TC Rol 17394

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CUATROCIENTOS CUARENTA




Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis.

A fojas 271 y 373, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 347, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, ténganse por acompañados; al segundo y tercer otrosí,
téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 23 de febrero de 2026, Angel Mauricio Miranda
Ponce deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 18 K, de la Ley N° 18.101, que fija normas especiales
sobre arrendamiento de predios urbanos, para que ello incida en el
proceso RIT N° C-1681-2025, RUC N° 25-4-6186082-9, seguido ante el
Tercer Juzgado de Letras de Calama, en conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Antofagasta, bajo el Rol N° 292-2026;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 19 de marzo 2026 a
fojas 263. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás partes de
la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad, formulando observaciones la parte
requerida, instando por la inadmisibilidad del requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior y examinado el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la parte requirente explica que Víctor Alejandro Adones
Núñez interpuso demanda en procedimiento monitorio regido por la ley
18.101, solicitando la restitución del inmueble respectivo, propiedad que
el demandante adquirió a través de una compraventa al Banco de Créditos
e Inversiones, quien, a su vez, se adjudicó el inmueble con cargo al crédito
en pública subasta, juicio ejecutivo ventilado en sede civil en contra del
requirente (Rol N° C-1400-2022). Refiere que en dicha causa, solicitó la
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nulidad del contrato de compraventa, nulidad absoluta del remate,
escritura pública e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de El
Loa Calama, pidiendo la restitución del estatus jurídico al estado anterior a
la confección de dicha escritura, por los vicios que indica en dicha
demanda.

Señala que con fecha 07 de febrero del presente año contestó la
demanda monitoria, haciendo presente que el vínculo jurídico que une a
las partes no es una ocupación de propiedad que obedezca a la mera
tolerancia del dueño, sino que derechamente ha existido una discusión en
torno al dominio del inmueble en cuestión, antecedente jurídico que en su
concepto habilita la ocupación y hace improcedente la acción monitoria
intentada por el demandante.

Indica que en contra de la resolución que no dio lugar a la oposición
a la demanda de precario, presentó recurso de reposición con apelación
en subsidio. Con fecha 17 de febrero de 2026 el Tercer Juzgado de Letras
de Calama rechazó la reposición, concediendo la apelación en el solo
efecto devolutivo para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad para
requerir la declaración de inaplicabilidad del precepto impugnado, afirma
que su aplicación transgrede el artículo 19 numerales 2, 3, 24 y 26 de la
Carta Fundamental, pues “permite al demandante la aplicación de un
procedimiento sumarísimo de forma arbitraria, pudiendo reducir de forma
anómala los plazos del proceso, obligando a esta parte a soportar, no solo la
pérdida de instancias procesales a fin de exponer al tribunal su teoría del caso,
sino también la posibilidad de ofrecer y rendir prueba en un procedimiento
que por naturaleza es de carácter breve. En este sentido, resulta ser una
norma de carácter excepcional, que no permite hacer valer efectivamente el
derecho de defensa de esta parte, considerando que se establece un plazo de
días corridos para contestar la demanda, lo cual es contrario a la regla
general de días hábiles señalada en nuestro Código de Procedimiento Civil,
que rige de forma supletoria (fojas 15).

Asimismo, hace presente que, “pese a que esta acción restitutoria
tiene una naturaleza distinta a las que son consecuencia del cobro de rentas
de arrendamiento, se le hace extensiva la regla del propio cuerpo legal en su
artículo 18 letra F: Dentro del plazo legal, el deudor requerido podrá formular,
por escrito, oposición a la demanda monitoria, y señalará los fundamentos de
hecho y de derecho de las alegaciones y excepciones que opone. En su escrito,
el deudor deberá acompañar los documentos e indicar todos los demás
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medios de prueba de que se valdrá en el juicio declarativo posterior. En el
nuevo procedimiento no podrá producir ni ofrecer otros medios de prueba,
salvo las excepciones legales” (fojas 4), generando en la especie los efectos
inconstitucionales que alega.

En cuanto al artículo 19 numerales 24 y 26, sostiene que la
aplicación del precepto impugnado, “priva a este requirente de su derecho
de propiedad, pues impide ejercer su derecho a defensa exponiendo una
teoría del caso, ofreciendo y rindiendo prueba en un juicio de gran
complejidad como el que se sustancia ante el Tercer Juzgado Civil de Calama,
toda vez que al aplicar el procedimiento sumarísimo de la Ley 18.101 suprime
instancias procesales que son de vital importancia para una adecuada
defensa de esta parte. Esta privación afecta la garantía del contenido esencial
de los derechos que asegura el dominio en el patrimonio de las cosas
corporales, en este caso, el dominio sobre el inmueble” (fojas 18);

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional y
legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental;

7°. Que, el artículo 18 K, de la Ley 18.101, que fija normas especiales
sobre arrendamiento de predios urbanos, impugnado en autos es del
tenor siguiente: “Las normas de este Título serán aplicables, en lo pertinente,
a las acciones de comodato precario que persigan la restitución del inmueble y
a la acción de precario establecida en el artículo 2.195 del Código Civil”.

En consecuencia, al constituir dicha norma una unidad normativa
conforme su tenor literal, el requerimiento carece de fundamento
plausible, pues la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recae
según el artículo 93 N ° sexto de la carta Fundamental en “un precepto
legal”;

8°. Que, asimismo, se advierte que el requirente está cuestionando
todo el sistema que regula el procedimiento monitorio contemplado en la
Ley 18.101, que califica de sumarísimo, el cual en rigor no cuenta con una
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etapa de discusión propiamente tal y es excesivamente limitado, con sólo
una oportunidad de producción de prueba en un brevísimo plazo -10 días
corridos-, lo que a su juicio “escapa de toda regla general de los
procedimientos civiles (días hábiles), dentro del cual no tan sólo debe formular
oposición, sino que acompañar toda la documentación que permita
justificarla so pena de precluir su derecho a valerse de ellos con posterioridad
” (fojas 4);

9°. Que, conforme lo razonado, el requerimiento no cumple con la
exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundado.
Así, lo ha establecido esta Magistratura en pronunciamientos previos, al
sostener que un libelo no cumple con dicha exigencia cuando el actor
realiza un reproche a todo un “instituto jurídico”, realizando “una
impugnación de tipo abstracto y genérico” (Rol 2140 c.9).



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas 263

La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS concurre a todo lo
razonado precedentemente, con exclusión del considerando 8°.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.394-26-INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 15/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 14/04/2026 Fecha: 14/04/2026
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Mario René Gómez Montoya
Fecha: 15/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Marcela Inés
Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 15/04/2026




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