TC Rol 17341

Texto completo

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DOSCIENTOS VEINTISEIS




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 17.341-26 CPR

[8 de mayo de 2026]
____________



CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE
FORTALECE Y MODERNIZA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 12.234-02
VISTOS

Y CONSIDERANDO:



I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio N° 64/SEC/26, de 30 de enero de 2026,
ingresado a esta Magistratura con igual fecha, el H. Senado ha remitido copia
autenticada del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de
inteligencia del Estado, correspondiente al Boletín N° 12.234-02, aprobado por el
Congreso Nacional, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°, de la
Constitución Política de la República, ejerza el control preventivo de
constitucionalidad del inciso tercero del artículo 5° quater y del inciso primero
del artículo 5° quinquies, contenidos en el numeral 9); del artículo 6°, contenido
en el numeral 11); de los artículos 6° bis, 6° ter y 6° quater, contenidos en el
numeral 12); de los incisos tercero, cuarto y sexto del artículo 9°, contenido en el
numeral 17); del artículo 11, contenido en el numeral 19); del artículo 13,
contenido en el numeral 21); del artículo 15 bis, contenido en el numeral 25); del
artículo 25, contenido en el numeral 38); del artículo 26, contenido en el
numeral 39); de las enmiendas al artículo 28, contenido en el numeral 41); del
ordinal ii que enmienda el artículo 29, contenido en el numeral 42); y del
artículo 36 bis, contenido en el numeral 53); todos del artículo 1° permanente;




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de los artículos 2° y 3° permanentes; y de la disposición cuarta transitoria, del
proyecto de ley.

SEGUNDO: Que, el N° 1 del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional
“[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes
de su promulgación;”.

La señalada disposición debe complementarse con lo establecido en el
inciso segundo de su artículo 66 de la Constitución, al prescribir que “[l]as
normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica
constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o
derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”;

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando
anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del
proyecto de ley remitido que estén comprendidas en las materias que el
Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.



II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, las disposiciones del proyecto de ley remitido que han
sido sometidas a control de constitucionalidad corresponden a las que se
indican a continuación:



“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 19.974,
sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia:

(…)

9) Incorpóranse, en el Título II, a continuación del artículo 5° bis, el
siguiente Capítulo 2° y los artículos 5° ter, 5° quater y 5° quinquies, que lo
componen, nuevos:

Artículo 5° quater.- (…)

El Presidente de la República aprobará el Plan mediante decreto supremo
exento dictado por intermedio del Ministerio del Interior, suscrito, además, por
los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Seguridad
Pública.

(…)



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Artículo 5° quinquies.- El Presidente de la República aprobará una
Directiva Anual de Inteligencia que definirá cada año los objetivos específicos
para el Sistema de Inteligencia del Estado, a propuesta del Consejo
Interministerial de Inteligencia de Estado, mediante decreto supremo exento, de
carácter secreto, expedido por intermedio del Ministerio del Interior, suscrito por
los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Seguridad
Pública.

(…)

11) Reemplázase el artículo 6° por el siguiente:

“Artículo 6°.- Créase el Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado,
en adelante “el Consejo”, de carácter permanente, el que asesorará al Presidente
de la República en la elaboración de los instrumentos de planificación de la
inteligencia.”.

12) Incorpóranse, a continuación del artículo 6°, los siguientes artículos 6°
bis, 6° ter y 6° quater, nuevos:

“Artículo 6° bis.- El Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado
estará integrado por los Ministros del Interior, quien lo presidirá, de Relaciones
Exteriores, de Defensa Nacional y de Seguridad Pública.

Participará del Consejo el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia,
quien ejercerá de secretario, correspondiéndole levantar acta de cada sesión
respecto de las materias abordadas y los acuerdos adoptados.

El Consejo podrá invitar o citar, con carácter consultivo, a quienes estime
pertinente.

Todo lo relativo a sus sesiones y acuerdos será de carácter secreto.

Artículo 6° ter.- Existirá un Comité de Inteligencia de Estado, en adelante,
“el Comité”, destinado a la coordinación, intercambio de información y
cooperación mutua entre sus integrantes.

Artículo 6° quater.- El Comité de Inteligencia de Estado estará integrado
por los siguientes miembros:

a) El Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien lo presidirá.

b) Los directores o jefes de la Dirección de Inteligencia de Defensa del
Estado Mayor Conjunto, y de las direcciones de inteligencia de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El Comité podrá invitar o citar a exponer en sus sesiones, con carácter
consultivo, a quienes estime pertinente.

Las sesiones de dicho Comité se realizarán, al menos, trimestralmente, y
requerirá de mayoría de sus miembros para sesionar y adoptar acuerdos, de los



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cuales deberá dejarse constancia en el acta de la sesión respectiva. El Subdirector
de la Agencia Nacional de Inteligencia ejercerá de secretario ejecutivo del Comité.

Todo lo relativo a las sesiones será de carácter secreto.

Le corresponderá a la Agencia Nacional de Inteligencia la sistematización
de la información que aporten los integrantes y colaboradores del Sistema y que
sea necesario difundir para la toma de decisiones del Presidente de la República y
de quienes éste determine.”.

(…)

17) Sustitúyese el artículo 9° por el siguiente:



“Artículo 9°.- (…)

En caso de ausencia o impedimento, el Director será subrogado por el
Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. En ausencia o impedimento de
éste, por el Jefe de División que corresponda de acuerdo con la estructura interna
y el orden jerárquico que determine la resolución que deberá dictarse en
conformidad con las disposiciones de esta ley.

No se aplicarán a la Agencia Nacional de Inteligencia las normas del
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.

(…)

Una vez designados, el Director y el Subdirector deberán efectuar cada seis
meses la declaración de intereses y patrimonio a que se refiere la ley N° 20.880.
Estas declaraciones tendrán carácter secreto.

(…)

19) Reemplázase el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- El Subdirector de la Agencia será nombrado por el
Presidente de la República, a propuesta del Director de la Agencia Nacional de
Inteligencia, de entre los funcionarios que cuenten con seis años de desempeño en
la Agencia, en cualquier calidad jurídica, y que ejerzan o hayan ejercido un cargo
directivo o de niveles de jefaturas jerárquicas equivalentes a jefe de división.

El cargo de Subdirector tendrá la calidad de directivo de exclusiva
confianza.

El Subdirector podrá ser removido de su cargo en cualquier momento por
decisión del Presidente de la República. Producida la remoción o el cese en sus
funciones por cualquier causa, el Presidente de la República podrá definir que
reasuma su empleo de origen u otro similar, de acuerdo con la dotación máxima
de personal y el presupuesto del servicio.”.




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(…)

21) Reemplázase el artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- El personal de la Agencia se regirá por un estatuto de
personal de carácter especial.

En materia de remuneraciones estará afecto al régimen del artículo 9° del
decreto ley N° 1.953, de 1977.

Todo el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia deberá someterse a
controles aleatorios periódicos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas
ilegales. Un reglamento dictado por intermedio del Ministerio del Interior
regulará la forma, periodicidad y procedimientos aplicables a dichos controles.”.

(…)

25) Incorpóranse, a continuación del artículo 15, los siguientes artículos
15 bis, 15 ter y 15 quater, nuevos:

“Artículo 15 bis.- El Director de la Agencia, con sujeción a la planta y a la
dotación máxima de personal, establecerá, mediante resolución, su organización
interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada
una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que les
sean asignadas.

(…)

38) En el artículo 25:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “de inteligencia” por “y servicios integrantes
del Sistema”.

ii. Reemplázase la frase “las letras a) a d) del artículo anterior” por “el
artículo anterior”.

b) Reemplázase el inciso segundo por los siguientes incisos segundo y
tercero:

“La solicitud de autorización deberá formularse por escrito y contener, al
menos, la identificación del procedimiento o los procedimientos solicitados, de
aquéllos previstos en el artículo 24; los antecedentes y fines que lo justifican; la
identificación de las personas eventualmente afectadas o las circunstancias que
hacen imposible conocer su identidad; el sistema, dispositivo o lugar que se
pretende intervenir, y el plazo de autorización requerido para el procedimiento.

En todos los casos, la solicitud deberá señalar de qué forma el
procedimiento se ajusta al cumplimiento de los objetivos del Sistema de
Inteligencia del Estado y justificar por qué el procedimiento solicitado es el




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necesario e idóneo para la obtención de la información, en el marco de la presente
ley.”.

39) Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- Será competente para pronunciarse sobre la autorización
judicial a que se refiere el artículo anterior un Ministro de la Corte Suprema. Para
este efecto, el Pleno de la Corte Suprema designará a dos de sus miembros, por el
plazo de dos años, y la solicitud podrá ser presentada ante cualquiera de ellos.

El Pleno de la Corte Suprema podrá renovar la designación de cada
Ministro sólo por una vez.

En casos excepcionales, por ausencia, inhabilidad o impedimento de ambos
Ministros designados de acuerdo al inciso primero de este artículo, el Presidente
de la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la autorización judicial
requerida.

El plazo para resolver la solicitud de la autorización señalada en el inciso
primero será de hasta cuarenta y ocho horas, contado desde su recepción.

Cuando existan razones de urgencia debidamente fundadas en la solicitud,
el Ministro competente podrá recibir la solicitud y otorgar la autorización de
forma verbal. En tal caso, deberá dictar la resolución que otorga la autorización
dentro del plazo indicado en el inciso anterior.

La negligencia grave en el cumplimiento del plazo establecido en este
artículo constituirá infracción de sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del
Código Orgánico de Tribunales.”.

(…)

41) En el artículo 28:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la palabra “fundada” y el punto y
aparte que le sigue, la expresión “al tenor de las exigencias señaladas en el
artículo 25”.

b) En el inciso segundo:

i. Intercálase, entre la expresión “la medida” y la conjunción “y” que le
sigue, el texto siguiente: “, si su identidad es conocida, la designación del lugar
donde haya de practicarse, el sistema informático, dispositivo o comunicación a
intervenir, según la naturaleza del procedimiento”.

ii. Intercálase, entre las expresiones “organismos” y “de inteligencia”, la
siguiente: “y servicios”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:




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“La solicitud y la resolución que la otorgue o la deniegue quedarán en
custodia del Secretario de la Corte Suprema. Sólo podrán acceder a dichos
antecedentes los Ministros designados para otorgar autorizaciones, de acuerdo al
presente Título, o el Presidente de la Corte Suprema, en el caso del inciso tercero
del artículo 26, adoptándose las medidas necesarias para el debido resguardo del
secreto.”.

(…)

42) En el artículo 29:

(…)

ii. Reemplázase la expresión “de Apelaciones” por “Suprema”.

(…)

53) Agrégase el siguiente artículo 36 bis, nuevo:

“Artículo 36 bis.- La Contraloría General de la República procederá a la
toma de razón, en forma secreta, de los decretos y resoluciones de la Agencia o
expedidos por ella. Estos decretos y resoluciones podrán cumplirse de inmediato,
sin perjuicio de su posterior tramitación, cuando así se disponga en ellos.”.

(…)

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de
intereses:

1) Reemplázase el numeral 5 del artículo 4° por el siguiente:



“5. Los oficiales generales, los oficiales superiores y el grado superior de los
oficiales jefes de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como los jefes o directores de los
organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado.

En el caso de los funcionarios previstos en el párrafo anterior, sus
declaraciones deberán contener similares características que las contempladas
en el artículo 4° de la ley Nº 19.863.”.

2) Agrégase, en el inciso quinto del artículo 7°, la siguiente oración final:
“También será secreta la información relativa a los jefes o directores de los
organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado.”.



Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas:




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1) Agrégase, en el Título I, sobre Disposiciones Generales, el siguiente
artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea deberán elaborar e implementar un sistema de auditoría en cada
institución, cuya finalidad será registrar las declaraciones de patrimonio e
intereses de los funcionarios que ellos determinen.

El sistema quedará radicado en la repartición que el Comandante en Jefe
señale y fijará los criterios que se utilizarán en la revisión de las declaraciones de
patrimonio e intereses. El sistema tendrá por objeto detectar variaciones
patrimoniales injustificadas.

En caso de detectarse variaciones patrimoniales injustificadas que puedan
revestir el carácter de infracciones administrativas o ser constitutivas de delito,
deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la autoridad u organismo
competente.”.

2) Agrégase un artículo 17 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 17 bis.- Respecto del ingreso regulado en este Párrafo y de los
soldados conscriptos, el Ministerio de Defensa Nacional solicitará al Ministerio de
Seguridad Pública para que, por su intermedio, requiera al General Director de
Carabineros de Chile y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile
un informe de los antecedentes policiales de las personas que postulen a ingresar
a las instituciones militares.

Para estos efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, condenas y detenciones que registren los
postulantes, los que deberán ser remitidos en un plazo máximo de treinta días
corridos desde la fecha de recepción del oficio por parte del Ministerio de
Seguridad Pública.”.

3) Agrégase el siguiente artículo 26 bis, nuevo:

“Artículo 26 bis.- Cada institución, de conformidad al artículo 24, letras b)
y siguientes, de la ley Nº 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los
datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, podrá
solicitar, durante el proceso de calificación, por intermedio del Ministerio de
Defensa Nacional, que el Ministerio de Seguridad Pública requiera al General
Director de Carabineros de Chile y al Director General de la Policía de
Investigaciones de Chile un informe de los antecedentes policiales del personal
que se indique.

Para estos efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, detenciones y condenas que registre el personal
indicado, los que deberán ser remitidos en un plazo máximo de treinta días desde
la recepción del oficio por parte del Ministerio de Seguridad Pública.”.


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4) Agrégase el siguiente artículo 47 bis, nuevo:

“Artículo 47 bis.- Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
velarán por el correcto cumplimiento de lo contemplado en el artículo 4°, numeral
5, de la ley N° 20.880, e indicarán, mediante resolución fundada, el listado de
funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y patrimonio, de
conformidad al artículo 8° bis.”.

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(…)

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, dentro del plazo de un año
contado desde la publicación de esta ley, deberá enviar al Congreso Nacional un
proyecto de ley para regular el estatuto especial del personal de la Agencia
Nacional de Inteligencia, señalado en el artículo 13 de la ley N° 19.974.

Mientras no se encuentre vigente el estatuto especial a que se refiere el
inciso anterior, el personal de la agencia continuará rigiéndose por el artículo 13
de la ley N° 19.974 vigente con anterioridad a las modificaciones introducidas por
la presente ley. Por lo tanto, el personal de planta y a contrata de la Agencia se
regirá por las normas del Estatuto Administrativo aplicable a los funcionarios de
la Administración Civil del Estado, con las excepciones que dicha ley expresa, y
estará afecto al régimen de remuneraciones del artículo 9° del decreto ley N°
1.953, de 1977.”.



III. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES ORGÁNICAS
CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO
DE LEY REMITIDO

QUINTO: Que los artículos 8° inciso tercero; 38 inciso primero; 77 inciso
primero; 98 inciso primero; 99 inciso final; y 105 inciso primero, de la
Constitución Política de la República, establecen que son propias de ley orgánica
constitucional las materias que en ellos se indican y cuyo contenido a
continuación se transcribe:



“Artículo 8°. (…).

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y
senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica
constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública.




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(…)

Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera
funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba
fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como
la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

(…)”.

Artículo 77.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la
pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.
La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y
el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas
que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

(…)

Artículo 98. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría
General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la
Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las
municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes;
examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de
esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las
demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

(…)

Artículo 99. (…).

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la
Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica
constitucional.

(…)

Artículo 105.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de
las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería de Chile, se efectuarán por
decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional
correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las
normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas,
previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas
Armadas, Carabineros y Gendarmería de Chile.

(…)”.




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IV. OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS
CUALES SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL PREVENTIVO DE
CONSTITUCIONALIDAD

SEXTO: Que, no obstante que el H. Senado ha sometido a control de
constitucionalidad ante esta Magistratura, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 93 inciso primero, N° 1°, de la Constitución Política, las disposiciones
señaladas en el considerando primero, este Tribunal también se pronunciará
respecto de otras disposiciones del proyecto en examen, en tanto podrían
incidir en leyes de naturaleza orgánica constitucional. Atendido lo anterior,
fueron examinados los preceptos que a continuación se indican:



“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 19.974,
sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia:

(…)

6) Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°.- (…)

La Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería de Chile, la Unidad de
Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos
Internos serán organismos colaboradores del Sistema para los efectos de aportar y
analizar datos e información. Estos organismos contarán con una dirección,
departamento o unidad especializada con capacidad de análisis de información.
Asimismo, será organismo colaborador del Sistema la Secretaría General de Política
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.”.

(…)

8) Incorpórase, a continuación del artículo 5°, el siguiente artículo 5° bis,
nuevo:

“Artículo 5° bis.- Los órganos de la Administración del Estado, señalados en
el inciso segundo del artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, así como toda entidad, empresa o
sociedad en que el Estado tenga aporte, participación o representación, cualquiera
sea el estatuto por el que se rijan, deberán proporcionar, sin demora, los
antecedentes, datos personales e información que les sean solicitados por los
directores o jefes del organismo o servicio de inteligencia respectivo. La solicitud
sólo podrá ser denegada por tratarse de información secreta o reservada, cuya
entrega al organismo o servicio de inteligencia pudiere afectar la seguridad nacional



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o el interés nacional. En este caso, el director o jefe de inteligencia podrá remitir los
antecedentes al Ministro de la Secretaría de Estado de la que dependa el organismo o
servicio requirente de la información, para que resuelva la controversia, previo
informe de la institución requerida.

Los integrantes del Sistema podrán requerir información a los órganos
autónomos constitucionales y entidades privadas.

Los integrantes del Sistema podrán establecer relaciones institucionales de
cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de
organismos internacionales, que realicen funciones de inteligencia de su misma
naturaleza, para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. En el caso de los
convenios suscritos en virtud de este inciso, deberán ser informados periódicamente
a los Ministros de las Secretarías de Estado de las que dependan.”.

17) Sustitúyese el artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9°.- La dirección superior de la Agencia corresponderá a un
Director, quien será de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

El Director podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de cinco años,
pudiendo ser renovado en su nombramiento por una vez.

En caso de ausencia o impedimento, el Director será subrogado por el
Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. En ausencia o impedimento de
éste, por el Jefe de División que corresponda de acuerdo con la estructura interna y el
orden jerárquico que determine la resolución que deberá dictarse en conformidad
con las disposiciones de esta ley.

No se aplicarán a la Agencia Nacional de Inteligencia las normas del Sistema
de Alta Dirección Pública, establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.

Los cargos de Director y Subdirector serán de dedicación exclusiva e
incompatibles con todo cargo o servicio en el sector privado, sea o no remunerado.

Una vez designados, el Director y el Subdirector deberán efectuar cada seis
meses la declaración de intereses y patrimonio a que se refiere la ley N° 20.880. Estas
declaraciones tendrán carácter secreto.

El Director y el Subdirector no podrán ser candidatos a cargos de elección
popular mientras ejerzan sus funciones y hasta cuatro años después de haber
cesado en su cargo.”.

(…)

22) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 14 por el
siguiente inciso primero:




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“Artículo 14.- El ingreso y permanencia en los cargos de la Agencia Nacional
de Inteligencia requerirá que dicho personal no esté ni haya estado afiliado a partido
político alguno durante el año inmediatamente anterior al nombramiento
respectivo. Asimismo, dicho personal no podrá participar o adherir a reuniones,
manifestaciones o asambleas, apoyar a candidatos a cargos de representación
popular o intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista,
sea de forma física o virtual.”.

(…)

25) Incorpóranse, a continuación del artículo 15, los siguientes artículos 15
bis, 15 ter y 15 quater, nuevos:

(…)

Artículo 15 ter.- Tratándose de asuntos judiciales en los que los integrantes
del Sistema de Inteligencia del Estado sean parte o interviniente, el tribunal, al
momento de examinar la admisibilidad de la gestión que da inicio al procedimiento,
deberá declararlo secreto en los casos en que de los antecedentes se concluya que la
publicidad del procedimiento afecta el debido funcionamiento del Sistema y la
seguridad de la Nación.

En los asuntos judiciales en los que los integrantes del Sistema de Inteligencia
del Estado adquieren la calidad de parte o interviniente de manera posterior al inicio
del procedimiento, el tribunal, al momento de examinar la admisibilidad de la
gestión por la cual intervienen, deberá declararlo secreto en los casos en que de los
antecedentes se concluye que la publicidad del procedimiento afectare el debido
funcionamiento del Sistema y la seguridad de la Nación.

Durante el procedimiento, el juez de oficio o a petición de parte podrá poner
término al secreto, lo que se hará efectivo una vez que la resolución que releve el
secreto quede firme y ejecutoriada.

(…)

26) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 17, la expresión “cuatro
años” por “cinco años”.

27) Intercálanse, en el artículo 19, los siguientes incisos segundo y tercero,
nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto:

“Asimismo, deberá mantener en reserva la dotación máxima de dicha
institución.

Los documentos físicos o expedientes electrónicos respectivos serán
custodiados en dependencias de la Agencia, y serán revisados por la Contraloría
General de la República sólo en las dependencias centrales de la Agencia, conforme a
las normas legales vigentes.”.




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(…)

33) En el artículo 22:



a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “Comprende el procesamiento
de la información relacionada” por “Comprende las labores descritas en el artículo
2° que se relacionen”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Los objetivos de la inteligencia policial de Carabineros de Chile y de la
Policía de Investigaciones de Chile serán fijados por sus mandos superiores
respectivos, en coherencia con las políticas, planes y programas del Ministerio de
Seguridad Pública y con los instrumentos de planificación de inteligencia
establecidos en esta ley.”.

(…)

37) Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- Los procedimientos especiales de obtención de información
son:

a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y
de la correspondencia en cualquiera de sus formas.

b) La intervención de sistemas informáticos, redes informáticas, y cualquier
otro sistema tecnológico destinado a la transmisión, almacenamiento o
procesamiento de datos, información o comunicaciones.

c) La escucha y grabación electrónica en lugares cerrados, incluyendo la
audiovisual y la instalación de dispositivos para tales efectos.

d) La entrada y registro en lugares cerrados sin autorización del propietario
o encargado.

La planificación de los procedimientos establecidos en este Título deberá
velar por la protección de los funcionarios responsables por su ejecución, la
integridad personal de terceros y el secreto del procedimiento.”.

(…)

40) Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- El Director de la Agencia podrá solicitar la correspondiente
autorización judicial para disponer el uso de procedimientos especiales a que se
refiere el artículo 24 y que ellos puedan ser ejecutados por la Fuerza de Orden y
Seguridad Pública que se indique en la resolución respectiva, la que deberá rendir
cuenta al Director de la diligencia encomendada y de sus resultados.




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Para efectos del financiamiento de dichas operaciones, la Agencia Nacional
de Inteligencia suscribirá los convenios de colaboración que correspondan con las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.

(…)

44) Reemplázase el artículo 31 por el siguiente:

“Artículo 31.- (…)

Las entidades requeridas en virtud del inciso anterior, entre ellas el Servicio
de Registro Civil e Identificación, las municipalidades, las instituciones financieras,
los aseguradores y los prestadores de salud públicos o privados, las
administradoras de fondos de pensiones, los establecimientos e instituciones
educacionales de todo nivel, y cualquier otra entidad pública o privada, deberán
proporcionar los documentos, permisos y antecedentes en el más breve plazo,
adoptando las medidas necesarias para resguardar la reserva de la información y la
integridad de sus registros.”.

(…)

52) Reemplázase el artículo 36 por el siguiente:

“Artículo 36.- El control externo corresponderá a la Contraloría General de
la República, a los Tribunales de Justicia y a la Cámara de Diputados, en el ámbito de
sus respectivas competencias. Este control y las actuaciones, registros y documentos
que emanen de él tendrán carácter secreto.”.



V. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY PARA LOS EFECTOS DEL
CONTROL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO DE CONSTITUCIONALIDAD

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando segundo,
corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre las normas del
proyecto de ley que pudieran estar comprendidas dentro de las materias que la
Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional.

En dicha naturaleza jurídica se encuentran las siguientes disposiciones:

- Del artículo 1°, que introduce enmiendas en la Ley N° 19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia:

o El numeral 11), que reemplaza el artículo 6°.

o El numeral 17), que sustituye el artículo 9°, en sus incisos tercero
y sexto.

o El numeral 22), en el reemplazo de los incisos primero y segundo
del artículo 14 por un nuevo inciso primero.




15
0000241
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO




o El numeral 26), en la modificación al inciso segundo del artículo
17.

o El numeral 27), en las modificaciones al artículo 19.

o El numeral 37), que reemplaza el artículo 24.

o El numeral 38), en el ordinal i) del literal a), y en el literal b), que
enmienda los incisos primero y segundo del artículo 25.

o El numeral 39), en los incisos primero, segundo y tercero del
artículo 26 que es reemplazado.

o El numeral 41), en el literal a) y en el literal b), ordinal i), en las
modificaciones que se introducen a los incisos primero y
segundo del artículo 28.

o El numeral 52), que reemplaza el artículo 36.



- Del artículo 2°, en las modificaciones a la Ley N° 20.880, sobre probidad
en la función pública y prevención de los conflictos de intereses:

o El numeral 1), en la frase “así como los jefes o directores de los
organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado”,
que se contiene en la modificación introducida al numeral 5 de
su artículo 4°.

o El numeral 2), en la modificación al inciso quinto de su artículo
7°.



- Del artículo 3°, en las modificaciones en la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas:

o El numeral 2), en el inciso primero y en la frase “Para estos
efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, condenas y detenciones que
registren los postulantes,”, contenida en el inciso segundo,
ambos del nuevo artículo 17 bis.

o El numeral 3), en el inciso primero y en la frase “Para estos
efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, detenciones y condenas que
registre el personal indicado,”, contenida en el inciso segundo,
ambos del nuevo artículo 26 bis.

o El numeral 4), en la frase “e indicarán, mediante resolución
fundada, el listado de funcionarios que deberán realizar




16
0000242
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS




declaración de intereses y patrimonio, de conformidad al artículo
8° bis”, contenida en el nuevo artículo 47 bis.



Naturaleza jurídica del examen de constitucionalidad del Tribunal
Constitucional frente al proyecto de ley remitido

OCTAVO: Que, de acuerdo con el oficio del H. Senado, a fojas 1, es
remitido para su examen en control preventivo de constitucionalidad el
proyecto de ley “que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado,
correspondiente al Boletín N° 12.234-02” y que iniciara su tramitación con fecha
13 de noviembre de 2018, mediante Mensaje N° 192-366, del entonces Presidente
de la República, Sebastián Piñera Echeñique.

Según consigna el Primer Informe de las Comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Pública, Unidas, de dicha Corporación, de 15 de marzo de 2019, la
iniciativa legal apunta a “[i]ntroducir cambios al Sistema de Inteligencia del
Estado (SIE) -en cuanto a su organización y funcionamiento, de modo que sea
integrado y funcional-, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos
requerimientos de la sociedad, fundamentalmente en lo que dice relación con la
protección de la soberanía nacional; la seguridad pública y el bienestar de la
ciudadanía. Los diversos actores deberán actuar preventiva, eficiente y
coordinadamente ante amenazas externas e internas, y proveer información
esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que
enfrenten”, objetivo también consignado en el Informe de la Comisión de
Defensa de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, de 28 de enero de 2025;

NOVENO: Que, en su estructura, y de acuerdo con el oficio remisor, el
proyecto de ley contiene cinco artículos permanentes que introducen
modificaciones a la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y
crea la Agencia Nacional de Inteligencia; a la Ley N° 20.880, sobre probidad en la
función pública y prevención de los conflictos de intereses; a la Ley N° 18.948,
Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas; al D.F.L. N° 1, de 1997, del
Ministerio de Defensa Nacional; y, por último, a la Ley N° 19.913, que crea la
Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de
lavado y blanqueo de activos, respectivamente. Además, agrega ocho
disposiciones transitorias para su operatividad tanto en régimen de plena
vigencia como en su aplicación temporal;

DÉCIMO: Que, en la tramitación legislativa consta que el Congreso
Nacional estimó la incidencia de la ley orgánica constitucional en diversas
normas del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 12.234-02. El Informe de la
Comisión Mixta de 25 de enero de 2026 consigna lo siguiente:




17
0000243
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES




“Normas orgánicas constitucionales, de conformidad con el artículo 66,
inciso segundo, del Texto Supremo.

A juicio de la Comisión Mixta, y en lo relativo a su proposición, revisten
este carácter:

- Según artículo 8° de la Carta Fundamental:

Los incisos cuarto y sexto del artículo 9°, contenido en el numeral 17) del
artículo 1°; el artículo 2°, y los numerales 1) y 4), contenidos en el artículo 3°.

- Según el artículo 38 de la Constitución Política de la República:

El artículo 6°, contenido en el numeral 11); los artículos 6° bis, 6° ter y 6°
quater, contenidos en el numeral 12); el artículo 11, contenido en el numeral 18); el
artículo 13, contenido en el numeral 21), y el artículo 15 bis, contenido en el
numeral 25), todos del artículo 1°, y el artículo cuarto transitorio.

- Según el artículo 77 de la Carta Fundamental: Las enmiendas al artículo
25, contenido en el numeral 38); el artículo 26, contenido en el numeral 39); las
enmiendas al artículo 28, contenido en el numeral 41), y el ordinal ii que enmienda
el artículo 29, contenido en el numeral 42), todos del artículo 1°.

- Según el artículo 99 del Texto Supremo: El inciso tercero del artículo 5°
quater y el inciso primero del artículo 5° quinquies, contenidos en el numeral 9), y
el artículo 36 bis, contenido en el numeral 53), ambos del artículo 1°.

- Según el artículo 105 de la Constitución Política de la República: Los
números 1), 2), 3) y 4) del artículo 3°”;

UNDÉCIMO: Que, por lo anterior, y de acuerdo con esos antecedentes de
la tramitación legislativa, es necesario explicitar los lineamientos que guiarán la
calificación con que este Tribunal resolverá, en definitiva, la naturaleza jurídica
de sus disposiciones para dar cumplimiento al artículo 93 inciso primero, N° 1
de la Constitución. Esa definición es esencial para, posteriormente, y de ser el
caso, realizar el control preventivo y obligatorio de constitucionalidad.
Siguiendo lo resuelto en la STC Rol N° 15.043, c. 8°, en criterio mantenido en las
STC Roles N° 16.681, c. 10°, y N° 17.298, c. 10°, esta exigencia se desprende de la
vinculación de los artículos 7° inciso primero; 63; 66 inciso segundo; y 93 inciso
primero, N° 1, de la Carta Fundamental, al delimitar los ámbitos que han sido
reservados excepcionalmente a la ley orgánica constitucional (STC Rol N° 4, c.
2°).

Por ello, es necesario “precisar los marcos de competencia de las leyes
orgánicas constitucionales indicadas en los considerandos que anteceden con
relación a los preceptos en examen” (STC Roles N° 16.644, c. 10; N° 14.829, c. 9°;
N°15.525, c. 10°; N° 16.051, c. 10°). Según razonara la STC Rol N° 15.043, c. 8°, en
criterio asentado en STC Rol N° 16.051, c. 10°, esta determinación



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0000244
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




interpretativa con “fundamentación circunstanciada” (STC Rol N° 2649, c.
10°) es la que permite el “desarrollo de una jurisprudencia con pretensión de
estabilidad para el ejercicio de la competencia en sede de control preventivo de
constitucionalidad de la ley” (STC Rol N° 15.982, c. 8°). A partir de la
jurisprudencia que emana de estas decisiones se entrega “certeza y seguridad
jurídica”, conforme razonara el Tribunal en el año 1993 por medio de la STC Rol
N° 171, c. 15°, y posibilita dar “cumplimiento al deber de fundamentación”, el que
constituye “una exigencia de racionalidad que resulta consustancial a la noción
de Estado de Derecho” (Aldunate, Eduardo (1998). “Categorías para el análisis de
la argumentación jurídica del Tribunal Constitucional. Los argumentos sobre la
base del tenor literal y la interpretación armónica”. Revista Chilena de Derecho,
Número Especial, pp. 115-120, p. 115);

DUODÉCIMO: Que, además, el Tribunal afirma la concepción que
mantiene en torno a la naturaleza de la ley orgánica constitucional y su especial
ubicación en nuestro sistema de fuentes, cuestión ineludible para un adecuado
ejercicio del control obligatorio de constitucionalidad que prescribe la Carta
Fundamental.

Por lo mismo, se ha razonado que la Constitución delimita el carácter
orgánico constitucional a materias específicas que ella misma señala atendida
su excepcionalidad, sin que corresponda extenderla a las demás
prescripciones contenidas en una ley o artículo de ella que no traten
específicamente de las materias indicadas en la Carta Fundamental, resultando
improcedente “extender el ámbito de aplicación de las leyes orgánicas
constitucionales más allá de lo necesario y permitido por la Constitución” (STC Rol
N° 50, c. 8°), criterio interpretativo asentado en la STC Rol N° 17.342, c. 16°.
Consecuencialmente, este tipo de leyes “[deben] ser interpretadas en forma
restrictiva conforme se infiere de su naturaleza. […] para regular, en lo
medular, ciertas instituciones básicas (STC Rol N° 160, c. 9°)” (STC Rol N°
17.342, c. 16°).

