TC Rol 17335

Texto completo

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QUINIENTOS SETENTA Y UNO



Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 116 y 306, a todo, ténganse por acompañados.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 29 de enero de 2026, Servicios y Outsourcing
GEOSUD SpA y otros, han presentado un requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad respecto del artículo 168 inciso final del Código del
Trabajo, para que ello incida en el proceso RIT O-5395-2025, RUC
2540698454-3, seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el
Rol N° 249-2026 (Laboral-Cobranza).

Derivada la cuenta del requerimiento a la Primera Sala, a fojas 110, se
resolvió admitirlo a trámite y conferir traslado a las demás partes para
examinar el cumplimiento de sus requisitos de admisibilidad. Precluido lo
anterior, y examinada la gestión invocada, se tiene que las disposiciones
cuestionadas no resultan decisivas para la resolución del asunto,
constatándose la causal prevista en el artículo 84, N° 5°, de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal;

2°. Que, la requirente indica que acciona de inaplicabilidad en el
marco de un proceso laboral por despido indirecto, cobro de prestaciones e
indemnizaciones, junto con una acción de cobro por concepto de fuero
maternal, de acuerdo con el artículo 201 del Código del Trabajo (fojas 201).
Su parte opuso excepción de caducidad de las acciones, pero, anota a fojas
2, “la Jueza hizo una aplicación improcedente de una norma diversa que sí
contiene una suspensión del plazo de caducidad, la cual se encuentra contenida
en el inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo”.

Explica, al desarrollar lo anterior, que “la norma recién transcrita y que
por extensión analógica ha sido utilizada por la sentenciadora para rechazar la
excepción de caducidad opuesta por esta parte, dice relación con una situación
jurídica diversa a la que se trata y que se refiere en lo que nos convoca a los
plazos de caducidad de las acciones que detentan los trabajadores que han sido
despedidos por parte de sus empleadores, cuestión que difiere absolutamente de
un despido indirecto o de las acciones emanadas de la protección del fuero
maternal” (fojas 3). Ante la decisión desestimatoria de la excepción opuesto,
refiere que recurrió de reposición con apelación en subsidio. Luego,


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QUINIENTOS SETENTA Y DOS



atendido el rechazo del primero y la resolución que declaró la
improcedencia del segundo, recurrió de hecho ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, gestión que invoca para accionar de inaplicabilidad respecto del
inciso final del anotado artículo 168 del Código del Trabajo, según explica a
fojas 1: “y actualmente con gestión pendiente ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago en Recurso de Hecho Rol Ingreso Corte 249-2026”.

Al fundar el conflicto de constitucionalidad, la requirente sostiene que
“si el legislador optó por establecer una suspensión del plazo únicamente en el
artículo 168, aplicable al despido directo, y guardó silencio en el artículo 171
relativo al autodespido, dicha diferenciación constituye una manifestación
legítima de su potestad configuradora. Alterar este diseño normativo mediante
una analogía judicial importa una vulneración directa a la garantía de ser
juzgado conforme a un “proceso previo legalmente tramitado”, sustituyendo la
voluntad de la ley por el arbitrio del sentenciador” (fojas 13);

3°. Que, de acuerdo con la exposición de la requirente respecto de los
principales hitos procesales de la gestión, así como de la certificación que se
lee a fojas 16, se tiene que “[e]l 19 de enero de 2026, el abogado Francisco
Fernández Silva, en representación de Servicios y Outsourcing Geosud Spa,
Opticas Visual Click Spa, The Optical Store Spa, e Ivo Alejandro Basic Tiznado,
demandadas en autos RIT O-5395-2025, RUC 2540698454-3 del Primer Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago, interpuso un recurso de hecho en contra de la
resolución dictada en la audiencia preparatoria celebrada el 13 de enero de
2026 por dicho tribunal, que declaró no ha lugar a su recurso de apelación,
generándose el ingreso de Corte N° Laboral Cobranza-249-2026”;

4°. Que, teniendo a la vista estos antecedentes, y siguiendo lo previsto
en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución y en el artículo 84,
numeral 5°, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, debe constatarse si la impugnación es decisiva para resolver el
asunto atendida la eventualidad de que, con la aplicación de la norma
cuestionada, el sentenciador pueda resolver y producir el resultado
contrario a la Constitución. La declaración de inaplicabilidad permite evitar
dicha consecuencia (así resolución de inadmisibilidad recaída en Rol N°
13.364-22, c. 7°);

5°. Que, de acuerdo con la sustanciación del recurso de hecho
interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se tiene que fue
alegado lo siguiente por la actora de inaplicabilidad ante la declaración del
improcedencia del recurso de apelación subsidiario interpuesto en su
oportunidad: “la magistrada incurre en un error al declarar improcedente el
recurso de apelación deducido en la audiencia”, por lo que solicita, en la


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QUINIENTOS SETENTA Y TRES



petitoria, “[t]ener por interpuesto el presente recurso de hecho, acogerlo,
declarando que el recurso de apelación deducido por esta parte fue
erróneamente declarado improcedente por el tribunal a quo; y, en consecuencia,
ordenar que dicho recurso sea concedido y la remisión de los autos a esta
Ilustrísima Corte para su conocimiento y resolución conforme a derecho”;

6°. Que, por lo anterior surge la inadmisibilidad del requerimiento
deducido. La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que consagra
la Constitución, de ser el caso, sólo puede generar la inaplicación de
preceptos legales vigentes en una específica gestión y no puede producir la
anulación de hitos anteriores o cuestionar en forma abstracta una norma
legal. Por ello, esta acción de control concreto de constitucionalidad de la ley
sólo puede incidir en una gestión vigente y requiere analizar lo que en ésta,
al presentarse el requerimiento de inaplicabilidad, se ha alegado y resuelto
para comprender la influencia decisiva que tendrá en la decisión del asunto.

De esta forma, la impugnación al artículo 168 inciso final del Código
del Trabajo no resulta decisiva en la resolución del asunto en atención al
estado procesal en que se desenvuelve, considerando que, según lo
anotado, fue ya resuelta la inadmisibilidad del recurso de apelación
subsidiario interpuesto por la requirente, por lo que no puede estimarse la
incidencia futura de la impugnación en la gestión seguida ante la Corte de
Apelaciones de Santiago -invocada por la actora a fojas 1- que, como se
indicó, constituye un recurso de hecho con relación a la declaración de
improcedencia del primero;

7°. Que, por lo razonado, confluye la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgáni9ca
Constitucional de este Tribunal. No se aprecia, a partir del requerimiento
deducido, que las normas cuestionadas resulten actualmente decisivas en la
gestión invocada.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:




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QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.335-26-INA.




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QUINIENTOS SETENTA Y CINCO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 25/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 25/03/2026 Fecha: 25/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 25/03/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 25/03/2026




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