TC Rol 17396

Texto completo

0000032
TREINTA Y DOS



Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 23 y 29, a todo, téngase presente y por acompañados los
documentos. Estese a lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 23 de febrero de 2026, Manuel Ilic Vásquez
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 196 ter inciso primero, parte segunda, de la Ley N°
18.290, de Tránsito, para que ello incida en el proceso penal RIT N°
6241–2025, RUC N° 2500923982-3, seguido ante el Segundo Juzgado de
Garantía de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
la cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala;

3°. Que, examinado el requerimiento en conjunto con todos sus
antecedentes fundantes, desde ya se tiene la configuración de la causal
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, en tanto carece de
fundamento plausible o razonable e imposibilita el examen de los
requisitos de admisión a trámite previstos en sus artículos 79 y 80;

4°. Que, la requirente indica que acciona en el marco de un
proceso penal seguido en su contra por presuntos delitos de
conducción en estado de ebriedad y bajo la influencia de sustancias
psicotrópicas y estupefacientes con resultado de muerte y lesiones
graves, y la figura del artículo 195 inciso tercero de la Ley N° 18.290,
esto es, huir del lugar del accidente, sin prestar auxilio a las víctimas ni
dar cuenta a la autoridad, en calidad de autor y en grado de consumado
(fojas 1 y 8).

Conforme certificación que se lee a fojas 8, el proceso penal se
encuentra con plazo de investigación vigente y en sustanciación ante el
Segundo Juzgado de Garantía de Santiago;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad,
argumenta que la aplicación del artículo 196 ter inciso primero, parte
segunda, de la Ley N° 18.290, de Tránsito, genera contravenciones a la




1
0000033
TREINTA Y TRES



Carta Fundamental. Sostiene que vulnera el principio de igualdad ante la
ley, en tanto establece un trato discriminatorio injustificado respecto de
otros delitos que, pese a su mayor gravedad, no imposibilitan el acceso
a penas sustitutivas, lo que no resulta posible para ilícitos como aquellos
indicados en la imputación formulada en su contra, diferencia que,
indica, carece de fundamentos razonables (fojas 3 y 4).

Además, estima transgredido el principio de proporcionalidad
pues la disposición cuestionada carece de una finalidad legítima; es
inidónea para la reinserción social; resulta innecesaria al existir medidas
menos restrictivas; es desproporcionada respecto de otros delitos; y
limita indebidamente la capacidad judicial para individualizar la pena
según las características del caso concreto (fojas 5 y 6);

6°. Que, la disposición requerida de inaplicabilidad dispone lo que
a continuación se transcribe, en su parte destacada:

“Artículo 196 ter. Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las
reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el
condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado”;

7°. Que, de acuerdo lo antes señalado y siguiendo lo resuelto en
causa Rol N° 16.863-25 por esta Sala, surge la declaración de
inadmisibilidad del requerimiento al carecer de fundamento plausible o
razonable en los términos establecidos en los artículos 84 N° 6 de la Ley
N° 17.997 y 93 inciso undécimo de la Constitución. El libelo se estructura
sobre alegaciones genéricas de vicios constitucionales y desatiende
diversos pronunciamientos de este Tribunal que han descartado la
contravención a la Carta Fundamental a partir del contraste del referido
artículo 196 ter inciso primero, parte segunda, de la Ley N° 18.290, de
Tránsito, frente a principios como la igualdad ante la ley, la
proporcionalidad de las sanciones, la reinserción social y las facultades
judiciales para determinar la pena concreta en este tipo de gestiones.

Para lo anterior, es necesario considerar la evolución que ha
tenido este Tribunal en conocimiento de impugnaciones de esta
naturaleza. Desde el primer requerimiento presentado en causa Rol N°
2897-15 INA, han sido dictadas más de cuatrocientas sentencias en
torno al artículo 196 ter inciso primero de la Ley N° 18.290, de Tránsito.




2
0000034
TREINTA Y CUATRO



De su revisión constan pronunciamientos estimatorios y
desestimatorios. Por su parte, las sentencias que han acogido la
impugnación de inaplicabilidad han calificado la suspensión de penas
sustitutivas por un año como “desproporcionada e inequitativa respecto a
personas condenadas incluso por delitos de mayor gravedad” e “inidónea
para cumplir los fines de reinserción social”. Así se tiene de la lectura de
pronunciamientos en STC Roles N° 2897, N° 2983 y N° 4575.

En contraste, en las sentencias desestimatorias el Tribunal ha
sostenido que “[s]olo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, imponiendo pena privativa de libertad”, por lo que, “[i]mpuesta que
sea la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de un año, la decisión
judicial recobra todo su valor permitiendo extenderla o aplicarla en el modo,
tiempo y lugar que el juez competente determine”. Además, se ha
argumentado que “[e]l legislador debe tener políticas preventivas que
disuadan efectivamente los accidentes de tránsito con resultado de muerte”,
por lo que es “razonable que […] busque los medios de que las penas sean
efectivas”, cuestión que se torna en “un fin real y no meramente nominal”,
y no se afectan la proporcionalidad ni la igualdad ante la ley (STC Rol N°
5328-18, cc. 7° a 17°, reproducido en STC Roles N° 14.342, N° 14.036 y
N° 14.003, entre otras).

