TC Rol 17401

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CIENTO VEINTITRES




Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

A fojas 22, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente.

A fojas 28, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 25 de febrero de 2026, Diego Edmundo
Valdebenito Valdebenito ha presentado un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter,
inciso primero, segunda parte, de la Ley Nº 18.290, para que ello incida en
el proceso penal RIT N° 3099-2025, RUC N° 2500697753-K, seguido ante el
Tercer Juzgado de Garantía de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, el cual fue acogido a trámite con fecha 05 de marzo de
2026 a fojas 14. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, siendo evacuado dicho
traslado por el requerido a fojas 22 solicitando la inadmisibilidad del
requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, el requirente explica que se sigue proceso penal en su
contra ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, siendo formalizado
con fecha 21 de mayo del año 2025 por el delito de conducción en estado
de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves, quedando con la
medida cautelar de prisión preventiva;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad, afirma
que la aplicación del precepto legal impugnado vulnera la igualdad ante la
ley, y el principio de proporcionalidad;
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CIENTO VEINTICUATRO




6°. Que, de acuerdo con lo señalado, el requerimiento adolece de
falta de fundamento plausible, pues se estructura sobre alegaciones
genéricas de vicios constitucionales y desatiende diversos
pronunciamientos de este Tribunal que han descartado la contravención a
la Carta Fundamental a partir del contraste del precepto impugnado,
frente a principios como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las
sanciones, la reinserción social y las facultades judiciales para determinar
la pena concreta en este tipo de gestiones.

Para lo anterior, es necesario considerar la evolución que ha tenido
este Tribunal en conocimiento de impugnaciones de esta naturaleza.
Desde el primer requerimiento presentado en causa Rol N° 2897-15 INA,
han sido dictadas más de cuatrocientas sentencias en torno al artículo 196
ter, de la Ley N° 18.290, de Tránsito. De su revisión constan
pronunciamientos estimatorios y desestimatorios. En este sentido, las
sentencias que han acogido la impugnación de inaplicabilidad han
calificado la suspensión de penas sustitutivas por un año como
“desproporcionada e inequitativa respecto a personas condenadas incluso por
delitos de mayor gravedad” e “inidónea para cumplir los fines de reinserción
social”. Así se tiene de la lectura de pronunciamientos en STC Roles N°
2897, N° 2983 y N° 4575.

En contraste, en las sentencias desestimatorias el Tribunal ha
sostenido que “[s]olo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, imponiendo pena privativa de libertad”, por lo que, “[i]mpuesta que sea
la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de un año, la decisión judicial
recobra todo su valor permitiendo extenderla o aplicarla en el modo, tiempo y
lugar que el juez competente determine”. Además, se ha argumentado que “[
e]l legislador debe tener políticas preventivas que disuadan efectivamente los
accidentes de tránsito con resultado de muerte”, por lo que es “razonable que
[…] busque los medios de que las penas sean efectivas”, cuestión que se torna
en “un fin real y no meramente nominal”, y no se afectan la proporcionalidad
ni la igualdad ante la ley (STC Rol N° 5328-18, cc. 7° a 17°, reproducido en
STC Roles N° 14.342, N° 14.036 y N° 14.003, entre otras);

7°. Que, de la revisión de este devenir jurisprudencial del Tribunal,
se tiene que desde noviembre de 2024 todos los requerimientos de
inaplicabilidad han sido desestimados. Así, entre otras, han sido dictadas
las STC Roles N° 16.258, N° 16.305, N° 15.991, N° 15.820, N° 16.220, N°
16.206, N° 16.197, N° 16.068, N° 16.041, N° 15.927, N° 16.075, N° 15.906. El
Tribunal ha considerado que la norma impugnada no vulnera los
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CIENTO VEINTICINCO




principios de igualdad ante la ley ni de proporcionalidad, resultando
improcedente la comparación abstracta con otros delitos del sistema
penal pues la diferenciación responde a una decisión razonable de política
criminal del legislador frente a delitos que afectan tanto la seguridad vial
como la vida humana, priorizando un objetivo retributivo que no resulta
prohibido por la Constitución;

8°. Que, de la lectura del requerimiento, consta que las
contravenciones constitucionales denunciadas se estructuran
argumentativamente de forma análoga a los vicios ya examinados por
esta Magistratura con relación al artículo 19 N° 2 y N° 3, de la Carta
Fundamental y que vienen siendo sistemáticamente rechazados.

En este sentido, el requerimiento no precisa alegaciones específicas
que permitan efectuar distinciones relevantes por las particularidades del
caso concreto sometido a examen. Esta omisión es de relevancia y
pertinente, pues la estructuración de un conflicto constitucional concreto
en un proceso no puede prescindir de su estado procesal y sus
particularidades respecto del objeto de lo solicitado, dada la naturaleza
concreta de la acción de inaplicabilidad.

En contrario, ante su ausencia no es posible delimitar los términos
específicos en los cuales se plantea el vicio constitucional pretendido y
relacionado con las garantías fundamentales invocadas, conteniendo un
déficit argumentativo que le impide prosperar. Tal omisión constata la
ausencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado de modo
tal que exprese argumentos concatenados que permitan comprender la
contrariedad a la Constitución que significaría la aplicación de la
normativa cuestionada y con ello, las vulneraciones alegadas. No basta a
esos efectos una referencia de orden genérico a eventuales vicios de
inconstitucionalidad, en tanto toda alegación hipotética en el marco de la
prerrogativa contemplada en el artículo 93, inciso primero, N° 6 de la
Constitución no resulta compatible con la naturaleza de una acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En equivalentes términos se ha
razonado en resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N° 16.285, c.
8°; N° 16.229, c. 9°; N° 16.010, c. 7°; y N° 13.620, c. 20°, entre otras;

9°. Que, por lo tanto, no puede tenerse por cumplido el estándar de
plausibilidad o razonabilidad requerido para la admisibilidad. El conflicto
concreto se reitera a partir de alegaciones que vienen siendo
desestimadas, tanto en pronunciamientos de fondo de esta Magistratura,
como en el examen de admisibilidad (Roles N°s. 16.877, 17.246 y 17.116,
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CIENTO VEINTISEIS




entre otros), sin que se aporten argumentos que orienten en la
estructuración plausible del libelo. Es carga del requirente demostrar
argumentativamente que la situación concreta que se desenvuelve en la
gestión supone un genuino conflicto constitucional para, de ser el caso,
iniciar el examen de la eventual inaplicabilidad de uno o más preceptos
legales llamados a ser derecho decisivo para su resolución;

10°. Que, conforme lo razonado, ha de declararse la inadmisibilidad
del requerimiento de inaplicabilidad deducido a lo principal de fojas 1, al
confluir la causal establecida en los artículos 93 inciso undécimo y 84 N° 6,
de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al
carecer de fundamento plausible o razonable.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1°. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2°. Álcese la suspensión decretada con fecha 05 de marzo de
2026, a fojas 14.




Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.401-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 31/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 01/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 31/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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CIENTO VEINTISIETE


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




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