Allí residen sus características elementales para desentrañar su sentido y
alcance.

Esta interpretación “guarda coherencia con aproximaciones doctrinarias
y de derecho comparado”, ha razonado la jurisprudencia del Tribunal, “por lo
que toda ampliación de su ámbito competencial constituye “una
restricción al principio mayoritario” (Aldunate Lizana, Eduardo (2010).
“Interpretación constitucional y decisión política”. Pro Jure. Revista De Derecho -
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, p. 48).” (STC Rol N° 17.342, c. 17°).

Un acercamiento a las leyes orgánicas constitucionales bajo este marco
de interpretación “no dice relación únicamente con una justificación de reglas
supra mayoritarias, atendido el quórum actual fijado en el artículo 66 inciso



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0000245
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO




segundo de la Carta Fundamental”, sino que, antes, “con la excepcionalidad de
que determinados ámbitos de regulación legislativa sean objeto de
revisión en sede de control preventivo obligatorio por esta Magistratura”.
Ello fundamenta una concepción de cómo debe ser ejercida una atribución
fijada directamente por la Constitución, por lo que “no constituye, en ningún
caso, abdicación de sus potestades sino la comprensión del ámbito de su
ejercicio en un sistema constitucional democrático de Derecho”, razonó el
Tribunal recientemente en la STC Rol N° 17.342-26, de 23 de marzo de 2026,
manteniendo el criterio plasmado en la STC Rol N° 16.024, c. 16°, de 22 de enero
de 2025. Ampliar su preciso ámbito de aplicación por esta Magistratura, en
contrario, implicaría exacerbar su propia competencia, cuestión que no es
admisible frente a los límites y contrapesos que la misma Constitución
establece;

DECIMOTERCERO: Que, a partir de este marco conceptual con el cual se
ejerce la atribución del artículo 93 inciso primero, N° 1, de la Constitución, es
que se explicitarán los razonamientos que han guiado la decisión en torno a la
eventual incidencia de la ley orgánica constitucional en diversos preceptos
contenidos en el proyecto de ley enviado por el H. Senado, a fojas 1. Así, la
sentencia identificará la respectiva norma constitucional que entrega una
delimitada reserva a la ley orgánica constitucional, precisando su sentido y
alcance a partir de criterios interpretativos, para luego aplicarlos a cada uno de
los preceptos en examen, cumpliendo con el deber de motivar estas decisiones.

Realizado este ejercicio de contraste, luego, se efectuará el control de
constitucionalidad de aquellas normas que ostenten la naturaleza jurídica de
ley orgánica constitucional para confrontarlas con las reglas y principios de la
Constitución Política de la República, al tenor de lo establecido en el artículo 49
inciso segundo de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal,
dado que esta Magistratura debe resolver “sobre la constitucionalidad del
proyecto”, pero exclusivamente respecto de preceptos que alcancen ese rango
(STC Rol N° 16.681, c. 18°).

La obligatoriedad de este control es el que explica, como se puede
apreciar, la excepcionalidad de la ley orgánica constitucional en el sistema
jurídico chileno.




VI. EXAMEN A LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY




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0000246
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS




1. Artículo 8° inciso tercero de la Constitución Política

DECIMOCUARTO: Que, diversas disposiciones remitidas por el
Congreso Nacional incidirían en la ley orgánica constitucional prevista en el
artículo 8° inciso tercero de la Constitución, respecto de “las demás autoridades
y funcionarios [que] que deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública”;

DECIMOQUINTO: Que, desde lo anterior, es necesario explicitar los
criterios interpretativos que se desprenden de la determinación del sentido y
alcance de esa norma constitucional para aplicarlos a diversas disposiciones del
proyecto en examen.

La reserva a la ley orgánica constitucional está conformada
exclusivamente por la determinación de las “demás autoridades y funcionarios”
que deben “declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”, en tanto la
propia Constitución establece en forma imperativa ese deber para el Presidente
de la República, Ministros de Estados, diputados y senadores en la primera parte
del inciso tercero.

Si bien la Carta Fundamental distingue entre los servidores públicos que
ostentan una u otra calidad, en ambos casos la especificación se reserva a dicho
legislador, así como a la realización efectiva de una declaración, que, a lo menos,
considere “intereses y patrimonio” y se efectúe “en forma pública”;

DECIMOSEXTO: Que, en la STC Rol N° 15.796, cc. 11° a 16°, se precisaron
los antecedentes históricos que orientaron la dictación, en enero de 2010, de la
Ley N° 20.414, que introdujo en su artículo único los actuales incisos tercero y
cuarto al artículo 8° de la Constitución Política, analizando, además, su
vinculación con las Leyes N° 18.575, N° 19.653 y N° 20.088, cuestiones relevantes
para examinar, luego, la entrada en vigencia de la Ley N° 20.880, de 2016, sobre
probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, que
permite identificar el ámbito de aplicación de la ley orgánica constitucional
contemplada en el artículo 8° inciso tercero de la Constitución.

La relevancia de esta declaración pública para la Constitución es
expresión de la trascendencia que ella entrega al principio de probidad,
comprendiéndola como un deber positivo, recordó la STC Rol N° 13.611, c. 5°,
“asociada, cada vez que la define el legislador, a la preeminencia del interés
general sobre el particular, al desempeño honesto y leal de la función o cargo y a
la observancia de una conducta intachable”;

DECIMOSÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, para determinar la
naturaleza normativa de los preceptos en examen corresponde analizar su
contenido con el objeto de verificar o descartar su subsunción bajo la faz
competencial correspondiente;



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DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE




DECIMOCTAVO: Que, a partir de los criterios interpretativos a que se ha
hecho mención, las siguientes disposiciones inciden en la ley orgánica
constitucional prevista en el inciso tercero del artículo 8° de la Constitución:

- El inciso sexto del artículo 9°, sustituido por el numeral 17) del
artículo 1, que introduce modificaciones en la Ley N° 19.974.

- La frase “así como los jefes o directores de los organismos integrantes
del Sistema de Inteligencia del Estado”, contenida en el numeral 1),
que modifica el numeral 5 del artículo 4, y el numeral 2), que agrega
una nueva oración final al inciso quinto del artículo 7, ambos
numerales del artículo 2°, en las enmiendas a la Ley N° 20.880.

- La frase “e indicarán, mediante resolución fundada, el listado de
funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis”, contenida en el nuevo
artículo 47 bis introducido a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional
de las Fuerzas Armadas, por medio del numeral 4) del artículo 3°, del
proyecto de ley;

DECIMONOVENO: Que, de acuerdo lo razonado precedentemente, sólo
las disposiciones recién mencionadas añaden nuevas “autoridades y
funcionarios” que deben prestar una “declaración de patrimonio e intereses”,
ámbito exclusivo y excluyente reservado por la Constitución a la ley orgánica
constitucional en su artículo 8° inciso tercero. Por una parte, se añade al
Director y al Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia como nuevas
autoridades “que deberán efectuar cada seis meses la declaración de intereses y
patrimonio a que se refiere la ley N° 20.880”, instrumentos que, añade la
disposición del inciso sexto del nuevo artículo 9° de la Ley N° 19.974, “tendrán
carácter secreto”, y, por otra, se agrega a los “jefes o directores de los organismos
integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado”, como sujetos igualmente
obligados, para lo que se modifica el numeral 5 del artículo 4° de la Ley
N°20.880. Esta norma fue estimada por el Tribunal con rango de ley orgánica
constitucional tanto al examinarla en su primera oportunidad, en la STC Rol N°
2905, c. 7°, como en la modificación introducida por la Ley N° 21.427, de 2022, en
la STC Rol N° 12.516, c. 23°, criterio que debe asentarse en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 66 inciso segundo de la Constitución.

Análoga decisión envuelve el análisis de la disposición contenida en el
nuevo artículo 47 bis que se introduce a la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas, en tanto la frase “e indicarán, mediante
resolución fundada, el listado de funcionarios que deberán realizar declaración de
intereses y patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis” igualmente abarca a las
“demás autoridades y funcionarios” que deben prestar una declaración de




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0000248
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO




patrimonio e intereses en forma pública, en los términos que la Constitución
prescribe que deba ser regulado por una ley orgánica constitucional;

VIGÉSIMO: Que, en contrario, las restantes disposiciones examinadas
del proyecto de ley no alcanzan la naturaleza jurídica de ley orgánica
constitucional. A este respecto es necesario considerar, siguiendo la
jurisprudencia del Tribunal que se origina ya en la STC Rol N° 4, de 1982, que “e
l contenido específico” de este cuerpo legal no es más que el señalado con
anterioridad, es decir, especificar las “demás autoridades y funcionarios” que
deben efectuar una declaración de patrimonio e intereses en forma pública, por
lo que no es procedente en derecho ampliar su espectro de aplicación a otros
supuestos que no sean aquéllos, tanto desde la perspectiva de su “contenido
imprescindible” como de sus “elementos complementarios indispensables”.

Por lo anterior, las restantes disposiciones del numeral 1) del artículo 2°
del proyecto de ley, que reemplaza el numeral 5 del artículo 4 de la Ley N°
20.880, con excepción de lo señalado anteriormente, convocan a la ley común o
simple. Si bien ese precepto es modificado por la iniciativa legal, su primera
parte mantiene la redacción del texto hoy vigente, por lo cual no se trata de una
modificación que innove sustancialmente y tenga la entidad de convocar a la ley
orgánica constitucional en el acotado margen previsto en el artículo 8° inciso
tercero de la Constitución.

Luego, el nuevo párrafo segundo del numeral 5 del artículo 4 de la Ley N°
20.880, modificado por el numeral 1) del artículo 2° del proyecto, en tanto remite
al artículo 4° de la Ley N° 19.863, en las características que deberán contener las
declaraciones de los funcionarios señalados en el párrafo primero, tampoco
incide en la ley orgánica constitucional y no involucra una ampliación o
restricción en las “demás autoridades y funcionarios” que tienen el deber
previsto en la Constitución; en contrario, esta remisión está referida a
cuestiones vinculadas a gastos reservados y cuestiones procedimentales ante un
supuesto de esa naturaleza, quedando fuera del espacio reservado por la
Constitución al legislador orgánico constitucional;

VIGESIMOPRIMERO: Que, bajo una conclusión similar se presenta el
numeral 1) del artículo 3°, que introduce un nuevo artículo 8° bis a la Ley N°
18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el deber de los
Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea de elaborar
e implementar un sistema de auditoría en cada institución, con la finalidad de “
registrar las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que ellos
determinen”, y el numeral 4) del referido artículo 3° del proyecto, en la primera
parte del nuevo artículo 47 bis, al entregar a los Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas la obligación de velar “por el correcto cumplimiento de lo
contemplado en el artículo 4°, numeral 5, de la Ley N° 20.880”. Si bien, la



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0000249
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE




previsión de sistemas de auditoría y supervisión para el debido registro de las
declaraciones de patrimonio e intereses podría asumirse como un
“complemento indispensable” para la operatividad práctica del deber de realizar
dichas declaraciones -en que sí está convocado el legislador orgánico
constitucional-, no se trata de cuestiones que involucren la necesidad de
correlacionar su esencialidad con la normativa que tiene ese carácter o
naturaleza jurídica. El Tribunal ha asentado que los preceptos con ese nivel
complementario deben “asociarse a la función interpretativa que ha de tener la
norma remitente en relación con la norma complementaria. Su objeto es describir
todo lo indispensable que asegure la correcta aplicación del mandato normativo
que le dé efectividad a la norma y nada más que eso (García de Enterría, Eduardo,
y Fernández, Tomás-Ramón (1993), Curso de Derecho Administrativo I, Sexta
edición, Civitas, Madrid, explicando las materias propias de leyes orgánicas en un
contexto basado en la Constitución española de 1978)” (STC Rol N° 2824, c. 7°), por
lo que la creación de sistemas de autoría interna sólo inciden en la ley común o
simple, por cuanto son propios de la probidad administrativa y, en tal mérito, no
alcanzan a la ley orgánica constitucional;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en fin, además, ha de descartarse la
calificación de normativa orgánica constitucional de las disposiciones
precedentemente referidas conforme al artículo 38 constitucional. Ello, en tanto
la incorporación del inciso tercero al artículo 8° de la Carta Fundamental tuvo
por finalidad derivar a este legislador orgánico un objeto específico de
regulación, tal como fuera señalado por esta Magistratura en STC Rol N° 15.796-
24, c. 18°, ratificando lo resuelto en STC Rol N° 15.043, c. 14°.



2. Artículo 38 inciso primero de la Constitución

VIGESIMOTERCERO: Que, un segundo grupo de disposiciones del
proyecto de ley remitido a fojas 1 podrían guardar relación con la reserva a la
ley orgánica constitucional prevista en el artículo 38 inciso primero de la
Constitución, convocada para determinar “la organización básica de la
Administración Pública”, entre otros aspectos, así como garantizar la “carrera
funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba
fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como
la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes”.

Así fue consignado en el Informe de la Comisión Mixta, conforme lo
transcrito precedentemente, y examinado en la deliberación suscitada en el
Tribunal a propósito de otras disposiciones no enviadas en consulta y que, de
ser el caso, pudieran alcanzar el rango de ley orgánica constitucional.

Por ello, deben precisarse los criterios interpretativos que surgen del
ámbito de aplicación de esta específica reserva entregada por la Constitución en


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0000250
DOSCIENTOS CINCUENTA




su artículo 38 inciso primero, para resolver, en definitiva, la naturaleza jurídica
de diversas disposiciones del proyecto en examen. Para lo anterior, serán
asentados diversos criterios interpretativos que se han consolidado por el
Tribunal en el último bienio al desarrollar el sentido y alcance de esta norma
constitucional, y que se contienen, entre otras, en las STC Roles N° 15.043, N°
15.139, N° 15.169, N° 15.412, N° 15.796, N° 16.024 y N° 17.009, delimitando la ley
orgánica constitucional de la ley común en sus respectivos ámbitos al momento
de interpretar la expresión “organización básica de la Administración Pública”;

VIGESIMOCUARTO: Que, el primer elemento interpretativo surge en la
precisión de su competencia para identificar lo que corresponde a
“organización básica”. La doctrina ha apuntado que ésta se relaciona con la
delimitación de sus elementos “característicos o esenciales” (Cea Egaña, José
Luis (2013). Derecho Constitucional Chileno. Santiago: Ediciones Universidad
Católica de Chile, t. III, pp. 173-174), los que se contienen en la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de 5 de
diciembre de 1986, y que fuera examinada por el Tribunal en la STC Rol N° 39, de
1986.

Este carácter esencial de la Ley de Bases es propio de la pretensión del
legislador, en cumplimiento al mandato constitucional, de contar con un
estatuto legal que contenga “la organización básica de la Administración Pública
”, es decir, un “verdadero estatuto básico de la Administración del Estado”, por lo
que constituye, precisamente, una “ley de bases”, según recordara la STC Rol N°
15.043. Por ello, un criterio sustantivo de interpretación que puede identificarse
ya en la STC Rol N° 39 permite establecer que el artículo 38 inciso primero de la
Constitución convoca al legislador orgánico constitucional sólo respecto de sus “
normas fundamentales o generales, sin que pueda entrar a los detalles
relacionados con la administración”. Así, la ley común, igualmente, está prevista
por la Constitución para el desarrollo de diversos aspectos en sus ámbitos
competenciales, por lo que ninguna de éstas puede exceder su ámbito, en tanto
los órganos de la Administración son heterogéneos y por ello no pueden más
que compartir una normativa básica (STC Rol N° 2367, cc. 16° y 17°).

Ahora bien, y según también recordaran las STC Roles N° 15.043 y N°
15.796, en la determinación de aquello que puede constituir las “bases”
previstas en la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal ha examinado
disímiles aspectos en los 40 años de vigencia de la Ley N° 18.575, en actual texto
refundido de 2001. A vía ejemplar, se ha razonado que la estructuración de
organismos consultivos que no ostentan facultades resolutivas no incide en la
ley orgánica constitucional del artículo 38 inciso primero de la Constitución
(STC Rol N° 2245, c. 6°), o que la normativa con que se regula una comisión
igualmente no es parte de su haz de competencia, puesto que “del análisis de la
naturaleza, características y composición de dichas comisiones se desprende que


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0000251
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO




no se está en presencia de la configuración de un nuevo servicio público, con una
organización distinta a aquella que para tales instituciones contempla la Ley
Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado; como
tampoco de órganos que se crean en un servicio existente en la actualidad, con
una estructura diversa a la que esa ley establece al efecto” (STC Rol N° 451, c.c. 10°
y 11°);

VIGESIMOQUINTO: Que, el Tribunal ha buscado precisar criterios de
aplicación en la jurisprudencia de sus últimos años. Uno de los ámbitos en que
ha resultado necesario identificarlos corresponde a preceptos legales que, en
mayor o menor sentido, introducen modificaciones a la organización de la
Administración del Estado. Siguiendo lo resuelto en la STC Rol N° 15.169,
asentaremos que es imprescindible delimitar los espacios competenciales del
legislador orgánico constitucional contenido en el artículo 38 inciso primero
con aquel reservado a la ley común, criterio que debe aplicarse a los preceptos
en actual examen;

VIGESIMOSEXTO: Que, por lo anterior, no puede desatenderse el
criterio interpretativo literal que surge desde la redacción constitucional. El
artículo 38 inciso primero alude a normas “fundamentales o generales” al
separar las esferas de competencia de la ley orgánica constitucional frente a la
ley simple. Recordó la STC Rol N° 15.169, c. 10°, siguiendo lo previamente
analizado en la STC Rol N° 2367, c. 20°, que “[l]os órganos de la administración
del Estado operan a través de unidades o centros que imputan su actividad a la
entidad jurídica de la que forman parte”, por lo que “la organización de un
órgano de la Administración supone que éste ya fue creado por la autoridad
correspondiente. Por lo mismo, organizarlo es adecuar los medios necesarios
para su funcionamiento” (c. 21°). Consecuencialmente, agregó la STC Rol N° 2783,
c. 21°, el proceso de organización puede explicarse en tres aspectos o fases: “[e]n
primer lugar, la creación de la organización. Ésta consiste en la decisión del poder
público competente de que una determinada función o conjunto de funciones sea
realizado por un aparato orgánico que a tal fin se establece. En segundo lugar,
viene el establecimiento o configuración de la organización. Ésta supone la
determinación concreta de la estructura interna, el detalle de sus funciones y
potestades, y su distribución entre los diferentes órganos de la Administración. Y,
en tercer lugar, está la puesta en marcha o funcionamiento de la organización,
que implica la dotación efectiva de los elementos personales y materiales, la
designación del personal, el acondicionamiento del lugar en que funcionará, del
mobiliario, etc. De las tres fases indicadas, las dos primeras son fenómenos
jurídicos; en cambio, la última tiene aspectos jurídicos y aspectos de hecho
(Santamaría Pastor, Juan Alfonso; Fundamentos de Derecho Administrativo;
Editorial Ceura, Madrid, 1991, p. 906)”;




26
0000252
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS




VIGESIMOSEPTIMO: Que, de esta forma, en la potestad de organización
se contiene la atribución del ordenamiento jurídico para que ciertas
autoridades intervengan en su diseño y, en tanto potestad, corresponde a una “
atribución que entrega el ordenamiento jurídico” y no corresponde a un “título
originario que tenga algún poder del Estado” (STC Rol N° 2367, cc. 22°-23°). La
Constitución Política crea directamente algunos órganos de la Administración y
convoca a la ley orgánica constitucional para establecer su organización, como
sucede, por ejemplo, respecto de la organización del Banco Central (artículo
108) y de la Contraloría General de la República (artículo 99 inciso final). En el
caso de la Administración Púbica, la Constitución convoca a la ley orgánica
constitucional exclusivamente para regular su “organización básica” en virtud
del examinado artículo 38 inciso primero.

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los órganos
administrativos que gozan de autonomía por mandato constitucional, respecto
de cuya regulación orgánica se utiliza una terminología en que se observan
deslindes comunes, en el caso de la “Administración Pública”, el artículo 38 de la
Constitución Política refiere exclusivamente a su “organización básica”, dejando
todo el resto de la regulación encargada a una ley simple. Ello no ocurre con el
Banco Central, en que los artículos 108 y 109 de la Constitución entregan a la
normativa orgánica constitucional, además de su organización, su composición,
funciones y atribuciones. Así también, en el caso de la Contraloría General de la
República, el mandato constitucional de regulación orgánico constitucional
contenido en los artículos 98 y 99 de la Constitución, se refiere a su organización,
funciones, funcionamiento y atribuciones. Respecto del Ministerio Público, el
artículo 84 inciso primero de la Constitución establece que su organización y
atribuciones serán reguladas mediante ley orgánica constitucional. A su vez, en
el caso del Servicio Electoral, el artículo 96 bis de la Constitución encarga a una
ley orgánica constitucional la ordenación de su organización y atribuciones.

Lo anterior es sistémico al interpretar el artículo 38 inciso primero de la
Constitución frente a las normas orgánicas constitucionales, con un carácter
excepcional y cuyo alcance es esencialmente limitado por el marco que fija
directamente la Carta Fundamental. Esta Magistratura ha señalado que no
puede el legislador orgánico abarcar o incursionar en todos los detalles de
aquellas instituciones a las que se le ha encargado regular su organización y
funcionamiento, debiendo limitarse a delinear la estructura básica o
fundamental para lograr un expedito funcionamiento en la práctica (STC Roles
N° 160, c. 10°; N° 418, c. 8°; N° 537, c. 7°, N° 277, c. 5°). Tampoco corresponde a
este Tribunal ampliar la esfera de esas normas, puesto que el propio
constituyente ha sido explícito al establecer un criterio restrictivo en el caso de
la Administración Pública, en comparación con otros órganos que ostentan
autonomía constitucional. Lo anterior resulta coherente si se tiene a la vista la



27
0000253
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES




función primordial que ejerce la Administración con relación a la satisfacción
de las necesidades públicas, recordó la STC Rol N° 15.796;

VIGESIMOCTAVO: Que, un segundo canon interpretativo, luego del
literal, es el de tipo contextual o sistémico. La delimitación del ámbito
orgánico constitucional surge en la correlación entre el artículo 38 inciso
primero de la Carta Fundamental con lo establecido en sus artículos 63, N° 14, y
65 inciso cuarto, N° 2. El constituyente ha distinguido entre la organización
misma y la creación de “nuevos servicios públicos (…) y determinar sus funciones
o atribuciones”, materia de ley simple o común bajo la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República. Por ello, la STC Rol N° 15.139, de 31 de enero de 2024,
al examinar la Ley N° 21.658, de 9 de febrero del mismo año, en criterio
mantenido en las STC Roles N° 15.169, c. 10°, y N° 15.796, c. 24°, asentó que es
necesario identificar una “alteración a la organización básica de la
Administración del Estado” para estimar la faz competencial de la ley orgánica
constitucional. Bajo este criterio, en la eventualidad de que los preceptos en
examen mantengan “consonancia” con las disposiciones de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ello corresponde al
ámbito que es propio del legislador común;

VIGESIMONOVENO: Que, de estos criterios de interpretación del ámbito
reservado por la Constitución a la ley orgánica constitucional en su artículo 38
inciso primero, el Tribunal estima que ninguna de las disposiciones
contenidas en el proyecto de ley en actual examen alcanza esa naturaleza
jurídica bajo su específica y delimitada reserva;

TRIGÉSIMO: Que, así, y sin perjuicio de lo que se resolverá en el ámbito
del artículo 66 inciso segundo de la Constitución, la creación del “Consejo
Interministerial de Inteligencia del Estado” que se introduce a la Ley N° 19.974,
por medio del numeral 11) del artículo 1° del proyecto, incide en materias que
son propias de la ley común o simple, aserto que debe extenderse a la
integración de ese cuerpo colegiado señalada en el nuevo artículo 6° bis,
añadido en el numeral 12) del artículo 1. Luego, el nuevo “Comité de Inteligencia
del Estado”, órgano destinado a la “coordinación, intercambio de información y
cooperación mutua entre sus integrantes” que se introduce en los nuevos
artículos 6° ter y 6° quater, igualmente contenidos en el numeral 12) del artículo
1°, no alcanzan a la ley orgánica constitucional.

En esta materia, el Tribunal ha asentado en las STC Roles N° 15.043, N°
17.303, N° 17.307, que este tipo de instancias colegiadas no envuelve una
alteración esencial en la Administración Básica del Estado. Su complejo
organizacional puede reconocer múltiples fórmulas, sin que corresponda



28
0000254
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO




rigidizar todo aquello que eventualmente pueda tener incidencia en la
regulación estructural y funcional de dichas unidades (STC Rol N° 16.024-24, c.
27°).

En las recientes STC Roles N° 17.303, c. 14°, y N° 17.307, c. 31°, de enero de
2026, el Tribunal asentó lo que, antes, razonara en la STC Rol N° 15.043, de 2024,
en tanto “este tipo de instancia colegiada y la regulación legal de su composición,
atribuciones y operatividad, más bien, concretiza aspectos contenidos en el
artículo 22 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado con
relación a las funciones y misiones de los Ministerios como “órganos superiores
de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y
administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos
específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones”. De ello se deriva
que los artículos 48 y 49 desarrollen la misión que la Ley de Bases ha previsto en
el inciso segundo del artículo 22, relacionada con el deber de “proponer y
evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas
aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas
dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector”;

TRIGESIMOPRIMERO: Que, además, el concepto de coordinación ya se
contiene en el artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del
Estado. Dicha noción, asentó la STC Rol N° 15.043, c. 22°, “es un principio de
organización de los órganos de la administración que busca que actúen con
unidad y coherencia en el logro de sus fines. Busca que, en su acción, los órganos
eviten "la duplicación o interferencia de funciones" (…). La coordinación implica
mirar a los órganos de la administración no sólo jerárquica o competencialmente,
sino horizontalmente; hay materias o sectores que no pueden ser abordados con
una sola visión; requieren, por tanto, un enfoque intersectorial. La coordinación
es un modo de ejercer competencias que permite el ejercicio conjunto de las
competencias propias; por lo mismo, no implica ni privar ni compartir potestades.
En la coordinación tampoco hay jerarquía o dependencia entre los órganos que se
coordinan, sino que una articulación simultánea o sucesiva de las facultades
propias.”.

Por lo interpretado, la coordinación es un deber para la “eficiente e idónea
administración de los medios públicos y [para] el debido cumplimiento de la
función pública” y permite evitar la interferencia o duplicidad de funciones,
reflejando “la mirada horizontal y no vertical del aparato del Estado, en que se
busca la unidad y coherencia en la actuación”, según fallara el Tribunal en la STC
Rol N° 15.043, c. 22°. Por ello, no puede envolver la calificación de ley orgánica
constitucional la modificación introducida al artículo 4° inciso final de la Ley N°
19.974, mediante el numeral 6) del artículo 1), al establecer la colaboración de
diversos organismos con el Sistema de Inteligencia para los efectos de aportar y
analizar datos e información, en tanto la coordinación y colaboración, como se


29
0000255
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO




viene razonando, es propia de la configuración de los órganos de la
Administración;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, a ello debe agregarse un criterio reiterado
en la jurisprudencia del Tribunal al resolver la naturaleza de ley simple u
orgánica constitucional de este tipo de instancias colegiadas, esto es, su
naturaleza resolutiva o asesora. Bajo el ámbito del nuevo artículo 6° en examen,
el “Comité Interministerial de Inteligencia del Estado” tiene funciones asesoras
que se desprenden de lo regulado en el mismo precepto que lo crea: “[asesorar]
al Presidente de la República en la elaboración de los instrumentos de
planificación de la inteligencia””.

Por lo anterior, las funciones del Consejo Interministerial y del Comité en
análisis, creados por los respectivos nuevos artículos 6° bis y 6° ter que se
añaden a la Ley N° 19.974, son propiamente intersectoriales en el ámbito de sus
objetivos y no privan a los Ministerios ninguna de sus atribuciones respectivas;
en contrario, más bien, norman una articulación simultánea y sucesiva que, por
todo lo señalado, no innova en lo previamente establecido en la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Además, el rol de secretario ejecutivo que se entrega al Subdirector de la
Agencia Nacional de Inteligencia en el inciso tercero del nuevo artículo 6°
quater, igualmente, no incide en el ámbito competencial de la ley orgánica
constitucional del artículo 38 inciso primero de la Constitución, por cuanto no
altera en forma esencial la “organización básica de la Administración Pública”;

TRIGESIMOTERCERO: Que, en directa correlación con lo que se viene
razonando, la modificación introducida por medio del numeral 19) del artículo
1° del proyecto al artículo 11 de la Ley N° 19.974, al establecer la forma de
nombramiento y procedimiento de remoción del Subdirector de la Agencia
Nacional de Inteligencia, no incide en la ley orgánica constitucional contenida
en el artículo 38 inciso primero de la Constitución. La especificación realizada
por el legislador de la forma en que se designará y eventualmente removerá a la
autoridad mencionada no constituye una diferenciación o alteración respecto
de lo que se encuentra, a su vez, contenido en el artículo 49 inciso primero de la
citada Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, en tanto, sin perjuicio de las previsiones constitucionales directas, “la
ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de órganos de la exclusiva
confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar
el nombramiento”, comprendiéndose como “funcionarios de exclusiva confianza
” aquellos sujetos a la “libre designación y remoción del Presidente de la
República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento”, según
conceptualiza el inciso final del referido artículo 49 de la Ley General de Bases,
ajustado a su vez a la Carta Fundamental, que en su artículo 32 establece que es



30
0000256
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS




atribución del Presidente de la República: 10º.- Nombrar y remover a los
funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los
demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás
funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine.

Por ello, el mecanismo de designación y remoción del Subdirector de la
Agencia Nacional de Inteligencia no innova la regulación ya establecida en la
normativa vigente, convocando por ello sólo a la ley común o simple. Una
conclusión similar debe desprenderse de lo dispuesto en el numeral 17) del
artículo 1° del proyecto, al dejar sin aplicación respecto de la Agencia Nacional
de Inteligencia las normas del Sistema de Alta Dirección Pública previstas en el
Título VI de la Ley N° 19.882, cuestión que no involucra, igualmente, aspectos
concernientes a la “organización básica de la Administración Pública”;

TRIGESIMOCUARTO. Que, unido a lo señalado, el Tribunal desestimó
otorgar carácter orgánico constitucional al inciso primero del nuevo artículo 13
de la Ley N° 19.974, reemplazado por medio del numeral 21) del artículo 1° del
proyecto de ley. La norma examinada establece que “El personal de la Agencia se
regirá por un estatuto de personal de carácter especial”.

Para examinar esta disposición es necesario interpretar la segunda
reserva entregada a la ley orgánica constitucional en el artículo 38 inciso
primero de la Constitución, esto es, “garantizar la carrera funcionaria”. El
Tribunal ha sostenido que el régimen jurídico aplicable al personal que ejerce
funciones en servicios públicos constituye un elemento esencial de esta garantía
constitucional y para el adecuado funcionamiento de la Administración del
Estado y la satisfacción de las necesidades colectivas (STC Rol N° 17.009, c. 21°);

TRIGESIMOQUINTO: Que, en la disposición constitucional referida, la
Carta Fundamental utiliza el verbo “garantizará” respecto de la carrera
funcionaria, estableciendo consecuencialmente un mandato imperativo para el
legislador orgánico constitucional. Con ello se ha resuelto que la carrera
funcionaria es un derecho fundamental de los funcionarios públicos y, para que
sea operativa, implica “la estabilidad en la función o empleo; la promoción, es
decir, la posibilidad de ir ascendiendo, grado a grado, en ese cursus honorium que
es la carrera funcionaria, y que conlleva el derecho a que se respeten las reglas del
ascenso; la calificación en el desempeño de sus cargos, que hace posible la
promoción; y la capacitación y perfeccionamiento, que permiten un mejor
desempeño en la función, una mejor calificación funcionaria y la consecuencial
posibilidad de promoción”. Por lo anterior, “[e]ste cuádruple mecanismo –que la
Constitución prevé de manera muy certera– configura la carrera funcionaria,
materia que ha sido reservada a la regulación que de ella haga una ley orgánica
constitucional" (STC Rol N° 239-96);




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0000257
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE




TRIGESIMOSEXTO: Que, ya en STC Rol N° 375, c. 23°, al examinar la Ley
N° 19.882, de 23 de junio de 2003, el Tribunal resolvió que “incumbe al legislador
orgánico, respetando los principios y disposiciones de la Constitución,
determinar, entre otras materias, cuáles son las características matrices del
sistema de ingreso a dicha carrera y de promoción o ascenso en ella; en qué
criterios básicos debe sustentarse para que sus miembros, cualquiera sea la
calidad en que se desempeñan, cumplan la finalidad esencial del Estado ya
realzada; decidir a qué funcionarios se les aplica el régimen de promoción por
mérito y cuáles de ellos quedan sujetos al ascenso por antigüedad; dictar las
normas principales sobre los concursos pertinentes, sean públicos o internos;
entregar a la ley común la regulación más detallada de los asuntos aludidos”.

