TC Rol 17377

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VEINTIOCHO




Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 13 de febrero de 2026, Mercedes Olga Blanc
Parga ha requerido la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 167, inciso primero, parte final,
en la frase "si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento,
según el caso", del Código de Procedimiento Civil, en el proceso Rol
C-13155-2025, seguido ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de
apelación, bajo el Rol N° 21564-2025 (Civil);

2°. Que, el señor Presidente (S) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, en diversas
oportunidades ha resuelto, conforme al mérito de cada caso particular,
que si un requerimiento de inaplicabilidad adolece de vicios o defectos
tales que hacen imposible que pueda prosperar, resulta inconducente
que la Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite,
procediendo que la misma declare desde ya la inadmisibilidad de la
acción deducida (así resolución de inadmisibilidad recaída en causa Rol
N° 5410, c. 3°, entre otras);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible,
al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, por adolecer de falta de fundamento plausible;

5°. Que, la requirente relata que ante el Cuarto Juzgado Civil de
Santiago presentó demanda de declaración de indignidad para suceder
en contra de su hermano, Christian Blanc.

Señala que ello tiene conexión con causa penal que se sigue ante
el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, RIT N° 1813-2023, en que
interpuso querella criminal en contra de Christian Blanc, por el delito de
administración desleal, causa que se encuentra en etapa previa a la
formalización.
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VEINTINUEVE




Indica que en el juicio civil, con fecha 30 de octubre de 2025
solicitó la suspensión prevista en el artículo 167 del Código de
Procedimiento Civil, fundado en que la existencia del delito que se le
imputa al hermano constituye el fundamento preciso para la dictación de
la sentencia definitiva en sede civil, toda vez que la acción de indignidad
contemplada en el artículo 968 N°2 del Código Civil exige que el atentado
cometido por el heredero sea acreditado mediante sentencia
condenatoria ejecutoriada.

Sin embargo, explica que el tribunal, el 6 de noviembre de 2025,
rechazó su solicitud pues en la causa penal no consta que se haya
deducido acusación o formulado requerimiento, por lo que interpuso un
recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución ante
la Corte de Apelaciones de Santiago;

6°. Que, la requirente a fojas 3 y siguientes reclama que la norma
cuestionada produce una infracción constitucional a la garantía de
igualdad ante la ley, contenida en el artículo 19 N° 2 de la Carta
Fundamental, pues “establece una distinción evidente respecto de dos
grupos de personas imputadas en el proceso penal. Por un lado, aquellas
respecto de las cuales ya se ha deducido acusación o formulado
requerimiento y, por otro, aquellas que se encuentran en una etapa procesal
previa”.

Agrega que se vulnera además la igual protección de la ley en el
ejercicio de sus derechos, y con ello el artículo 19 N° 3, inciso primero
constitucional, pues el juicio civil continuará su curso sin contar con la
única prueba que la ley exige para acreditar la acción de indignidad
prevista en el artículo 968 N° 2 del Código Civil.

Argumenta, finalmente, que se infracciona el inciso segundo del
artículo 5 de la Constitución Política de la República, en relación con los
artículos 1, 8N° 2 letra f) y 24 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, pues se restringe en este caso las garantías mínimas del
debido proceso;

7°. Que, en lo atingente a la causal de inadmisibilidad del referido
artículo 84, N° 6, esta Magistratura ha sostenido que la exigencia
constitucional y legal de fundamentar razonablemente un requerimiento
de inaplicabilidad, para los efectos de declarar su admisibilidad, supone
una “condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los
preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso
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TREINTA




concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente”, agregando que “la explicación de la forma en
que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada
y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada.”
(entre otras, STC roles N°s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 494, 1665,
1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050, 2072, 2088, 2089,
2090, 2227, 2349, 2494, 2549, 2622, 2630 y 2807);

8°. Que, lo anotado sucede respecto del requerimiento de autos. El
cuestionamiento al artículo 167, inciso primero, parte final, en la frase "si
en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el caso",
del Código de Procedimiento Civil, presentado a esta Magistratura ha
sido conocido y fallado a través de sentencias en sede de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad, desvirtuándose todos los capítulos de
infracción constitucional que el requirente presenta en el libelo de autos
(así, STC Roles N°s 16.852-25 y 15.912-24);

9°. Que, en razón del carácter concreto de la acción de
inaplicabilidad, la exigencia de fundamento razonable o plausible
permite que el Tribunal se aboque al conocimiento de materias diversas
que, dada la aplicación de normas en principio conformes a la
Constitución, pueden presentar en su aplicación particular resultados no
queridos por el Constituyente, debiendo ostentar un específico “conflicto
constitucional”. Ello ha permitido desarrollar jurisprudencia en torno a la
causal del artículo 84 N° 6 del aludido cuerpo orgánico constitucional,
declarándose que debe tenerse por no razonablemente fundado un
requerimiento si éste no argumenta de forma original alegaciones
constitucionales que han sido previa y reiteradamente desestimadas por
el Tribunal (a vía ejemplar, resoluciones recaídas en causas Roles N°s
4745, 4873, 5246, 5293, 5783, 5931, 6058, 6215 y 6216, entre otras);

10°. Que, así, al plantear la requirente un conflicto constitucional
cuyo núcleo argumental principal descansa, como se tiene de la lectura
del libelo, en una vulneración a la Constitución con argumentaciones ya
desvirtuadas por el Pleno de este Tribunal en sentencias de fondo, ello
no permite que lo accionado sea estimado como razonablemente
fundado, puesto que no se entregan elementos novedosos y diversos
que permitan a este Tribunal modificar su jurisprudencia en que se han
desestimado las alegaciones que el actor despliega en su presentación
de fojas 1;
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TREINTA Y UNO




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Acordada con el voto en contra de la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, quien estuvo por conceder el plazo establecido en el
artículo 82 de la Ley N° 17.997, orgánica constitucional de esta
Magistratura, para que la requirente acompañe un nuevo certificado
de la gestión pendiente que dé cuenta de su estado procesal actual.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.377-26-INA

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 18/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 18/03/2026 Fecha: 19/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 18/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne y señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 19/03/2026




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