TC Rol 17379

Texto completo

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CIENTO CUARENTA Y DOS


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Santiago, once de marzo de dos mil veintiséis.


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 15 de febrero 2026, Samuel Prado Ruiz Tagle
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 97, inciso primero, del Código Orgánico de
Tribunales, para que ello incida en el proceso Rol N° 57090-2025, sobre
recurso de queja, seguido ante la Corte Suprema;

2°. Que, el señor Presidente (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad
puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que
pueda prosperar, siendo así, impertinente que la Sala efectúe un examen
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare
derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras,
sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788,
1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, luego de examinar el libelo y sus argumentaciones para
fundar un conflicto concreto de constitucionalidad de la ley en la gestión
indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la
acción constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella será
declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del artículo 84, de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta
de fundamento plausible;

5°. Que, como antecedentes de la gestión judicial, la parte
requirente explica que en el marco de una demanda laboral seguida ante
el Juzgado de Letras del Trabajo de Colina (RIT T-27-2022), la empresa
demandada opuso la excepción de cosa juzgada, la que fue acogida por
el tribunal, por lo que la demanda interpuesta fue rechazada con fecha
31 de octubre de 2023.
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CIENTO CUARENTA Y TRES


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Señala que en contra de dicha resolución interpuso recurso de
nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago y de unificación de
jurisprudencia ante la Corte Suprema, los que fueron desestimados.

Frente a dicha decisión interpuso recurso de revisión ante la Corte
Suprema (Rol 47.206-2025), el que fue declarado inadmisible por
extemporáneo con fecha 19 de noviembre de 2025. Seguidamente,
presenta reposición, el que, igualmente, es rechazado, deduciendo
recurso de aclaración, rectificación y enmienda, y en subsidio apelación.

Al no prosperar ninguno de los recursos mencionados, deduce
recurso de queja en contra de la Cuarta Sala del máximo tribunal, siendo
declarado inadmisible con fecha 29 de diciembre de 2025, por aplicación
del artículo 97, inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales,
impugnado en autos. Finalmente, presenta reposición, recurso que se
encuentra pendiente de resolución según certificado que rola a fojas 22;

6°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad, alega
que la aplicación de la norma impugnada vulnera el derecho al debido
proceso y tutela judicial efectiva, artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la
Constitución Política de la República, atendido a que el referido artículo
97, del Código Orgánico de Tribunales “clausura la única vía disponible
para denunciar y remediar las graves infracciones cometidas por la Cuarta
Sala de la Excma. Corte Suprema. En la práctica, convierte a dicha sentencia
en un acto inexpugnable, aunque esta sea, como sostenemos, el resultado de
faltas y abusos graves (…), impidiendo que “el Pleno de la Corte Suprema
ejerza su potestad disciplinaria y restablezca el imperio del derecho,
vulnerando en su esencia la garantía del debido proceso” (fojas 6).

Asimismo, estima vulnerado el artículo 5°, inciso segundo y artículo
25.1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo relativo
al derecho del recurso efectivo; así como la afectación del derecho en su
esencia, consagrado en el artículo 19, N° 26, de la Constitución, pues la
“esencia del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso incluye,
necesariamente, la posibilidad de reaccionar frente a una resolución
manifiestamente injusta o abusiva. Si se elimina todo mecanismo de control
sobre las decisiones jurisdiccionales, incluso frente a faltas graves, el derecho
mismo se desnaturaliza y se convierte en una mera declaración formal (fojas
10).

Del mismo modo, considera vulnerado el principio de supremacía y
juridicidad consagrados en los artículos 6 y 7, de la Carta Fundamental.
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CIENTO CUARENTA Y CUATRO


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En efecto, alega que la aplicación de la norma cuestionada otorga “una
suerte de inmunidad procesal inconstitucional a quienes ejercen funciones
jurisdiccionales, ya que excluye la posibilidad de someter estas decisiones a
control, incluso cuando puedan derivar en violaciones graves a derechos
fundamentales o a garantías procesales. Esto contraviene el principio de
juridicidad, que obliga a todos los órganos del Estado a someterse a la
Constitución y a las leyes, y atenta contra el deber del Estado de garantizar el
control y revisión de los actos de sus autoridades” (fojas 12).

Por último, estima que en el caso concreto, se vulnera el principio
de igualdad ante la ley, artículo 19 N° 2, de la Constitución, dado que “los
actos jurisdiccionales de los jueces de instancia y de las Cortes de Apelaciones
están sujetos a revisión mediante el recurso de queja frente a faltas o abusos
graves, las decisiones del máximo tribunal quedan blindadas por una
prerrogativa de irrevocabilidad que el texto constitucional no autoriza ni
ampara” (fojas 13);

7°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 14.479, c. 7°, “la exigencia
constitucional y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar
por la Sala respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional
para iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad. Éste debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en ese especial y concreto caso, la supremacía
constitucional. Por ello, las alegaciones de quien acciona ante este Tribunal
deben ser analizadas en relación con las peticiones y argumentaciones
entregadas en la gestión pendiente con que se vincula el requerimiento
presentado y expresa la naturaleza jurídica de una acción de control
concreto de constitucionalidad de la ley (en igual sentido, resolución de
inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-21, c. 7°)”;

8°. Que, asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional, analizando el espectro normativo de la expresión
“fundamento plausible”, empleada por el legislador orgánico
constitucional como requisito para que el libelo incoado supere el
necesario estándar en sede de admisibilidad ha delimitado con precisión
sus contornos. Así, inequívoco es que se debe estar en presencia de un
conflicto constitucional, esto es, frente a una contradicción directa, clara
y precisa del precepto legal eventualmente aplicable a un caso concreto
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CIENTO CUARENTA Y CINCO


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con la Constitución, (así, resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles
N°s 4696, c. 10°; 5124, c. 18°; y 5187, c. 4°, entre otras);

9°. Que, en la especie no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, teniendo en consideración las
características del caso concreto, no existen argumentos que permitan
comprender cómo se afectan los derechos y garantías constitucionales
alegados como infringidos, atendido a que el requirente ha contado con
todas las vías recursivas que ofrece el ordenamiento jurídico para hacer
valer sus pretensiones.

En efecto, en el marco del juicio laboral y más allá de los
resultados obtenidos, el actor interpuso recurso de nulidad de la
sentencia dictada por el tribunal de primera instancia; luego, unificación
de jurisprudencia y, finalmente, recurso de revisión ante la Corte
Suprema. Y, al no compartir la decisión de ésta, interpone recurso de
queja en contra de la Cuarta Sala del máximo tribunal y, seguidamente
reposición, por lo que, contrariamente a lo sostenido en su
requerimiento, la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo
19, N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, en modo alguno ha sido
conculcada, así como tampoco la igualdad ante ley ni los principios de
supremacía y el de juridicidad;

10°. Que, por lo tanto, y atendido a que el requirente construye un
conflicto constitucional a partir de la disconformidad del diseño
legislativo respecto del recurso de queja en contra de decisiones del
máximo tribunal, no puede entenderse razonablemente fundado el
requerimiento, por lo que será declarado derechamente inadmisible por
esta Sala.




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, numeral 6, y demás pertinentes de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1° Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo resuelto.
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CIENTO CUARENTA Y SEIS


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Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol Nº 17.379-26 INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 11/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/03/2026 Fecha: 11/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 11/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne y señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 11/03/2026




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