Seguidamente, se ha asentado que la remisión al Código del Trabajo
como régimen aplicable al personal de un servicio público constituye una
materia que incide en la carrera funcionaria contemplada en el artículo 38
inciso primero de la Constitución y que, por tanto, reviste naturaleza de ley
orgánica constitucional. Así, en STC Rol N° 16.189, al ejercer el control de
constitucionalidad del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de
pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, esta Magistratura resolvió
que el artículo 57 inciso primero, en la oración “Todo el personal del
administrador del Fondo se regirá por el Código del Trabajo” constituye asunto
reservado al legislador orgánico constitucional conforme al artículo 38 inciso
primero de la Constitución, en cuanto la remisión al Código del Trabajo
constituye un aspecto que incide en la carrera funcionaria que contempla el ya
citado precepto (c. 33°).

En el mismo sentido, en STC Rol N° 15.733, al ejercer el control de
constitucionalidad del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los
datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, se resolvió
que el inciso primero del artículo 32 del proyecto, al consignar respecto del
personal de la Agencia que las personas que presten servicios a aquella se
regirán por el Código del Trabajo, “es propio de la Ley Orgánica Constitucional
sobre Organización Básica de la Administración Pública dispuesta en el artículo
38, inciso primero, de la Constitución, ya que incide en la carrera funcionaria” (c.
30°).

Equivalente criterio funda el pronunciamiento en STC Rol N° 15.043, al
ejercer el control de constitucionalidad del proyecto de ley que establece una
Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. En
el examen de su artículo 17 se disponía que el personal de la nueva Agencia
Nacional de Ciberseguridad debía regirse por las normas del Código del Trabajo.
Esta Magistratura declaró que dicha disposición “incide en la ley orgánica
constitucional prevista por el artículo 38 inciso primero de la Constitución,
atendidas las consecuencias derivadas del concepto carrera funcionaria que se


32
0000258
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO




encuentra garantizado por el Constituyente”, precisando que “de ello no se
concluye, consecuencialmente, la configuración de un sistema único de regulación
por el legislador para este tipo de relaciones funcionarias o que éstas dejen de
estar contenidas en el ámbito protegido por la Constitución para el ejercicio de la
función pública” (c. 12°).

Previamente, en STC Rol N° 14.480, al ejercer el control de
constitucionalidad del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se examinó el
artículo 11 que regulaba el régimen laboral de los funcionarios del nuevo
Servicio, estableciendo que su personal se regirá por las normas del Código del
Trabajo. Esta Magistratura declaró entonces que “las disposiciones en consulta
inciden en la ley orgánica constitucional que se contempla en el artículo 38 inciso
primero de la Constitución, en tanto el régimen laboral al que se encontrará
sometido el personal del nuevo Servicio innova en la sistemática que se contiene
en el artículo 43 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado” (c. 10°). El criterio igualmente fue seguido en
STC Rol N° 3312-17, c. 25° y STC Rol N° 1051-08, c. 20°;

TRIGESIMOSEPTIMO: Que, sin embargo, los criterios que están siendo
reseñados no son del todo aplicables al inciso primero del nuevo artículo 13 de
la Ley N° 19.974, introducido por medio del numeral 21) del artículo 1° del
proyecto de ley. A diferencia de los precedentes en análisis, en que la remisión al
régimen de los nuevos servidores públicos estaba derivado a las normas del
Código del Trabajo, la norma en actual examen alude a “un estatuto de personal
de carácter especial”.

A este respecto, el legislador orgánico constitucional debe limitarse a
delinear la estructura básica o fundamental de la respectiva materia establecida
por la Constitución, pero ello no envuelve la regulación de todos los detalles de
la organización y funcionamiento (STC Roles N° 160, c. 10°; N° 418, c. 8°; N° 537,
c. 7°; N° 277, c. 5°; y N° 16.024, c. 26°). En aplicación de este lineamiento
interpretativo, corresponde distinguir entre normas que configuran elementos
estructurales esenciales del estatuto del personal y aquellas que constituyen
regulaciones complementarias.

En lo pertinente, la norma en examen debe vincularse con dos
antecedentes relevantes para identificar qué implica ese “estatuto de personal
de carácter especial”. Para desentrañar su ámbito, la disposición cuarta
transitoria del proyecto de ley dispone lo siguiente:

“Artículo cuarto.- El Presidente de la República, dentro del plazo de un año
contado desde la publicación de esta ley, deberá enviar al Congreso Nacional un
proyecto de ley para regular el estatuto especial del personal de la Agencia
Nacional de Inteligencia, señalado en el artículo 13 de la ley N° 19.974.



33
0000259
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE




Mientras no se encuentre vigente el estatuto especial a que se refiere el
inciso anterior, el personal de la agencia continuará rigiéndose por el artículo 13
de la ley N° 19.974 vigente con anterioridad a las modificaciones introducidas por
la presente ley. Por lo tanto, el personal de planta y a contrata de la Agencia se
regirá por las normas del Estatuto Administrativo aplicable a los funcionarios de
la Administración Civil del Estado, con las excepciones que dicha ley expresa, y
estará afecto al régimen de remuneraciones del artículo 9° del decreto ley N°
1.953, de 1977.”.

Y, además, es necesario considerar un antecedente histórico que
proviene de la tramitación legislativa y que da cuenta de la voluntad del
legislador de establecer una continuidad, precisamente, del Estatuto
Administrativo en la regulación del régimen aplicable a estos servidores
públicos mientras no sea presentado y aprobado el proyecto de ley que
contendrá el “estatuto de personal de carácter especial”. Así, consta lo que a
continuación se transcribe en el Informe de la Comisión Mixta, de 25 de enero
de 2026, a propósito de la discusión del nuevo artículo 13 de la Ley N° 19.974:

“El Honorable Senador señor Macaya manifestó interés por saber por qué
normas se regirá el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia en tanto no
entre en vigencia el estatuto especial.

El Honorable Diputado señor Undurraga, don Francisco, respaldó la
recomendación del personero de Gobierno, puntualizando que el lapso no debería
ser mayor a doce meses.

El Honorable Senador señor Saavedra, centrándose en la eventual
dependencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, planteó que, en
tanto no rija el estatuto especial del personal que aborde esta materia, debe
seguirse el estándar más alto del ordenamiento jurídico, que corresponde al de la
Policía de Investigaciones de Chile.

El Honorable Diputado señor Sánchez apreció la propuesta del Secretario
de Estado. No obstante, recordó que otros textos jurídicos también han
establecido plazos para la presentación de ciertas iniciativas de ley y no se han
respetado. Uno de los más emblemáticos, puntualizó, se encuentra en la Carta
Fundamental de la 1925, que ordenaba la creación de los tribunales contenciosos
administrativos, los que, hasta la fecha, no existen.

A la luz de lo señalado, hizo ver que resulta fundamental determinar en qué
situación quedará el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia mientras el
citado estatuto especial no entre en vigor.

El Ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde, sentenció que en ese periodo
se aplicarán las normas del Estatuto Administrativo, con las excepciones
prescritas en la ley de inteligencia.”;



34
0000260
DOSCIENTOS SESENTA




TRIGESIMOCTAVO: Que, por lo tanto, la identificación en torno a la
naturaleza jurídica del estatuto que prevé la norma está supeditada a la
presentación y aprobación del proyecto de ley respectivo, por lo que, en esta
oportunidad, el Tribunal estima que se convoca a la ley común o simple en la
correlación que surge entre el inciso primero del nuevo artículo 13 de la Ley N°
19.974 con su marco temporal contenido en el artículo cuarto transitorio. Estas
normas remiten a la aplicación del Estatuto Administrativo con determinadas
excepciones, como en su régimen de remuneraciones, materia en la que el
Tribunal ya ha estimado la competencia del legislador común al examinar la
disposición del actual artículo 13 de la Ley N° 19.974, que ahora es modificada
(STC Rol N° 417, de 2004), en que, igualmente, se dispuso la aplicación de las
normas del referido Estatuto al personal de planta y a contrata de la Agencia
Nacional de Inteligencia. Ese criterio debe ser mantenido con las prevenciones
antes mencionadas respecto de los precedentes del Tribunal en que,
directamente, se ha producido una remisión a las normas del Código del
Trabajo, lo que no ocurre en esta oportunidad al examinar el inciso primero del
nuevo artículo 13 y el artículo cuarto transitorio. Por lo mismo, al tenor de esta
regulación, no se convoca a la ley orgánica constitucional.

Además, este tipo de remisión ya encuentra sustento en el artículo 15 de
la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, por cuanto “[e]l personal de la Administración del
Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se
regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la
cesación de funciones”, por lo que no se ha innovado en este régimen temporal
de remisión al Estatuto Administrativo y se asienta la tesis de que corresponde a
una materia de dominio de la ley común o simple, lo que ha sido habilitado por
la Constitución. El Tribunal ha estimado desde la STC Rol N° 79, de 1989, que la
normativa contenida en el Estatuto Administrativo es propia de ley común o
simple.

Luego, el inciso segundo del nuevo artículo 13, al hacer aplicable el
régimen de remuneraciones previsto en el artículo 9° del D.L. N° 1.953, de 1977,
y el inciso tercero, al disponer controles aleatorios periódicos de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas ilegales, derivando a un reglamento dictado por
el intermedio del Ministerio del Interior la regulación de la forma, periodicidad
y procedimientos aplicables, igualmente, no contienen aspectos estructurales
de la organización básica de la Administración, no alteran su naturaleza
esencial ni innovan en su organización básica, a tiempo que, igualmente, no
modifican la estructura básica del estatuto del personal ni los elementos
esenciales de la carrera funcionaria. Y, por consiguiente, constituye materias en
que rige la competencia general del legislador común o simple (así, STC Rol N°
17.009, c. 27°);



35
0000261
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO




TRIGESIMONOVENO: Que, por otra parte, el Congreso Nacional estimó
la eventual incidencia de la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 38
inciso primero de la Constitución en el inciso primero del nuevo artículo 15 bis,
añadido mediante el numeral 25) del artículo 1°, en las modificaciones a la Ley
N° 19.974.

El precepto entrega atribuciones al Director de la Agencia Nacional de
Inteligencia, con sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal, para
establecer, mediante resolución, su organización interna y determinar las
denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades
establecidas para el cumplimiento de las funciones que les sean asignadas;

CUADRAGÉSIMO: Que, la norma en análisis es propia de la ley común o
simple, por cuanto no altera o modifica las atribuciones que la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
entrega a los Jefes de Servicios.

Siguiendo lo que el Tribunal resolviera en STC Rol N° 15.796, c. 25°, ello no
constituye una diferenciación respecto de lo que se encuentra contenido en su
artículo 31. Luego de establecer en su inciso primero que “[l]os servicios
públicos estarán a cargo de un jefe superior denominado Director(…)”, dispone en
su inciso segundo que “[a] los jefes de servicio les corresponderá dirigir,
organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el
cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñarlas demás
funciones que la ley les asigne”. Como consecuencia necesaria, debe seguirse lo
que el Tribunal fallara en la STC Rol N° 13.182, c. 18°, en tanto, “por regla
general, las atribuciones de los órganos de la Administración son propias de ley
simple, de acuerdo al artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución”.

El Constituyente ha distinguido entre la organización misma y la
creación de “nuevos servicios públicos (...) y determinar sus funciones o
atribuciones”, materia de ley simple o común bajo la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República. Por ello, la STC Rol N° 15.139-24, al examinar la Ley
N° 21.658, en criterio mantenido en la STC Rol N° 15.169-24, c. 10°, asentó que es
necesario identificar una alteración a la organización básica de la
Administración del Estado para estimar la faz competencial de la ley orgánica
constitucional, lo que no se tiene del nuevo artículo 15 bis que se añade a la Ley
N° 19.974.

Además, en criterio que debe ser reafirmado en esta oportunidad, en la
STC Rol N° 15.169-24, c. 10°, siguiendo lo razonado en la STC Rol N° 2367-12, c.
20°, se sostuvo que “[l]os órganos de la administración del Estado operan a través
de unidades o centros que imputan su actividad a la entidad jurídica de la que
forman parte”, por lo que “la organización de un órgano de la Administración
supone que éste ya fue creado por la autoridad correspondiente. Por lo mismo,



36
0000262
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS




organizarlo es adecuar los medios necesarios para su funcionamiento” (c.
21°).



3. Artículo 77 inciso primero de la Constitución

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que, otro grupo de disposiciones
contenidas en el Boletín N° 12.234-02, tanto en la calificación del Congreso
Nacional como en la discusión suscitada en el Tribunal, fueron analizadas por
su eventual incidencia de la ley orgánica constitucional prevista en el artículo
77 inciso primero de la Constitución, en tanto podrían contener aspectos
normativos propios de la “organización y atribuciones de los tribunales que
fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el
territorio de la República”.

Examinadas las disposiciones del proyecto de ley, se obtuvo mayoría
para estimar que tienen esa naturaleza jurídica exclusivamente las siguientes
disposiciones:

- El literal b) del numeral 38) del artículo 1°, en las modificaciones
introducidas al artículo 25 de la Ley N° 19.974, reemplazando su
actual inciso segundo por nuevos incisos segundo y tercero.
- El numeral 39) del artículo 1°, en las modificaciones que introduce al
artículo 26 de la Ley N° 19.974, en sus nuevos incisos primero,
segundo y tercero.

Por lo anterior, se identificarán los criterios interpretativos que han
guiado la calificación realizada por el Tribunal a partir de la norma
constitucional que contiene esta específica reserva al legislador orgánico
constitucional;

CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que, en primer lugar, es necesario asentar
la jurisprudencia del Tribunal que ha delimitado los conceptos “organización” y
“atribuciones” en el sentido con que los utiliza la Constitución en el artículo 77,
paso interpretativo esencial para el examen. En STC Rol N° 16.644, de 12 de
septiembre de 2025, fueron consolidados los criterios sostenidos en las STC
Roles N° 15.380, N° 15.619, N° 15.368, N° 15.525, N° 15.796 y N° 16.051, de los años
2024 y 2025.

Por su incidencia, los razonamientos que han guiado esa interpretación
serán sintetizados para, luego, ser aplicados en los preceptos que se contienen
en el Boletín N° 12.234-02, remitido por el Congreso Nacional;

CUADRAGESIMOTERCERO: Que, así, la primera distinción debe
efectuarse en la delimitación de los conceptos “organización” y
“atribuciones”. Siguiendo lo señalado en la STC Rol N° 16.051, c. 13°, de 2025, en
remisión a la jurisprudencia de la STC Rol N° 4, c. 4°, de 1982, al decidir si las


37
0000263
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES




normas de un proyecto se encuentran o no comprendidas dentro de esa última
esfera de regulación debe precisarse que el concepto “organización y
atribuciones” de los tribunales “se refiere a la estructura básica del Poder Judicial
en cuanto ella no está reglada por la propia Carta Fundamental, pues dice
relación con lo necesario “para la pronta y cumplida administración de justicia en
todo el territorio de la República"(en igual sentido, STC Rol N° 171, c. 11°).
Además, el Tribunal ha reiterado que “no todo lo relacionado con esta materia
queda bajo el ámbito de la ley orgánica constitucional, pues ha reservado a la
competencia de la ley común, en su artículo 60 N° 3, los preceptos “que son objeto
de codificación, sea civil, comercial, procesal penal u otra” (c. 6°).

Desde esta aproximación, por una parte, con el concepto “organización
” el Tribunal ha interpretado que la Constitución identifica la estructura básica
del Poder Judicial, por lo que se encuentra bajo la esfera competencial del
legislador orgánico constitucional la regulación de los elementos indispensables
para el cumplimiento de la “función” que, de forma exclusiva y excluyente, le
entrega el artículo 76 de la Carta Fundamental, esto es, la de “conocer de las
causas civiles y criminales, […] resolverlas y […] hacer ejecutar lo juzgado, [la
que] pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley”.

Por otra, con el concepto “atribuciones” la Constitución alude a la
“competencia” para el cumplimiento de la función judicial. Corresponde a la
“facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias que
la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones” (STC Rol N° 271, c.
14°). De esta forma, precisaron las STC Roles N° 15.525, c. 13°, y N° 16.051, c. 13°, “
dentro del término “atribuciones” el intérprete debe entender comprendidas sólo
las reglas que digan relación con la competencia, sea ésta absoluta o relativa, o si
se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la “jurisdicción”, cuestión
asentada en la STC Rol N° 16.644, c. 13°;

CUADRAGESIMOCUARTO: Que, por ello, mientras la “organización”
alude a la estructura básica, las “atribuciones” deben interpretarse como la
competencia para cumplir con la función judicial prevista en el artículo 76 de la
Constitución. De ello deriva que las concretas formas procedimentales en que se
resuelve la contienda entregada por la ley a la competencia de un juez no se
enmarcan en la faz de la ley orgánica constitucional. Allí la Constitución
convoca al legislador común o simple (STC Rol N° 271, c. 15°, mantenido en STC
Rol N° 15.525, c. 13°), cuyo ámbito competencial es la regla general en nuestro
sistema de fuentes (STC Rol N° 2824, c. 7°).

A su vez, esta delimitación debe correlacionarse con otras normas
constitucionales, puesto que forman un todo coherente y sistémico. Sus
disposiciones deben “interpretarse de manera tal que exista entre ellas la debida
correspondencia y armonía”, por lo que “ninguna interpretación de la Carta



38
0000264
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO




Fundamental puede conducir a dejar sin aplicación un determinado precepto de
ella”, (STC Rol N° 15.981, c. 46°, manteniendo la STC Rol N° 259, c. 6°).

A este respecto, el Tribunal ha destacado la relevancia de la reserva
entregada al legislador común en el numeral 3° del artículo 63. Bajo su ámbito
competencial deben normarse las cuestiones propias de la “codificación, sea
civil, comercial, procesal, penal u otra”, esto es, “[el] procedimiento que han de
seguir los jueces a que alude dicho precepto en ejercicio de su competencia” (STC
Rol N° 271, c. 10°). El ámbito en que inciden ambos legisladores, según lo
disponen los numerales 1° y 3° del artículo 63 de la Constitución, requiere una “
interpretación armónica” -y coherente- a partir del sentido y alcance que ha de
otorgarse a la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 77 inciso
primero de la Constitución (STC Rol N° 30);

CUADRAGESIMOQUINTO: Que, unido a lo anterior, el Tribunal ha
considerado el antecedente histórico del artículo 77 inciso final de la
Constitución. La STC Rol N° 15.525, c. 14°, recordó que “mediante el uso de la
expresión “así como", la Constitución delimita el marco de la ley orgánica
constitucional reservada a la regulación de la “organización” y “atribuciones” de
los tribunales respecto de las “leyes procesales que regulen un sistema de
enjuiciamiento”, por lo que, en necesaria correlación con los numerales 1° y 3°
del artículo 63, se debe asentar que los aspectos procedimentales con que se
ejerce la competencia por un juez -como atribución en el marco de la función
judicial- corresponden al ámbito de la ley común;

CUADRAGESIMOSEXTO: Que, en fin, además de lo anotado, en
jurisprudencia que se ha mantenido desde el año 2024 el Tribunal ha precisado
las diferencias que pueden extraerse a partir de los conceptos “derecho
procesal orgánico” y “derecho procesal funcional”. La STC Rol N° 15.380, c.
14°, indicó que “en materia de “atribuciones” es menester distinguir la
atribución-función de la atribución-procedimiento; la primera referida a la
función (poder deber) de los Tribunales; la segunda referida a las facultades
mediante las cuales se ejerce dicha función (procedimiento)”;

CUADRAGESIMOSEPTIMO: Que, bajo este marco interpretativo, solo
una parte de las enmiendas introducidas a la Ley N° 19.974, alcanzan al
legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 77 inciso primero de la
Constitución.

En primer lugar, tiene esa naturaleza jurídica la modificación a su
artículo 25 que se materializa por medio del literal b) del numeral 38) del
artículo 1 del proyecto de ley, alterando su actual inciso segundo por nuevos
incisos segundo y tercero (fojas 25). Bajo la regulación actualmente vigente, la
competencia para resolver en torno al procedimiento especial de obtención de



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0000265
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO




información establecido en el artículo 24 está entregada a un “Ministro de
aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la
diligencia o donde se inicie la misma”, agregando que “[p]ara ese efecto, el
Presidente de cada Corte de Apelaciones designará por sorteo a dos de sus
miembros, por el plazo de dos años, y la solicitud podrá ser presentada ante
cualquiera de ellos”, precepto que en su oportunidad fue declarado bajo la faz de
la ley orgánica constitucional en la STC Rol N° 417, c. 21°, por lo que la
modificación en actual examen debe seguir necesariamente esa calificación en
imperativo de lo dispuesto en el artículo 66 inciso segundo de la Constitución.
Sin embargo, esa consecuencia no es sólo formal a partir de esta última regla
constitucional, sino que lo es, además, al examinar el contenido sustantivo de
esta enmienda.

A este respecto, los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 25 de la
Ley N° 19.974 establecen un marco procedimental que innova no sólo en la
competencia para obtener la autorización judicial señalada en el artículo 24;
además, traslada esa competencia desde un Ministro de Corte de Apelaciones a
un Ministro de la Corte Suprema, lo que se materializa en los incisos primero,
segundo y tercero del nuevo artículo 26, modificados en el numeral 39) del
artículo 1° del proyecto (a fojas 25 y 26).

Esta modificación competencial envuelve la designación para este
cometido por el Pleno de la Corte Suprema de dos de sus miembros, por el plazo
de dos años, pudiendo presentarse la respectiva solicitud ante cualquiera de
ellos. Esta designación puede ser renovada por una sola vez y, añade el inciso
tercero del nuevo artículo 25, en casos excepcionales, la autorización judicial
requerida puede ser otorgada por el Presidente de la Corte Suprema ante
ausencia, inhabilidad o impedimento de ambos Ministros designados por el
Pleno;

CUADRAGESIMOCTAVO: Que, por lo tanto, se trata de una innovación
en la competencia que tiene dos vías de análisis que están estrechamente
correlacionadas. Por una parte, el legislador ha resuelto poner término a la
atribución actual, otorgada a un Ministro de Corte de Apelaciones para resolver
requerimientos de autorización en el marco del artículo 24 de la Ley N° 19.974,
y, por otra, ha transferido esa competencia a un Ministro de la Corte Suprema e,
incluso, en casos excepcionales, a su Presidente.

Por consiguiente, las enmiendas al inciso segundo del artículo 25 y los
nuevos incisos primero a tercero del artículo 26 inciden en la ley orgánica
constitucional establecida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución.
Siguiendo lo razonado por el Tribunal en la STC Rol N° 15.043, c. 15°, este tipo de
modificaciones están directamente vinculadas al artículo 52 del Código




40
0000266
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS




Orgánico de Tribunales, en que se contienen las competencias de “[u]n Ministro
de la Corte Suprema, designado por el Tribunal” para conocer “4°) De los demás
asuntos que otras leyes le encomienden”, como sucede, precisamente, con esta
nueva entrega competencial. Según se razonara en la STC Rol N° 8564-20, c. 10°,
examinando la Ley N° 21.226, la expresión “atribuciones” que se contiene en la
norma constitucional debe ser comprendida como la facultad que tiene cada
juez o tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la
esfera de sus funciones, lo que resulta consistente con las disposiciones
previamente anotadas;

CUADRAGESIMONOVENO: Que, en contrario, las restantes enmiendas
al artículo 25 de la Ley N° 19.974, contenidas en el literal a), ordinal ii), del
numeral 38) del artículo 1°; los incisos cuarto a sexto del nuevo artículo 26,
incorporados por medio del numeral 39) del artículo 1°; el reemplazo del
artículo 27 en el numeral 40) del artículo 1°; las modificaciones que introduce al
artículo 28 los literales b) y c) del numeral 41) del artículo 1°; y la enmienda al
artículo 29 que es realizada en el ordinal ii) del numeral 42) del artículo 1°, no
alcanzan a la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 77 inciso
primero de la Constitución, puesto que, de acuerdo con el sentido y alcance de
estas disposiciones, sólo desarrollan aspectos procedimentales respecto de las
competencias que pasan a otorgarse a un Ministro de la Corte Suprema para
conocer del procedimiento señalado en el artículo 24 de ese cuerpo legal,
aspecto exclusivo en que sí se convoca a la ley orgánica constitucional. En tal
sentido, y siguiendo lo que resolviera la STC Rol N° 3130-16, 32°, en criterio
asentado en las STC Roles N° 15.043, c. 16°, y N° 15.796, c. 18°, las cuestiones que
configuran los respectivos procedimientos para materializar esa nueva
competencia no alcanzan al legislador orgánico constitucional y se enmarcan,
más bien, en el ámbito del artículo 63 N° 3° de la Constitución, en que rige la
regla general en nuestro sistema de fuentes en la convocatoria a la ley común o
simple.

Conclusión análoga se presenta frente al análisis del nuevo artículo 15 ter
que es incorporado a la Ley N° 19.974, en el numeral 25) del artículo 1° del
proyecto de ley (a fojas 20). Al regular la posibilidad de un que un tribunal ya
competente pueda disponer el secreto de determinadas diligencias en que los
integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado sean parte o interviniente, no
involucra la entrega de una innovación en la competencia de esas judicaturas;
al contrario, sólo introduce aspectos procedimentales necesarios para
operativizar la eventual decisión en torno al secreto y frente a la hipótesis de
que “la publicidad del procedimiento afectare el debido funcionamiento del
Sistema y la seguridad de la Nación”, aspecto que no alcanza al ámbito del
artículo 77 inciso primero de la Constitución y puede ser regulado bajo el ámbito
general de la ley común o simple.



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0000267
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE




4. Artículos 98 inciso primero y 99 inciso final de la Constitución

QUINCUAGÉSIMO: Que, la Carta Fundamental ha reservado a la ley
orgánica constitucional otro ámbito de regulación para específicas cuestiones
vinculadas a la Contraloría General de la República.

En lo que es relevante para delimitar la convocatoria a la ley orgánica
constitucional en esta materia, el artículo 98 inciso primero, al establecer que
ese órgano debe “[desempeñar] las demás funciones que le encomiende la ley
orgánica constitucional respectiva.”, debe complementarse con el artículo
99 inciso final de la Constitución, por cuanto, se añade que, “[e]n lo demás, la
organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría
General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional”;

QUINCUAGESIMOPRIMERO: Que, por lo anterior, un primer canon de
interpretación literal, para precisar el ámbito de ese legislador bajo los artículos
98 inciso primero y 99 inciso final de la Carta Fundamental, permite identificar
sus específicos marcos de aplicación: funciones, organización, funcionamiento
y atribuciones. Desde esa aproximación, se tiene que la competencia de la ley
orgánica constitucional es más amplia que la examinada para el artículo 77
inciso primero (organización y atribuciones del Poder Judicial), o, para el
artículo 38 inciso primero (organización básica de la Administración Pública) y
que, por cierto, para la ya analizada que se contiene en el artículo 8° inciso
tercero (autoridades y funcionarios que deben realizar una declaración de
patrimonio e intereses en forma pública).

Ello es relevante, pues ha sido un importante canon interpretativo para
discernir el o los aspectos que conciernen a la ley orgánica constitucional
identificar cuál es el específico marco en que ésta se desenvuelve, y éste lo es en
el contexto de la materia u órgano en que la Constitución la contempla. Por lo
mismo, sus alcances y extensión no son idénticos en todos los supuestos en que
las ha identificado el constituyente y “queda por tanto al intérprete determinar
en cada caso su contenido específico diferenciándola, por una parte, de los
preceptos constitucionales y sus leyes interpretativas y, por la otra, de la ley
común”, tarea que, añadió la STC Rol N° 4, c. 4°, de 1982, “permitirá establecer
tanto dicho contenido imprescindible como sus elementos complementarios
indispensables, esto es, aquellos elementos que, lógicamente, deben entenderse
incorporados en el rango propio de esa determinada ley orgánica constitucional”;

QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que, en primer término, la Constitución
se encarga de precisar la función esencial de la Contraloría General de la
República en su artículo 98 inciso primero: ejercer “el control de la legalidad de
los actos de la Administración, [fiscalizar] el ingreso y la inversión de los fondos
del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que


42
0000268
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO




determinen las leyes; [examinar] y [juzgar] las cuentas de las personas que tengan
a su cargo bienes de esas entidades; [llevar] la contabilidad general de la Nación, y
[desempeñar] las demás funciones que le encomiende la ley orgánica
constitucional respectiva.”.

A diferencia de otros órganos, como el Poder Judicial o el Ministerio
Público, que en sus respectivos artículos 76 y 83 la Constitución se reserva
directamente la configuración de sus funciones, no delegando esa labor al
legislador orgánico constitucional, o, en contrario, como sucede respecto del
Banco Central en su artículo 108, en que aquéllas funciones se derivan
ampliamente a la ley orgánica constitucional, en el caso del Órgano Contralor, la
Carta Fundamental prevé una mixtura: identifica sus funciones esenciales,
pero, también, las deriva a la ley orgánica constitucional en lo que no
explícitamente previsto por ella, según se desprende del artículo 98 inciso
primero: “ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración,
fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades
y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y
juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas
entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las
demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional
respectiva.”.

Por lo mismo, en la STC Rol N° 17.298, c. 13°, de 2026, el Tribunal examinó
la trascendencia del vocablo “funciones” en el ámbito constitucional,
identificando que éstas son “concebidas como las formas de actividad del poder,
es decir, las operaciones que realiza” (Silva Bascuñán, Alejandro (1980). Derecho
Político. Santiago: Ed. Jurídica de Chile, p. 57). Por lo tanto, una función estatal
como aquella señalada en el artículo 98 inciso primero de la Constitución, en su
faz sustantiva o material, “tiene que realizarse reuniendo cualidades de
contenido determinado y para las finalidades también previstas en el
ordenamiento jurídico”, por lo que cada función “posee características
esenciales o inherentes a ella, las cuales emanan de la sustancia, materia
o contenido de los asuntos que trata” (Cea Egaña, José Luis (1999). Teoría del
Gobierno. Ed. Universidad Católica de Chile, p. 79).

Luego, razonó recientemente la STC Rol N° 17.298, c. 13°, el sistema
jurídico entrega “atribuciones” o potestades a los órganos, precisamente, para
lograr el cumplimiento de esas funciones, que pueden tener fuente
constitucional o legal;

QUINCUAGESIMOTERCERO: Que, por tanto, en los artículos 98 inciso
primero y 99 inciso final la Constitución establece una reserva a la regulación de
la ley orgánica constitucional para las “demás funciones” del Órgano Contralor,
esto es, aquellas que no establece directamente. La jurisprudencia ha precisado



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0000269
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE




que éstas no se encuentran previstas exclusivamente en la Ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, sino que,
en contrario, en diversos cuerpos legales que amplíen ese marco. Así, en la STC
Rol N° 796, c. 8°, el Tribunal razonó lo que a continuación se destaca:

“Si bien el inciso primero del artículo 98 de la Constitución encomienda la
determinación de las demás funciones de la Contraloría General de la República
“a la ley orgánica constitucional respectiva”, una interpretación aislada, a partir
del solo tenor de las palabras, no basta para desentrañar el sentido y alcance del
mandato constitucional contenido en aquel precepto. En efecto, dos
razonamientos orientan a este tribunal a determinar un sentido diverso del que
fluye prima facie del solo enunciado literal de la disposición.

