TC Rol 17399

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QUINIENTOS SETENTA Y OCHO


Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis



A fojas 82, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 569, téngase por evacuado traslado.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, Fundación Educacional Santa María Mazzarello acciona de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 13, inciso
primero, segunda parte, de la Ley N° 18.101, que fija normas especiales
sobre arrendamiento de predios urbanos, en el proceso Rol C-2277-2025,
caratulado “Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte Limitada con Fundación
Educacional Santa María Mazzarello”, seguido ante el Segundo Juzgado de
Letras en lo Civil de Viña del Mar.

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento en la Primera Sala, admitiéndose a
tramitación a fojas 76.

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir las causales de inadmisibilidad previstas en
los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. Por una parte, el precepto legal
impugnado no resulta decisivo para la resolución del asunto ventilado en
la gestión judicial pendiente y, por otra, el requerimiento no ha
estructurado argumentativamente de manera plausible un conflicto
constitucional vinculado con el caso concreto;

4°. Que la gestión invocada consiste en un juicio de arrendamiento
seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar, en el
marco del cual se dictó sentencia definitiva que acogió la demanda de
terminación de contrato por no pago de rentas, declaró terminado el
contrato de arrendamiento y condenó a la requirente a restituir el
inmueble a más tardar el 31 de enero de 2026. Dicha sentencia se
encuentra firme y ejecutoriada, no habiéndose interpuesto recurso alguno
en su contra por la parte demandada. Certificada la no restitución del
inmueble, se solicitó y decretó el lanzamiento con previa intimación al
amparo del artículo 13 de la Ley N° 18.101, en relación con el artículo 595
del Código de Procedimiento Civil.
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QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE


Los recursos de corrección de procedimiento y reposición deducidos
por la requirente en contra de la resolución que ordenó el lanzamiento
fueron rechazados. Según consta de la certificación agregada en autos, la
intimación al lanzamiento fue practicada con fecha 23 de febrero de 2026;

5°. Que la requirente sostiene que la aplicación del artículo 13, inciso
primero, segunda parte, de la Ley N° 18.101, en cuanto remite al artículo
595 del Código de Procedimiento Civil para el cumplimiento de
resoluciones que ordenan la entrega de un inmueble, vulnera los artículos
19 N°s 2 y 3 de la Constitución Política, por cuanto excluiría las reglas
generales sobre cumplimiento de sentencias contempladas en los artículos
233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, privando a la parte
demandada de la posibilidad de oponerse a la ejecución mediante las
excepciones del artículo 234 del mismo cuerpo legal, e introduciría una
diferencia arbitraria en favor del demandante en la etapa de cumplimiento;

6°. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 inciso
undécimo de la Constitución y en el artículo 84 numeral 5° de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se exigen diversos
elementos que, concatenados, permiten constatar si la impugnación es
decisiva para resolver el asunto, los que se expresan en que, con la
aplicación de la norma invocada, eventualmente, el sentenciador fallará el
asunto y con ello se producirá el resultado contrario a la Constitución. La
declaración de inaplicabilidad permite evitar dicho resultado no buscado
por el Constituyente;

7°. Que, del examen del libelo y de los antecedentes de la gestión
pendiente, se advierte que el precepto impugnado no resulta decisivo para
la resolución del asunto en los términos exigidos por el artículo 84 N° 5 de
la Ley N° 17.997. En efecto, la resolución que ordenó el lanzamiento fue
dictada y rechazado el recurso de reposición deducido por la requirente.
Del mérito de la certificación agregada en autos, se encuentra pendiente
de ser verificada la ejecución material de la entrega del inmueble. En este
contexto, el precepto ha agotado sus efectos al amparar la resolución que
ordenó el lanzamiento de modo que una eventual declaración de
inaplicabilidad no podría incidir en la resolución del asunto. Se configura,
de esta manera, la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del
artículo 84 de la Ley N° 17.997;

8°. Que, a mayor abundamiento, el requerimiento adolece
igualmente de falta de fundamento plausible en los términos del artículo
84 N° 6 de la Ley N° 17.997. La requirente no construye un conflicto
constitucional concreto derivado de la aplicación del precepto legal
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QUINIENTOS OCHENTA


impugnado, sino que cuestiona que el tribunal civil aplicó el artículo 13 de
la Ley N° 18.101 en lugar de los artículos 233 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil para el cumplimiento de la sentencia. Esa discrepancia
apunta a una disputa sobre cuál norma legal rige el procedimiento de
cumplimiento de las resoluciones que ordenan la entrega de un inmueble
arrendado -cuestión que atañe a la correcta identificación, interpretación y
aplicación de preceptos legales-, la que es propia del ámbito de la legalidad
y corresponde resolver al juez del fondo;

9°. Que para que exista un conflicto constitucional en el marco de la
acción de inaplicabilidad no basta con indicar que una norma legal fue
aplicada en desmedro de otra norma legal que se estima más garantista.
Se requiere argumentar de manera específica y concreta por qué la norma
efectivamente aplicada produce, en el caso sub lite, un resultado contrario
a la Constitución. El requerimiento no satisface ese estándar pues las
alegaciones relativas a la vulneración de los artículos 19 N°s 2 y 3 de la
Constitución no se vinculan con la aplicación concreta del artículo 13 de la
Ley N° 18.101 en este caso, sino con la ausencia del procedimiento de
cumplimiento incidental contemplado en normas distintas del precepto
impugnado. Al construir el conflicto constitucional sobre los efectos de una
normativa que no es la requerida de inaplicabilidad, el libelo carece de la
coherencia argumentativa mínima para configurar una controversia
constitucional plausible. Como ha señalado esta Magistratura, la acción de
inaplicabilidad no es idónea para buscar la enmienda o revocar lo resuelto
por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de preceptos legales, en tanto no constituye una
instancia para revisar decisiones judiciales (entre otras, causas Roles N°s
493, 2465, 14.945, 15.021, 15.079, 15.084 y 15.936);

10°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, y en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución Política,
configurándose asimismo la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de dicho cuerpo legal, en cuanto el déficit
argumentativo del que adolece el requerimiento no permite constatar un
conflicto constitucional argüido en términos claros, precisos y detallados
de modo tal que permita la comprensión de la contrariedad a la
Constitución que significaría la aplicación de la norma cuestionada en el
caso concreto.
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QUINIENTOS OCHENTA Y UNO


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N°s 5, 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión decretada en autos.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.399-26-INA

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 14/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 15/04/2026 Fecha: 15/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 14/04/2026 Fecha: 15/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 15/04/2026




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