De la revisión de este devenir jurisprudencial del Tribunal, se tiene
que desde noviembre de 2024 los requerimientos de inaplicabilidad en
torno al artículo 196 ter inciso primero, parte segunda, de la Ley N°
187.290, de Tránsito, han sido desestimados. Así, entre otras, han sido
dictadas las STC Roles N° 16.258, N° 16.305, N° 15.991, N° 15.820, N°
16.220, N° 16.206, N° 16.197, N° 16.068, N° 16.041, N° 15.927, N° 16.075,
N° 15.906. El Tribunal ha considerado que la norma impugnada no
vulnera los principios de igualdad ante la ley ni de proporcionalidad,
resultando improcedente la comparación abstracta con otros delitos del
sistema penal pues la diferenciación responde a una decisión razonable
de política criminal del legislador frente a delitos que afectan tanto la
seguridad vial como la vida humana, priorizando un objetivo retributivo
que no resulta prohibido por la Constitución;

8°. Que, de la lectura del requerimiento presentado en la presente
causa, consta que las contravenciones constitucionales denunciadas se
estructuran argumentativamente de forma análoga a los vicios ya
examinados por esta Magistratura con relación al artículo 19 N° 2 y N° 3




3
0000035
TREINTA Y CINCO



de la Carta Fundamental y que vienen siendo sistemáticamente
rechazados.

Desde lo señalado, el requerimiento no precisa alegaciones
específicas que permitan efectuar distinciones relevantes por las
particularidades del caso concreto sometido a examen. Esta omisión es
de relevancia y pertinente, pues la estructuración de un conflicto
constitucional concreto en un proceso no puede prescindir de su estado
procesal y sus particularidades respecto del objeto de lo solicitado, dada
la naturaleza concreta de la acción de inaplicabilidad.

En contrario, ante su ausencia no es posible delimitar los términos
específicos en los cuales se plantea el vicio constitucional pretendido y
relacionado con las garantías fundamentales invocadas, conteniendo un
déficit argumentativo que le impide prosperar. Tal omisión constata la
ausencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado de
modo tal que exprese argumentos concatenados que permitan
comprender la contrariedad a la Constitución que significaría la
aplicación de la normativa cuestionada y con ello las vulneraciones
alegadas. No basta a esos efectos una referencia de orden genérico a
eventuales vicios de inconstitucionalidad, en tanto toda alegación
hipotética en el marco de la prerrogativa contemplada en el artículo 93
inciso primero N° 6 de la Constitución no resulta compatible con la
naturaleza de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En
equivalentes términos se ha razonado en resoluciones de
inadmisibilidad en causas Roles N° 16.285, c. 8°; N° 16.229, c. 9°; N°
16.010, c. 7°; y N° 13.620, c. 20°, entre otras;

9°. Que, si bien las respectivas Salas han estimado en anteriores
oportunidades la admisibilidad en cuestiones de inaplicabilidad respecto
de la aplicación del artículo 196 ter inciso primero de la Ley N° 18.290,
de Tránsito, en la parte impugnada, de ello no puede derivarse que todo
cuestionamiento de esta naturaleza habilite para el nuevo inicio de un
contradictorio en esta competencia, lo que implicaría un examen
abstracto o genérico desatendiendo las particularidades del caso
concreto en que incide (Rol N° 14.022, c. 6°);

10°. Que, en estos términos, no puede tenerse por cumplido el
estándar de plausibilidad o razonabilidad requerido para la
admisibilidad. El conflicto concreto se reitera a partir de alegaciones que
vienen siendo rechazadas, sin que se aporten argumentos que orienten
en la estructuración plausible del libelo. Es carga del requirente



4
0000036
TREINTA Y SEIS



demostrar argumentativamente que la situación concreta que se
desenvuelve en la gestión supone un genuino conflicto constitucional
para, de ser el caso, iniciar el examen de la eventual inaplicabilidad de
uno o más preceptos legales llamados a ser derecho decisivo para su
resolución.

Lo señalado no obsta a que puedan producirse modificaciones a
las declaraciones de admisibilidad o inadmisibilidad por las Salas del
Tribunal frente a alegaciones de inaplicabilidad, pero ello requiere la
entrega de alegaciones que, circunscritas al caso concreto, ameriten el
cambio respectivo. Los principios de seguridad jurídica y estabilidad en
las decisiones no sólo se dirigen a la deferencia razonada con que se
examina la constitucionalidad de la ley, sino que se vinculan
estrechamente con la competencia jurisdiccional y la estabilidad de las
decisiones judiciales;

11°. Que, ha de declararse la inadmisibilidad del requerimiento de
inaplicabilidad deducido a lo principal de fojas 1, al confluir la causal
establecida en los artículos 93 inciso undécimo y 84 N° 6 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al carecer
de fundamento plausible o razonable.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.396-26-INA.




5
0000037
TREINTA Y SIETE


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 18/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 18/03/2026 Fecha: 17/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 17/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 18/03/2026




5155F0F9-3DC2-4818-8B83-D902AC47F521
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.