En primer lugar, que para interpretar una norma constitucional debe
tenerse como insoslayable directriz hermenéutica el que la ley suprema es un
sistema armónico de reglas, normas y principios, cuyos preceptos no pueden
interpretarse aisladamente acudiendo a su solo texto expreso. En mérito del
razonamiento anterior, para la adecuada comprensión de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 98, éste debe relacionarse armónicamente con lo estatuido en
el inciso cuarto del artículo 99 de la Carta Fundamental, que eleva a materia de
rango orgánico constitucional tanto la organización y el funcionamiento como las
atribuciones de la Contraloría General de la República, sin distinguir el cuerpo
legal en el que se encuentren reguladas. En consecuencia, debe colegirse que las
atribuciones y funciones de ese órgano de control pueden encontrarse tanto en la
Ley N° 10.336 como en otros ordenamientos legales, siendo imperativo para la
validez normativa de todos ellos que revistan jerarquía orgánico constitucional.”;

QUINCUAGESIMOCUARTO: Que, además de las funciones no
directamente constitucionalizadas, la Carta Fundamental encomienda a la ley
orgánica constitucional la regulación de la “organización”, “funcionamiento” y “
atribuciones” de la Contraloría General de la República en su artículo 99 inciso
final. El Tribunal ha precisado que los conceptos de “organización” y
“funcionamiento” se refieren a la estructura esencial de un ente administrativo
público y al personal permanente que sirve en dichas estructuras,
respectivamente (STC Rol N° 160, c. 7°), no pudiendo extender ese marco de
aplicación a otros supuestos, en tanto “cuando la Constitución encarga a la ley
orgánica constitucional la organización y funcionamiento de un Poder del Estado
o de un organismo autónomo, no puede el legislador orgánico abarcar o
incursionar en todos los detalles que ello supone y tenga que limitarse a delinear
la estructura básica o fundamental de aquellas instituciones para lograr un
expedito funcionamiento en la práctica. Además, ha sido el propio constituyente el
que se ha encargado de advertir que no todo lo relacionado con la organización o
funcionamiento de alguna entidad pública queda bajo el ámbito de la ley orgánica
constitucional” (STC Rol N° 160, c. 10°).


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0000270
DOSCIENTOS SETENTA




Bajo este marco interpretativo deben examinarse las disposiciones
contenidas en los numerales 9) y 53) del artículo 1° del proyecto de ley, en las
modificaciones introducidas a la Ley N° 19.974;

QUINCUAGESIMOQUINTO: Que, tanto el inciso tercero del nuevo
artículo 5° quater, como el inciso primero del nuevo artículo 5° quinquies,
añadidos mediante el numeral 9) del artículo 1° del proyecto de ley, contemplan
la aprobación de decretos supremos exentos por el Presidente de la República y,
en el segundo de éstos, además, con carácter secreto.

Se trata, por tanto, de excepciones a la regla general del trámite de toma
de razón que establece la Constitución en su artículo 99 inciso primero, por
cuanto “[e]n el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General
tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben
tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer
”, el que se complementa con el artículo 1° de la Ley N° 10.336, en aquella parte
en que explicita entre sus “atribuciones” la de “pronunciarse sobre la
constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de
los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General;”, la que es
reiterada en el artículo 10 de ese cuerpo legal, en tanto “[e]l Contralor General
tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de
Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría, representará la
inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer, […]”.

Con ello, surge que el trámite de toma de razón, de consagración
constitucional y legal, es una atribución entregada al Contralor General de la
República para el cumplimiento de la función constitucional de ejercer “el
control de la legalidad de los actos de la Administración”, según lo consagra el
inciso primero del artículo 98 de la Constitución. Luego, el inciso quinto del
artículo 10 de la Ley N° 10.336 entrega atribución a esa autoridad para, en
determinadas circunstancias, eximir del trámite de toma de razón a decretos
supremos;

QUINCUAGESIMOSEXTO: Que, por lo que se viene señalando, no se
innova en las funciones de la Contraloría General de la República ni,
consecuencialmente, en sus atribuciones en términos de alcanzar a la ley
orgánica constitucional. Más bien, el legislador amplía la posibilidad de eximir
del trámite de toma de razón a aquello que ya está permitido en el referido
inciso quinto del artículo 10 de la Ley N° 10.336.

Con todo, los preceptos en análisis agregan supuestos de exención para el
anotado acto, definido por el Órgano Contralor como “un control obligatorio de
juridicidad que se efectúa, previo a su entrada en vigor, sobre los actos
administrativos que deben ser tramitados ante la Contraloría General, por tratar
materias consideradas esenciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución,



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0000271
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO




las leyes, esta resolución y las que se dicten conforme a ella”, conforme lo previsto
en el artículo 1° de la Resolución N° 36, que Fija Normas sobre Exención del
Trámite de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República, de 23 de
diciembre de 2024. Se trata de atribuciones que ya ostenta de acuerdo con la Ley
N° 10.336, por lo que estas modificaciones no inciden en las leyes orgánicas
constitucionales señaladas en los artículos 98 inciso primero y 99 inciso final, en
términos de innovar. En contrario, se trata de una materia en que está
convocado el legislador común o simple.

Una análoga conclusión es posible extraer de la modificación introducida
por medio del numeral 53) del artículo 1° del proyecto, en la incorporación de
un nuevo artículo 36 bis a la Ley N° 19.974, prescribiendo que la Contraloría
General de la República debe proceder a la “toma de razón, en forma secreta, de
los decretos y resoluciones de la Agencia o expedidos por ella”, los que pueden ser
cumplidos de inmediato y sin perjuicio de su posterior tramitación, cuando así
se disponga en ellos.

De acuerdo con los criterios que se desprenden de la interpretación de los
artículos 98 inciso primero y 99 inciso final de la Constitución, no se innova en
las atribuciones de la Contraloría General de la República en términos de
alterarlas, por cuanto el nuevo artículo 36 bis sólo pasa a especificar el carácter
secreto con que debe ser ejercida una atribución que el sistema jurídico ya le
confiere;

QUINCUAGESIMOSEPTIMO: Que, cconsecuencialmente, ninguna de las
disposiciones contenidas en el proyecto de ley en actual examen abarcan la faz
competencial de las leyes orgánicas constitucionales recién anotadas,
incidiendo en aspectos que son propios de la ley común o simple.



5. Artículo 105 de la Constitución

QUINCUAGESIMOCTAVO: Que, en fin, un grupo de disposiciones
contenidas en el Boletín N° 12.234-02, podrían incidir en la ley orgánica
constitucional que ha dispuesto la Constitución en su artículo 105, en tanto,
“[l]os nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas
Armadas, Carabineros y Gendarmería de Chile, se efectuarán por decreto
supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que
determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas
referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión,
antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas,
Carabineros y Gendarmería de Chile.”.




46
0000272
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS




A juicio del Tribunal, las siguientes normas contenidas en el artículo 3°
del proyecto de ley se enmarcan en la convocatoria al legislador orgánico
constitucional recién señalado:

- El inciso primero y el inciso segundo, en la frase “Para estos efectos, se
entenderá por antecedentes policiales aquéllos relativos a las órdenes
judiciales, condenas y detenciones que registren los postulantes,”, del
nuevo artículo 17 bis que se agrega a la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerza Armadas, por medio de su numeral 2).

- El inciso primero y el inciso segundo, en la frase “Para estos efectos, se
entenderá por antecedentes policiales aquéllos relativos a las órdenes
judiciales, detenciones y condenas que registre el personal indicado,”,
del nuevo artículo 26 bis que se agrega a la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerza Armadas, por medio de su numeral 3).

- La frase “e indicarán, mediante resolución fundada, el listado de
funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis”, del nuevo artículo 47
bis que se agrega a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las
Fuerza Armadas, por medio de su numeral 4);

QUINCUAGESIMONOVENO: Que, como viene siendo razonado, serán
señalados los criterios interpretativos que se desprenden del artículo 105 de la
Constitución para identificar el específico campo en que ésta convoca a la ley
orgánica constitucional, para luego aplicar esos criterios a las disposiciones en
examen;

SEXAGÉSIMO: Que, la Constitución delimita dos aspectos en que tiene
incidencia el legislador orgánico constitucional en su artículo 105. Por una
parte, debe desarrollar las “normas básicas respectivas” referidas a los
“nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y
Carabineros [que] se efectuarán por decreto supremo”, y, por otra, le entrega
competencia para establecer las “normas básicas referidas a la carrera
profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión
de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros”. Esta disposición
tiene estrecha relación con una de las atribuciones especiales del Presidente de
la República, en tanto el artículo 32 N° 16 le otorga potestad para “disponer los
nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros en la forma que señala el artículo 105”.

Por lo anterior, resulta esencial precisar el sentido y alcance de la
expresión “normas básicas” que utiliza la Constitución, por cuanto corresponde
al margen que delimita la competencia entregada a la ley orgánica
constitucional. En su texto original de 1980, la Constitución sólo establecía en su
artículo 94 inciso primero, actual artículo 105, una remisión a la ley común o


47
0000273
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES




simple: “Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas
Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la
ley y a los reglamentos de cada institución”, agregándose la referencia a la ley
orgánica constitucional en el año 1989 por medio del artículo único, N° 43, de la
Ley N° 18.825, de Reforma Constitucional, enmienda que buscó otorgar “más
fijeza a las disposiciones sobre FF.AA. y Carabineros que una simple ley, como lo
establecía el texto primitivo de la Carta de 1980” (Andrade Geywitz, Carlos (1991).
Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980. Santiago:
Editorial Jurídica de Chile, p. 233);

SEXAGESIMOPRIMERO: Que, en la STC Rol N° 98, de 1990, examinando
el proyecto que se transformaría en la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de
las Fuerzas Armadas, el Tribunal razonó que con dicha expresión se busca
explicitar la aplicación general que alcanza ese cuerpo legal, “tanto a los
oficiales como al personal que no tenga esa calidad”. Luego afirmó que “normas
básicas son las que constituyen el fundamento o apoyo principal en que
estriba o descansa una cosa o las que son fundamentales en una materia”
. Por lo mismo, la reserva al legislador orgánico constitucional está prevista en el
artículo 105 para aquella normativa esencial e indispensable tanto vinculada
a los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales que menciona, como a i)
la carrera profesional, ii) incorporación a las plantas, iii) previsión, iv)
antigüedad, v) mando, vi) sucesión de mando y vii) presupuesto a de los cuerpos
armados a que se refiere, siendo esta segunda parte agregada como un supuesto
de convocatoria a la ley orgánica constitucional por la Ley de Reforma
Constitucional N° 18.825, de 1989.

Por ello, estimó el Tribunal, “las normas básicas sobre las materias que
específicamente señala el artículo 94 (105) de la Constitución Política son las
imprescindibles y deben estar todas señaladas en la ley orgánica constitucional
respectiva, como también podrían estarlo aquellas normas o materias que
constituyen elementos complementarios indispensables de las básicas, de acuerdo
a la jurisprudencia de este Tribunal” (STC Rol N° 98, c. 5°).

Estos conceptos han sido interpretados por la doctrina y la
jurisprudencia del Tribunal;

SEXAGESIMOSEGUNDO: Que, así, la carrera profesional está referida
a todo el acontecer laboral al interior de las FFAA, desde su ingreso hasta el
retiro. La previsión y el régimen de seguridad social del personal de planta de
las Fuerzas Armadas es autónomo y armónico con la progresión de su carrera
profesional, la que exige una renovación periódica de las diferentes
promociones. Comprende los beneficios de pensión de retiro y de montepío,
desahucio, indemnización por fallecimiento, prestaciones de salud,
prestaciones sociales y demás beneficios de seguridad social que la ley



48
0000274
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO




establezca (art. 61 LOC FFAA). Por su parte, el mando “es la autoridad ejercida
por el personal de las Fuerzas Armadas sobre sus subalternos y subordinados,
en virtud del grado, antigüedad o puesto que desempeñe.” (art. 45 inc. primero
LOC FFAA).

Luego, la sucesión de mando es propia de una institución jerárquica y se
conceptualiza como “el orden de precedencia para asumir las funciones,
responsabilidades y atribuciones inherentes al mando” (art. 49 LOC FFAA).
Finalmente, con la expresión “presupuesto de las Fuerzas Armadas” la
Constitución habilita la existencia de modalidades propias del régimen
presupuestario común y reglas especiales diferentes (Contreras, Pablo; García,
Gonzalo; y Martínez, Victoria (2016). Diccionario Constitucional Chileno.
Santiago: Hueders, p. 498).

En todos estos supuestos, además, se ha precisado que la delimitación
entre la ley común o simple y la ley orgánica constitucional está referida a que,
esta última, sólo envuelve la regulación de sus “normas básicas”, imperativo que
surge expreso a partir del artículo 105 de la Constitución (Silva Bascuñán,
Alejandro (2003). Tratado de Derecho Constitucional. Santiago: Editorial Jurídica
de Chile, t. IX, 2ª Ed., p. 304), por lo que no todas las materias o aspectos
accidentales adquieren esa naturaleza jurídica;

SEXAGESIMOTERCERO: Que, con estos marcos de referencia
interpretativa, la jurisprudencia del Tribunal ha delimitado el ámbito de la ley
orgánica constitucional. Ya desde la STC Rol N° 98, c. 3°, estimó, a vía ejemplar,
que “las normas básicas que deberá contener la ley orgánica [son] las que regulen
la incorporación a las plantas de las Fuerzas Armadas, entre las cuales se
encuentran indudablemente los requisitos que deberán reunirse” (STC Rol N°
98, c. 13°), no siendo procedente en los términos de la Constitución que se remita
a un estatuto que no sea una ley orgánica constitucional la pormenorización de
las capacidades y méritos personales constitutivos de la carrera profesional de
Carabineros que deben ser calificados por el sistema que dicho Estatuto
contempla, pues “vulnera el art. 94 (105) de la Constitución Política, en cuanto
este precepto ordena que todo lo relativo a la “carrera profesional” y sus
normas básicas, se contengan en esta ley orgánica y no en otras disposiciones
legales” (STC Rol N° 102, c. 12°, en criterio mantenido en STC Roles N° 111, c. 3°;
N° 3242, c. 6°; N° 14.006, c. 7°; y N° 16.024, c. 32°);

SEXAGESIMOCUARTO: Que, por lo mismo, el Tribunal ha mantenido un
estándar interpretativo para realizar esta delimitación. En la medida en que
una regulación no comprenda aspectos que envuelvan “normas básicas
referidas a la carrera profesional” no está convocado el legislador orgánico
constitucional (STC Rol N° 2730, c. 10°), como ocurre, por ejemplo, con la
exigencia de realizar cursos habilitantes para las variables de ascenso,



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0000275
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO




perfeccionamiento y especialización del personal de Carabineros de Chile (STC
Rol N° 2730, c. 14°), o respecto de disposiciones que solo tengan carácter
complementario y que no configuren aspectos básicos o esenciales (STC Rol N°
14.578, c. 6°);

SEXAGESIMOQUINTO: Que, aplicando estos criterios interpretativos es
posible concluir que sólo las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 3°
del proyecto de ley, que modifica la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de
las Fuerzas Armadas, inciden en la faz del legislador orgánico constitucional
previsto en el artículo 105 inciso primero de la Constitución:

- El inciso primero y el inciso segundo, en la frase “Para estos efectos, se
entenderá por antecedentes policiales aquéllos relativos a las órdenes
judiciales, condenas y detenciones que registren los postulantes,”, del
nuevo artículo 17 bis, por medio de su numeral 2).

- El inciso primero y el inciso segundo, en la frase “Para estos efectos, se
entenderá por antecedentes policiales aquéllos relativos a las órdenes
judiciales, detenciones y condenas que registre el personal indicado,”,
por medio de su numeral 3).

- La frase “e indicarán, mediante resolución fundada, el listado de
funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis”, del nuevo artículo 47
bis que se agrega a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las
Fuerza Armadas, por medio de su numeral 4);

SEXAGESIMOSEXTO: Que, según se razonara en lo procedente a
propósito de la ley orgánica constitucional establecida en el artículo 8° inciso
tercero de la Constitución, la elaboración e implementación de un sistema de
auditoría en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a cargo de sus respectivos
Comandantes en Jefe para el registro de las declaraciones de patrimonio e
intereses de los “funcionarios que ellos determinen” que se dispone el nuevo
artículo 8° bis de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas
Armadas, en el artículo 3°, numeral 1) del proyecto de ley, no alcanza a aquella
específica ley ni, tampoco, a las normas básicas previstas por el artículo 105
inciso primero de la Constitución, puesto que no aluden a los específicos y
delimitados ámbitos que han sido señalados en lo precedente. En contrario, son
propias del principio de probidad administrativa, en que la Constitución
entrega una competencia general a la ley común o simple. En efecto, es propio
de ley común el sistema de auditoría que deben llevar el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea ya que no incide en las materias propias de ley orgánica
constitucional que menciona el artículo 105 de la Constitución por cuanto tal
disposición se refiere a las normas básicas del presupuesto de las Fuerzas
Armadas y Carabineros y no a una forma de control como son las auditorías, en



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0000276
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS




este caso de las declaraciones de intereses y patrimonio para detectar
variaciones patrimoniales injustificadas que puedan revestir el carácter de
infracciones administrativas o delitos y que pudiesen afectar los fondos
asignados por la Ley de Presupuestos;

SEXAGESIMOSEPTIMO: Que, en contrario, la regulación contenida en el
nuevo artículo 17 bis, tanto en su inciso primero y la primera parte de su inciso
segundo, como en el nuevo artículo 26 bis, en su inciso primero y la primera
parte de su inciso segundo, se encuentran dentro del ámbito de la ley orgánica
constitucional que prevé el artículo 105 inciso primero de la Constitución.

Estas disposiciones están directamente vinculadas con los requisitos de
incorporación a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Indican que, respecto del
ingreso a la carrera profesional y en el caso de soldados conscriptos, el
Ministerio de Defensa Nacional debe solicitar al Ministerio de Seguridad Pública
para que, por su intermedio, requiera al General Director de Carabineros de
Chile y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile un informe
de los antecedentes policiales de las personas que postulen a ingresar a las
instituciones militares. Además, agrega el inciso primero del nuevo artículo 26
bis, cada institución, de conformidad con el artículo 24, letras b) y siguientes de
la Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos
personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, podrá solicitar,
durante el proceso de calificación, por intermedio del Ministerio de Defensa
Nacional, que el Ministerio de Seguridad Pública requiera al General Director de
Carabineros de Chile y al Director General de la Policía de Investigaciones de
Chile un informe de los antecedentes policiales del personal que se indique.

En ambos supuestos, agrega el inciso segundo de los nuevos artículos 17
bis y 26 bis, comprendiendo en la expresión “antecedentes policiales” aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, condenas y detenciones que registren los
postulantes y el personal indicado, respectivamente;

SEXAGESIMOCTAVO: Que, por lo señalado, el inciso primero del nuevo
artículo 17 bis y el inciso primero del nuevo artículo 47 bis inciden en las
normas básicas relativas tanto a la incorporación a las plantas como a la carrera
profesional, de acuerdo con lo ya previsto en el Título II de la Ley N° 18.948,
Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, a tiempo que la segunda de las
mencionadas, al normar aspectos esenciales del proceso de calificación
igualmente refiere aspectos que tiene directa correlación con dicha carrera, con
lo que el legislador innova en este aspecto en términos esenciales y que, en tal
mérito, corresponden a “normas básicas” en los términos utilizados en el
artículo 105 de la Constitución.

Estrechamente vinculado con lo anterior, el inciso segundo tanto del
nuevo artículo 17 bis como del nuevo artículo 26 bis, incorporados a la Ley N°



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0000277
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE




18.948 por medio de los numerales 3) y 4) del artículo 3° del proyecto de ley,
surgen como el complemento indispensable del inciso primero de ambas
disposiciones, puesto que definen un aspecto esencial para la acertada
inteligencia y aplicación del concepto “antecedente policial”, que debe ser
considerado tanto para el ingreso a la carrera profesional como en los procesos
de calificaciones, conformando un “todo armónico” que es inescindible para
determinar el marco de incidencia de la ley orgánica constitucional en estas
materias (STC Rol N° 1894, c. 7°).

No ocurre lo mismo con la segunda parte del inciso segundo del nuevo
artículo 17 bis ni con la segunda parte del inciso segundo del nuevo artículo 26
bis, que se incorporan mediante los numerales 3) y 4) del artículo 3° de la
iniciativa legal (a fojas 38). La estipulación de que la remisión de los
antecedentes debe materializarse dentro de un determinado plazo por el
Ministerio de Seguridad Pública sólo implica cuestiones accidentales que no son
esenciales en términos de confirmar “normas básicas”, conforme a los criterios
antes razonados y que se desprenden de la interpretación del artículo 105 inciso
primero de la Constitución.



6. Artículo 66 inciso segundo de la Constitución

SEXAGESIMONOVENO: Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66
inciso segundo de la Carta Fundamental, “[l]as normas legales a las cuales la
Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de
quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría
absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”, disposición que se encuentra
vigente a partir de la publicación de la Ley N° 21.535, de 27 de enero de 2023.
Antes, la Ley de Reforma Constitucional N° 18.825, de 17 de agosto de 1989,
introdujo una modificación al artículo 63, actual artículo 66, estableciendo la
exigencia de quórum “de cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en
ejercicio” para la “aprobación, modificación o derogación” de este tipo de leyes,
en sustitución de la original disposición de la Constitución de 1980, que disponía
el quórum en tres quintos.

Esta evolución en las mayorías requeridas en el Congreso Nacional no ha
modificado las tres cuestiones o aspectos en que se desarrolla el proceso de
formación de la ley, esto es, su establecimiento o aprobación, lo que implica su
incorporación al sistema jurídico; su modificación, que envuelve alguna
alteración -ya sea esencial o accidental- en la ley vigente; y, en fin, su
derogación, acto de autoridad que “consiste en la eliminación de una norma por
otra posterior que cuenta con la misma legitimidad y validez que la anterior”, acto
que “determina el cese de pertenencia de una norma a un ordenamiento jurídico y
la cancelación de la vigencia de una norma jurídica” (Letelier, Raúl (2011). “Sobre



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0000278
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO




los efectos de la Inconstitucionalidad. Nulidad, derogación y premios”. En
Aldunate, Eduardo et. al. Jurisprudencia Destacada. Análisis Crítico. Santiago:
Abeledo Perrot, pp. 216-217);

SEPTUAGÉSIMO: Que, ninguno de estos conceptos fue definido por la
Constitución, preocupándose el constituyente, más bien, de fijar los aspectos
elementales en que se desenvuelve la discusión de la iniciativa legal. Como
razonó recientemente el Tribunal en la STC Rol N° 17.159, c. 5°, los artículos 65 a
75 de la Constitución regulan el proceso de “formación de la ley”, por lo que se
encuentran incorporados al Capítulo V, “Congreso Nacional”. Establecen una
serie de reglas y procedimientos especiales que, cumplidos, habilitan la
discusión y aprobación de una ley en nuestro sistema jurídico. Sin perjuicio de
que diversas disposiciones inciden en esta materia, tanto de rango
constitucional como legal, la Carta Fundamental ha previsto las regulaciones
elementales sobre el origen y habilitación de la iniciativa legal, fijando los
parámetros dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad legislativa,
como recordó la STC Rol N° 15.981, c. 6°.

En este sentido, “[d]esde la Carta Fundamental se perfila el modo en que
puede ser discutida y aprobada la ley, delimitándose la competencia normativa
entregada al legislador y al Presidente de la República. Por lo mismo, atendiendo
a un factor de tipo procedimental, la ley no sólo es norma formulada por el órgano
estatal competente; lo es en la medida que cumpla con “los requisitos y trámites
previstos por la Carta para su formulación” (Cea, José Luis (2012). Renovación del
constitucionalismo en Chile. Santiago: Thomson Reuters, p. 553), cuestión que se
expresa en el artículo 46 de la Constitución, en tanto las ramas del Congreso
Nacional concurren a la formación de las leyes “en conformidad a esta
Constitución” y con las “atribuciones que ella establece”, siendo, asimismo,
atribución del Presidente de la República “concurrir a la formación de las leyes
con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas” (artículo 32 N° 1)”;

SEPTUAGESIMOPRIMERO: Que, una de estas exigencias
constitucionales que se desprenden del artículo 66 inciso segundo es que las
normas deben votarse en el seno del Congreso Nacional “con el quorum que le es
propio” (STC Rol N° 1410, c. 11°). Tanto la incorporación de normas al sistema
jurídico con rango de ley orgánica constitucional -en las específicas y
delimitadas materias que las ha previsto la Constitución-, como su eventual
enmienda una vez que están vigentes, como la declaración del cese de
pertenencia, deben cumplir con el mandato del artículo 66 inciso segundo. Por
ello, huelga reiterar, “las normas deben votarse con el quórum que le es propio”.

A ese respecto, la Constitución entrega a este Tribunal la calificación
definitiva para establecer la naturaleza jurídica de los preceptos que pudieran
tener rango de ley orgánica constitucional, según se desprende de su artículo 93



53
0000279
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE




inciso primero, N° 1, por cuanto debe “[e]jercer el control de constitucionalidad
de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes
orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre
materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”. Concretizando
este mandato, la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal,
dispone en su artículo 48 que “corresponderá al Presidente de la Cámara de
origen enviar al Tribunal los proyectos de las leyes que interpreten algún precepto
de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de los tratados que
contengan normas sobre materias propias de estas últimas”, agregando el
artículo 49 inciso segundo que “[o]ída la relación, el Tribunal resolverá sobre la
constitucionalidad del proyecto o de las normas respectivas del tratado, dentro
del plazo de treinta días, prorrogable hasta por otros quince, en casos calificados
y por resolución fundada”.

Así, sólo respecto de preceptos que tienen rango de ley orgánica
constitucional, posteriormente, debe ser ejercido el excepcional control
preventivo y obligatorio de constitucionalidad. Por tanto, a partir de la
declaración que realiza el Tribunal Constitucional por medio de una sentencia
-como la que se dicta en esta oportunidad- al estimarse que un determinado
precepto tiene rango de ley orgánica constitucional, éste adquiere esa
calificación jurídica y, por ello, lo fallado pasa a ser imperativo para la posterior
eventual “modificación” o “derogación”, conforme lo prescribe el artículo 66
inciso segundo de la Constitución. El debido acatamiento a lo resuelto por este
Tribunal en una sentencia ejerciendo el control preventivo obligatorio de
constitucionalidad envuelve la necesidad de que, ante un nuevo proyecto que
enmiende o derogue un precepto vigente con ese rango, sea respetado lo antes
resuelto y, por tanto, que la norma modificatoria o derogatoria sea votada “con
el quórum que le es propio” (STC Rol N° 1410, c. 11°).

En caso contrario, el imperativo que surge del artículo 66 inciso segundo
de la Constitución podría ser eludido al no considerar por el Legislador -o este
Tribunal- las decisiones que se plasman en las sentencias que son expedidas en
virtud de la competencia que la misma Constitución le ha otorgado. Esta
comprensión no trasunta una concepción de petrificación del sistema jurídico,
cuestión que es nítida desde la última modificación al artículo 66 de la Carta
Fundamental por medio de la Ley N° 21.535, de 2023, que bajó el umbral del
quorum requerido para las leyes orgánicas constitucionales;

SEPTUAGESIMOSEGUNDO: Que, ahora bien, una cuestión relevante
para la interpretación constitucional se presenta ante el vocablo “modificar” del
artículo 66 inciso segundo. Siguiendo una interpretación literal del término,
corresponde a “[t]ransformar o cambiar algo mudando alguna de sus
características”, conforme la acepción 1ª que indica el Diccionario de la Real




54
0000280
DOSCIENTOS OCHENTA




Academia Española, (Real Academia Española: Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.8 en línea]. <https://dle.rae.es/modificar>.

De ello deriva que, ante un supuesto modificatorio de una norma con
rango de ley orgánica constitucional en virtud de una sentencia previa que así lo
resolvió, el contenido sustantivo que es introducido al precepto pueda no ser
estimado bajo el ámbito de ninguna de las leyes orgánicas constitucionales que
establece la Constitución, pero, de todas formas, surja una declaración formal a
partir del imperativo que surge de la sentencia previa y con la finalidad de dar
cumplimiento al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución (en sentido
análogo, v. gr., STC Rol N° 16.681, c. 28°).

Ahora bien si, por su materia, una norma fue calificada previamente
como propia de ley orgánica constitucional y a ella se incorpora por el legislador
posteriormente una regla enteramente nueva en un proyecto sujeto a examen
por este Tribunal, la materia sobre la que incide puede ser calificada como de
ley común o de ley orgánica constitucional, según corresponda. Ello debido a
que, en tal caso, el nuevo precepto no modifica el anterior sino que constituye
una regla determinada, distinta y separada de ella

Con este marco interpretativo, se determinó que los siguientes preceptos
legales alcanzan esa naturaleza de ley orgánica constitucional, en lo formal, por
cuanto modifican disposiciones que tienen esa categoría previamente
declarada por este Tribunal en la STC Rol N° 417, de 3 de septiembre de 2004:

- El numeral 11) del artículo 1°, que reemplaza el artículo 6° de la Ley
N° 19.974.

- El numeral 17) del artículo 1°, en el inciso tercero del artículo 9° que
es reemplazado en la Ley N° 19.974.

- El numeral 22), del artículo 1°, en la modificación a los incisos
primero y segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.974.

- El numeral 26), del artículo 1°, en la modificación al inciso segundo
del artículo 17 de la Ley N° 19.974.

- El numeral 27), del artículo 1°, en que intercala nuevos incisos
segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso
cuarto, del artículo 19 de la Ley N° 19.974.

- El numeral 37), del artículo 1°, en el reemplazo del artículo 24 de la
Ley N° 19.974, con excepción de su literal d).

- El numeral 38), literal a), ordinal i), del artículo 1°, en las
modificaciones al inciso primero del artículo 25 de la Ley N° 19.974.




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0000281
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO




- El numeral 41), literales a) y b), ordinal i), del artículo 1°, en las
modificaciones a los incisos primero y segundo del artículo 28 de la
Ley N° 19.974.

- El numeral 52), del artículo 1°, en el reemplazo del artículo 36 de la
Ley N° 19.974.



VII. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE
LEY QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

SEPTUAGESIMOTERCERO: Que, conforme se estimó previamente, un
grupo de disposiciones del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 12.234-02,
fueron estimados bajo el ámbito de las leyes orgánicas constitucionales
previstas en los artículos 8° inciso tercero, 77 inciso primero y 105 inciso
primero de la Constitución. Además, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, el Tribunal resolvió que, en
lo formal, y sin atender a su contenido sustantivo, igualmente tienen esa
naturaleza jurídica un grupo de disposiciones que alcanzaron esa calificación
en la STC Rol N° 417, de 2004, y que son modificadas en el proyecto de ley en
actual examen.

Por lo anterior, corresponde ejercer el control obligatorio de
constitucionalidad de esos preceptos en ejercicio y deber de la competencia que
la Constitución le entrega a este Tribunal en el artículo 93 inciso primero, N° 1;

SEPTUAGESIMOCUARTO: Que, en tal mérito, al contrastar dos de las
disposiciones con rango de ley orgánica constitucional, se constata una
vulneración al artículo 8° inciso tercero de la Constitución, por lo que deben ser
eliminadas del proyecto de ley contenido en el Boletín N° 12.234-02. Así, se tiene
la inconstitucionalidad de la frase “Estas declaraciones tendrán carácter secreto
”, contenida en el inciso sexto del nuevo artículo 9°, que se agrega a la Ley N°
19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia, introducida por medio del numeral 17) del artículo 1° del proyecto
(a fojas 17), y de la frase “, e indicarán, mediante resolución fundada, el listado de
funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y patrimonio, de
conformidad al artículo 8° bis”, contenida en el numeral 4) del artículo 3° del
proyecto, que introduce un nuevo artículo 47 bis a la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas (a fojas 38).

Para claridad en la fundamentación, se transcribirán ambos preceptos
en el contexto en que están incorporados:




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0000282
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS




“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley N° 19.974,
sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia: (…)

17) Sustitúyese el artículo 9° por el siguiente: (…)

Artículo 9°.- La dirección superior de la Agencia corresponderá a un
Director, quien será de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

El Director podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de cinco años,
pudiendo ser renovado en su nombramiento por una vez.

En caso de ausencia o impedimento, el Director será subrogado por el
Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. En ausencia o impedimento de
éste, por el Jefe de División que corresponda de acuerdo con la estructura interna
y el orden jerárquico que determine la resolución que deberá dictarse en
conformidad con las disposiciones de esta ley.

No se aplicarán a la Agencia Nacional de Inteligencia las normas del
Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.

Los cargos de Director y Subdirector serán de dedicación exclusiva e
incompatibles con todo cargo o servicio en el sector privado, sea o no
remunerado.

Una vez designados, el Director y el Subdirector deberán efectuar cada seis
meses la declaración de intereses y patrimonio a que se refiere la ley N° 20.880.
Estas declaraciones tendrán carácter secreto.

El Director y el Subdirector no podrán ser candidatos a cargos de elección
popular mientras ejerzan sus funciones y hasta cuatro años después de haber
cesado en su cargo.”.



“Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas: (…).

4) Agrégase el siguiente artículo 47 bis, nuevo: (…).

“Artículo 47 bis.- Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
velarán por el correcto cumplimiento de lo contemplado en el artículo 4°, numeral
5, de la ley N° 20.880, e indicarán, mediante resolución fundada, el listado
de funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis.”.

