha reservado al
legislador orgánico constitucional en el artículo 95 de la Carta Fundamental.

20°. Con razón, en STC Rol N°33 esta Magistratura resolvió que todas las
“(…) referencias a “las leyes” deben entenderse dirigidas a leyes orgánicas
constitucionales puesto que las atribuciones del Tribunal sólo pueden estar
regladas en leyes de tal carácter, según deriva del contexto del artículo 84 de la
Constitución Política de la República”. (STC Rol N°33, c. 2°. La referencia al
artículo 84 de la Carta Fundamental debe entenderse al 95 de la misma, por el



36
0000126
CIENTO VEINTISEIS




cambio en su numeración). Por tanto, estos Ministros califican al inciso quinto
del artículo 34 como orgánico constitucional al permitir que las sentencias
dictadas por los Tribunales Electorales Regionales respecto a las reclamaciones
que la disposición controlada regula sean apelables ante el Tribunal Calificador
de Elecciones.



VI. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 66, INCISO
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN

21°. Que, además, estos ministros califican al numeral 2 del artículo 49
del proyecto de ley controlado, como orgánico constitucional en virtud del
artículo 66, inciso segundo, de la Constitución y de la jurisprudencia de esta
Magistratura que ha declarado previamente aquellas materias como
competencia de ley orgánica. Ello, porque “Las normas legales a las cuales la
Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de
quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría
absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”. Lo anterior conforme a lo
dispuesto en el artículo 66 inciso segundo constitucional.

22°. Por tanto, dicha disposición del proyecto de ley controlado modifica
el artículo 104 F de la Ley Nº18-695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, norma declarada orgánica constitucional (salvo sus incisos 8°
y 9°, no modificados por el proyecto de ley controlado) por esta Magistratura en
sentencia rol Nº3.221; razón por la cual calificamos las disposiciones
controladas ya referidas con la misma naturaleza jurídica en virtud de la fuente
normativa y jurisprudencial indicada.

Por tanto, estos ministros consideramos que donde existe la misma
razón debe existir la misma disposición por razones de lógica y certeza jurídica.



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y
HÉCTOR MERY ROMERO, además, estuvieron por calificar con rango de ley
orgánica constitucional a los artículos 38, 39, 40, 41 y 42, todas disposiciones
del proyecto de ley controlado, en virtud de lo razonado previamente en el
voto disidente que suscriben.

El carácter de ley orgánica constitucional del artículo 10, fue acordado
con el voto en contra de la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE.



PREVENCIONES




37
0000127
CIENTO VEINTISIETE




Las Ministras señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA y CATALINA LAGOS
TSCHORNE, previenen que estuvieron por declarar como ley orgánica
constitucional sólo la frase “En cada comuna en que existan ferias libres se
constituirá un Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres, cuyo objeto será
proporcionar una instancia de diálogo entre el municipio y las y los
representantes de las ferias”, contenida en el inciso primero del artículo 35, de la
iniciativa legal.

El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ previene que estuvo por declarar
como ley orgánica constitucional el inciso primero, del artículo 17, en su
integridad, por considerar que toda la disposición refiere a materia propia del
legislador orgánico conforme el artículo 118, inciso quinto de la Constitución.

El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ, y la Ministra señora CATALINA
LAGOS TSCHORNE, desechada que fue la indicación propuesta en cuanto a que no
corresponde examinar normas del proyecto de ley que no fueron consultadas
por el Congreso Nacional, previenen que se han pronunciado sobre su
calificación como normas orgánicas constitucionales y sobre su
conformidad con la Constitución, única y exclusivamente porque fueron
sometidas a la deliberación y votación por este Pleno de Ministros y Ministras.

Estos Ministros consideran, en la línea de lo razonado en el voto
disidente de los ministros señores Carmona, García, Hernández y Pozo en la
sentencia Rol N° 4317-2018 (considerandos 2º a 6º) que, en virtud de la tesis de
deferencia estricta al legislador, así como de la comprensión sistemática de las
normas sobre control de constitucionalidad, esta Magistratura -en el marco del
control contemplado en el artículo 93 número 1- ha de imponerse un
autocontrol respecto de las materias sobre las cuales debe pronunciarse,
correspondiéndole referirse solamente a aquellos preceptos calificados como
orgánicos constitucionales por el Congreso Nacional y remitidos por éste para
su conocimiento y control. En palabras de Martínez Estay “la idea de auto-
restricción y de deferencia es una consecuencia clara del principio de separación
de poderes. Se refiere a la actitud de respeto que deben observar entre sí los
diversos órganos que ejercen potestades públicas, lo que conlleva reconocerse
mutuamente las competencias que corresponden a cada uno de ellos y las
limitaciones derivadas de esto.” (Martínez Estay, José Ignacio. 2014. Auto-
restricción, deferencia y margen de apreciación. Breve análisis de sus orígenes
y de su desarrollo. En: Estudios constitucionales, 12:1, pp. 365-396).

Es relevante puntualizar, como se señala en el precitado voto disidente,
que esta posición tiene antigua historia en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y retomarla resulta especialmente relevante luego de las
reformas constitucionales del año 2005. Por una parte, a propósito del deber de
lealtad constitucional de todos los órganos del Estado, que se traduce en que el



38
0000128
CIENTO VEINTIOCHO




deber de garantizar el orden institucional de la República también le compete al
Congreso Nacional y, por otra, en virtud del establecimiento, ex post al control
preventivo, de mecanismos de control de constitucionalidad de la ley, tanto de
efectos generales como de efectos particulares.

