TC Rol 17414

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QUINIENTOS NOVENTA Y DOS




Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, José Fernando Pozo Vergara, en representación de José
Fernando Pozo Vergara Inmobiliaria EIRL, ha presentado un requerimiento
de inaplicabilidad respecto del artículo 486, inciso primero, del Código de
Procedimiento Civil, en los autos Rol C-N° 11.253-2022, caratulados
“Euroamérica Seguros de Vida S.A. con José Fernando Pozo Vergara EIRL”,
seguidos ante el 29° Juzgado Civil de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura;

3°. Que, esta Sala estima, conforme la lectura del libelo de
inaplicabilidad deducido a fojas 1, que el requirente no ha dado
cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 80 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en cuanto no delimita
claramente el objeto de la prerrogativa llamada a ser ejercida, cuestión
esencial a efectos de verificar cómo la aplicación de los preceptos
impugnados produce como resultado la infracción constitucional alegada en
dicha gestión;

4°. Que, el libelo de inaplicabilidad de autos incurre en una
contradicción sustancial que impide determinar con claridad el objeto de lo
requerido. En lo principal de fojas 1, el requirente solicita que se declare la
inaplicabilidad del artículo 486, inciso primero, del Código de Procedimiento
Civil, esto es, la norma que establece como base de tasación el avalúo fiscal
vigente, a menos que el ejecutado solicite una nueva tasación. Sin embargo,
en el mismo escrito, el requirente solicita que se ordene la designación de
un perito para efectuar una tasación comercial del inmueble a subastar. Esta
última petición presupone precisamente la aplicación del mecanismo
contemplado en el precepto cuya inaplicabilidad se impetra, toda vez que es
el artículo 486 inciso primero del Código de Procedimiento Civil el que
habilita al ejecutado para solicitar una nueva tasación pericial. De este
modo, el requirente impugna y a la vez invoca como fundamento de su
pretensión la misma norma legal, generando una incompatibilidad lógica
que torna incomprensible el conflicto constitucional que se pretende
someter al conocimiento de esta Magistratura;
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QUINIENTOS NOVENTA Y TRES



5°. Que, el estatuto constitucional y legal que rige para la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad supone que la competencia
conferida a esta Magistratura Constitucional se ejerce en relación con una
gestión seguida ante un tribunal ordinario o especial, en la cual
determinados preceptos legales pueden dejarse sin efecto, cuestión que
necesariamente implica la determinación específica del conflicto planteado
en aras de establecer la competencia de este Tribunal. Aquello constituye un
estándar mínimo de desarrollo argumentativo desde el cual inicia la
configuración del proceso constitucional, a partir del cual procederá
posteriormente resolver su suficiencia en sede de admisibilidad;

6°. Que, consecuencialmente, para efectos de ser admitido a
tramitación un requerimiento de inaplicabilidad no debe presentar falencias
sustanciales para la comprensión del conflicto pretendido. Ello abarca
delimitar el vicio pretendido de forma clara, no bastando la mera afirmación
de vulneraciones constitucionales o alegaciones genéricas en torno a su
concurrencia desvinculadas del proceso invocado como gestión pendiente.
Esta es la razón por la cual ante defectos en la identificación de la preceptiva
impugnada, ausencia de desarrollo de los hechos ventilados en la gestión
sub lite, defectos de coherencia argumentativa, como también ante la
imposibilidad de determinar el objeto de lo requerido, esta Magistratura ha
resuelto inadmitir a tramitación libelos de inaplicabilidad. Pronunciamientos
en tal sentido obran en resoluciones en Roles N°s 1358-09, 6953-19, 7461-
19, y 8486-20, como también recientemente en Roles N°s 16.148-25, 16.161-
25, 16.213-25 y 16.366-25, entre otras;

7°. Que, por lo anterior, una pretensión que simultáneamente
impugna y presupone la aplicación de un mismo precepto legal no satisface
los presupuestos mínimos para iniciar el contradictorio constitucional,
conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, que exige que el requerimiento
contenga una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional
en aras de activar la competencia prevista en el artículo 93 inciso primero N°
6 de la Carta.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 79, 80, 82 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,
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QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO




SE DECLARA:

Que no se acoge a tramitación el requerimiento deducido a fojas
1. Téngase por no presentado para todos los efectos legales.



Notifíquese al requirente. Archívese.

Rol N° 17.414-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 17/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 16/03/2026 Fecha: 17/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 16/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 17/03/2026




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