En ambos casos, el Tribunal estima que es transgredido el artículo 8°
inciso tercero de la Constitución que, en lo pertinente, prescribe lo que a
continuación se anota:




57
0000283
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES




“El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y
senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica
constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en
forma pública.”;

SEPTUAGESIMOQUINTO: Que, para fundamentar la decisión, la
sentencia identificará los criterios que se desprenden de la interpretación de
ambas reglas del artículo 8° inciso tercero de la Constitución en vinculación con
los mandatos y principios que se contienen en sus incisos primero y segundo:
por una parte, que sólo la ley orgánica constitucional está habilitada para
determinar “a las demás autoridades y funcionarios” que deben “declarar sus
intereses y patrimonio”, y, por otra, que ese mandato se cumple
perentoriamente en “forma pública”, lo que es expresión del principio de
probidad como fundamento último del artículo 8°;

SEPTUAGESIMOSEXTO: Que, examinaremos en primer lugar sus dos
primeros incisos.

A partir del vacío preceptivo en que había quedado el artículo 8° de la
Carta Fundamental como consecuencia de su derogación por la reforma de la
Ley N° 18.825, de agosto de 1989, el constituyente derivado de la Ley de Reforma
Constitucional N° 20.050, de 2005, llenó la norma constitucional con las reglas
contempladas en sus dos primeros incisos, conforme a los cuales:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como
sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de
quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos,
cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés
nacional”;

SEPTUAGESIMOSEPTIMO: Que, para interpretar ambos incisos es
relevante acudir a un criterio histórico. Correspondió a la Ley N° 19.653, de 14
de diciembre de 1999, incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los
principios de probidad, transparencia y publicidad a la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado en su artículo 3°
inciso segundo. Esa modificación tuvo origen en el contenido del informe de 27
de julio de 1994 elaborado por la Comisión Nacional de Ética Pública, creada ese
año por decreto supremo del entonces Presidente de la República, Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, en virtud del cual se propició promover la probidad administrativa
a través del denominado “control social”, el cual “tiene por objeto hacer
operativas las prácticas exigidas a la sociedad civil para vigilar y evaluar, en un


58
0000284
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO




proceso continuo, las actividades de los agentes e instituciones públicas” (citado
por Obando, Iván y Allesch, Johan (2004). “Principios de transparencia y
publicidad administrativa”. Actas de las XXXIV Jornadas de Derecho Público.
Santiago: Lexis Nexis, p. 488);

SEPTUAGESIMOCTAVO: Que, además, los incisos tercero y cuarto del
artículo 8° tampoco son originales en el texto de la Constitución. Fueron
introducidos por medio de la Ley N° 20.414, de 4 de enero de 2010, modificación
que se correlacionó directamente con las Leyes N° 19.653, de 1999, y N° 20.088,
de 2006, anteriores a esa reforma constitucional, y que, antes, habían
incorporado a la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, sus artículos 57 a 60 D, bajo el Párrafo 3°
denominado “De la declaración de intereses y de patrimonio”.

El análisis de esa evolución legislativa y constitucional permite
identificar el ámbito de aplicación de la ley orgánica constitucional
contemplada en el artículo 8° inciso tercero de la Constitución, y, por tanto, los
márgenes en que no puede ser soslayada;

SEPTUAGESIMONOVENO: Que, el primer cuerpo legal que amerita ser
analizado para este objetivo corresponde a la Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa aplicables de los Órganos de la Administración del Estado, de 14
de diciembre de 1999. Introdujo diversas modificaciones a la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
agregando un nuevo Título III denominado “De la probidad administrativa” que,
en su Párrafo 3°, contemplaba los nuevos artículos 59 a 62, en que se
especificaban las diversas autoridades que debían “presentar una declaración
de intereses”, listando sus requisitos y contenido esencial. Al examinar en
control preventivo de constitucionalidad esas disposiciones, en la STC Rol N°
299, c. 4°, de 22 de noviembre de 1999, el Tribunal estimó que incidían en
diversas leyes orgánicas constitucionales vinculadas con las autoridades que la
normativa mencionaba, como aquella prevista en su artículo 38 inciso primero.
Al definir el contenido de la “declaración de intereses” establecida en el nuevo
artículo 60, se dispuso que ésta debía contener “la individualización de las
actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el
funcionario”.

Un segundo hito legislativo es el de la Ley N° 20.088, de 2006. Ella
estableció como obligatoria la declaración jurada del “patrimonio” para
diversas autoridades que ejercen una función pública, sustituyendo la
denominación del Párrafo 3° del Título III de la Ley de Bases por “De la
declaración de intereses y de patrimonio”, ampliándola de lo exigido bajo la Ley
N° 19.653, añadiendo los nuevos artículos 60 A, 60 B, 60 C y 60 D. Esta segunda
modificación fue examinada en la STC Rol N° 460, de 6 de diciembre de 2005,



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0000285
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO




estimándose por el Tribunal que, igualmente, entre otras, incidía en la esfera del
legislador orgánico constitucional contemplado en el artículo 38 inciso primero
de la Constitución, manteniendo el criterio de la ya referida STC Rol N° 299.

Con estos antecedentes legislativos fueron introducidos los incisos
tercero y cuarto al artículo 8° de la Constitución. La Ley N° 20.414, de Reforma
Constitucional en materia de Transparencia, Modernización del Estado y
Calidad de la Política, de 4 de enero de 2010, agregó en su artículo único, N° 1, lo
siguiente:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la
Constitución Política de la República:

l. Agréganse, en el artículo 8º, como incisos tercero y cuarto, nuevos, los
siguientes:

"El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y
senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica
constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades
delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que
supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo,
podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones
calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.";

OCTOGÉSIMO: Que, en el Mensaje de la entonces Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, de 6 de diciembre de 2006, fue consignada la
influencia que tuvieron las Leyes N° 19.653, de 1999, y N° 20.088, de 2006, en esta
modificación constitucional. En ese antecedente histórico se dejó constancia
que se mantenían diferencias interpretativas en torno a la mayor o menor
extensión que podía tener el carácter público de la declaración prevista en la ley
a partir de lo resuelto por este Tribunal en la STC Rol N° 460, de 2005, recaída en
el proyecto de ley que establece como obligatoria la declaración jurada
patrimonial de bienes por las autoridades que ejercen una función pública y
que condujo a la Ley N° 20.880. En ese fallo, el Tribunal sostuvo que la consulta o
consultas públicas de las declaraciones de patrimonio contempladas en algunas
normas del proyecto debían “examinarse con sujeción a la prescrito en el
artículo 19 N° 4 de la Constitución, porque allí se asegura, a todas las personas, el
respeto y protección de la honra y de la vida privada” (c. 30°), para luego declarar
constitucionales los referidas normas “en el entendido que, el acceso por terceros
a esa información, ha de serlo para las finalidades legítimas que la nueva
normativa persigue, circunstancia esencial que exige, de todos los órganos del
Estado involucrados por tales disposiciones, interpretarlas y aplicarlas con el
objetivo señalado” (c. 31°).


60
0000286
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS




En cuanto a la finalidad de estas declaraciones, el ex Ministro Urbano
Marín, en prevención a la sentencia, sostuvo que “al permitirse la consulta
pública de las declaraciones de intereses y patrimonio que deben presentar
determinadas autoridades, según las normas del proyecto de ley, se logra en
mejores términos la observancia del mencionado principio de probidad de rango
constitucional, que si tales declaraciones se mantienen en reserva, en la medida
que una menor transparencia en este ámbito pugna con el cabal cumplimiento de
la antedicha base institucional” (c. 5°);

OCTOGESIMOPRIMERO: Que, como se mencionaba, la STC Rol N° 460
fue expresamente considerada en el Mensaje de 6 de diciembre de 2006 de la
reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado
y calidad de la política y que dio origen a la Ley N° 20.414, que introdujo el inciso
tercero al artículo 8° de la Carta Fundamental. En la presentación de la
modificación constitucional, la entonces Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, recordó que “la declaración de intereses fue incorporada a nuestro
sistema para autoridades y funcionarios de alto nivel, mediante la ley Nº 19.653,
en 1999. La declaración de patrimonio, por su parte, se incorporó a través de la
ley Nº 20.088, en 2005. La regulación de la declaración de intereses establece que
esta es pública. Lo mismo hace la ley que estableció la declaración de patrimonio
”, agregando que “no obstante, respecto de la declaración de patrimonio, el
Tribunal Constitucional (STC rol 460, 06.12.2005), al momento de ejercer el
control preventivo de lo que se tradujo en la ley Nº 20.088, tuvo una declaración
interpretativa, que restringió la publicidad de ésta”. Por ello, añadió la Jefa de
Estado que “con este fallo, entonces, se restringió el acceso irrestricto a dichas
declaraciones. Ello ha traído cuestionamientos para las autoridades que,
invocando el derecho a la privacidad, no han hecho pública del todo su
declaración de patrimonio, acogiéndose a la interpretación que hizo la mayoría
del Tribunal Constitucional. Dichos cuestionamientos se fundan en que la
ciudadanía no entiende que la declaración no sea totalmente pública, si la ley así
lo establece” (Historia de la Ley N° 20.414, Mensaje, p. 5).

Así, expuso la Presidenta de la República, “[c]on el propósito de terminar
con la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, y con la que pueda
realizar el legislador en el futuro”, el Mensaje “propone incorporar una norma en
el actual artículo 8º de la Constitución, que consagró la publicidad de los actos,
resoluciones, fundamentos y procedimientos de los órganos del Estado, que
garantice dicha publicidad. La norma propuesta busca consagrar expresamente
que las leyes pueden establecer declaraciones de intereses y de patrimonio; y que
éstas serán siempre públicas. Mediante esta norma, entonces, las personas
podrán conocer las actividades profesionales y económicas en que participa la
autoridad o funcionario; conocerán, entonces, sus intereses. También podrán




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0000287
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE




conocer la individualización completa de los bienes del declarante y de los pasivos
más relevantes, o sea, su patrimonio. No se busca con esto satisfacer un fin
morboso, de curiosidad. La declaración de intereses sirve para medir cuáles son
los vínculos de las personas al momento que adopten sus decisiones. Por lo mismo
se le puede exigir objetividad y abstención de decidir en asuntos que signifiquen
ventajas para él o sus parientes más cercanos. Con la declaración de patrimonio
se busca, por su parte, proteger al funcionario o a la autoridad de las acusaciones
sobre eventuales enriquecimientos ilícitos logrados durante el ejercicio de su
cargo" (Historia de la Ley N° 20.414, Mensaje, p. 6).

Posteriormente, y ya aprobada y en vigor la reforma constitucional que
introdujo los incisos tercero y cuarto al artículo 8°, la Ley N° 20.880, de 5 de
enero de 2016, sobre probidad en la función pública y prevención de los
conflictos de intereses, derogó en su artículo 56, numeral 1, “El párrafo 3° "De la
Declaración de Intereses y Patrimonio" y los artículos 65, 66 y 68 del Párrafo 4°
"De la Responsabilidad y de las Sanciones", ambos del Título III denominado "De
la Probidad Administrativa", de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado”. Al examinar esta derogación en la
STC Rol N° 2905, de 18 de enero de 2015, el Tribunal estimó que alcanzaba al
legislador orgánico constitucional, en tanto las disposiciones que perdían
vigencia fueron declaradas bajo dicha competencia en las mencionadas STC
Roles N° 299 y N° 460, y siguiendo lo previsto en el artículo 66 inciso segundo de
la Constitución, la derogación debía seguir la calificación de ley orgánica
constitucional;

OCTOGESIMOSEGUNDO: Que, ya en aplicación del inciso tercero del
artículo 8° de la Constitución, uno de los primeros criterios de interpretación de
la ley orgánica constitucional allí prevista fue consignado en la STC Rol N° 2905,
c. 27°, examinando el proyecto de ley que se transformó en la Ley N° 20.880, de
2016. Por una parte, se razonó que la Carta Fundamental indica directamente
las autoridades que deben realizar las declaraciones de patrimonio e intereses
en forma pública (el Presidente de la República, Ministros de Estado, diputados
y senadores), y reserva a la ley orgánica constitucional especificar, bajo su
competencia, a “las demás autoridades y funcionarios”. Por ello, estimó que
ésta abarca a los “sujetos que, de conformidad con dichos preceptos
fundamentales están obligados a declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública, así como a los casos y condiciones en que dichas autoridades delegarán a
terceros la administración de sus bienes e intereses que supongan conflicto de
interés en el ejercicio de su función pública” (c. 10°), referencia, esta última, con
relación al inciso cuarto del artículo 8° constitucional;

OCTOGESIMOTERCERO: Que, además, este Tribunal delimitó los
conceptos constitucionales “autoridad” y “funcionarios”. Interpretó que




62
0000288
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO




“[d]entro de la expresión “autoridades”, caben quienes ejercen mando dentro de la
estructura jerárquica del Estado” y “[l]os funcionarios, en cambio, son aquellos
que ocupan un cargo que es público, sin tener dicha potestad propia de la
jerarquía” (STC Rol N° 2905, c. 27°), distinción que, igualmente, se desprende del
artículo 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, en el deber que tanto autoridades como
funcionarios tienen en el cumplimiento de la función pública que ejercen.

De esta forma, autoridades y funcionarios, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 2° de la Ley N° 20.880, de 2016, en tanto desempeñan “funciones
públicas”, deben “ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y
las leyes, con estricto apego al principio de probidad”, por lo que el artículo 3° de
ese cuerpo legal -en estrecha correlación con el artículo 8° inciso tercero de la
Constitución- establece que para el debido cumplimiento de este principio se
“[determinan] las autoridades y funcionarios que deberán declarar sus intereses y
patrimonio en forma pública, en los casos y condiciones que señala”. Éstos son
especificados y listados bajo el término “sujetos obligados” en el Capítulo 1° del
Título II, y el contenido mínimo de la declaración se establece en el artículo 7° de
la Ley N° 20.880. Estos preceptos fueron declarados bajo el ámbito competencial
de la ley orgánica constitucional contenida en el artículo 8° inciso tercero de la
Carta Fundamental en la STC Rol N° 2905, c. 7°, criterio posteriormente asentado
en la STC Rol N° 2937, c. 7°;

OCTOGESIMOCUARTO: Que, por lo razonado precedentemente, la Ley
N° 19.653, de 1999, al modificar la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado e incorporar su artículo 60,
especificó el sentido y alcance de la expresión “intereses”, comprendiéndola
como la “individualización de las actividades profesionales y económicas en que
participe la autoridad o el funcionario”. Posteriormente, la Ley N° 20.088, de
2006, determinó el original contenido de la expresión “patrimonio” y sus
elementos mínimos en el nuevo artículo 60 C que se incorporaba a la Ley de
Bases, listando los “bienes” muebles e inmuebles que debían incorporarse a la
declaración dispuesta por la ley.

De esta forma, “intereses” y “patrimonio”, como expresiones originales de
las Leyes N° 19.653 y N° 20.088, fueron consideradas por el Constituyente en la
discusión de Ley N° 20.414, de 2010, que modificó la Constitución al incorporar
los nuevos incisos tercero y cuarto del artículo 8°, e inciden, por tanto, en el
deber que debe ser cumplido por las “demás autoridades y funcionarios que una
ley orgánica constitucional señale”;

OCTOGESIMOQUINTO: Que, por lo que viene señalándose, al ser
derogados ambos cuerpos legales por la Ley N° 20.880, de 2016, esta última debe
comprenderse como la ley orgánica constitucional que contiene el listado de



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0000289
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE




autoridades y funcionarios que deben cumplir con el deber constitucional de
“declarar sus intereses y patrimonio en forma pública” (así, la modificación
examinada en la STC Rol N° 15.412, c. 7°). Sin embargo, esta conclusión no agota
su ámbito de aplicación. Diversas leyes posteriores han introducido nuevas
autoridades y funcionarios que deben cumplir con el deber de entregar una
declaración pública de este tipo, incidiendo, igualmente, en la ley orgánica
constitucional establecida en el artículo 8° inciso tercero de la Constitución (STC
Rol N° 15.169, c. 9°), con independencia de lo ya previsto en la Ley N° 20.880.

En diversas ocasiones en que el legislador ha ampliado las autoridades y
funcionarios que deben cumplir con la declaración de intereses y patrimonio en
forma pública, el Tribunal ha estimado la necesidad de que sea convocado el
legislador orgánico constitucional (STC Roles N° 15.412, c. 7°; N° 15.455, c. 10°; N°
14.495, c. 15°), en tanto, si bien éstas buscan el desarrollo en un “texto armónico,
sistemático y coherente” de los preceptos de la Constitución en aquellas materias
que ha reservado a este tipo de ley (STC Rol N° 376, c. 10), ello no obsta a que sea
desarrollada en un cuerpo legal único y deba determinarse su competencia de
acuerdo con el ámbito específico que la Carta Fundamental les ha reservado
(STC Rol N° 1145, c. 18°), conclusión que la doctrina ha estudiado desde
temprana jurisprudencia del Tribunal en el control preventivo de
constitucionalidad de la ley (Buchheister, Axel y Soto, Sebastián (2005).
“Criterios para la calificación de normas orgánico constitucionales en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Revista Chilena de Derecho, Vol. 32,
N° 2, pp. 253-275, p. 256);

OCTOGESIMOSEXTO: Que, según lo razonado, el artículo 8° inciso
tercero de la Constitución se encuentra referido a dos aspectos esenciales, a
saber: i) el establecimiento taxativo -de forma exclusiva y excluyente- por ley de
rango orgánico constitucional de “las demás autoridades y funcionarios” que
deben ii) cumplir con el deber de “declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública”, exigencias “propias de los deberes de probidad en el ejercicio de la
función pública” (STC Rol N° 15.043, c. 14). De encontrarse las normas remitidas
por el Congreso Nacional bajo esta faz de aplicación, se desprende la
competencia de la ley orgánica constitucional.

Por otra parte, las palabras empleadas por el constituyente deben
entenderse con el mismo sentido que emplea el concepto “público” el inciso
segundo del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental, es decir, de acuerdo con
la primera definición que le da al vocablo el Diccionario de la Real Academia,
cual es ser “conocido a sabido por todos”. Lo anterior se explica porque el
constituyente derivado de la Ley de Reforma Constitucional N° 20.414 buscó
que, a través de dar a conocer a todos las referidas declaraciones, cualquier
ciudadano pudiera efectuar un control sobre la actuación del declarante para
aquilatar si la declaración misma y su actualización a lo largo de su desempeño


64
0000290
DOSCIENTOS NOVENTA




en el cargo se ajusta o no al principio de probidad. De este modo se pueden
examinar, a vía ejemplar, cuáles son los vínculos que el funcionario mantiene al
momento de adoptar alguna decisión que pudiera eventualmente llevarlo a
tener un conflicto de interés, o si su patrimonio se ha acrecentado en forma
ilícita durante el ejercicio en el cargo;

OCTOGESIMOSÉPTIMO: Que lo anterior podemos concluir que las
reglas señaladas del inciso tercero del artículo 8° de la Carta Fundamental se
insertan dentro del principio de probidad a que alude su inciso primero. En
efecto, si la probidad es la honradez, integridad y rectitud en el actuar, ésta
constituye un principio ético fundamental que guía el desempeño de quienes “ej
ercen funciones públicas”, como señala el referido inciso primero del artículo 8°,
estando, por lo tanto, obligados a respetarlo, “tanto quienes actúan como
titulares de los órganos estatales como aquellos que, sin ser funcionarios del
Estado, estén realizando una función pública” (Silva Bascuñán, Alejandro (2008).
Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XII. Santiago: editorial Jurídica de
Chile, p. 300).

Así, en su finalidad, aquellas reglas buscan promover la probidad
mediante el control ciudadano de la actuación de las personas que desempeñan
funciones públicas, lo cual se logra a través de la publicidad de la declaración de
patrimonio e intereses a que alude el inciso tercero del artículo 8° de la Carta
Fundamental, que propicia el estricto cumplimiento de ese principio en la
actuación de quienes ejercen funciones públicas. Ello envuelve la reserva al
legislador orgánico constitucional de aquellos que están obligados a efectuar las
referidas declaraciones, por una parte, y que dicho acto sea realizado en forma
pública, por otra;

OCTOGESIMOCTAVO: Que, entonces, de acuerdo con lo que se ha venido
expresando, forma parte esencial del imperativo que surge del artículo 8° inciso
tercero de la Constitución, que la declaración de intereses y patrimonio de las
personas que están obligadas a efectuarla -mandatadas por el legislador
orgánico constitucional- sea realizada de forma pública;

OCTOGESIMONOVENO: Que, en tal mérito, los dos preceptos antes
señalados contravienen ambos mandatos que establece la Constitución en su
artículo 8° inciso tercero, por lo que deben ser eliminados del proyecto de ley
contenido en el Boletín N° 12.234-02.

La frase “Estas declaraciones tendrán carácter secreto”, contenida en el
inciso sexto del nuevo artículo 9°, que se agrega a la Ley N° 19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia,
introducida por medio del numeral 17) del artículo 1° del proyecto (a fojas 17),
transgrede el deber de que la declaración establecida en la Constitución sea
realizada en forma pública, no configurando ninguna excepción que permita



65
0000291
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO




estimar la eventual conformidad de esta disposición con el imperativo
constitucional. Ninguna interpretación conforme permite arribar a una
conclusión en contrario.

Además, y en directa correlación, la frase “, e indicarán, mediante
resolución fundada, el listado de funcionarios que deberán realizar declaración de
intereses y patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis”, contenida en el
numeral 4) del artículo 3° del proyecto, que introduce un nuevo artículo 47 bis a
la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (a fojas 38),
vulnera la reserva que el mismo artículo 8° inciso tercero entrega a la ley
orgánica constitucional para que, solo mediante ese tipo de ley, se determinen
las “demás autoridades y funcionarios” que deben realizar aquella declaración.
Igualmente, se trata de una competencia privativa y exclusiva del legislador que
no puede ser eludida.



IX. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE
LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

NONAGÉSIMO: Que, las disposiciones siguientes del proyecto de ley que
fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, correspondiente al
Boletín N° 12.234-02, son conformes con la Constitución Política:



- Del artículo 1°, que introduce enmiendas en la Ley N° 19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia:

o El numeral 11), que reemplaza el artículo 6°.

o El numeral 17), que sustituye el artículo 9°, en sus incisos tercero
y sexto, este último, con excepción de la frase “Estas
declaraciones tendrán carácter secreto”.

o El numeral 22), que reemplaza los incisos primero y segundo del
artículo 14 por un nuevo inciso primero.

o El numeral 26), que modifica el inciso segundo del artículo 17.

o El numeral 27), en las modificaciones que efectúa al artículo 19.

o El numeral 37), que reemplaza el artículo 24.

o El numeral 38), en el ordinal i) del literal a), y en el literal b), que
enmienda los incisos primero y segundo del artículo 25.

o El numeral 39), en los incisos primero, segundo y tercero del
artículo 26 que es reemplazado.



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0000292
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS




o El numeral 41), en el literal a) y en el literal b), ordinal i), en las
modificaciones que se introducen a los incisos primero y
segundo del artículo 28.

o El numeral 52), que reemplaza el artículo 36.



- Del artículo 2°, en las siguientes modificaciones a la Ley N° 20.880,
sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de
intereses:

o El numeral 1), en la frase “así como los jefes o directores de los
organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado”,
que se contiene en la modificación introducida al numeral 5 de
su artículo 4°.

o El numeral 2), en lo que modifica el inciso quinto de su artículo
7°.



- Del artículo 3°, en las siguientes modificaciones en la Ley N° 18.948,
Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas:

o El numeral 2), en el inciso primero y en la frase “Para estos
efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, condenas y detenciones que
registren los postulantes,”, contenida en el inciso segundo,
ambos del nuevo artículo 17 bis.

o El numeral 3), en el inciso primero y en la frase “Para estos
efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, detenciones y condenas que
registre el personal indicado,”, contenida en el inciso segundo,
ambos del nuevo artículo 26 bis.



X. INFORMES DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU
COMPETENCIA

NONAGESIMOPRIMERO: Que, conforme lo indicado a fojas 154 y 205, en
lo pertinente se ha oído previamente a la Excma. Corte Suprema, dándose
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política,
conforme consta en Oficios N° 112-2023 y 31-2026, ambos dirigidos a la H.
Cámara de Diputadas y Diputados y al H. Senado.




67
0000293
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES




XI. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS
NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

NONAGESIMOSEGUNDO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista,
consta que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento
fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías
requeridas por el artículo 66 inciso segundo de la Constitución Política.



Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8°
inciso tercero, 38 inciso primero, 63 N° 1 y N° 3, 66 inciso segundo, 77 inciso
primero, 98 inciso primero, 99 inciso final y 105 inciso primero, de la
Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



I. QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY,
APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL, QUE FORTALECE Y
MODERNIZA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 12.234-02, SON CONFORMES
CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA:


- Del artículo 1°, que introduce enmiendas en la Ley N° 19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia:

o El numeral 11), que reemplaza el artículo 6°.

o El numeral 17), que sustituye el artículo 9°, en sus incisos tercero
y sexto, este último, con excepción de la frase “Estas
declaraciones tendrán carácter secreto”.

o El numeral 22), en el reemplazo de los incisos primero y segundo
del artículo 14 por un nuevo inciso primero.

o El numeral 26), en la modificación al inciso segundo del artículo
17.

o El numeral 27), en las modificaciones al artículo 19.

o El numeral 37), en que reemplaza el artículo 24.

o El numeral 38), en el ordinal i) del literal a), y en el literal b), que
enmienda los incisos primero y segundo del artículo 25.




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0000294
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO




o El numeral 39), en los incisos primero, segundo y tercero del
artículo 26 que es reemplazado.

o El numeral 41), en el literal a) y en el literal b), ordinal i), en las
modificaciones que se introducen a los incisos primero y
segundo del artículo 28.

o El numeral 52), en que reemplaza el artículo 36.



- Del artículo 2°, en las modificaciones a la Ley N° 20.880, sobre probidad
en la función pública y prevención de los conflictos de intereses:

o El numeral 1), en la frase “así como los jefes o directores de los
organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado”,
que se contiene en la modificación introducida al numeral 5 de
su artículo 4°.

o El numeral 2), en la modificación al inciso quinto de su artículo
7°.



- Del artículo 3°, en las modificaciones en la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas:

o El numeral 2), en el inciso primero y en la frase “Para estos
efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, condenas y detenciones que
registren los postulantes,”, contenida en el inciso segundo,
ambos del nuevo artículo 17 bis.

o El numeral 3), en el inciso primero y en la frase “Para estos
efectos, se entenderá por antecedentes policiales aquéllos
relativos a las órdenes judiciales, detenciones y condenas que
registre el personal indicado,”, contenida en el inciso segundo,
ambos del nuevo artículo 26 bis.




II. QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES SON CONTRARIAS A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, POR LO QUE DEBEN
ELIMINARSE DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A
CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD:




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0000295
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO




- Del artículo 1°, que introduce enmiendas en la Ley N° 19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia:
o La frase “Estas declaraciones tendrán carácter secreto”, contenida
en el inciso sexto del nuevo artículo 9°, introducida por medio del
numeral 17).



- Del artículo 3°, en las modificaciones en la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas:

o La frase “, e indicarán, mediante resolución fundada, el listado de
funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis”, contenida en el
numeral 4), que introduce un nuevo artículo 47 bis.


III. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO
DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES
DEL PROYECTO DE LEY POR NO VERSAR SOBRE MATERIAS QUE
INCIDEN EN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.



DISIDENCIAS



La Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, y las Ministras
señoras NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA y CATALINA LAGOS TSCHORNE, estimaron que
sólo corresponde estimar el carácter de ley orgánica constitucional de las
siguientes frases:

Del artículo 1°, en las modificaciones a la Ley N° 19.974, sobre el Sistema
de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia:

- Del numeral 11), la frase “Reemplázase el artículo 6° por el siguiente:”.
- Del numeral 17), la frase “Sustitúyese el artículo 9° por el siguiente:”.
- Del numeral 22), la frase “Reemplázanse los incisos primero y segundo
del artículo 14 por el siguiente inciso primero:”.
- Del numeral 26), la frase “Reemplázase, en el inciso segundo del
artículo 17, la expresión “cuatro años” por”.
- Del numeral 37), la frase “Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:”.
- Del numeral 38), en el literal b), la frase “Reemplázase el inciso
segundo por los siguientes incisos segundo y tercero:”.
- Del numeral 39), la frase “Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:”.




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0000296
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS




- Del numeral 41), en el literal a), la frase “Intercálase, en el inciso
primero, entre la palabra “fundada” y el punto y aparte que le sigue, la
expresión”.

Estiman que las normas que se vienen modificando por el artículo 1° del
proyecto de ley, en los señalados numerales, no son competencia del legislador
orgánico constitucional, siendo en definitiva únicamente propias de ley
orgánica constitucional las modificaciones antes citadas, por cuanto derogan o
modifican normas antes declaradas bajo el ámbito de una ley orgánica
constitucional en la STC Rol N° 417, de 2004.

Por tanto, únicamente alcanzan el rango de ley orgánica constitucional
los encabezados referidos y conforme al artículo 66 inciso segundo de la Carta
Fundamental, al ordenar que “Las normas legales a las cuales la Constitución
confiere el carácter de ley orgánica constitucional (…) se (…) derogarán por la
mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”. Se sigue en esta
materia la STC Rol N° 127, c. 7°, que, acorde a dicho mandato, sólo considera
como orgánicas constitucionales las reglas derogatorias o modificatorias, según
sea el caso, y no los aspectos sustantivos del respectivo precepto, parecer
recientemente sostenido en la STC Rol N° 16.681, c. 23°, de 8 de septiembre de
2025, y en la STC Rol N° 17.330, c. 20°, de 16 de marzo de 2026.

En lo demás, y al examinar el contenido que es añadido o modificado por
estas disposiciones, la Constitución convoca a la ley común o simple.



La Presidenta, Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, y la Ministra
señora CATALINA LAGOS TSCHORNE, disintieron de la calificación de ley
orgánica constitucional otorgada al numeral 39) del artículo 1° del
proyecto de ley, respecto de la segunda parte del inciso primero y del inciso
tercero del nuevo artículo 26 que se agrega a la Ley N° 19.974, por cuanto la
designación de dos miembros de la Corte Suprema para ejercer la competencia
prevista en la primera parte del inciso primero solo involucra un aspecto
procedimental en que la Constitución convoca a la ley común o simple, de
acuerdo con el artículo 63 N° 3 y el inciso final de su artículo 77, lo que también
ocurre respecto del eventual ejercicio de esta competencia por el Presidente de
dicha Corte, según se norma en el inciso tercero.

Además, la Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE estimó que
dicho razonamiento debe conducir análoga conclusión al examinar el
inciso segundo del señalado artículo 26, por cuanto la eventual renovación de
esa designación por la Corte Suprema supone otro aspecto de tipo
procedimental que no alcanza a la ley orgánica constitucional prevista en el
inciso primero del artículo 77 de la Carta Fundamental.




71
0000297
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE




Las Ministras señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y ALEJANDRA PRECHT
RORRIS disintieron de la declaración de inconstitucionalidad de la frase “, e
indicarán, mediante resolución fundada, el listado de funcionarios que
deberán realizar declaración de intereses y patrimonio, de conformidad
al artículo 8° bis”, contenida en el numeral 4) del artículo 3° del proyecto,
que introduce un nuevo artículo 47 bis a la Ley N° 18.948, Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Armadas. Para ello tuvieron en consideración
los siguientes argumentos:

1°. Si bien comparten los razonamientos señalados en la sentencia en sus
considerandos 74° a 87°, al fundar la declaración de inconstitucionalidad de la
frase “Estas declaraciones tendrán carácter secreto”, contenida en el inciso sexto
del nuevo artículo 9°, que se agrega a la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de
Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, introducida
por medio del numeral 17) del artículo 1° del proyecto, en razón de la
transgresión al artículo 8° inciso tercero de la Carta Fundamental, estiman que
la modificación a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas
Armadas, en su nuevo artículo 47 bis, es constitucional a partir de una
interpretación contextual y armónica con las restantes normas que son
añadidas a ese cuerpo legal por medio de su artículo 3°.

Desde esta perspectiva, a juicio de estas Ministras, no es posible
contrastar la norma frente a la Constitución en forma aislada, sino que, en
contrario, estiman que ese ejercicio debe considerar su ubicación y alcances en
el contexto de las leyes que están siendo modificadas;

2°. La frase en cuestión se inserta en el nuevo artículo 47 bis que se
agrega a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, cuyo
texto es el siguiente: “Artículo 47 bis.- Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas velarán por el correcto cumplimiento de lo contemplado en el artículo
4°, numeral 5, de la ley N° 20.880, e indicarán, mediante resolución fundada, el
listado de funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio, de conformidad al artículo 8° bis.”.

