TC Rol 17408

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CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE




Santiago, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

A fojas 161, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer, segundo y cuarto otrosíes, téngase presente; al tercer otrosí,
ténganse por acompañados.

A fojas 178, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 02 de marzo de 2026, Paulina Daniela Núñez Olea
presenta requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 10, letra e); y 120 de la Ley N° 18.883, que aprueba
el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, para que ello
incida en el proceso Rol N° 551-2026, sobre recurso de protección, seguido
ante la Corte de Apelaciones de San Miguel;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 19 de marzo 2026 a
fojas 152. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás partes de
la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad, formulando observaciones la parte
requerida, solicitando la inadmisibilidad del requerimiento a fojas 161;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la requirente explica que ingresó a prestar servicios para la
Municipalidad de Paine en el año 2017 como docente diferencial en el
Liceo polivalente Gregorio Morales Miranda hasta el año 2019 y luego
desde el año 2020 en la Escuela Hermanos Sánchez Cerda.

Señala que encontrándose con licencia médica viajó fuera del país
entre el 14 y el 19 de junio de 2024, motivo por el cual la Municipalidad
mediante Decreto Alcaldicio N° 2714, de fecha 06 de junio de 2025 ordenó
instruir sumario administrativo en su contra, siendo sancionada con una “
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medida disciplinaria del artículo 120 de la Ley 18.883, combinándola con una
causal de término de la relación laboral contenida en el artículo 72 letra b) de
la Ley 19.070” (fojas 2).

En contra de dicha decisión presentó recurso de reposición, el que
fue desestimado por la Municipalidad mediante el Decreto Alcaldicio N°
6187, de fecha 12 de diciembre de 2025, por lo que interpuso acción
constitucional de protección, el que fue declarado admisible por la Corte
de Apelaciones de San Miguel, encontrándose pendiente de resolución
según certificado de la gestión pendiente agregado a fojas 24;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad
sostiene que la aplicación de los preceptos impugnados “produce un efecto
inconstitucional directo al vulnerar el principio de legalidad en materia
sancionatoria consagrado en el artículo 19 N° 3, incisos quinto, sexto y noveno
de la Constitución Política. Esta garantía, expresión del aforismo nullum
crimen, nulla poena sine lege, exige que tanto la conducta reprochable como
la sanción aplicable estén determinadas por una ley previa y expresa, requisito
que no se cumple en la especie al utilizarse un catálogo de sanciones ajeno al
estatuto jurídico de la requirente” (fojas 9).

Asimismo, considera que en el caso concreto se vulnera la garantía
de un procedimiento racional y justo, asegurada en el artículo 19 N° 3
inciso sexto de la Constitución, atendido a que en el proceso sumarial se
omitió la notificación personal de la resolución que instruyó el sumario y
de la constitución de la fiscalía administrativa, lo que impidió ejercer su
derecho de defensa.

Al mismo tiempo, alega la vulneración del artículo 19 numerales 2 y
3 de la Constitución, pues se le impuso la sanción más gravosa del
ordenamiento administrativo de manera automática y desprovista de la
necesaria ponderación de proporcionalidad. Señala que la destitución
produce el efecto accesorio de la inhabilidad de ingreso a la
administración pública por 5 años. Dicha sanción se ha impuesto “sin que
exista en el expediente administrativo ni en el decreto sancionatorio un solo
párrafo que justifique por qué la conducta de mi representada amerita tal
nivel de segregación del servicio público” (fojas 16);

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional y
legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
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iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental;

7°. Que, asimismo, esta Magistratura ha establecido que un
requerimiento de inaplicabilidad adolece del debido fundamento
plausible cuando el actor presenta un conflicto de mera legalidad. En
efecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, analizando el
espectro normativo de la expresión “fundamento plausible”, empleada
por el legislador orgánico constitucional como requisito para que el libelo
incoado supere el necesario estándar en sede de admisibilidad ha
delimitado con precisión sus contornos. Así, inequívoco es que se debe
estar en presencia de un conflicto constitucional, esto es, frente a una
contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente
aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la
alegación de mera legalidad, puesto que el parámetro de contraste es la
Constitución y no la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía constitucional (así,
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N°s 4696, c. 10°; 5124, c.
18°; y 5187, c. 4°, entre otras);
8°. Que, en la especie se verifica que el conflicto sometido al
conocimiento de esta Magistratura es un asunto de mera legalidad de
competencia de los jueces del fondo, son éstos los llamados a determinar
cuál es el estatuto jurídico aplicable al caso concreto. La propia requirente
afirma que “se le aplicó una sanción que no corresponde a su Estatuto acorde
a su calidad de profesional de la educación municipal, el cual está consagrado
en la Ley 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación,
conocido como “Estatuto Docente” (fojas 2).

En consecuencia, el asunto promovido por la parte requirente no se
encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción
constitucional, que únicamente debe determinar si la aplicación del
precepto legal al caso concreto es o no contrario a la Constitución, lo que
no ocurre en la especie, pues de los antecedentes de la causa fluye que la
actora no comparte que en su caso se aplique una sanción establecida en
la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios
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Municipales, que consagra el catálogo de medidas disciplinarias para los
funcionarios municipales. En su opinión y, atendida su calidad de docente
debió aplicarse la Ley 19.070 sobre Estatuto de los Profesionales de la
Educación, y supletoriamente el Código del trabajo, cuestión que debe ser
determinada por el juez de fondo, tal como indica la requirente en su
presentación a fojas 6;

9°. Que, por ello, no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, lo planteado en el
requerimiento es un asunto de mera legalidad y no de constitucionalidad.
Así lo ha establecido esta Magistratura al señalar que “en sede de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha
sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de
constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por
consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e
interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia
jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de
competencia de los jueces del fondo” (Rol N°2775).


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas
152.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.408-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 16/04/2026
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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 16/04/2026 Fecha: 16/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 16/04/2026 Fecha: 16/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 16/04/2026




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