TC Rol 17361

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Santiago, once de marzo dos mil veintiséis.

A fojas 165, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer y segundo otrosí, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 6 de febrero de 2026, ORSAN Seguros de Crédito
y Garantía S.A. ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 582, inciso segundo; y 583,
inciso final, en la frase "sin que la oposición de excepciones pueda ser
invocada para condicionar o diferir dicho pago", del Código de Comercio,
para que ello incida en el proceso seguido ante la Corte de Apelaciones de
Santiago sobre reclamo de ilegalidad Rol N° 795-2024 (Contencioso
Administrativo), en conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de
apelación, bajo el Rol N° 37.308-2025;

2°. Que, el señor Presidente (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 10 de febrero 2026
a fojas 158. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás partes
de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento
de los requisitos de admisibilidad, formulando observaciones la parte
requerida, solicitando la inadmisibilidad del requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior y examinado el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la parte requirente explica que el Servicio de Vivienda y
Urbanización Metropolitano (Serviu) dedujo una demanda arbitral en su
contra, a fin de que la aseguradora respondiera por el incorrecto uso del
anticipo de 5% del valor de un contrato de construcción de un proyecto
habitacional, equivalente a 32.763,78 UF, por parte del afianzado (ENV
SpA.), esto es, por no haber sido amortizado o devuelto con obras o en
dinero, a raíz de la insolvencia de la constructora.
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Indica que con fecha 15 de noviembre del año 2024, el Juez Árbitro
designado rechazó la demanda, atendido a que no se acreditó un
“incorrecto uso del anticipo” por parte del afianzado, por lo que era
"improcedente el cobro y pago de la indemnización reclamada, por
carecer de causa". En definitiva, el laudo arbitral determinó la inexistencia
de un siniestro indemnizable.

En contra de dicha sentencia arbitral, el Serviu interpuso recurso de
casación y apelación, los que se encuentran pendiente de resolución.

Por otro lado, y en forma paralela, el Serviu presentó una denuncia
ante la CMF por los mismos hechos que motivaron el juicio arbitral,
instancia que mediante Resolución Exenta N° 9.745, de 17 de octubre de
2024 le impuso una multa de 3.000 UF por no haber pagado “a primer
requerimiento” la respectiva póliza.

En contra de dicha decisión administrativa, el requirente interpone
recurso de reposición, el cual fue rechazado con fecha 15 de noviembre de
2024, mediante Resolución Exenta N° 10.611, por lo que presentó reclamo
de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que igualmente
fue rechazado, estableciendo que la multa se encontraba dentro de los
márgenes legales y respondía a la gravedad del incumplimiento, sin que
se advirtiera exceso alguno. La decisión de la Corte fue apelada por Orsan,
encontrándose pendiente de resolución ante la Corte Suprema, según
certificado que rola a fojas 35;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad para
requerir la declaración de inaplicabilidad de los preceptos impugnados,
afirma que su aplicación transgrede el artículo 19 N° 3, de la Constitución
que garantiza el debido proceso, el cual comprende, entre otros, el
derecho a defensa y la garantía de un justo y racional procedimiento.
Asimismo, considera transgredido el derecho de propiedad, consagrado
en el numeral 24, del artículo 19, de la Carta Fundamental, dado que, en la
especie, el tomador del seguro fue declarado insolvente por el respectivo
laudo arbitral, por lo tanto, “el derecho de repetición deviene en ilusorio,
transformando lo que debía ser una transferencia patrimonial transitoria en
un traspaso definitivo y un sacrificio patrimonial desproporcionado para el
asegurador” (fojas 3).

En síntesis, argumenta que “[s]i bien la potestad sancionadora es
legítima, su ejercicio debe ser proporcionado y prudente. La imposición de una
multa pecuniaria en este contexto, que se aplica automáticamente y de forma
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irrestricta, se vulnerarían garantías fundamentales como el derecho de
propiedad, y la tutela judicial efectiva” (fojas 19);

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional y
legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental;

7°. Que, asimismo, esta Magistratura ha establecido que un
requerimiento de inaplicabilidad adolece del debido fundamento
plausible cuando el actor presenta un conflicto de mera legalidad. En
efecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, analizando el
espectro normativo de la expresión “fundamento plausible”, empleada
por el legislador orgánico constitucional como requisito para que el libelo
incoado supere el necesario estándar en sede de admisibilidad ha
delimitado con precisión sus contornos. Así, inequívoco es que se debe
estar en presencia de un conflicto constitucional, esto es, frente a una
contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente
aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la
alegación de mera legalidad, puesto que el parámetro de contraste es la
Constitución y no la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía constitucional (así,
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N°s 4696, c. 10°; 5124, c.
18°; y 5187, c. 4°, entre otras).

Al mismo tiempo, ha señalado en la causa Rol N°2775 que “en sede
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo
ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de
constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por
consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e
interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la
amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de
competencia de los jueces del fondo” (en el mismo sentido, Rol N° 2465,
entre otros);
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8°. Que, de la lectura del requerimiento, se verifica que el conflicto
sometido al conocimiento de esta Magistratura es un asunto de mera
legalidad de competencia de los jueces de fondo, son ellos los llamados a
determinar el sentido y alcance de las normas impugnadas en cuanto a si
las excepciones o defensas que el tomador oponga al asegurado (artículo
582, inciso segundo), obsta a que el asegurador pague la indemnización
solicitada; si la oposición de excepciones por parte de éste puede
condicionar o diferir el pago del seguro a primer requerimiento (parte
final del artículo 583), y finalmente, los posibles efectos que genera la
insolvencia del tomador del seguro frente a la exigencia de la empresa
aseguradora -Orsan Seguros de Crédito y Garantía S.A.- de pagar la póliza
a primer requerimiento.

Respecto de la cuestión fáctica de insolvencia del tomador del
seguro alegada por el requirente como fundamento de la vulneración de
su derecho de propiedad, al no poder hacer efectivo su derecho de
repetición, tampoco es un asunto que deba verificar este Tribunal
constitucional al conocer de una acción de inaplicabilidad. Al respecto,
cabe hacer presente que el propio requirente afirma que lo discutido en el
procedimiento administrativo y juicio arbitral tramitados en paralelo se
refiere a “la naturaleza jurídica del seguro de caución y sus implicancias
cuando el tomador (afianzado) incurre en insolvencia” (fojas 4), agregando,
asimismo, que “[e]l negocio subyacente a esta intensa litigiosidad judicial y
administrativa está vinculado a la emisión de la póliza de garantía a primer
requerimiento y de ejecución inmediata ID N°03-24-003154 8 (Póliza-Orsan)”,
cuestiones que escapan de la competencia de esta Magistratura;

9°. Que, conforme a lo razonado, el requerimiento será declarado
inadmisible por concurrir la causal de falta de fundamento plausible, pues
el asunto promovido por la parte requirente es de mera legalidad y no de
constitucionalidad. Por tanto, la jurisprudencia de este tribunal ha
establecido que “(…) No es esta Magistratura la encargada de determinar el
sentido y alcance de esa norma legal, pues le corresponde únicamente
discernir si la aplicación de tal precepto es o no contrario a la Constitución”
(Rol 824 c. 12);



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,
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SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas
158.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.361-26-INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 11/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/03/2026 Fecha: 11/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 11/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne y señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 11/03/2026




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