Pues bien, según el parecer de la mayoría, la última parte de esta norma
vulnera la reserva competencial que, de forma expresa y excluyente, ha
entregado el artículo 8° inciso tercero de la Constitución a la ley orgánica
constitucional para que sea ésta la que determine “las demás autoridades y
funcionarios que deberán prestar una declaración de patrimonio e intereses en
forma pública”. A ese particular respecto, la mayoría señala que se contraviene
la Carta Fundamental al delegar en los Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas la indicación, mediante resolución fundada, de los funcionarios que




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0000298
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO




deberán realizar dicha declaración, cuestión que sólo puede realizar el
legislador orgánico constitucional.

Esa conclusión es correcta y la compartimos: la reserva a la ley orgánica
constitucional es clara en el ámbito del artículo 8° inciso tercero de la
Constitución. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad asume una
premisa interpretativa sobre la cual disentimos;

3°. En efecto, al efectuar el control de constitucionalidad de esta norma
resulta necesario correlacionarla con las restantes modificaciones que
introduce el proyecto en actual examen. En primer lugar, el numeral 1° del
artículo 3° agrega un nuevo artículo 8° bis a la Ley N° 18.948, que obliga a
implementar un sistema de auditoría para el logro de este objetivo, cuyo texto es
el siguiente:

“Artículo 8° bis.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea deberán elaborar e implementar un sistema de auditoría en cada
institución, cuya finalidad será registrar las declaraciones de patrimonio e
intereses de los funcionarios que ellos determinen.

El sistema quedará radicado en la repartición que el Comandante en Jefe
señale y fijará los criterios que se utilizarán en la revisión de las declaraciones de
patrimonio e intereses. El sistema tendrá por objeto detectar variaciones
patrimoniales injustificadas.

En caso de detectarse variaciones patrimoniales injustificadas que puedan
revestir el carácter de infracciones administrativas o ser constitutivas de delito,
deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la autoridad u organismo
competente.”.

Luego, esa enmienda está directamente vinculada con la modificación a
la Ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los
conflictos de intereses. El artículo 2° de la iniciativa legal, en el numeral 1),
reemplaza el numeral 5 del artículo 4° por el siguiente texto:

“5. Los oficiales generales, los oficiales superiores y el grado superior de los
oficiales jefes de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como los jefes o directores de los
organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado.

En el caso de los funcionarios previstos en el párrafo anterior, sus
declaraciones deberán contener similares características que las contempladas
en el artículo 4° de la ley Nº 19.863.”.

Lo anterior, en el contexto de que el artículo 4° de la Ley N° 20.880 lista a
diversas personas y autoridades que deben cumplir con la obligación de prestar
la ya referida declaración de patrimonio e intereses en forma pública;




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0000299
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE




4°. Según se desprende de lo anterior, es directamente el legislador
orgánico constitucional de la Ley N° 20.880 el que ha dispuesto que los “oficiales
generales, […] oficiales superiores y el grado superior de los oficiales jefes de las
Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, así como los jefes o directores de los organismos integrantes
del Sistema de Inteligencia del Estado” presten la declaración establecida en el
artículo 8° inciso tercero de la Constitución, y no es factible interpretar en forma
restrictiva que, en contrario, serán los Comandantes en Jefe de del Ejército, de la
Armada y de la Fuerza Armadas quienes crearán dicha obligación en virtud de
una resolución exenta, según podría desprenderse de la redacción del nuevo
artículo 47 bis que se incorpora a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de
las Fuerzas Armadas.

5°. Por lo mismo, la integración de todas estas modificaciones permite
interpretar que, cumplido el mandato constitucional del artículo 8° inciso
tercero por el legislador orgánico constitucional, sólo corresponde a los Jefes
Castrenses la individualización de quienes, encontrándose en el supuesto de la
norma legal por sus respectivos cargos o nombramientos en un determinado
período, deberán cumplir con aquella obligación, labor que realizarán por
medio de una resolución exenta. Este acto administrativo no podrá tener la
entidad o alcance de agregar “autoridades y funcionarios”, limitándose sólo a
detallar las personas que están bajo el ámbito del artículo 4°, numeral 5, de la
Ley N° 20.880.

Lo anterior, por cuanto es una obligación que surge a partir del deber que
entrega el nuevo artículo 47 bis: “[velar] por el correcto cumplimiento de lo
contemplado en el artículo 4°, numeral 5, de la Ley N° 20.880”.

Así, la disposición íntegra del nuevo artículo 47 bis es conforme a la
Constitución, en tanto no elude el imperativo constitucional de que sea la ley
orgánica constitucional la que determine nuevas “autoridades y funcionarios”
que deberán prestar una “declaración de patrimonio e intereses en forma
pública”;

6°. Esta conclusión es armónica con diversos principios que han sido
reconocidos en la jurisprudencia de este Tribunal cuando ha ejercido el control
de constitucionalidad que prescribe la Carta respecto de preceptos con rango de
ley orgánica constitucional. La propia STC Rol N° 417, de 2004, que examinó la
Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia
Nacional de Inteligencia, razonó sobre la constitucionalidad de diversas normas
en ese examen, con entendidos y alcances, pero teniendo en consideración “el
principio, uniforme y reiteradamente aplicado por esta Magistratura, consistente
en buscar la interpretación de las normas que permita resolver, dentro de lo
posible, su conformidad con la Carta Fundamental”, expresión de la presunción



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0000300
TRESCIENTOS




de constitucionalidad de que goza un texto ya aprobado por el Congreso
Nacional una vez finalizado su iter legislativo, y que cede sólo ante
vulneraciones inconciliables con la Constitución, en sus reglas y principios, para
recién entonces hacer surgir el deber imperativo de este Tribunal de evitar que
nazca al derecho un precepto que pugna con aquella.

No es ese el caso sobre el cual disentimos en esta oportunidad. Una
interpretación conforme a la Carta Fundamental como la que hemos expuesto
nos permite asentar la constitucionalidad de la modificación introducida a la
Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armas en el nuevo
artículo 47 bis y disentir, por lo dicho, con la declaración de su
inconstitucionalidad que efectúa la mayoría.



La Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO estima que las
modificaciones introducidas a la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de
Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, por
medio del numeral 9), en el inciso tercero del nuevo artículo 5° quater y en
el inciso primero del nuevo artículo 5° quinquies, alcanzan el ámbito de la
ley orgánica constitucional a que aluden los artículos 98 inciso primero y 99
inciso final de la Constitución, por cuanto inciden en las atribuciones de la
Contraloría General de la República.

Para arribar a la conclusión anterior, tiene presente que ambas
disposiciones sustraen del trámite de toma de razón al decreto supremo que
dicte el Presidente de la República al aprobar el denominado “Plan de
Desarrollo para el Sistema de Inteligencia” y aquel que deba dictarse en la
aprobación de la “Directiva Anual de Inteligencia”, este último, en carácter
secreto.

La jurisprudencia del Tribunal ha estimado que la exención de la toma de
razón, en tanto atribución que la Constitución entrega directamente al
Contralor General de la República en el inciso primero del artículo 99 para
cumplir con la función señalada en el inciso primero del artículo 98, esto es,
“[ejercer] el control de legalidad de los actos de la Administración”, debe seguir
la calificación de ley orgánica constitucional, cuyo ámbito no se restringe solo a
modificaciones o enmiendas a la Ley N° 10.336, sino que, además, alcanza a todo
cuerpo legal que envuelva una alteración que innove sustancialmente en esas
atribuciones y funciones (STC Rol N° 796, c. 8°). Así, las disposiciones que eximan
del trámite de toma de razón suponen una modificación de las atribuciones
esenciales del Órgano Contralor, aspecto en que la Constitución convoca a la ley
orgánica constitucional (STC Rol N° 45, cc. 4° y 5°; STC Rol N° 63, c. 4°; STC Rol N°
384, c. 11°), por lo que disiente de lo razonado por la mayoría al estimar que la
materia incide en el ámbito propio de la ley común o simple.



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0000301
TRESCIENTOS UNO




Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HÉCTOR
MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, al tenor de las
normas orgánico-constitucionales que por mandato constitucional esta
disidencia declara como tales a partir del proyecto de ley sometido a su
conocimiento en el ejercicio legítimo de la facultad reconocida en el artículo 93
numeral primero de la Carta Fundamental. Lo anterior, porque estos Ministros
razonan en virtud de apartados indicados a continuación:



I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL EN MATERIA
DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO.



A. Normas del proyecto de ley sobre materias reservadas por la
Constitución al legislador orgánico

1°. Que, el Honorable Senado ha remitido mediante oficio el proyecto de
ley, aprobado por el Congreso Nacional, que fortalece y moderniza el sistema de
inteligencia del Estado, correspondiente al Boletín N°12.234-02.

2°. Que, en virtud del artículo 93, numeral primero de la Constitución
Política de la República es atribución de esta Magistratura “Ejercer el control
de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la
Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un
tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su
promulgación”. Por ende, las normas contenidas en el proyecto de ley que estos
jueces constitucionales disidentes subsumimos al tenor de la fuerza normativa
de la Carta Fundamental y calificamos como leyes orgánicas constitucionales
son las siguientes:

i. El inciso tercero del artículo 5 quater y el inciso primero
del artículo 5 quinquies, ambos contenidos en el numeral 9 del
artículo 1° del proyecto de ley. Dicha norma incide en la atribución
de Contraloría General de la República puesto que exime del trámite
de toma de razón a los decretos supremos que aprueban el Plan de
Desarrollo para el Sistema de Inteligencia y la Directiva Anual de
Inteligencia, respectivamente. Por tanto, la norma es orgánica
constitucional en virtud de los artículos 98 inciso primero y 99 inciso
final de la Constitución.

ii. El numeral 6 del artículo 1° del proyecto de ley. Dicha
norma regula diversos órganos que forman parte de la organización



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0000302
TRESCIENTOS DOS




básica del Estado regulando la integración del Sistema de
Inteligencia del Estado, y establece que la Agencia Nacional de
Ciberseguridad, Gendarmería de Chile, la Unidad de Análisis
Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de
Impuestos Internos serán organismos colaboradores del mismo para
efectos de aportar y analizar datos e información, debiendo contar
con una dirección, departamento o unidad especializada con
capacidad de análisis de información. Por tanto, la disposición es
orgánica constitucional en virtud del artículo 38 inciso primero de la
Constitución.

iii. El numeral 8 del artículo 1° del proyecto de ley. Esta
norma regula mediante remisión normativa a al inciso segundo del
artículo 1° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que los Ministerios,
Intendencias, Gobernaciones y los órganos y servicios públicos
creados por ley, incluyendo a Contraloría General de la República, el
Banco Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las municipalidades y
las empresas públicas creadas por ley; junto con toda entidad,
empresa o sociedad en que el Estado tenga aporte, participación o
representación, deberán proporcionar información que le sea
solicitada por los directores o jefes del organismo o servicio de
inteligencia respectivo.

La solicitud puede denegarse en caso de información que por su
naturaleza y conforme a las causales constitucionales prescritas en el artículo
octavo de la Carta Fundamental sea secreta o reservada, cuya entrega al
organismo o servicio de inteligencia pudiere afectar la seguridad o el interés
nacional, en cuyo caso el director o jefe de inteligencia podrá remitir los
antecedentes al Ministro de la Secretaría de Estado de la que dependa el
organismo o servicio requirente de la información para que resuelva la
controversia, previo informe de la institución requerida. Además, establece que
los integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado podrán requerir
información a los órganos autónomos constitucionales y entidades privadas.

Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud de los
artículo 98, 99, 108, 111 y 118 de la Constitución.

iv. El numeral 11 del artículo 1° del proyecto de ley. Crea el
Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado. Por tanto, la
disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 38 inciso
primero de la Constitución.




77
0000303
TRESCIENTOS TRES




Asimismo, reemplaza el artículo 6 de la Ley Nº19.974, sobre el Sistema de
Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la disposición
controlada tiene naturaleza orgánica constitucional en virtud del artículo 66
inciso segundo de la Carta Fundamental, pues modifica una norma declarada
orgánica constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es vía
fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional
chileno.

v. El numeral 12 del artículo 1° del proyecto de ley. Regula
la integración del Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado.
Además, señala que existirá un Comité de Inteligencia del Estado, y
establece su integración. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud del artículo 38 inciso primero de la
Constitución.

vi. El numeral 17 del artículo 1° del proyecto de ley. La
norma controlada sustituye el artículo 9° de la Ley Nº19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia, la disposición controlada tiene naturaleza orgánica
constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta
Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es
vía fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho
constitucional chileno.

Asimismo, el inciso sexto del artículo 9° propuesto en el numeral 17 del
artículo 1° del proyecto de ley establece que el Director y Subdirector de la
Agencia Nacional de Inteligencia deberán efectuar cada seis meses la
declaración de patrimonio e intereses a que se refiere la Ley N°20.880, la que
tendrá carácter secreto. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en
virtud del artículo 8 inciso tercero de la Constitución.

Por su parte los incisos tercero y cuarto del artículo 9° propuesto en el
numeral 17 del artículo 1° del proyecto de ley regulan las reglas de subrogación
del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia; y que no se aplicarán a la
Agencia Nacional de Inteligencia las normas del Sistema de Alta Dirección
Pública establecido en el Título VI de la Ley N°19.882, respectivamente. Por
tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 38 inciso
primero de la Constitución.

Además, el inciso final del artículo 9° propuesto en el numeral 17 del
artículo 1° establece que el Director y Subdirector de la Agencia Nacional de
Inteligencia no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras
ejerzan sus funciones y hasta cuatro años después de haber cesado en su cargo.




78
0000304
TRESCIENTOS CUATRO




Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 18 de la
Constitución.

vii. El numeral 19 artículo 1° del proyecto de ley. Establece
la regulación sobre el nombramiento, estatuto de exclusiva confianza
y remoción del Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia
que forma parte de la estructura básica de la Administración del
Estado. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud
del artículo 38 inciso primero de la Constitución.

viii. El numeral 21 artículo 1° del proyecto de ley. La
norma controlada regula específicamente el estatuto que regirá al
personal de la Agencia Nacional de Inteligencia, por ejemplo,
determinado que el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia
se regirá por un estatuto de personal de carácter especial. Por tanto,
la disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 38
inciso primero de la Constitución.

ix. El numeral 22 artículo 1° del proyecto de ley. En cuanto
reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 14 de la Ley
Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia
Nacional de Inteligencia, la disposición controlada tiene naturaleza
orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la
Carta Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es
vía fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho
constitucional chileno.

x. El artículo 15 bis contenido en el numeral 25 artículo 1°
del proyecto de ley. La norma legal controlada faculta al Director de
la Agencia Nacional de Inteligencia mediante resolución a organizar
internamente el servicio y determinar las denominaciones y
funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas
para el cumplimiento de las funciones que les sean asignadas, con
sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal. Por tanto, la
disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 38 inciso
primero de la Constitución.

xi. El artículo 15 ter contenido en el numeral 25 artículo 1°
del proyecto de ley. La norma controlada regula los asuntos
judiciales en los que integrantes de Sistema de Inteligencia del Estado
sean parte o interviniente. Y dispone que el tribunal declarará que el
procedimiento sea secreto, si de los antecedentes se concluye que la
publicidad del procedimiento afecta el debido funcionamiento del
Sistema y la seguridad de la Nación. Además, establece que el juez



79
0000305
TRESCIENTOS CINCO




podrá poner término al secreto durante el procedimiento, de oficio o
petición de parte, lo que se hará efectivo una vez que la resolución
que releve le secreto quede firme y ejecutoriada. Por tanto, la
disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 77 inciso
primero de la Constitución

xii. El numeral 26 del artículo 1° del proyecto de ley. En
cuanto modifica el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Nº19.974,
sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional
de Inteligencia, la disposición controlada tiene naturaleza orgánica
constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta
Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es
vía fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho
constitucional chileno.

xiii. El numeral 27 del artículo 1° del proyecto de ley. En
cuanto modifica el artículo 19 de la Ley Nº19.974, sobre el Sistema de
Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la
disposición controlada tiene naturaleza orgánica constitucional en
virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, pues
modifica una norma declarada orgánica constitucional por esta
Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es vía fuente
jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional
chileno.

xiv. El numeral 33 artículo 1° del proyecto de ley. En lo
pertinente, establece que los objetivos de inteligencia policial de
Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile serán
fijados por sus mandos superiores respectivos. Por tanto, la norma es
orgánica constitucional en virtud del artículo 105 de la Constitución.

xv. El numeral 37 del artículo 1° del proyecto de ley. En
cuanto reemplaza el artículo 24 de la Ley Nº19.974, sobre el Sistema
de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia,
la disposición controlada tiene naturaleza orgánica constitucional en
virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, pues
modifica una norma declarada orgánica constitucional por esta
Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es vía fuente
jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional
chileno.

xvi. El numeral 38 del artículo 1° del proyecto de ley. La
norma regula la autorización judicial para emplear procedimientos
especiales de obtención de información, específicamente respecto a



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0000306
TRESCIENTOS SEIS




la solicitud de autorización. Por tanto, la norma es orgánica
constitucional en virtud del artículo 77 inciso primero de la
Constitución.

Asimismo, en cuanto modifica el artículo 25 de la Ley Nº19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la
disposición controlada tiene naturaleza orgánica constitucional en virtud del
artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, pues modifica una norma
declarada orgánica constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº417,
esto es vía fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho
constitucional chileno.

xvii. El numeral 39 del artículo 1° del proyecto de ley. Crea
la competencia de un Ministro de la Corte Suprema para
pronunciarse sobre la autorización judicial para emplear
procedimientos especiales de obtención de información. Además,
establece regulación sobre esta materia, por ejemplo, al determinar
que para este efecto el Pleno de la Corte Suprema designará a dos de
sus miembros por el plazo de 2 años, pudiendo presentarse la
solicitud ante cualquiera de ellos. Por tanto, la norma es orgánica
constitucional en virtud del artículo 77 inciso primero de la
Constitución.

xviii. El numeral 40 del artículo 1° del proyecto de ley. La
norma controlada faculta al director de la Agencia Nacional de
Inteligencia para solicitar autorización judicial para el uso de
procedimientos especiales de obtención de información y que ellos
puedan ser ejecutados por la Fuerza de Orden y Seguridad Pública
que se indique en la resolución respectiva. Por tanto, la disposición
legal corresponde a un complemento indispensable de la contenida
en el numeral 38 del artículo 1° del proyecto de ley, y es orgánica
constitucional en virtud del artículo 77 inciso primero de la
Constitución.

xix. El numeral 41 artículo 1° del proyecto de ley. El
precepto legal modifica el artículo 28 de la Ley Nº19.974, sobre el
Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de
Inteligencia, la disposición controlada tiene naturaleza orgánica
constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta
Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es
vía fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho
constitucional chileno.




81
0000307
TRESCIENTOS SIETE




Asimismo, la disposición controlada establece regulación sobre la
autorización judicial para emplear procedimientos especiales obtención de
información, al establecer, por ejemplo, que la solicitud y resolución que la
otorgue o deniegue quedará en custodia del Secretario de la Corte Suprema, y
que solo podrán acceder a dichos antecedentes los Ministros designados para
otorgar autorizaciones o el Presidente de la Corte Suprema cuando
corresponda, adoptándose las medidas necesarias para el debido resguardo del
secreto. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del
artículo 77 inciso primero de la Constitución

xx. El ordinal ii) del numeral 42 del artículo 1° del proyecto
de ley. Modifica el artículo 29 de la Ley N°19.974 para establecer el
director o jefe del organismo de inteligencia que hubiera solicitado la
autorización judicial emplear procedimientos especiales obtención
de información deberá informar por escrito, en el más breve plazo
del término de la diligencia, al Ministro de la Corte Suprema que la
concedió. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en
virtud del artículo 77 inciso primero de la Constitución.

xxi. El inciso final del artículo 31 contenido en el numeral
44 del artículo 1° del proyecto de ley. Atribuye al Servicio de
Registro Civil e Identificación, las municipalidades, las instituciones
financieras, los aseguradores y los prestadores de salud públicos o
privados, las administradoras de fondos de pensiones, los
establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, y
cualquier otra entidad pública o privada, el deber de entrega de los
documentos, permisos y antecedentes solicitados por los directores o
jefes de los organismos o servicios integrantes del Sistema de
Inteligencia del Estado, en el más breve plazo, adoptando las medidas
necesarias para resguardar la reserva de la información y la
integridad de sus registros. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud de los artículos 98, 99, 108, 111 y 118 de la
Constitución.

xxii. El numeral 52 artículo 1° del proyecto de ley. Faculta
para el ejercicio del control externo a ciertos órganos del Estado. A
saber; a la Contraloría General de la República, a los Tribunales de
Justicia y a la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus respectivas
competencias. Además, establece que dicho control y las actuaciones,
registros y documentos que emanen de él tendrán carácter secreto.
Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud de los
artículos 77 inciso primero, 98 y 99 de la Constitución.




82
0000308
TRESCIENTOS OCHO




Asimismo, la disposición legal reemplaza el artículo 36 de la Ley
Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional
de Inteligencia, la disposición controlada tiene naturaleza orgánica
constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental,
pues modifica una norma declarada orgánica constitucional por esta
Magistratura en sentencia rol Nº417, esto es vía fuente jurisprudencial
secundaria como fuente del derecho constitucional chileno.

xxiii. El numeral 53 artículo 1° del proyecto de ley. Faculta
a la Contraloría General de la República para ejercer la toma de razón
del modo que indica respecto a los decretos y resoluciones de la
Agencia o expedidos por ella, los cuales podrán cumplirse de
inmediato, sin perjuicio de su posterior tramitación cuando así se
disponga en ellos. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional
en virtud de los artículos 98 inciso primero y 99 inciso final de la
Constitución.

xxiv. El artículo 2° del proyecto de ley. La disposición legal
controlada regula materias de probidad respecto de ciertos
integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública y los jefes o directores de los organismos
integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado quienes se
encuentran obligados a realizar una declaración de intereses y
patrimonio., siendo secreta la información relativa a esos últimos.
Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del
artículo 8° inciso tercero de la Constitución.

Asimismo, en cuanto modifica los artículos 7 y 4, numeral quinto, de la
Ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los
conflictos de intereses, la disposición controlada tiene naturaleza orgánica
constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental,
pues modifica normas declaradas orgánicas constitucionales por esta
Magistratura en sentencias roles Nº2.905 y N°12.516, esto es vía fuente
jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional chileno.

xxv. El numeral 1 del artículo 3° del proyecto de ley. La
disposición legal controlada faculta a los Comandantes en jefe del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para elaborar e
implementar un sistema de auditoría en cada institución, con la
finalidad de registrar las declaraciones de patrimonio e intereses de
los funcionarios que ellos determinen. Por tanto, la disposición es
orgánica constitucional en virtud de los artículos 105 y 8° inciso
tercero de la Constitución.




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0000309
TRESCIENTOS NUEVE




xxvi. El numeral 2 del artículo 3° del proyecto de ley. El
precepto legal controlado establece que respecto del ingreso regulado
en la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas,
y de los soldados conscriptos, el Ministerio de Defensa Nacional
solicitará al Ministerio de Seguridad Pública para que, por su
intermedio, requiera al General Director de Carabineros de Chile y al
Director General de la Policía de Investigaciones de Chile un informe
de los antecedentes policiales de las personas que postulen a ingresar
a las instituciones militares. Además, establece que se entenderá por
antecedentes policiales en el contexto de dicha disposición. Por tanto,
la disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 105 de
la Constitución.

xxvii. El numeral 3 del artículo 3° del proyecto de ley.
Establece que cada institución de las Fuerzas Armadas podrá solicitar
por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, durante el
proceso de calificación, que el Ministerio de Seguridad Pública
requiera al General Director de Carabineros de Chile y al Director
General de la Policía de Investigaciones de Chile un informe de los
antecedentes policiales del personal que se indique; estableciendo,
además, qué se entenderá por antecedentes policiales en el contexto
de dicha disposición. Por tanto, la disposición es orgánica
constitucional en virtud del artículo 105 de la Constitución.

xxviii. El numeral 4 artículo 3° transitorio del proyecto de
ley. En lo pertinente, establece que los Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas indicarán, mediante resolución fundada, el listado
de funcionarios que deberán realizar declaración de intereses y
patrimonio. Por tanto, la norma es orgánica constitucional en virtud
de los artículos 8°, inciso tercero y 105 de la Constitución.

xxix. El inciso segundo del artículo cuarto transitorio del
proyecto de ley. Establece regulación relativa al estatuto por el que
se regirá el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia. Por tanto,
la disposición es orgánica constitucional en virtud del artículo 38
inciso primero de la Constitución.

3°. En consonancia con lo anteriormente expuesto, la razón jurídica de la
calificación de los preceptos legales controlados en el presente proyecto de ley
radica en las fuentes del derecho constitucional chileno. Ello por dos razones
esenciales que fundamentan esta disidencia.

4°. En primer término, porque la Constitución es fuente directa y
primaria que determina las materias derivadas al legislador orgánico
constitucional. Y, porque, además, en virtud de la norma normarum las normas



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0000310
TRESCIENTOS DIEZ




que crean, modifican o derogan materias orgánicas constitucionales poseen el
mismo carácter conforme al artículo 66 de nuestra Carta Magna.

5°. En segundo término, porque la jurisprudencia de esta Magistratura es
fuente secundaria del derecho constitucional chileno, por ende, para estos
ministros, resulta evidente que las materias que han sido declaradas como
orgánico constitucionales por jurisprudencia anterior, fundamentan entonces
la coherencia sistémica del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio que, lo anterior
no obsta para el control a posteriori, si existe vulneración de derechos
adquiridos reconocidos por la Carta Fundamental.



B. LAS NORMAS QUE LA CONSTITUCIÓN HA DETERMINADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONALES Y EL DEBER DE CALIFICAR AQUELLAS
COMO TAL

6°. Este Tribunal es el garante de la Ley Suprema en nuestro
ordenamiento jurídico. Por ello, los jueces de esta Magistratura controlan el
proyecto de ley sometido a su conocimiento para dilucidar si aquellas
disposiciones relativas a competencias propias de leyes orgánicas
constitucionales han cumplido con los requisitos de forma y fondo que la Carta
Fundamental exige. Ello porque “la Constitución es un todo orgánico y el sentido
de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida
correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que
conduzca a anular o a privar de eficacia algún precepto de ella” (sentencia rol
N°33, c. 19°).

7°. En efecto, evitar el reduccionismo de las materias confiadas al
legislador orgánico es esencial si se tiene en cuenta que las normas orgánicas
constitucionales son verdadera fuente del derecho constitucional al
complementar la regulación contenida en la Carta Fundamental. Así lo ha
explicado la doctrina comparada al señalar que “en muchos países existe un
cuerpo importante de normas legales dictadas por el legislativo que -no en teoría,
pero sí en la práctica- complementan, desarrollan, modifican o adaptan la
constitución. Estas leyes, que suelen ser de rango superior a las demás, reciben
diversos nombres: “constitucionales” (Italia), “orgánicas” (España), etc. Las
materias que regulan suelen ser de gran trascendencia, como la
organización judicial. Como decíamos en el capítulo anterior, estas leyes son muy
importantes porque ninguna Constitución (en sentido material) puede ni debe
estar sólo en una única ley, y ninguna Constitución (en sentido formal) puede
regularlo todo, ni debe siquiera intentarlo” (Pereira Menaut, Antonio-Carlos
(2006): Teoría constitucional. Santiago, Editorial LexisNexis, segunda edición, p.
39).




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0000311
TRESCIENTOS ONCE




8°. Por tanto, “[L]a Constitución debe aplicarse y no debe ser sólo una
declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas
se sujete a distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la
ley orgánica por su contenido deba obligatoriamente sujetarse al texto
constitucional y controlarse previamente como requisito en su proceso
formador” (Bulnes Aldunate, Luz (1984): La ley orgánica constitucional.
Revista chilena de Derecho, vol. 11, N°2 y 3, pp. 228-239).

9°. Con razón, el constituyente chileno, inspirado en modelos de derecho
comparado, vale recordar, Constitución Francesa de 1958, Constitución
española de 1978, ha reconocido este tipo de leyes que por razones de
competencia exigen un quórum de aprobación de la mayoría absoluta de los
miembros en ejercicio para crear, modificar o derogar una ley orgánica
constitucional. Con razón, De Otto explica que “las normas relativas a ciertas
materias queden sujetas a un procedimiento especial, que exige una mayoría
cualificada” (De Otto, Ignacio (1988): Derecho constitucional. Sistema de fuentes.
Barcelona, Editorial Ariel S.A., segunda edición, pp. 111-113).

A mayor abundamiento, se advierte en el derecho constitucional francés
que las leyes orgánicas versan sobre temáticas “indispensables para el
funcionamiento del mismo sistema constitucional” (Pardo Falcon, Javier (1990):
El Consejo Constitucional francés. La jurisdicción constitucional en la Quinta
República. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, p. 164).



II. SOBRE LA RATIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y
SEGURIDAD PÚBLICA

10°. En materia de sistema de inteligencia es inherente la función de las
fuerzas armadas y seguridad pública dentro del Estado de derecho moderno y
democrático. Y, es que, de acuerdo con el principio de especialidad resulta
“imperativo que estén radicadas, preferentemente, en los órganos más
competentes y especializados para llevarlas a cabo con éxito” (Peña Torres,
Marisol (1991): “Fuerzas armadas, amenaza interna y seguridad nacional”.
Revista de Derecho Público, vol. 50, p. 166).

Por ende, entre las distintas funciones que deben desarrollar los Estados,
destaca la función de seguridad, la cual es sumamente importante para la
supervivencia del Estado-Nación y la garantía de los derechos fundamentales de
las personas; pues ella dice relación, principalmente, con la mantención de la
paz, armonía e identidad nacional, tal como lo ha señalado la doctrina al
sostener que “la función de seguridad se refiere, básicamente, a mantener
reducido el conflicto latente en toda sociedad a un grado tal que no perturbe la
convivencia pacífica y ordenada, favoreciendo, por lo mismo, el desarrollo




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0000312
TRESCIENTOS DOCE




nacional” (Peña Torres, Marisol (1991): “Fuerzas armadas, amenaza interna y
seguridad nacional”. Revista de Derecho Público, vol. 50, p. 168).

11°. Inspirado en estos principios, el constituyente de 1980 ha seguido la
tradición constitucional chilena y la tendencia de los Estados modernos,
confiando dicha función a órganos especializados y tecnificados, como las
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Es por esto que el
constituyente dedicó a ellas un capítulo completo de la Carta Fundamental -el
número XI-, dotándolas de un estatuto constitucional que sienta las bases
elementales sobre estos órganos.

12°. En este sentido, consta en el Memorándum de intenciones sobre las
metas u objetivos fundamentales de la Constitución de 1980, documento que
inspiró las normas y discusiones que se dieron en las sesiones de la Comisión de
Estudios para la Nueva Constitución -mejor conocida como CENC o Comisión
Ortúzar-, que uno de los objetivos esenciales de nuestra Carta Fundamental era
dotar a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de un estatuto
constitucional que destacara su labor “porque dicha misión constituye la mejor
garantía para, la seguridad e integridad de la Nación, como asimismo para el
ordenamiento institucional y los derechos fundamentales de los ciudadanos”
(Actas Oficiales de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Sesión
18ª, celebrada en jueves 22 de noviembre de 1973).

Dichos objetivos fueron recogidos, por ejemplo, en el artículo 101 de la
Carta Fundamental, en el cual se confía expresamente: i) por un lado, a las
Fuerzas Armadas la seguridad nacional; y ii), por el otro, a las Fuerzas de Orden
y Seguridad Pública el dar eficacia al derecho y garantizar el orden y la
seguridad pública interior en la forma que lo determinen las leyes orgánicas
correspondientes.

13º. Que, en concordancia con lo anterior, la Constitución y la ley han
dotado a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de ciertas
características y potestades para que ellas puedan ejercer la función de
seguridad del Estado.

En este sentido, destaca el inciso final del artículo 111 de la Constitución,
el cual establece que “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos
armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas
dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la
Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

Además, la Carta Fundamental ha confiado la regulación esencial y
básica de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad a una Ley
Orgánica Constitucional, la cual, de acuerdo al artículo 105, “Los
nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas,
Carabineros y Gendarmería de Chile, se efectuarán por decreto supremo, en


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0000313
TRESCIENTOS TRECE




conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que determinará
las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la
carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando,
sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas, Carabineros y
Gendarmería de Chile.

El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en Investigaciones se
efectuarán en conformidad a su ley orgánica.”.



III. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 77, INCISO
PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN

14°. El artículo 77 inciso primero de la Constitución mandata al legislador
orgánico constitucional la “organización y atribuciones” de los tribunales de
justicia. Y es que, es la Constitución la que dispone en sus propios artículos y a
través de su densidad normativa qué materias serán reguladas por leyes
orgánicas constitucionales.

15°. Además, la expresión “organización y atribuciones de los tribunales”
forma parte de una tradición constitucional ininterrumpida en Chile respecto
de la regulación de los tribunales de justicia en la Carta Fundamental desde
1833 hasta hoy. Por tanto, esa cosmovisión no debe interpretarse
restrictivamente porque el constituyente ha dotado de contenido normativo a la
disposición constitucional.

