TC Rol 17392

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UNO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE



Santiago, uno de abril de dos mil veintiséis.



Atendido lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitución, y advirtiéndose un error de hecho
en la resolución de 25 de febrero de 2026, a fojas 354, rectifíquese la
expresión “del Ministerio de Tierras y Colonización del año 1979”, de su
considerativa 1ª, que debe modificarse por “que fija normas para regularizar
la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio
sobre ella, de 1979”, enmienda que también debe ser realizada al caratulado
del expediente digital de estos autos. Rija en lo demás la resolución de fojas
354.

A fojas 360 y 823, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 1302, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer, segundo y tercer otrosíes, téngase presente. Como se pide a la
forma de notificación solicitada.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 19 de febrero de 2026, Leonor del Carmen
Fernández Galleguillos ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad respecto de la expresión “bajo apercibimiento de
tenerse por no deducida, debiendo el tribunal proceder conforme al inciso
anterior ordenando la respectiva inscripción, resolución que será inapelable”
contenida en el inciso segundo del artículo 22 del D.L. 2695, que fija normas
para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la
constitución del dominio sobre ella, de 1979, para que ello incida en el
proceso Rol N° C-98-2024, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de
Calama, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta bajo el
Rol N° 8-2026 (Civil);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional dispuso la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a tramitación
por resolución de 25 de febrero de 2026, a fojas 354, confiriendo traslado a
las demás partes de la gestión invocada para examinar el cumplimiento de
sus requisitos de admisibilidad;

2°. Que, luego de examinar sus antecedentes y precluido lo anterior,
se tiene la concurrencia de la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley



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Orgánica Constitucional de esta Magistratura. El requerimiento carece de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la requirente señala que formuló oposición a la solicitud de
regularización de posesión promovida por doña Lisette Condori Tejerina, de
acuerdo con el D.L. N° 2.695, respecto de un inmueble ubicado en la comuna
de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta.
Precisa que el terreno se encontraría inscrito a nombre de su bisabuela en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama,
del año 1940.

Expone que el Primer Juzgado de Letras de Calama, mediante
sentencia de 4 de noviembre de 2025, hizo efectivo el apercibimiento
establecido en el artículo 22 inciso segundo del D.L. N° 2.695, por no
haberse notificado la demanda de oposición con la anticipación de tres días
hábiles exigida por esa disposición, ordenando al Conservador de Bienes
Raíces de El Loa-Calama practicar la inscripción del inmueble a nombre de la
solicitante. Agrega que contra dicha sentencia interpuso recurso de
apelación para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, proceso que
invoca como gestión pendiente en la presente causa;

5°. Que, al fundar la cuestión de constitucionalidad, anota que se
vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°
2 de la Constitución Política, el derecho al debido proceso establecido en el
artículo 19 N° 3 inciso sexto, el derecho de propiedad garantizado en el
artículo 19 N° 24, y el artículo 5° inciso segundo con relación a los Tratados
Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Desarrolla que
la sanción procesal de tener por no deducida la demanda de oposición, que
operaría de pleno derecho, impone en el caso concreto un estándar alejado
del régimen general del Código de Procedimiento Civil, generando una
discriminación arbitraria respecto de los demás litigantes civiles. Agrega que
la imposibilidad de recurrir de apelación a la resolución que ordena la
inscripción impediría la revisión de lo resuelto, transgrediendo la
bilateralidad de la audiencia y el derecho a impugnar las decisiones
judiciales como elementos del debido proceso;

6°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento y
resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del actor, es que debe ser
declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o razonable;

7°. Que, conforme ha sido razonado por este Tribunal al examinar el
alcance de la exigencia de fundamento plausible o razonable, la especial

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naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en la
Constitución la configura como un instrumento de eliminación o supresión
concreta de uno o más preceptos legales y no de reformulación de la
normativa aplicable a una materia. Asimismo, atendido el carácter concreto
de control constitucional de la ley, las alegaciones de la parte requirente
deben ser analizadas con relación a las peticiones y argumentaciones
entregadas en la gestión pendiente con que se vincula el requerimiento
presentado, lo que es expresión de la naturaleza jurídica de una acción de
control concreto de constitucionalidad de la ley (resolución de
inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-21, c. 7°);

8°. Que, según se desprende de los antecedentes acompañados, el
conflicto propuesto se centra -en los términos planteados por la requirente-
en determinar si la sanción procesal de la norma impugnada resulta
contraria a las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso y
propiedad en el caso concreto.

Con todo, desde lo argumentado no es posible fundar plausiblemente
un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional no es idónea para
buscar la enmienda de lo que ha sido resuelto por un tribunal en ejercicio de
sus competencias para determinar el sentido y alcance de los preceptos
legales aplicables al caso concreto. En este sentido, la inaplicabilidad no
constituye una instancia de revisión de resoluciones judiciales ni un
mecanismo para corregir los eventuales errores que el juez del fondo pueda
cometer al interpretar y aplicar la ley. Un asunto de mera legalidad ha de
resolverse “en el marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa
interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar —en todo
caso— en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la
Carta Fundamental” (STC Rol N° 5418-18, c. 33°). Si bien, lo ha advertido la
STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es factible que una determinada interpretación
adoptada por un tribunal pueda generar efectos inconstitucionales,
activándose la competencia de inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no
está habilitada para la corrección de errores interpretativos si, de existir, se
han habilitado por el legislador mecanismos de impugnación de esos actos y
resoluciones;

9°. Que, una parte esencial de la argumentación de la requirente no
se dirige a cuestionar el contenido normativo de los preceptos impugnados
del D.L. N° 2.65; en contrario, busca impugnar las circunstancias de hecho
en que se desarrolló el procedimiento de regularización y cómo, a partir de
éstas, se hizo aplicación de la norma impugnada. Desde esa perspectiva de
argumentación del requerimiento, las materias que desarrolla son propias


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del conocimiento del tribunal que conoce de la gestión en ejercicio de sus
competencias y no pueden ser trasladadas a esta Magistratura por la vía de
una acción de inaplicabilidad cuyo objeto no comprende la revisión de los
hechos de la causa o la valoración probatoria efectuada por el tribunal de
instancia. Dicha cuestión, además, imposibilita la apertura de un proceso de
inaplicabilidad concreta de la ley si lo impugnado se estructura en base a
disposiciones que envuelven cargas procesales que son propias de la
ritualidad procedimental;

10°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la STC Rol N°
15.036 razonó que la acción de inaplicabilidad no permite “transgredir la
distribución de competencias entre el Poder Judicial y este tribunal, de que
dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional, y los cuerpos
legales que regulan las atribuciones de estos órganos constitucionales”,
criterio que debe ser asentado, puesto que no puede tenerse por
razonablemente fundado un requerimiento como el ejercido si éste, más
bien, deriva la revisión de las circunstancias de hecho del procedimiento de
regularización, la valoración las peticiones de las partes en el proceso de
instancia y el examen de lo que fuera resuelto en la gestión seguida ante el
Primer Juzgado de Letras de Calama.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.392-26-INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 01/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 01/04/2026 Fecha: 01/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 01/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




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