TC Rol 17386

Texto completo

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TRESCIENTOS NUEVE




Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 391, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 18 de febrero de 2026, Erwin Ríos Ortega ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216, para que ello
incida en el proceso penal RIT 6832-2021, RUC 2100746047-0, seguido
ante el Juzgado de Garantía de Arica;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional
ordenó dar cuenta del requerimiento ante la Primera Sala de esta
Magistratura, acogiéndolo a tramitación por resolución de 25 de febrero
de 2026, a fojas 87, oportunidad en que se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para examinar el cumplimiento de sus
requisitos de admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, esta Sala se ha formado convicción
de que concurre la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. La acción de
inaplicabilidad de la presente causa carece de fundamento plausible, en
tanto contiene argumentaciones insuficientes a efectos de explicitar las
presuntas vulneraciones a la Constitución Política que refiere, dada la
aplicación de la norma cuestionada en la gestión seguida ante el Juzgado
de Garantía de Arica con relación a la imputación penal que, en su
oportunidad, fue dirigida al requirente.

4°. Que, se impugna el artículo 1° inciso segundo de la Ley N°
18.216, atendida la restricción que establece de otorgar eventuales
penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, entre otros, a los
autores del delito previsto en el artículo 362 del Código Penal;

5°. Que, lo anterior es presentado en el contexto de una causa
criminal en que el requirente fue condenado por dicho delito, proceso
con sentencia ejecutoriada (fojas 2), y en que fue solicitada audiencia
para eventual discusión de pena mixta en los términos establecidos en el



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artículo 33 de la Ley N° 18.216. Señala que “el artículo 1°de la ley 18.216,
[…] que restringe la posibilidad de optar a una pena mixta del artículo 33 de
la ley 18.216 a quien haya sido condenado por el delito de violación de
menor de 14 años del artículo 362 del Código penal, no consta en la historia
de la ley los fundamentos que permitan comprender cabalmente las razones
objetivas y bases de razonabilidad por las cuales se decidió ampliar la
prohibición de acceso a la pena mixta en el delito de violación de menor de
14 años” (fojas 6), cuestión que implica vulneración a “la igual protección
de la ley en el ejercicio de sus derechos y, particularmente, en el mandato
que el Constituyente le asignó al legislador de establecer siempre las
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” (fojas
6);

6°. Que, las alegaciones del requerimiento de inaplicabilidad
presentado a fojas 1, acción que ostenta una especial naturaleza jurídica
de control concreto de la ley en un especial y particular caso concreto
sustanciado ante un tribunal ordinario o especial, conducen a la
declaración de inadmisibilidad.

Desde que fuera ingresada la causa Rol N° 2959-16, en enero de
2016, esta Magistratura ha conocido en diversas oportunidades
impugnaciones en la competencia de inaplicabilidad a la disposición
nuevamente cuestionada. En su oportunidad, el Tribunal razonó que la
improcedencia a todo evento de otorgar penas sustitutivas a la privación
efectiva de libertad pudo implicar contravención a lo dispuesto en el
artículo 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto;

7°. Que, así, se falló que “cualquiera sea el medio que el legislador
utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, éste no puede
prescindir de la gravedad del delito expresado a través del quantum de la
pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la
naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para
apreciar qué tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel
de gravedad de un ilícito es el quantum de la pena” (STC Rol N° 2959),
cuestión que, verificada la sistemática global en que son sancionadas
diversas conductas bajo la Ley N° 17.798, de Control de Armas, no se
avenía en la mayoría de los delitos de ese cuerpo legal con la pena
asociada y su forma estricta de cumplimiento, lo que generó diversos
declaraciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Luego, con la
entrada en vigencia de la Ley N° 21.412, de enero de 2022, se modificó la
regla impugnada para posibilitar, bajo determinados requisitos, el


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acceso a penas sustitutivas en delitos contemplados en la Ley de Control
de Armas, por lo que esa línea jurisprudencial no se mantuvo. Ello es
relevante al tratarse de acciones de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad en que los contornos de la gestión invocada son
relevantes al resolver;

8°. Que, sin embargo, existe un continuo jurisprudencial que este
Tribunal ha mantenido en el tiempo. Los diversos delitos que ha
introducido el legislador en las restricciones para el acceso a penas
sustitutivas tienen algunas características comunes no sólo desde las
consideraciones relativas al bien jurídico protegido (vida, libertad
ambulatoria, autonomía e indemnidad sexual), sino, también, en la
especial lesividad de las conductas sancionadas, cuestión que fue tenida
en consideración por el legislador para exceptuar del eventual
otorgamiento de penas sustitutivas;

9°. Que, como puede apreciarse, el caso presentado ante esta
Magistratura basado a partir de imputación por delito de violación se
torna ajeno a otras impugnaciones que en su oportunidad ameritaron
sentencias estimatorias. En contrario, se desarrolla un supuesto
vinculado a la comisión de delitos en que el legislador ha ponderado el
desvalor de la conducta respecto de la sanción, en lo que debe
encontrarse como parte integrante su especial forma de cumplimiento;

10°. Que, por lo expuesto, el requerimiento carece de fundamento
plausible para sortear el requisito previsto en el artículo 84, numeral 6°
de la Ley orgánica Constitucional de este Tribunal con relación al artículo
93 inciso undécimo de la Constitución. El requirente no entrega
elementos nuevos y diversos para explicar la forma en que la gestión
permitiría acreditar la existencia de una contravención constitucional, de
ser aplicada la regla impugnada. Su argumentación no se aparta de los
razonamientos vertidos en casos presentados con infracciones a delitos
de menor lesividad.

Al no desarrollar un conflicto constitucional concreto la acción
deducida no supera el estándar que el legislador orgánico ha establecido
en el artículo 84, numeral 6° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de esta Magistratura, por lo que no puede prosperar y así será
declarado.




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Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.386-26-INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 25/03/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 25/03/2026 Fecha: 25/03/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 25/03/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 25/03/2026




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