16°. En esta línea, las expresiones “organización y atribuciones”
requieren correlación en necesaria coherencia interpretativa con la propia
función judicial establecida directamente en la Constitución, en tanto, “[l]a
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la
ley”. De esta manera, bajo la norma constitucional del actual artículo 77, está
entregado a dicho legislador la “organización y atribuciones de los tribunales”,
por lo que aquel tiene facultad para conferirles las atribuciones que estime
pertinentes para la debida administración de justicia, en la medida en que ello
se materialice mediante la reserva que ha dispuesto la propia Constitución a la
ley orgánica constitucional. Así fue resuelto en sentencia rol n° 80, c. 9°, criterio
que también ha sustentado la disidencia en causa rol n° 15.796-24 y 15.801-24,
entre otras, a propósito de la determinación del alcance del artículo 77 de la
Carta Fundamental.

17°. Por lo anterior, el contenido normativo de la “organización y
atribuciones” reservada a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso




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0000314
TRESCIENTOS CATORCE




primero supone que no se desnaturalice o vacíe de contenido la expresa reserva
entregada por la Constitución a la ley orgánica constitucional.

De esta forma, el legislador orgánico tiene facultad constitucional “para
entregarle a los tribunales las atribuciones que estime pertinentes para la debida
administración de justicia” (sentencia rol N°80, c. 9°). Así, esta Magistratura ha
indicado en sentencias roles números, 62, 316 y 433, establecer determinadas
prohibiciones para optar a los cargos de juez, es materia del legislador orgánico
constitucional; o, en sentencia rol N°3.203, c. 9°, se estimó incidente en su esfera
competencial la entrega de nuevas atribuciones a los tribunales de competencia
penal.

18º. Además de lo señalado, al examinar el sentido y alcance de las
expresiones “organización y atribuciones” que se contienen en el artículo 77
inciso primero de la Constitución, es necesario tener presente que la
delimitación competencial surge no sólo de estas disposiciones en una
aproximación aislada -lo que no es posible al interpretar en forma armónica e
íntegra el texto constitucional- sino que, antes de ello, desde las Bases de la
Institucionalidad, que se fundamenta y controla en virtud del principio
constitucional de juridicidad; esto es, el artículo séptimo de la Carta
Fundamental sobre investidura regular, competencia y actuación conforme a la
ley. Así, “[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular
de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, a
ñadiendo el inciso segundo que “[n]inguna magistratura, ninguna persona ni
grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.



IV. SOBRE LA DECLARACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 38, INCISO PRIMERO, DE LA CARTA
FUNDAMENTAL

19º. Que, para determinar si un precepto parte de un proyecto de ley
tiene naturaleza orgánica constitucional, el juez constitucional debe contrastar
las disposiciones de la Carta Fundamental que confían la regulación legislativa
de una temática a una ley orgánica constitucional con los preceptos sometidos a
examen.

Por ende, este contraste o test normativo abstracto, debe tenerse
presente que el artículo 38 inciso primero de la Constitución establece que “una
ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la
Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de
carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad




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0000315
TRESCIENTOS QUINCE




de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de
sus integrantes”.

20º. Que, a través de dicha disposición constitucional, el constituyente
confió al legislador orgánico el desarrollo normativo de la organización básica
de la Administración del Estado, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que la
existencia de la Administración y de los cargos públicos asociados a ella, están
íntimamente ligados a la efectividad práctica del principio de servicialidad del
Estado y del bien común, entendido como fin último del Estado, ambos
consagrados en el artículo 1° inciso cuarto de la Constitución.

21º. En este sentido, la doctrina ha explicado que la ley orgánica
constitucional del artículo 38, inciso primero, de la Constitución, “es
eminentemente jurídica, esto es, tiende a establecer, en una ley genera y orgánica,
los poderes jurídicos “de acción” que el ordenamiento otorga a la Administración
cuando da forma al complejo de organismos por medio de los cuales debe
desempeñar la función que le es propia. Lo dicho es, por cierto, sin perjuicio de que
el derecho transforme en normas obligatorias determinados principios
enunciados científica o técnicamente para el mejor desempeño de los órganos
públicos (lo que ocurrirá especialmente en cuanto se refiere a la carrera
funcionaria), y, además sin perjuicio de que el plano básico de organización, según
se dirá, puedan en cierto grado, alcanzar a una normativa de relación” (Daniel
Argandoña, Manuel (1986): Algunas consideraciones sobre la ley orgánica
constitucional de la Administración del Estado. Pro Jure Revista de Derecho –
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N°10, pp. 436-437)

Así, el constituyente ha estimado que, para garantizar el correcto
funcionamiento de un Estado de derecho moderno, es esencial que ciertas
materias asociadas a la Administración del Estado gocen la estabilidad y
protección normativa que el legislador orgánico constitucional.

22º. En esta línea, este Tribunal Constitucional ha explicado que los
preceptos legales que crean y determinan las funciones de un nuevo órgano de
la Administración del Estado son orgánicos constitucionales en virtud del
artículo 38, inciso primero, de la Constitución, por versar sobre la
determinación de la organización básica de la Administración.

Así lo ha señalado, por ejemplo, en la sentencia Rol Nº1.595, al declarar
que son orgánicas constitucionales las normas que “crean y determinan las
funciones esenciales de un órgano nuevo en la Administración del Estado,
llamado a ejercer potestades públicas, motivo por el cual forman parte de
la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 38, inciso
primero, de la Constitución Política” (en el mismo sentido, STC Rol Nº400, c.
8º).




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0000316
TRESCIENTOS DIECISEIS




23º. Que, además, esta Magistratura ha calificado como orgánicas
constitucionales normas que regulan la composición de órganos de la
Administración del Estado. Por ejemplo, se ha sostenido que “los artículos 16 y
17 del proyecto, al crear el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, fijar su integración y establecer sus atribuciones, altera la
estructura básica de la Administración del Estado, siendo por consiguiente dicho
precepto también propio de la Ley Orgánica Constitucional sobre Organización
Básica de la Administración Pública, a que alude el inciso primero del artículo 38
de la Constitución Política” (STC Rol Nº3.785, c. 9º).



V. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS
COMO ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 98
Y 99 DE LA CONSTITUCIÓN

24°. Que, este Tribunal ha señalado que la ley orgánica sobre el órgano
contralor regula las funciones y atribuciones de Contraloría. Así, por ejemplo,
en STC Rol Nº796, se señaló que lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Carta
Fundamental “debe colegirse que las atribuciones y funciones de ese órgano de
control pueden encontrarse tanto en la Ley Nº 10.336 como en otros
ordenamientos legales, siendo imperativo para la validez normativa de todos
ellos que revistan jerarquía orgánico constitucional” (c. 8º).

25º. Por su parte, la doctrina ha destacado la importancia de las normas
orgánicas constitucionales que desarrollan las funciones y atribuciones de la
Contraloría General de la República, pues al encargarse dicho órgano de
controlar a la Administración del Estado, ella ejerce un importante rol “en la
limitación del ejercicio del poder de los gobernantes”. (Verdugo, Sergio (2012):
Las justificaciones de la regla de quórum supra-mayoritaria. Revista de
Derecho, vol. XXXIX, segundo semestre, pp. 418-419).



VI. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS
COMO ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS
111 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN

26°. Esta Magistratura ha señalado que los preceptos legales que norman
atribuciones o funciones de los Gobiernos Regionales son orgánicos
constitucionales en virtud de los artículos 111 y 113 de la Constitución.

Y, es que, “los preceptos en examen regulan las funciones generales del
gobierno regional (…) Dicho cuerpo normativo estructurado en torno a las
diversas funciones de los gobiernos regionales, en el marco de la reforma en
examen incide en las leyes orgánicas constitucionales previstas por la




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0000317
TRESCIENTOS DIECISIETE




Constitución en el artículo 111, inciso segundo y en su artículo 113” (sentencia Rol
Nº4.179, c. 22º).

27°. En ese mismo sentido, la jurisprudencia de esta Magistratura es
conteste “al analizar el alcance de los anotados artículos 111 y 113 de la
Constitución, en cuanto se reserva al legislador orgánico constitucional
“establecer, correspondientemente, las atribuciones y funciones del gobierno
regional” (STC Rol N° 155-92, c. 36°), parecer mantenido, entre otras, en la STC Rol
N° 443-05, c. 7°, al examinar diversas modificaciones a la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y en la STC Rol N°
4179-18, c. 22°, estimándose que “las funciones del Gobierno Regional,
desarrolladas primero, a nivel general y luego, en áreas específicas, vienen a
regular lo que la Constitución ha mandatado, precisamente, al legislador
orgánico constitucional para un adecuado ejercicio de su misión constitucional en
el contexto del proceso de regionalización” (STC Rol Nº14.425, c. 9º).



VII. SOBRE EL SENTIDO CONSTITUCIONAL DE LA LEY ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MUNICIPALIDADES

28°. A mayor abundamiento, en materia de municipalidades la
regulación constitucional posee en esencia dos características particulares. La
primera dice razón con la flexibilidad normativa del mandato constitucional
que refiere de modo directo a ciertas materias específicas para que sean
competencia de ley orgánica. La segunda se refiere a las competencias que
según el principio de juridicidad las municipalidades poseen. Ello porque se
trata de la separación de funciones vertical, esto es, a partir del artículo tercero
de la Carta Magna que organiza competencialmente la forma jurídica del Estado
de Chile, esto es, un Estado Unitario.

29°. Con razón, la definición constitucional de municipalidad está
regulada en el artículo 118 de la Constitución que establece que “son
corporaciones autónomas, creadas y configuradas, en sus elementos esenciales
(organización, funciones, potestades), directamente por el propio texto
constitucional, el que es complementado por leyes orgánicas constitucionales. Sin
embargo, el legislador puede precisar cuánta autonomía corresponde a un
determinado órgano constitucional; pero no puede establecer interferencias
externas incompatibles con dicha autonomía” (Véase, Gómez González, Rosa
Fernanda (2017): La potestad normativa sancionadora municipal. Análisis de la
operatividad del principio de legalidad. Revista Ius et Praxis, Año 23, Nº2, p.
494). (El destacado es nuestro).

30°. A mayor abundamiento, desde el derecho público se reconoce que el
derecho municipal es una rama del derecho administrativo porque “comparte
sus fuentes, aun cuando por sus características particulares tiene una legislación


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0000318
TRESCIENTOS DIECIOCHO




propia y especialísima que la regula. De esta forma existe una Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades signada con el N° 18.695 de 31 de marzo de
1988, que regula por especial mandato de la Constitución su organización y
funcionamiento, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio del Interior publicado en el Diario
Oficial el 26 de julio de 2006”. (Véase, Villagrán Abarzúa, M. (2015). Manual de
derecho municipal: (ed.). Santiago de Chile, Chile: RIL editores, pp. 38-39). (El
destacado es nuestro).

31°. En consonancia con lo anterior, la base normativa del derecho
municipal se fundamenta en la flexibilidad normativa de la Carta Fundamental
en las normas o mandatos constitucionales que lo regulan especialmente. Esta f
lexibilidad normativa es un elemento que se refiere a la formulación de la
norma constitucional y de la norma legal que son examinadas en el control de
constitucionalidad.

En este sentido, las normas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. Las
primeras son aquellas que permiten mediación del legislador para su
desarrollo. Las segundas son aquellas que se bastan a sí mismas, sin necesidad
de habilitar al legislador para su comprensión y cumplimiento. Las terceras son
aquellas que, sin ser abiertas, habilitan al legislador para que actúe en un
sentido determinado por la Constitución. Por ejemplo, una norma abierta es
aquella que encarga al legislador la regulación de cierto contenido de la norma
constitucional, en cambio, una norma cerrada, en principio, no requiere la
intervención legislativa. Y las normas mixtas sólo permiten al legislador que
actúe de la manera que la Constitución determina.

32°. Ello porque la Constitución así entendida fija el parámetro de lo que
está permitido, prohibido u ordenado. Además, la Carta Fundamental opera
como regla de derecho que distingue entre las competencias regladas y las
discrecionales del legislador. Por tanto, para efectos de la declaración de las
normas del proyecto de ley sometido a control, el baremo es la norma
constitucional que las regula. Por tanto, el baremo se refiere a la mediación
normativa de la Constitución al legislador orgánico, conforme al tenor literal de
la Carta Fundamental.



VIII. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO EN
VIRTUD DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN

33°. Que, la regulación contenida en la Constitución Política de la
República para normar los aspectos relacionados con el “sistema electoral
público” conforman, a partir de la denominación que utiliza directamente el
Constituyente, un sistema. Éste tiene como norma básica o de unidad al artículo
18 que estructura la regla de carácter orgánico y sustantivo para el ejercicio de


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0000319
TRESCIENTOS DIECINUEVE




los derechos políticos en el orden institucional y, permite convertir los sufragios
en la elección de autoridades unipersonales o de los miembros de organismos o
asambleas democráticas. Por ello, don José Luis Cea, ex presidente de esta
Magistratura con razón advierte que “el artículo 18 se correlaciona
necesariamente con los artículos 4° y 5°; con el artículo 19 N° 15 inciso quinto;
con los artículos 26, 28 y 29; con los artículos 47 y 49; con el artículo 95; y, en fin,
con los artículos 111, 113, 118, 119, 130 y 141, de la Constitución. Corresponden a
un sistema o conjunto singular y coherente de principios y preceptos que
“versan sobre el tema electoral en democracia”. (Cea, José Luis (2022). Derecho
Constitucional Chileno. Santiago: Ediciones Universidad Católica, t. I, 4ª Ed., pp.
452-453).

34°. Atendida la importancia que estas materias tienen para un Estado
Constitucional y Democrático de Derecho, esta Magistratura ha señalado de
manera sistemática e invariable que “el Constituyente, en términos amplios, ha
entregado a la regulación de esta ley todo lo concerniente a la organización y
funcionamiento del "sistema electoral público" y a la forma en que se realizarán
los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por la propia
Constitución. En consecuencia, para dar fiel cumplimiento al mandato
constitucional, el legislador no sólo está facultado sino, más aún, obligado a
legislar sobre todas estas materias, en uno o más textos legales, pero todos ellos
con el carácter de leyes orgánicas constitucionales” (STC Rol N°53, c. 3°. En
similar sentido, STC Roles N°38, c. 5°; N°355, c. 9° y 10°; N°375, c. 64°; STC Rol
N°376, c. 8° y 9°, entre otros).

35°. En esta línea, es que el inciso final del artículo 9° propuesto en el
numeral 17 del artículo 1° es orgánico constitucional en virtud del artículo 18 de
la Carta Fundamental, pues es parte de la “Ley Orgánica Constitucional sobre
Sistema Electoral (7): Restricciones de acceso a cargos de elección popular. La
norma que establece que los directivos del sistema de alta dirección pública no
podrán ser candidatos ni asumir cargos de elección popular durante el ejercicio
de su función y hasta un año después del término de su designación o renuncia.
(STC 375, c. 65)” (Navarro Beltrán, Enrique y Carmona Santander, Carlos (edits.)
(2015): Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-2015).
Cuadernos del Tribunal Constitucional, N°59, p. 78).



IX. El precepto legal calificado como orgánico constitucional en
virtud del artículo 108 de la Constitución

36º. Atendido lo dispuesto en el proyecto de ley sometido a control, cabe
analizar lo señalado en el artículo 108 de la Constitución. Aquel establece
“Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de




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0000320
TRESCIENTOS VEINTE




carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización,
funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional”.

37º. Que esta Magistratura ha explicado que el constituyente quiso
confiar al legislador orgánico el desarrollo de la normativa sobre el Banco
Central ya que los miembros de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución
“desde los inicios del estudio del orden público económico pusieron especial
énfasis en la independencia y autonomía de este nuevo órgano constitucional. De
las distintas intervenciones de los miembros de la Comisión de Estudio resulta con
claridad que visualizan siempre al órgano constitucional Banco Central, como un
ente autónomo no sujeto al poder jerárquico del Presidente de la República…”
(STC Rol Nº216, c. 5º).

Teniendo todo esto presente, este Tribunal ha señalado, en STC Rol
N°15.796, que “es materia de ley orgánica constitucional la normativa que incide
e innova en las funciones y atribuciones del Banco Central de Chile” (c. 39°).

38º. Con razón, en sentencia Rol N°14.829 se sostuvo que el ámbito de
competencia del legislador orgánico constitucional en esta materia es más
amplia que en otras previstas por la Constitución. En específico, el fallo referido
destaca que el precepto constitucional contempla un área de dominio
competencial en lo que concierne al Banco Central de orden amplio. Esta es la
razón por la cual ya en STC Rol N°78-89, que examinó el articulado del texto que
devino en la Ley N°18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile,
se destacaría en su c. 14° que el “Constituyente, de este modo, [buscó] darle la
máxima amplitud a la ley orgánica constitucional del Banco Central, en todo lo
referente a su composición, organización, funciones y atribuciones”.



X. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO
ORGÁNICO CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 8, INCISO
TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN

39º. Que para determinar si un precepto parte de un proyecto de ley tiene
naturaleza orgánica constitucional, el juez constitucional debe contrastar las
disposiciones de la Carta Fundamental que confían la regulación legislativa de
una temática a una ley orgánica constitucional con los preceptos sometidos a
examen. Por esto, y para llevar a cabo este contraste o test normativo abstracto,
debe tenerse presente que el artículo 8º, inciso tercero, de la Constitución,
establece que “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los
diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley
orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en
forma pública”.




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0000321
TRESCIENTOS VEINTIUNO




40º. Con razón, este Tribunal ha explicado en su jurisprudencia reciente
que son orgánicas constitucionales las normas que obligan a los miembros de
un órgano parte de la organización básica de un órgano de la Administración
del Estado a prestar declaración de patrimonio e intereses, en virtud del
artículos 8º, inciso tercero, de la Constitución. Así, se explicó, por ejemplo, en
STC Roles Nº15.043 y Nº15.412.



XI. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS
COMO ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 66,
INCISO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN

41°. Que, además, estos ministros califican a los numerales 11, 17, 22, 26,
27, 37, 38, 41 y 52 todos del artículo 1°; y el artículo 2° del proyecto de ley
controlado, como orgánicos constitucionales en virtud del artículo 66, inciso
segundo, de la Constitución y de la jurisprudencia de esta Magistratura que ha
declarado previamente aquellas materias como competencia de ley orgánica.
Ello, porque “Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter
de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum calificado se establecerán,
modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en
ejercicio”. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 66 inciso segundo
constitucional.

42°. Por tanto, los numerales ya mencionados del artículo 1° del proyecto
de ley controlado ya mencionadas modifican múltiples normas que forman
parte de la Ley Nº19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la
Agencia Nacional de Inteligencia, las cuales fueron declaradas orgánicas
constitucionales por esta Magistratura en sentencia rol Nº417. Asimismo, el
artículo 2° modifica normas que forman parte de la Ley N°20.880, sobre
probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, las
cuales fueron declaradas orgánicas constitucionales por esta Magistratura en
sentencias roles Nº2.905 y N°12.516. Razón por la cual calificamos las
disposiciones controladas ya referidas con la misma naturaleza jurídica en
virtud de la fuente normativa y jurisprudencial indicada.

Por tanto, estos ministros consideramos que donde existe la misma razón
debe existir la misma disposición por razones de lógica y certeza jurídica.



El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ estimó que correspondía
calificar como propio de ley orgánica constitucional los incisos primero y
tercero del nuevo artículo 13 de la Ley N° 19.974, incorporado por medio del
numeral 21 del artículo 1° del proyecto de ley, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 38 incisos primero y tercero de la Constitución, en tanto la remisión a



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0000322
TRESCIENTOS VEINTIDOS




un estatuto de personal de carácter especial para los funcionarios de la Agencia
establecida en ese cuerpo legal incide en la carrera funcionaria y, por tanto, en
un elemento reservado a ese tipo de leyes, parecer que debió seguir lo resuelto
antes en la STC Rol N° 14.480. Lo mismo ocurre a propósito del deber de
someterse a exámenes para el control en el consumo de sustancias
estupefacientes. Junto a ello, e igualmente bajo el ámbito del artículo 38 inciso
primero de la Constitución, razonó que la modificación al artículo 9° de la Ley N°
19.974, de acuerdo con el numeral 17), involucra aspectos que alcanzan a la
organización básica de la Administración del Estado, como ocurre con la
especificación de la dirección superior de la Agencia por medio de un Director,
de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Además, y de acuerdo con lo fallado en la STC Rol N° 417, de 2004, votó
que debió mantenerse la calificación de ley orgánica constitucional en las
enmiendas introducidas al artículo 28 del señalado cuerpo legal, por medio del
numeral 41), literal b), ordinal ii), y literal c), del artículo 1°. Lo mismo, estimó,
respecto del numeral 42), ordinal ii), en las modificaciones al artículo 29 de la
Ley N° 19.974.

Unido a lo señalado, fue del parecer que las modificaciones íntegras
introducidas a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armas,
en el artículo 3° del proyecto de ley, con excepción del numeral 4), en la primera
parte del nuevo artículo 47 bis, correspondían a la ley orgánica constitucional
establecida en el artículo 105 inciso primero de la Constitución, por cuanto
involucran modificaciones a normas básicas o esenciales en los términos
perentorios que señala la Carta Fundamental, tanto en lo relativo a las
declaraciones de patrimonio e intereses, como en la verificación de
antecedentes para la carrera funcionaria en el ámbito castrense.

En lo que respecta al numeral 8) del artículo 1) del proyecto de ley, estimó
que la incorporación del artículo 5° bis, nuevo, a la Ley N° 19.974, norma
aspectos de las leyes orgánicas constitucionales señalados en los artículos 98
inciso primero, 108, 111 y 118 de la constitución, al incidir en la esfera de
autonomía de los órganos señalados en esas disposiciones de la Constitución.



La Ministra señora CATALINA LAGOS TSCHORNE estimó que las
modificaciones introducidas a la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de
las Fuerzas Armadas en el numeral 3) del artículo 3° del proyecto de ley, en
el nuevo artículo 26 bis, no inciden en la reserva establecida en la
Constitución a la ley orgánica constitucional en su artículo 105 inciso
primero. Más bien, la verificación de antecedentes no supone alteración o
innovación en las normas básicas o esenciales que establece la Carta




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0000323
TRESCIENTOS VEINTITRES




Fundamental, correspondiendo a cuestiones que son propias de la ley común o
simple.




La Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS disiente de la
calificación como orgánicas constitucionales de las normas referidas en el
considerando septuagésimo segundo del voto de mayoría, atendidas las
siguientes consideraciones:



I. Las leyes orgánicas constitucionales

1°. Historia constitucional. La incorporación de normas con naturaleza
orgánica constitucional es “una innovación de la Constitución de 1980, ajenas a
la tradición constitucional y democrática chilena. Ninguna constitución
anterior tenía una ley –distinta de las de reforma constitucional– que exigiese
un quórum de aprobación por sobre la mayoría “simple” de los diputados y
senadores. Menos aún que exigiesen un control preventivo obligatorio de
constitucionalidad” (Diccionario Constitucional chileno (2014), p. 602).

La historia constitucional resulta relevante en tal sentido, así, en la sesión
N°344 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución del día 4 de abril de
1978, el comisionado Sr. Bertelsen planteó la necesidad de introducir normas
con naturaleza orgánica constitucional; según consta en el acta respectiva: “El
señor BERTELSEN advierte que la Carta Fundamental no puede regular con
detalle el proceso legislativo. Reitera su opinión personal de que debe
estructurarse una Constitución que en su gran mayoría, contenga normas
generales, porque, de lo contrario, un texto detallista sólo conducirá a
conformar un sistema político muy rígido y que será preciso modificar
continuamente, con su consiguiente desprestigio. Piensa, sí, que en varios
puntos se requerirá establecer la existencia de leyes orgánicas o
complementarias de la Constitución, idea ya acogida en la Carta francesa de
1958. […] El señor BERTELSEN añade que las leyes orgánicas, complementarias
o constitucionales son, en cierta manera, el desarrollo o la deducción natural del
precepto constitucional, el cual, a su juicio, debe ser breve, sencillo, claro, de
vasto alcance. Como la ley orgánica es el complemento indispensable de la
norma constitucional, es preciso, dice, que haya plena certeza sobre su
concordancia con esta última. Concluye que tal seguridad jurídica de rango
constitucional sólo se puede lograr cuando el órgano contralor de la
constitucionalidad emite un pronunciamiento definitivo sobre el particular.”
(Actas de la Comisión Ortuzar, Tomo X, Biblioteca del Congreso Nacional, p. 472
y 473).



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0000324
TRESCIENTOS VEINTICUATRO




2°. Labor del Tribunal Constitucional. En cumplimiento del mandato
constitucional este Tribunal ha definido el contenido y alcance de la naturaleza
orgánica constitucional de ciertas las normas puestas bajo su control. En la
sentencia Rol N°4 de 1981 señaló: “4.- Que para establecer el contenido
específico de las materias reservadas a las leyes orgánicas constitucionales es
fundamental tener presente el espíritu del constituyente al incorporarlas a
nuestro sistema jurídico, reflejado en los preceptos que las consagran, en su
objetivo y en sus características esenciales. […] No ha estimado necesario
nuestro sistema jurídico definir el alcance conceptual de la ley orgánica
constitucional. Queda por tanto al intérprete determinar en cada caso su
contenido específico diferenciándola, por una parte, de los preceptos
constitucionales y sus leyes interpretativas y, por la otra, de la ley común. Esa
tarea permitirá establecer tanto dicho contenido imprescindible como sus
elementos complementarios indispensables, esto es, aquellos elementos que,
lógicamente, deben entenderse incorporados en el rango propio de esa
determinada ley orgánica constitucional”. En dicha labor, ya desde el año 1992
el Tribunal ha reconocido que se trata de normas que “han sido incorporadas
restrictivamente y en forma muy excepcional, para regular, en lo medular,
ciertas instituciones básicas con el propósito de dar estabilidad al sistema de
gobierno y evitar el riesgo de mayorías ocasionales lo puedan alterar” (STC Rol
N°160, c.9°).

3°. Características de las normas orgánicas constitucionales. La
Constitución Política remite diversos aspectos de la regulación de varios
poderes y órganos del Estado a leyes orgánicas constitucionales. Los asuntos
sobre los cuales versa dicha remisión son de diversa naturaleza, tales como: las
funciones, organización, atribuciones, funcionamiento, nombramientos, entre
otros. No existe un criterio uniforme en la Constitución Política entre los
distintos órganos y las materias que se entregan a la aprobación por medio de
una ley orgánica constitucional. A modo de ejemplo, mientras el artículo 38 de la
Constitución mandata la determinación de la organización básica de la
Administración Pública; garantice la carrera funcionaria y los principios de
carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y la igualdad de
oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de
sus integrantes, el artículo 84 del mismo cuerpo exige que una ley orgánica
constitucional determine la organización y atribuciones del Ministerio Público;
señale las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su
nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no
contemplado en la Constitución, así como también, el grado de independencia y
autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la
investigación y en el ejercicio de la acción penal pública. De este modo, las
normas orgánicas constitucionales abordan distintas materias según el órgano



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0000325
TRESCIENTOS VEINTICINCO




que regulan, en virtud de la diferenciación expresa que realiza la propia
Constitución.

De lo señalado y según la jurisprudencia del Tribunal las características
de las normas orgánicas constitucionales pueden ser sistematizadas de la
siguiente forma: i) su quórum de aprobación exige la mayoría absoluta de los
diputados y senadores en ejercicio, ii) son objeto de control preventivo y
obligatorio de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional,; iii)
versan sobre determinadas materias que el constituyente ha identificado
taxativa y explícitamente, por lo que su interpretación no se debe extender más
allá de lo permitido por la Constitución; iv) su objetivo es regular, en lo
sustancial, la estructura básica de la institución que están llamadas a
reglamentar; v) su relevancia en el ordenamiento jurídico se relaciona con la
necesidad de desarrollar un texto complementario a los preceptos
constitucionales que sean armónicos, sistemáticos y coherentes con la
Constitución. Todo ello conforme a las sentencias Rol N°4, cc. 3 y 4; Rol N°7, c. 8;
Rol N°54, c. 4; Rol N°115, c. 3; Rol N°160, cc. 9 y 10; Rol N°171, c. 14°; Rol N°255, cc.
6 y 7; Rol N°260, cc. 24 y 25; Rol N°277, cc. 4 y 5; Rol N°293, c. 7; Rol N°304, c.7; Rol
N°309, c. 23; Rol N°376, c. 10; Rol N°360, c. 9; Rol N°395, c. 27; Rol N°418, cc. 8 y 9;
Rol N°437, c. 7; Rol N°460, c. 15; Rol N°633, c. 8; Rol N°2649, c. 10; Rol N°2731, c. 62.



II. Extensión de las normas declaradas previamente orgánicas
constitucionales

4°. El artículo 66 de la Carta Fundamental prevé que “las normas legales a
los cuales la Constitución confiere el carácter de leyes orgánicas
constitucionales (…) se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría
absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”.

Cabe precisar que las leyes orgánicas constitucionales no existen como
un cuerpo normativo único y cerrado, por el contrario, en una ley se pueden
encontrar simultáneamente normas jurídicas propias de materia orgánica
constitucional, como también normas calificadas de ley simple. Tal como lo ha
señalado este Tribunal: “dentro de un mismo cuerpo legal pueden coexistir y
coexisten preceptos que tiene esa naturaleza junto con otros que constituyen
simplemente leyes comunes” (STC Rol N°134-91, c.2). Es por ello, que el actual
texto constitucional habla de “normas legales”, habiéndose modificado el texto
original de la Constitución de 1980 que establecía en su artículo 63 que “Las
leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas
constitucionales y las que interpreten los preceptos constitucionales,
necesitarán para su aprobación, modificación o derogación, de los tres quintos
de los diputados y senadores en ejercicio”.




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0000326
TRESCIENTOS VEINTISEIS




Lo anterior, genera la necesidad de ser cautelosos al momento de
analizar si la modificación de normas declaradas previamente con carácter de
orgánicas constitucionales mantienen dicho carácter, sea que éstas se
encuentren dentro de las denominadas “leyes orgánicas constitucionales” o
dentro de “leyes simples” que contengan normas orgánicas constitucionales. A
juicio de esta Magistrada, debe hacerse la siguiente distinción:

En primer lugar, se debe analizar si el nuevo texto normativo versa o no
sobre materias propias de una ley orgánica constitucional, siendo afirmativo, el
asunto no resulta de mayor problema: debe ser declarada como tal y realizarse
el consecuente análisis de constitucional.

En segundo lugar, si lo que se incorpora en la modificación es materia de
ley simple, pero modifica total o parcialmente un texto considerado
previamente orgánico constitucional por el Tribunal Constitucional, debe
analizarse:

i) Si se trata de una modificación que adiciona un texto nuevo sin
cambiar el texto original, pero que no contiene materias orgánicas
constitucionales, a juicio de esta Magistrada, la norma que se
adiciona tiene carácter de ley simple, sin que le corresponda a este
Tribunal pronunciarse sobre el texto original, que mantiene su
carácter de orgánico;

ii) Un caso, más complejo ocurre si bajo los criterios del nuevo juez
constitucional la norma originalmente calificada como orgánica
constitucional, no lo era, alejándose de una sentencia
previamente dictada por el Tribunal Constitucional. A juicio de
esta Magistrada, puede existir dicho cambio de criterio, como ha
ocurrido con anterioridad (STC, Rol N°2.649 c. 10°). En tal caso el
juez constitucional debe revisar los fundamentos que entregó la
sentencia que calificó la norma como orgánica constitucional,
para luego justificar el cambio de criterio jurisprudencial en base
a dicho fundamento.

Los criterios esgrimidos, resguardan una visión sistémica y el principio
de unidad de la Carta Fundamental. Esta Magistratura debe velar por la plena
compatibilidad entre el artículo 66, los diversos artículos que regulan materias
propias de la ley orgánica constitucional (v.g. artículos 77, 99) y el artículo 63 de
la Carta Fundamental que al establecer las materias de ley, distingue entre “Las
que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas
constitucionales” (numeral 1) y el resto de las materias de ley, entre las cuales se
encuentra en el numeral 20 “Toda otra norma de carácter general y obligatoria
que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”. Petrificar una
norma con el carácter de orgánica constitucional, sin fundamento sustantivo,
no tiene justificación constitucional.



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0000327
TRESCIENTOS VEINTISIETE




Además, se afecta el “principio de unidad de la Constitución”, de modo
que entre las diversas normas exista una debida correspondencia y armonía, tal
como lo ha asentado la jurisprudencia de este Tribunal en múltiples ocasiones,
en tanto la Constitución Política constituye un “todo orgánico”. En este sentido,
se debe recordar que el artículo 66 de la Constitución es una norma de quorum,
procedimental, no sustantiva. Un análisis demasiado simple y aislado de dicho
artículo, puede afectar gravemente el alcance del artículo 63 del Texto
Constitucional y el sentido excepcional de las normas orgánicas
constitucionales, afectando con el ello el principio democrático.



