INA-Inadmisibilidad

Considerando 3

Que la normativa constitucional aludida precedentemente se complementa con la que se contiene en la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 47 D de dicho texto legal establece que: “Para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en los artículos 47 A y 47 B. En caso contrario, por resolución fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales”. Por su parte, los artículos 47 A y 47 B de la legislación aludida establecen: “Artículo 47 A.- En el caso del número 6” del artículo 93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en dicha gestión. Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados. Si la Cuestión es promovida por el tribunal que conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá formularse por oficio y acompañarse de una copia de las piezas principales del respectivo expediente, indicando el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados. El tribunal deberá dejar constancia en el expediente de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y notificará de ello a las partes del proceso”. “Artículo 47 B.- El requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las normas constitucionales que se estiman transgredidas”. El artículo 47 F de la misma ley establece, por su parte, que: “Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: 1* Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado; 2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva; 3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, co se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada; 4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal; 5% Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto, y LUEDO DAME ) 6* Cuando carezca de fundamento plausible. Declarada la ¡inadmisibilidad por resolución que. deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. La resolución que declare la admisibilidad O inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.”; 4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento deducido en la Primera Sala de esta Magistratura; 5". Que es menester señalar que la acción de inaplicabilidad instaura un proceso dirigido a examinar la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. En consecuencia, la acción de inaplicabilidad es un medio de accionar en contra de la aplicación de normas legales determinadas concernidas en una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable en ella; 6%. Que, atendido el mérito de los antecedentes tenidos a la vista, esta Sala ha logrado convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida en estos autos debe ser declarada inadmisible, desde ya, siendo impertinente, por ende, que ésta sea previamente acogida a tramitación. Lo anterior, toda vez que no satisface la exigencia constitucional de contener una ¡impugnación “fundada razonablemente”, misma que la citada ley orgánica constitucional reitera en el N* 6” del inciso primero de su artículo 47 F, mediante la expresión "fundamento plausible”, según ha resuelto esta Magistratura en la sentencia Rol N” 1.288-2008 (punto resolutivo N” 11);

Considerando 8

Que, en efecto, del análisis del libelo resulta claro que la actora persigue que esta Magistratura Constitucional se pronuncie acerca de si ha de estimarse válido o no el desistimiento que su parte ya formuló en una Causa Judicial anterior a la que se invoca en este caso y en la cual, además, y según ella afirma en su libelo, se discutió la misma cuestión entre las mismas partes. Y a estos efectos, se relatan con detalle diversas circunstancias de hecho y de derecho;

Considerando 72

Que el reparo observado se funda en el hecho, evidente para esta Sala, de que el requerimiento en examen no plantea un conflicto de constitucionalidad que pueda ser resuelto en sede de inaplicabilidad, sino que en él se formula una cuestión que Cabe resolver al tribunal que conoce de la gestión de que se trata. En otros términos, en este caso no se ha formulado a esta Magistratura una impugnación que consista y se fundamente en la existencia de "una contradicción directa, clara y precisa entre determinado precepto legal que se pretende aplicar en el caso concreto, con la propia Constitución”, de la manera señalada en el fallo Rol N* 810;

Considerando 92

Que un asunto como el señalado no se refiere a los efectos inconstitucionales que pueda provocar la aplicación del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil en el proceso sub lite, sino que dice relación directa con los efectos que en un determinado Juicio pendiente provoca una declaración formulada, de manera expresa en este caso, por una parte del mismo proceso en otra causa judicial, lo cual constituye una cuestión en la que no le compete intervenir a este Tribunal Constitucional; 10%. Que, habiéndose verificado que la acción no satisface el requisito referido, esta Magistratura debe declararla inadmisible. Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 93, ¡inciso primero, N”* 6%, e inciso undécimo, de la Constitución, 47 A al 47 N y demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto en lo principal de fojas uno. Al primer otrosí, no ha lugar, atendido lo resuelto a lo principal; al segundo otrosí, ténganse por acompañados los documentos que indica, bajo apercibimiento legal; al tercer otrosí, téngase presente. Notifíquese por carta certificada a la requirente, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que conoce de la gestión judicial invocada en el libelo, y a las partes de esa misma causa que se individualizan en el certificado de fojas 11. Archívese. Rol 1'740-10-INA. l (IA) ST NN > Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente, señor Marcelo Venegas Palacios, y .los Ministros señores Mario CO0Eza Fernández Baeza, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la Fuente Olguín. QU | | AAA AAA (Laminas)