TC Rol 17407

Texto completo

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CUATROCIENTOS CUARENTA


Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.



A fojas 80, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 436, téngase por evacuado traslado.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, Salcobrand S.A. acciona de inaplicabilidad respecto de los
artículos 472 y 476 del Código del Trabajo, en el proceso Rit C-303-2009,
Ruc 09-4-0009342-0, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 161-2026
(Laboral Cobranza);

2°. Que la señora Presidenta S. del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, admitiéndose a tramitación con fecha 18 de marzo de
2026, a fojas 73;

3°. Que, examinado el requerimiento deducido, esta Sala ha logrado
formarse convicción de que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista
en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible;

4°. Que, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
constituye un instrumento de control concreto de constitucionalidad.
Como ha resuelto esta Magistratura, “las características y circunstancias
del caso concreto de que se trate, han adquirido en la actualidad una
relevancia mayor” (Rol N° 2.805, c. 33°), debiendo el requirente explicitar la
forma concreta en que se produciría la infracción constitucional alegada,
en relación directa con la gestión pendiente que sirve de base al
requerimiento (Rol N° 13.620-22-INA, c. 13°);

5°. Que, el requirente plantea fundamentalmente un conflicto
constitucional de restricción recursiva. Al efecto, sostiene que el Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso habría resuelto una cuestión
de fondo que excede su competencia en torno a la determinación de
continuador legal entre dos sociedades, y que, al aplicar los artículos 472 y
476 del Código del Trabajo para declarar improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra dicha resolución, se le ha privado del derecho
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO


a revisar esa decisión por un tribunal superior, vulnerando con ello el
debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución) y el derecho a recurrir
consagrado en tratados internacionales;

6°. Que, examinado el requerimiento, esta Sala constata que el
requirente pretende argüir un contradictorio constitucional sin estructurar
debidamente el conflicto desde las circunstancias específicas de su caso. Si
bien el libelo enuncia una vulneración al derecho a recurrir derivada de la
aplicación de los artículos 472 y 476 del Código del Trabajo, no desarrolla
argumentativamente cómo, en la cronología procesal de la gestión
pendiente, la restricción recursiva que imponen dichos preceptos le
produce un agravio constitucional concreto.

En efecto, no basta con que el requirente identifique cuál es su
conflicto, relacionado en este caso con una restricción recursiva, sino que
debe, además, explicar cómo se configura el agravio que pretende discutir
a través del recurso que se le deniega, esto es, cuestionar que Salcobrand
S.A. pueda ser continuadora de otra sociedad anónima de nombre
equivalente, pero jurídicamente diferenciado. El libelo no se hace cargo de
las particularidades del procedimiento en que incide el requerimiento,
limitándose a sostener de manera genérica que la resolución del Juzgado
de Cobranza excede su competencia. De este modo, no es posible
discernir, a partir de los términos del requerimiento, la forma específica en
que la restricción recursiva se traduce en una vulneración constitucional en
su caso particular;

7°. Que, como resolviera esta Magistratura en el Rol N° 13.620-22-
INA, c. 19° y 20°, tratándose de un conflicto constitucional que se plantea
desde limitaciones al ejercicio de un derecho procesal, resulta pertinente
conocer cómo en la tramitación específica del proceso el requirente ha
visto mermadas sus posibilidades de defensa. En la especie, el requirente
no proporciona los elementos necesarios para que esta Sala pueda
verificar la estructuración de un conflicto constitucional claro, preciso y
detallado, más allá de una impugnación abstracta de los preceptos legales
cuestionados. Alegaciones genéricas, sin una adecuada vinculación con la
cronología y ritualidad del procedimiento sub lite, impiden comprender por
qué, en este caso concreto, una restricción recursiva resultaría
constitucionalmente problemática sin más;

8°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de falta
de fundamento plausible, al no estructurar el conflicto constitucional
desde el caso concreto, concurriendo así la causal de inadmisibilidad
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prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional
de esta Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA: Inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal de fojas 1. Álcese la suspensión decretada en autos.



Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Miguel
Ángel Fernández González y Héctor Mery Romero, quienes estuvieron por
declarar la admisibilidad del libelo al no verificarse causales de aquellas
contempladas en el artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de esta Magistratura.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.407-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 22/04/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 22/04/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 22/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 23/04/2026




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