III. Razones para justificar la disidencia en relación con los
considerandos septuagésimo primero a septuagésimo tercero

5°. Señala el voto de mayoría que ante un supuesto modificatorio de una
norma con rango de ley orgánica constitucional en virtud de una sentencia
previa que así lo resolvió, el contenido sustantivo que es introducido al precepto
pueda no ser estimado bajo el ámbito de ninguna de las leyes orgánicas
constitucionales que establece la Constitución pero, de todas formas, surja una
declaración formal a partir del imperativo de la sentencia previa y con la
finalidad de dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 66 de la
Constitución (considerando septuagésimo segundo). Para ello cita la sentencia
Rol N°16.681 considerando vigésimo octavo. Sin embargo, en el intento de
utilizar una técnica de seguimiento de criterios jurisprudenciales, o precedentes
horizontales como se diría técnicamente. A juicio de esta Magistrada el
razonamiento de la mayoría yerra por dos motivos.

6°. En primer lugar, porque la cita a la referida sentencia en dicho
considerando calificó como ley orgánica un encabezado del proyecto de ley,
ante lo cual esta Magistrada está en desacuerdo, por las razones que expresó
dicho caso, citado por la mayoría y reiterado en la STC Rol N°17.330-26. Lo
anterior, puesto que, en la técnica legislativa, el encabezado normativo es una
fórmula introductoria de carácter formal que orienta y ordena las
modificaciones legislativas en un proyecto de ley. Su función es identificar el
lugar, el alcance y la relación de las disposiciones dentro del cuerpo legal,
sirviendo como instrucción del legislador para insertar, modificar o derogar
normas, sin constituir por sí mismo el contenido normativo. Actúa como una
directriz técnica destinada a facilitar la adecuación del texto legal conforme a
los cambios aprobados por el Congreso Nacional.

Así, lo ha refrendado la doctrina, por ejemplo, la profesora Miriam
Henríquez Viñas, señaló que: “los encabezados son instrucciones de
modificación textual desprovistas de contenido normativo propio y no deberían
calificarse como orgánicos constitucionales con independencia del enunciado



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0000328
TRESCIENTOS VEINTIOCHO




que introducen. Sólo el contenido que establece conductas con consecuencias
jurídicas admite esa calificación” (Henríquez, Miriam (2025): La sentencia del
TC sobre convivencia escolar: tres tensiones y una paradoja sobre las leyes
orgánicas constitucionales. El Mercurio Legal, p. 2). En el mismo sentido, la ex
Ministra del Tribunal Constitucional y profesora Marisol Peña, quien afirma,
además, que calificar los enunciados como orgánicos constitucionales, podría
generar una confusión y desorden metodológicos evidentes. (El control
preventivo obligatorio de constitucionalidad de las leyes y el síndrome del sillón
vacío. El Mercurio legal,)

En segundo término, el considerando septuagésimo segundo señala que,
si una ley orgánica fue calificada anteriormente por el Tribunal Constitucional,
cualquier modificación posterior a esa ley deberá seguir tal rumbo y la razón la
expresa al señalar que lo que debe ocurrir es que surja una “declaración
formal” a partir de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución. Esta
Magistrada no comparte lo señalado, puesto que el criterio formal no es el que
define a una ley orgánica constitucional. Tal como explica el profesor Francisco
Zúñiga, en nuestro ordenamiento jurídico “los tipos de ley establecidos en el
artículo 63 se ordenan conforme a un principio de competencia, concurriendo a
la definición de cada tipo de ley elementos formales y materiales según se ha
explicado. El artículo 63 de la Constitución política enuncia los tipos o categorías
de ley, poniendo de relieve un elemento formal: el quórum de aprobación,
modificación o derogación de las normas legales, y el artículo 60 de la
Constitución (y sus remisiones) pone de relieve un elemento material.” (Zúñiga,
Francisco (1997): Concepto de ley y tipos de leyes. Notas acerca de jerarquía y
competencia. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Vol.
XVIII, p. 268). El profesor Zúñiga hace referencia al actual artículo 63 y 66 de la
Constitución, que, en el momento de escribir el artículo, tenían otra
numeración.

Además, si el criterio que determinará las leyes orgánicas
constitucionales fuera el formal ¿qué explica que la Ley Orgánica Constitucional
sobre Votaciones Populares y Escrutinios requiera del voto conforme de las
cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio? (artículo
decimotercero transitorio de la Constitución). Si el criterio fuera formal,
entonces no sería ley orgánica, porque las leyes orgánicas son aquellas que se
aprueban por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. De
esto, cabe concluir lógicamente que lo que define a las leyes orgánicas es la
materia y no el procedimiento.

7°. Finalmente, este voto disiente de lo dicho por el voto de mayoría en
relación con que la especial comprensión del artículo 66 no trasuntaría en una
concepción de petrificación del sistema jurídico, cuestión que, señalan “es nítida
desde la última modificación al artículo 66 de la Carta Fundamental por medio


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0000329
TRESCIENTOS VEINTINUEVE




de la Ley N°21.535, de 2023, que bajó el umbral del quórum requerido para las
leyes orgánicas constitucionales”.

Lo cierto es que esa interpretación justamente produce la petrificación
de las materias. Bien lo explica nuevamente la profesora Miriam Henríquez: “Si
una ley orgánica constitucional regula una materia que no le es propia,
invadiendo el ámbito de la ley ordinaria, es inconstitucional por aplicación del
criterio de competencia. Así, se evita “el congelamiento del rango”, es decir, que
a futuro esa materia no pueda ser regulada por ley ordinaria o por decretos con
fuerza de ley” (Henríquez, Miriam (2016): Las fuentes del orden constitucional
chileno. Thomson Reuters, p. 76).



IV. Análisis particular de las normas sometidas a control

8°. Las razones por las cuales, las disposiciones que fueron calificadas
como orgánicas constitucionales en virtud del artículo 66 (considerando
septuagésimo segundo de la presente sentencia), corresponden a leyes simples
se expresarán en los siguientes numerales, agrupadas, según la norma
constitucional que gatilló la calificación como ley orgánica constitucional en
una sentencia anterior del Tribunal Constitucional.

Dada la necesidad de fundamentar el cambio de criterio de una norma
declarada previamente orgánica constitucional por esta Magistrada, en cada
uno de los numerales siguientes, me referiré a los artículos del proyecto de ley
que modifican la Ley vigente, Nº19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado
y crea la Agencia Nacional de Inteligencia; a la sentencia Rol N°417 que declaró
anteriormente las normas como orgánicas constitucionales; y por qué no
debieran seguir tal derrotero ahora.



1. Normas de la Ley Nº19.974, que fueron declaradas previamente
orgánicas, constitucionales debido al artículo 38 de la Constitución
Política de la República, en la sentencia Rol N°417.

9°. La sentencia Rol N°417, al resolver el carácter orgánico constitucional
de las normas sometidas a examen (considerando noveno), declaró lo siguiente:
“Que los artículos 6°, 9°, 14, 16 y 17 del proyecto en análisis, establecen normas
que inciden en las materias reguladas por la Ley N°18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, razón por la
cual tienen, por ende, la misma naturaleza orgánica constitucional” (el
destacado es nuestro).

En la presente sentencia los artículos individualizados fueron estimados
como orgánico constitucionales por el voto de mayoría, utilizando como único




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0000330
TRESCIENTOS TREINTA




argumento que así fueron declarados en la Sentencia Rol N°417, sin adherir a
razones de fondo que justifiquen dicho carácter.

No obstante, esta Magistrada, estima que corresponde realizar un
análisis sustantivo de las normas que se presumen orgánico constitucionales,
teniendo como parámetro constitucional de control el artículo 38 del Texto
Fundamental.

La delimitación del ámbito orgánico constitucional surge en la
correlación entre el artículo 38 inciso primero de la Constitución con lo
establecido en sus artículos 63, N°14, y 65 inciso cuarto, N°2. El Constituyente ha
distinguido entre la organización misma y la creación de “nuevos servicios
públicos (…) y determinar sus funciones o atribuciones”, materia de ley simple o
común bajo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por ello, la STC
Rol N°15.139, de 31 de enero de 2024, al examinar la reciente Ley N°21.658, en
criterio mantenido en la STC Rol N°15.169, c. 10°, asentó que es necesario
identificar una “alteración a la organización básica de la Administración del
Estado” para estimar la faz competencial de la ley orgánica constitucional. Bajo
este criterio, en la eventualidad de que los preceptos en examen mantengan
“consonancia” con las disposiciones de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, corresponde al ámbito que
es propio del legislador común. Esto no convierte a la ley orgánica vigente en
parámetro de control, sino como elemento auxiliar que permite comprender si
la materia ya fue concretada anteriormente por legislador orgánico, siguiendo
el mandato del constituyente.

En tercer término, si se revisa el texto de cada una de las disposiciones en
análisis, se concluye que no se encuentran en la hipótesis que regula el artículo
38 de la Constitución Política y que, por tanto, son leyes simples:

Artículo 1, N°11 del Proyecto de Ley: “Artículo 6°.- Créase el Consejo
Interministerial de Inteligencia de Estado, en adelante “el Consejo”, de carácter
permanente, el que asesorará al Presidente de la República en la elaboración de
los instrumentos de planificación de la inteligencia.”. Tal como lo ha señalado esta
Magistratura, la creación de un nuevo órgano, que no afecte la organización
básica de la Administración Pública, al tratarse de un órgano asesor, no
constituye necesariamente una materia de ley orgánica a la luz del artículo 38
de la Constitución. En sentencia Rol N°15.043, considerando vigésimo segundo,
señaló, a propósito de la creación de un Comité Interministerial sobre
Ciberseguridad, que este tipo de instancia colegiada y la regulación legal de su
composición, atribuciones y operatividad, más bien, concretiza aspectos
contenidos en el artículo 22 de la Ley General de Bases de la Administración del
Estado con relación a las funciones y misiones de los Ministerios como “órganos
superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de



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TRESCIENTOS TREINTA Y UNO




gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a
los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones”. De
ello se deriva que el artículo en examen desarrolle la misión que la Ley de Bases
ha previsto en el inciso segundo del artículo 22, relacionada con el deber de
“proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer
las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las
normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo
sector”.

Abona a esta tesis el criterio sentado en la sentencia rol N°15.733,
considerando vigésimo, que afirma que para calificar como orgánica
constitucional una norma, se debe atender a que “el artículo 31 de la Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
permite el establecimiento de estos órganos colegiados o consejos, no
generando una innovación específica en la materia…”. (Considerando
vigésimo). Señala en el mismo razonamiento que, si fuera resolutivo, sería ley
orgánica; al contrario, si fuera asesor, sería ley simple.

Artículo 1, Nº17, del Proyecto de Ley: “Artículo 9°.- (…)En caso de
ausencia o impedimento, el Director será subrogado por el Subdirector de la
Agencia Nacional de Inteligencia. En ausencia o impedimento de éste, por el Jefe
de División que corresponda de acuerdo con la estructura interna y el orden
jerárquico que determine la resolución que deberá dictarse en conformidad con
las disposiciones de esta ley. La norma fija reglas de procedimiento en caso de
ausencia o impedimento de una autoridad, mas no la estructura básica de la
organización de la Administración del Estado, razón por la cual no puede
considerarse como materia orgánica constitucional.

Artículo 1, número 22 del Proyecto de Ley: “Artículo 14.- El ingreso y
permanencia en los cargos de la Agencia Nacional de Inteligencia requerirá que
dicho personal no esté ni haya estado afiliado a partido político alguno durante el
año inmediatamente anterior al nombramiento respectivo. Asimismo, dicho
personal no podrá participar o adherir a reuniones, manifestaciones o asambleas,
apoyar a candidatos a cargos de representación popular o intervenir en cualquier
otro acto que revista carácter político partidista, sea de forma física o virtual”.

Artículo 1, número 26 del Proyecto de Ley: Reemplázase, en el inciso
segundo del artículo 17, la expresión “cuatro años” por “cinco años”.

Para el claro entendimiento, citamos el artículo 17 de la Ley vigente que
establece:

Artículo 17.- Las comisiones de servicio del personal de la Agencia, que se
cumplan en el país o en el extranjero, no estarán afectas a lo dispuesto en los
artículos 70 y 71 de la ley Nº18.834 y en los artículos 156 a 161 de la ley N°10.336.




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0000332
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS




Las comisiones de servicio de funcionarios pertenecientes a organismos de
la Administración del Estado que se cumplan en la Agencia, no estarán sujetas a
las limitaciones de tiempo establecidas en sus regímenes estatutarios o en otros
cuerpos legales o reglamentarios, ni a lo dispuesto en los artículos 156 a 161 de la
ley N°10.336. No obstante, las comisiones de servicio de funcionarios
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública no podrán
disponerse por plazos superiores a cuatro años.

Las dos normas en comento establecen requisitos para el ingreso y
permanencia en cargos de la Agencia y los años de comisión de servicios a que
pueden optar los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden
y Seguridad Pública. La Constitución Política de la República efectuó un
mandato al legislador orgánico, el cual se concretó en la Ley N°18.575. Esta
norma regula el acceso a la Administración en sus artículos 15, 16, 17; y la
carrera funcionaria se encuentra regulada en los artículos 43 y siguientes, no
innovando la norma en estudio respecto de la mencionada Ley. Tal como se
señaló en sentencia Rol Nº15.043, considerando décimo octavo, “la provisión de
un cargo público no implica, consecuencialmente, innovar en las reglas de
acceso a la Administración Pública con relación a la ley orgánica constitucional
del artículo 38 de la Constitución.”, menos aún la fijación de un plazo máximo
para realizar una comisión de servicios, cuestión que incluso podría quedar
fuera del campo de una ley.



2. Normas de la Ley Nº19.974 que fueron declaradas previamente
orgánicas constitucionales debido al artículo 77 Constitución
Política de la República

10°. Al igual que en el caso anterior, los artículos individualizados fueron
estimados como orgánico constitucionales por el voto de mayoría, utilizando
como único argumento que así fueron declarados en la Sentencia Rol N°417, sin
adherir a razones de fondo que justifiquen dicho carácter. Sin embargo,
corresponden a leyes simples, tomando como parámetro constitucional de
control el artículo 77 del Texto Fundamental.

Artículo 1, número 41 literal a) del Proyecto de Ley: En el artículo 28
: Intercálase, en el inciso primero, entre la palabra “fundada” y el punto y aparte
que le sigue, la expresión “al tenor de las exigencias señaladas en el artículo 25”.

Artículo 1, número 41 literal b) ordinal i) del Proyecto de Ley: En el
artículo 28: (…)

b) En el inciso segundo:

i. Intercálase, entre la expresión “la medida” y la conjunción “y” que le
sigue, el texto siguiente: “, si su identidad es conocida, la designación del lugar



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0000333
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES




donde haya de practicarse, el sistema informático, dispositivo o comunicación a
intervenir, según la naturaleza del procedimiento”.

Para contextualizar, el artículo vigente que se modifica es el siguiente:

Artículo 28.- La resolución judicial que autorice o deniegue la utilización
de los procedimientos a que se refiere el artículo 24 deberá dictarse sin audiencia
ni intervención del afectado ni de terceros, y será fundada.

La resolución que autorice el empleo de los mencionados procedimientos
deberá incluir la especificación de los medios que se emplearán, la
individualización de la o las personas a quienes se aplicará la medida y el plazo
por el cual se decreta, que no podrá ser superior a noventa días, prorrogable por
una sola vez hasta por igual período. En caso de que la solicitud sea rechazada, la
resolución será susceptible del recurso de reposición por parte de los directores o
jefes de los organismos de inteligencia que hubieran solicitado la autorización.

La mencionada norma fue objeto de control en la sentencia Rol N°417 ya
reiterada. Allí, el Tribunal Constitucional determinó que la norma era orgánica
constitucional, por el entonces artículo 74 de la Constitución que establecía la
organización y atribuciones de los tribunales establecidos por la ley (ahora 77)
para administrar justicia (considerando decimo), sin mayores justificaciones.

Ahora bien, esta Magistratura, al día de hoy, ha determinado con mayor
claridad los criterios para delimitar la competencia de la ley orgánica
constitucional contenida en el artículo 77 inciso primero de la Constitución, los
cuales requieren una interpretación en vinculación con los artículos 63 N°1 y
N°3 y 77 inciso final, las que permiten distinguir claramente el ámbito de acción
del legislador orgánico, a saber: i) Organización de los Tribunales de Justicia; ii)
atribuciones de los Tribunales de Justicia; iii) calidades que deban tener los
jueces; iv) número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado
para el cargo de Ministro de Corte o jueces letrados; del ámbito reservado al
legislador común referidas a las leyes procesales de enjuiciamiento. Para este
fin, estableció la STC Rol N°3081, “la Carta Fundamental “hace una
diferenciación entre las reglas orgánicas para la organización y atribuciones de
los tribunales respecto de las reglas procesales que regulan el enjuiciamiento”,
añadiendo que “esta norma constitucional [establece] una regla más precisa y
restrictiva de delimitación entre estas materias”.

La norma puesta bajo nuestro conocimiento no contempla aspectos
propios de la “organización” y “atribuciones” de los tribunales de justicia,
puesto que simplemente se limita a señalar lo que deben contener las
autorizaciones para la realización de determinados procedimientos, no siendo
esta la norma que entrega la competencia los tribunales de justicia.




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TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO




Artículo 1, número 38, literal a), ordinal i): Reemplázase en el artículo
25 la expresión “de inteligencia” por “servicios integrantes del sistema”.

La norma vigente señala: Los directores o jefes de los organismos de
inteligencia solicitarán, personalmente o por intermedio de un funcionario de su
dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial para
emplear los procedimientos señalados en las letras a) a d) del artículo anterior.

Será competente para pronunciarse sobre la mencionada autorización
un Ministro de aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se
realizará la diligencia o donde se inicie la misma. Para este efecto, el Presidente de
cada Corte de Apelaciones designará por sorteo a dos de sus miembros, por el
plazo de dos años, y la solicitud podrá ser presentada ante cualquiera de ellos.

Sobre este precepto también recae calificación orgánica y fue declarada
como tal en sentencia Rol N°417 del Tribunal Constitucional, en su considerando
decimo primero, al afirmar que éste “dice relación con la organización y
atribuciones de los tribunales establecidos por la ley para administrar justicia”,
sin realizarse un desarrollo argumentativo que pueda servir de parámetro
frente a normas que por regla general son de naturaleza de “leyes simples”. Lo
anterior, toda vez que el artículo señalado consiste en una materia
procedimental que especifica el modo en que los directores de servicios
integrantes del sistema de inteligencia deberán solicitar la autorización judicial
para emplear los procedimientos señalados en el artículo 24 de la ley vigente, y
que la norma que otorga competencia a la Corte de Apelaciones es el inciso
segundo que no fue alterado por el Proyecto de Ley en examen.

Artículo 1, numeral 37 del proyecto de ley: Reemplázase el artículo 24
por el siguiente:

“Artículo 24.- Los procedimientos especiales de obtención de información
son:

a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas,
radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas.

b) La intervención de sistemas informáticos, redes informáticas, y
cualquier otro sistema tecnológico destinado a la transmisión, almacenamiento o
procesamiento de datos, información o comunicaciones.

c) La escucha y grabación electrónica en lugares cerrados, incluyendo la
audiovisual y la instalación de dispositivos para tales efectos.

(…)

La planificación de los procedimientos establecidos en este Título deberá
velar por la protección de los funcionarios responsables por su ejecución, la
integridad personal de terceros y el secreto del procedimiento.”.



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TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO




El caso en comento se trata de una norma nueva, pues se elimina
totalmente el articulado antiguo. A juicio de esta Magistrada, siguiendo los
criterios anteriormente señalados, la norma no corresponde a una materia de
ley orgánica, pues, al igual que los casos anteriores, se está remitiendo a asuntos
procedimentales y no está definiendo la organización y atribuciones de los
tribunales de justicia.



3. Normas de la Ley Nº19.974 que fueron declaradas previamente
orgánicas constitucionales debido al artículos 87 y 88 (actuales 98 y
99) Constitución Política de la República

11°. El precepto calificado como orgánico constitucional en esta
sentencia que disiento fue calificado como tal en la sentencia Rol N°417 de 2004
la que únicamente se limitó a señalar que “son propios de la ley orgánica
constitucional a que se refieren los artículos 87, inciso primero, y 88, inciso final,
de la Constitución Política, pues dicen relación con dicho cuerpo normativo”.

Artículo 1, numeral 27 del Proyecto de ley: Intercálanse, en el artículo
19, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso
segundo a ser inciso cuarto:

“Asimismo, deberá mantener en reserva la dotación máxima de dicha
institución.

Los documentos físicos o expedientes electrónicos respectivos serán
custodiados en dependencias de la Agencia, y serán revisados por la Contraloría
General de la República sólo en las dependencias centrales de la Agencia,
conforme a las normas legales vigentes.”

Sin embargo, de la lectura del precepto sometido a control, no se
vislumbra cómo la norma generaría una intromisión al ámbito de la
organización, funcionamiento y atribuciones de la Contraloría, tratándose
solamente de una norma de custodia de documentos, que debe realizarse
“conforme a las normas vigentes”. Es un asunto procedimental que no invade
las materias reservadas al legislador orgánico constitucional del artículo 98 y 99
de la Constitución, que como se ha señalado tienen naturaleza excepcional.

Por otra parte, el hecho que una norma diga relación con un cuerpo
normativo orgánico constitucional, tal como se indica en la sentencia Rol 417, a
juicio de esta Magistrada no convierte la norma automáticamente en una del tal
carácter, pues es un mismo cuerpo legal pueden coexistir leyes de distinta
naturaleza.




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TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS




PREVENCIONES



La Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, previene a la
sentencia respecto de la calificación como ley común o simple del inciso
primero del nuevo artículo 13 de la Ley N° 19.974, reemplazado por medio
del numeral 21) del artículo 1° del proyecto de ley, concurriendo a lo
señalado con excepción de su considerando 36°, y teniendo presente, además:

1°. Que siguiendo el voto de minoría de la STC 3434 se señaló que la
propia Constitución se ha encargado de precisar que, cada vez que sea necesario
indicar que una materia de plantas o del régimen estatutario del personal tenga
un rango orgánico constitucional, debe decirse expresamente y no
implícitamente. Lo primero, como lo demuestran los casos explícitos del
Tribunal Constitucional (artículo 92 de la Constitución), las Fuerzas Armadas y
Carabineros (artículo 105 de la Constitución) y Municipalidades (artículo 121 de
la Constitución). Por el contrario, no puede asumirse que las cuestiones de
personal y de los procesos de selección para el ingreso a un organismo público
tengan tal carácter por la interdicción expresa de poderes implícitos que ordena
el artículo 7° inciso segundo de la Constitución.

Asimismo, limitando la órbita de lo que es propio de una ley orgánica
constitucional en esta materia, se sostuvo que “cuando la Constitución encarga a
la ley orgánica constitucional la organización y funcionamiento de un Poder del
Estado o de un organismo autónomo, no puede el legislador orgánico abarcar o
incursionar en todos los detalles que ello supone y tenga que limitarse a delinear
la estructura básica o fundamental de aquellas instituciones para lograr un
expedito funcionamiento en la práctica. Además ha sido el propio constituyente el
que se ha encargado de advertir que no todo lo relacionado con la organización o
funcionamiento de alguna entidad pública queda bajo el ámbito de la ley orgánica
constitucional, pues ha reservado a la competencia de la ley común y a la
iniciativa del Presidente de la República, en su artículo 60, N° 14 en relación con el
artículo 62, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución, la facultad de crear nuevos
servicios públicos o empleos rentados sean fiscales, semifiscales, autónomos, de
las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o
atribuciones”. (Voto de minoría Rol 3434, c. 4);

2°. Que, en similar sentido, en la STC 4201 se resolvió que este Tribunal
Constitucional no emitía pronunciamiento en examen preventivo de
constitucionalidad, por no versar sobre materias propias de ley orgánica
constitucional, de la disposición contenida en el artículo 18 inciso primero del
proyecto de ley, en la frase “[l]as personas que presten servicios para la




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TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE




Defensoría se regirán por el Código del Trabajo", criterio seguido, igualmente, en
la STC 14.480.

Por lo anterior, es propio de la competencia de la ley común o simple la
fijación de un sistema estatutario como el previsto en la norma en examen, en
tanto éste no involucra el aspecto de la ley orgánica constitucional establecida
en la segunda parte del inciso primero del artículo 38 de la Constitución.



Los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR MERY
ROMERO, y señora MARCELA INÉS PEREDO ROJAS concurren al voto de mayoría
únicamente respecto a los considerandos 73°, 74°, 76° y 78°. Ello, porque la
densidad normativa de los preceptos legales controlados como orgánico
constitucionales regula el secreto o reserva de la información sin fundamentar
aquella en las causales constitucionales previstas en el artículo octavo. De modo
que, en ausencia de una justificación razonable en las normas constitucionales
que regulan la materia, estos jueces constitucionales consideran que la norma
resulta contraria a la Carta Fundamental.



Adoptado el acuerdo desechada que fue la indicación propuesta por
el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ y la Ministra señora CATALINA LAGOS
TSCHORNE, en cuanto a que no corresponde examinar normas del proyecto de
ley que no fueron consultadas por el Congreso Nacional, previenen que se han
pronunciado sobre su calificación como normas orgánicas constitucionales
y sobre su conformidad con la Constitución, única y exclusivamente porque
fueron sometidas a la deliberación y votación por este Pleno de Ministros y
Ministras.

Estos Ministros consideran, en la línea de lo razonado en el voto disidente
de los ministros señores Carmona, García, Hernández y Pozo en la sentencia Rol
N° 4317-2018 (considerandos 2º a 6º) que, en virtud de la tesis de deferencia
estricta al legislador, así como de la comprensión sistemática de las normas
sobre control de constitucionalidad, esta Magistratura -en el marco del control
contemplado en el artículo 93 número 1- ha de imponerse un autocontrol
respecto de las materias sobre las cuales debe pronunciarse, correspondiéndole
referirse solamente a aquellos preceptos calificados como orgánicos
constitucionales por el Congreso Nacional y remitidos por éste para su
conocimiento y control. En palabras de Martínez Estay “la idea de auto-
restricción y de deferencia es una consecuencia clara del principio de separación
de poderes. Se refiere a la actitud de respeto que deben observar entre sí los
diversos órganos que ejercen potestades públicas, lo que conlleva reconocerse
mutuamente las competencias que corresponden a cada uno de ellos y las
limitaciones derivadas de esto.” (Martínez Estay, José Ignacio. 2014. Auto-


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TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO




restricción, deferencia y margen de apreciación. Breve análisis de sus orígenes y
de su desarrollo. En: Estudios constitucionales, 12:1, pp. 365-396).

Es relevante puntualizar, como se señala en el precitado voto disidente,
que esta posición tiene antigua historia en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y retomarla resulta especialmente relevante luego de las
reformas constitucionales del año 2005. Por una parte, a propósito del deber de
lealtad constitucional de todos los órganos del Estado, que se traduce en que el
deber de garantizar el orden institucional de la República también le compete al
Congreso Nacional y, por otra, en virtud del establecimiento, ex post al control
preventivo, de mecanismos de control de constitucionalidad de la ley, tanto de
efectos generales como de efectos particulares.

Al respecto, Emilio Pfeffer asimismo da cuenta que esta postura es de
larga data en la historia de esta Magistratura, precisando que “en una primera
época el Tribunal Constitucional resolvía invariablemente, aunque con algunas
disidencias, que sólo estaba revestido de jurisdicción para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de leyes que tengan rango de ley orgánica constitucional según
la calificación efectuada por el propio Poder Legislativo. Mientras que, por modo
excepcional, y únicamente cuando se suscitara una cuestión de
constitucionalidad, es decir, hubiere un requerimiento en tal sentido formulado
por los órganos habilitados para ello, podía pronunciarse sobre la
constitucionalidad de un precepto contenido en un proyecto de ley de otra
naturaleza” (Pfeffer Urquiaga, Emilio. 1998. Algunos problemas que se derivan
del control obligatorio de constitucionalidad que ejerce el Tribunal
Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales. En: Ius et Praxis, 4:1,
p. 263).

En relación con este último punto, como ha señalado Domingo Lovera, la
lógica de la regulación en materia de legitimación activa del ejercicio de las
atribuciones del Tribunal Constitucional da cuenta de una clara tendencia a
dejar entregada tal facultad a las ramas políticas. El autor enfatiza que la lógica
del diseño institucional permite concluir que la regla general es la primacía de
la calificación del legislador, salvo que se requiera al Tribunal Constitucional su
pronunciamiento. Por lo mismo, resulta relevante constatar que respecto de los
preceptos que no sean calificados como orgánicos constitucionales por la
Cámara de origen, subsiste la posibilidad de que el Presidente de la República,
cualquiera de las cámaras, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio,
active el control preventivo regulado en el artículo 93 número 3 de la
Constitución. Lovera ilustra la cuestión como sigue: “Piénsese en el caso
siguiente: el parlamento se encuentra discutiendo un proyecto de ley sobre
materias que se acuerda que son propias de ley ordinaria. De acuerdo con el art.
93 N.º 3 CPR la revisión de ese acuerdo para ante el TC solo puede ser solicitada
por el presidente de la República, cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de


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TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE




sus miembros en ejercicio. Pero ello no ocurrirá porque en el hipotético caso, de
buena fe y luego de razonadas deliberaciones, ninguno de los legitimados disputa
respecto de la calificación acordada. La calificación afirme sería la del legislador"
. (Lovera Parmo, Domingo. 2022. Tres advertencias: Tribunal Constitucional y el
derecho adjetivo. En Estudios Constitucionales, 20:1, pp. 39-40).

En el mismo sentido, Rodrigo Correa plantea que el Tribunal
Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones
que no han sido sometidas a su control por estimar que tienen carácter orgánico
constitucional, “ha roto la sistemática del control y lo ha hecho mostrando poca
deferencia al legislador democrático”. Al respecto, explica que el diseño
adoptado por el constituyente “responde a un principio propio de una república
democrática” y no maximiza el control, ya que por definición permite que una
disposición orgánica constitucional escape de la revisión de esta Magistratura si
la Cámara de Origen no la califica como tal. El autor plantea que “[s]i el
constituyente hubiese querido asegurar que toda ley que en opinión del tribunal
tiene carácter orgánico constitucional fuera objeto de control, habría diseñado un
sistema diferente de remisión al tribunal. No habría depositado en la cámara de
origen la potestad para determinar qué leyes remitir al tribunal”. La
consecuencia de ello -según señala-, es que el control pasa a depender de un
factor completamente aleatorio, puesto que no es posible controlar una
disposición si ella no se encuentra en un proyecto de ley sometido al tribunal
(Correa González, Rodrigo. 2003. Revista de Derecho de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Número I: 2004, pp. 538-540).

A mayor abundamiento, el argumento anterior se ve reforzado a la luz de
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su inciso primero delinea el principio de pasividad como
principio funcional fundamental de la actividad de esta Magistratura, en los
siguientes términos: “El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a
requerimiento de las personas y los órganos constitucionales legitimados de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República o de
oficio, en los casos señalados en la Constitución Política de la República y en esta
ley”. El tenor de esta norma es tajante en cuanto a que esta Magistratura sólo
puede ejercer su jurisdicción de oficio excepcionalmente en aquellos casos
señalados en la Constitución y en la ley: la actuación de oficio se delinea como
excepcional frente a la regla general constituida por la pasividad de este
Tribunal.

En este contexto, analizado el texto de la ley y el de la Constitución, se
colige que no existe iniciativa de oficio de esta Magistratura para ejercer el
control preventivo obligatorio regulado en el artículo 93 número 1 de la Carta
Fundamental, en tanto no existe habilitación expresa para ello. Lo anterior,
además, resulta plenamente concordante con el principio de juridicidad que,


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TRESCIENTOS CUARENTA




por mandato constitucional y en tanto órgano público, somete a esta
Magistratura, debiendo actuar dentro de su competencia y sin ejercer más
potestades que las que expresamente le confiere la Constitución o la ley.

Así las cosas, no habiendo norma expresa que excepcione al control del
artículo 93 N° 1 del texto constitucional de la regla general, esto es, el principio
de pasividad, se hace necesario concluir que la legitimación que activa este
control se encuentra radicada en el Congreso Nacional.




Comuníquese al H. Senado, regístrese y archívese.

Rol N° 17.341-26-CPR.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 08/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 08/05/2026 Fecha: 08/05/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 08/05/2026 Fecha: 08/05/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 08/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 08/05/2026 Fecha: 08/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas
y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/05/2026




6D0B287F-FE35-42D9-BE64-0A18C8DB83F6
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