Al respecto, Emilio Pfeffer asimismo da cuenta que esta postura es de
larga data en la historia de esta Magistratura, precisando que “en una primera
época el Tribunal Constitucional resolvía invariablemente, aunque con algunas
disidencias, que sólo estaba revestido de jurisdicción para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de leyes que tengan rango de ley orgánica constitucional según
la calificación efectuada por el propio Poder Legislativo. Mientras que, por modo
excepcional, y únicamente cuando se suscitara una cuestión de
constitucionalidad, es decir, hubiere un requerimiento en tal sentido formulado
por los órganos habilitados para ello, podía pronunciarse sobre la
constitucionalidad de un precepto contenido en un proyecto de ley de otra
naturaleza” (Pfeffer Urquiaga, Emilio. 1998. Algunos problemas que se derivan
del control obligatorio de constitucionalidad que ejerce el Tribunal
Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales. En: Ius et Praxis, 4:1,
p. 263).

En relación con este último punto, como ha señalado Domingo Lovera,
la lógica de la regulación en materia de legitimación activa del ejercicio de las
atribuciones del Tribunal Constitucional da cuenta de una clara tendencia a
dejar entregada tal facultad a las ramas políticas. El autor enfatiza que la lógica
del diseño institucional permite concluir que la regla general es la primacía de
la calificación del legislador, salvo que se requiera al Tribunal Constitucional su
pronunciamiento. Por lo mismo, resulta relevante constatar que respecto de los
preceptos que no sean calificados como orgánicos constitucionales por la
Cámara de origen, subsiste la posibilidad de que el Presidente de la República,
cualquiera de las cámaras, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio,
active el control preventivo regulado en el artículo 93 número 3 de la
Constitución. Lovera ilustra la cuestión como sigue: “Piénsese en el caso
siguiente: el parlamento se encuentra discutiendo un proyecto de ley sobre
materias que se acuerda que son propias de ley ordinaria. De acuerdo con el art.
93 N.º 3 CPR la revisión de ese acuerdo para ante el TC solo puede ser solicitada
por el presidente de la República, cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de
sus miembros en ejercicio. Pero ello no ocurrirá porque en el hipotético caso, de
buena fe y luego de razonadas deliberaciones, ninguno de los legitimados disputa
respecto de la calificación acordada. La calificación afirme sería la del legislador"
. (Lovera Parmo, Domingo. 2022. Tres advertencias: Tribunal Constitucional y el
derecho adjetivo. En Estudios Constitucionales, 20:1, pp. 39-40).

En el mismo sentido, Rodrigo Correa plantea que el Tribunal
Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones


39
0000129
CIENTO VEINTINUEVE




que no han sido sometidas a su control por estimar que tienen carácter orgánico
constitucional, “ha roto la sistemática del control y lo ha hecho mostrando poca
deferencia al legislador democrático”. Al respecto, explica que el diseño
adoptado por el constituyente “responde a un principio propio de una república
democrática” y no maximiza el control, ya que por definición permite que una
disposición orgánica constitucional escape de la revisión de esta Magistratura si
la Cámara de Origen no la califica como tal. El autor plantea que “[s]i el
constituyente hubiese querido asegurar que toda ley que en opinión del tribunal
tiene carácter orgánico constitucional fuera objeto de control, habría diseñado un
sistema diferente de remisión al tribunal. No habría depositado en la cámara de
origen la potestad para determinar qué leyes remitir al tribunal”. La
consecuencia de ello -según señala-, es que el control pasa a depender de un
factor completamente aleatorio, puesto que no es posible controlar una
disposición si ella no se encuentra en un proyecto de ley sometido al tribunal
(Correa González, Rodrigo. 2003. Revista de Derecho de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Número I: 2004, pp. 538-540).

A mayor abundamiento, el argumento anterior se ve reforzado a la luz
de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su inciso primero delinea el principio de pasividad como
principio funcional fundamental de la actividad de esta Magistratura, en los
siguientes términos: “El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a
requerimiento de las personas y los órganos constitucionales legitimados de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República o de
oficio, en los casos señalados en la Constitución Política de la República y en esta
ley”. El tenor de esta norma es tajante en cuanto a que esta Magistratura sólo
puede ejercer su jurisdicción de oficio excepcionalmente en aquellos casos
señalados en la Constitución y en la ley: la actuación de oficio se delinea como
excepcional frente a la regla general constituida por la pasividad de este
Tribunal.

En este contexto, analizado el texto de la ley y el de la Constitución, se
colige que no existe iniciativa de oficio de esta Magistratura para ejercer el
control preventivo obligatorio regulado en el artículo 93 número 1 de la Carta
Fundamental, en tanto no existe habilitación expresa para ello. Lo anterior,
además, resulta plenamente concordante con el principio de juridicidad que,
por mandato constitucional y en tanto órgano público, somete a esta
Magistratura, debiendo actuar dentro de su competencia y sin ejercer más
potestades que las que expresamente le confiere la Constitución o la ley.

Así las cosas, no habiendo norma expresa que excepcione al control del
artículo 93 N° 1 del texto constitucional de la regla general, esto es, el principio
de pasividad se hace necesario concluir que la legitimación que activa este
control se encuentra radicada en el Congreso Nacional.


40
0000130
CIENTO TREINTA




Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la
suscriben.



Comuníquese a la H. Cámara de Diputados y Diputadas. Regístrese y
archívese.

Rol N° 17.329-26-CPR




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CIENTO TREINTA Y UNO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 24/04/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 24/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 23/04/2026 Fecha: 24/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 24/04/2026 Fecha: 23/04/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 24/04/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl
Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor
Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht
Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 24/04/2026




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