TC Rol 17420

Texto completo

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CIENTO VEINTE


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Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.


A fojas 51, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 09 de marzo de 2026, Inmobiliaria e Inversiones
Naltahua Ltda. deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 2°, de la Ley N° 19.496, que
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores,
para que ello incida en el proceso Rol N° 6273-2026, sobre recurso de
protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en
conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de apelación de
protección, bajo el Rol N° 10725- 2026;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, el cual fue acogido a trámite con fecha 31 de marzo
de 2026 a fojas 46. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de
constitucionalidad de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida
no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al
concurrir en la especie las causales de inadmisibilidad previstas en los
numerales 5° y 6° del artículo 84, de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura;

4°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente relata que en
el contexto de la compra de una propiedad (Lote A-1), Luis Marquina
Sánchez interpuso en su contra una querella infraccional y demanda civil
ante el Juzgado de Policía Local de La Granja por infracción a la Ley del
N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, alegando que el vendedor y requirente en autos no
completó el proceso de inscripción de la propiedad. Dicha demanda fue
acogida y confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel con
fecha 08 de enero de 2026.
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CIENTO VEINTIUNO


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Ante dicha Corte presentó recurso de protección por estimar que
la sentencia confirmatoria ha conculcado derechos fundamentales,
calificándola no sólo de ilegal, sino que además de arbitraria, al no
indicar fundamento para confirmar la sentencia de primera instancia, ni
hacer mención a la procedencia o improcedencia de la aplicación de la
ley 19.496. En su concepto, al no ser sujeto pasivo de la mencionada Ley,
debió aplicarse las normas que regulan los contratos. La Corte de
Apelaciones de San Miguel se declaró incompetente para conocer del
recurso, atendido a que éste se dirige en contra de lo resuelto por una
sala de la referida Corte, por lo que remitió los antecedentes a la Corte
de Apelaciones de Santiago para su conocimiento y resolución, tribunal
que declaró inadmisible el recurso de protección.

Frente a dicha decisión interpuso recurso de reposición y
apelación en subsidio, encontrándose pendiente este último ante la
Corte Suprema, según certificado de la gestión pendiente agregado a
fojas 40;

5°. Que, al fundar el conflicto constitucional, alega que la
aplicación del precepto impugnado transgrede el artículo 19 numerales
2; 3 incisos primero y quinto; 21; 22 y 24, de la Constitución.

En efecto, afirma que la norma cuestionada posibilita “una
indemnización por un acto que no está sujeto a aplicación de la ley al caso
concreto omitiendo que la situación jurídica es un incumplimiento de
contrato y sujeto a las normas correspondientes del Código Civil” (fojas 25).

Aduce, asimismo, que en el caso concreto la aplicación de la
norma genera efectos inconstitucionales, ya que “el referido proceso,
fundado en la ley 19.496 se sujeta al procedimiento de la ley 18.287 de
Juzgados de Policía Local, no contempla recursos que permitan reclamar la
omisión de los tribunales que han conocido el caso de marras, lo cual afecta
el derecho a la justicia y naturalmente a preceptos constitucionales contenido
en las garantías invocadas y conculcadas como los art. 6 y 7 de la C.P.E.”
(fojas 26);

6°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad
de un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que
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CIENTO VEINTIDOS


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la densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°);

7°. Que, de conformidad con el requerimiento esta Magistratura
declarará su inadmisibilidad dado que la preceptiva legal impugnada no
es decisiva en la resolución de la gestión judicial invocada, esto es, una
apelación subsidiaria en contra de la resolución de la Corte de
Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el recurso de
protección, por lo que las normas aplicables son aquellas contenidas en
el auto acordado N° 94-2015 de la Corte Suprema sobre tramitación del
recurso de protección y no el precepto legal que se impugna, éste sólo
tendrá aplicación en el evento que la Corte Suprema acoja el recurso de
apelación intentado por el actor, caso en el cual la Corte de Apelaciones
de Santiago deberá entrar a conocer el fondo del asunto debatido.

Así lo ha resuelto esta Sala en la causa Rol N° 17.136-25 al indicar
que el análisis de admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso de
protección no se fundamenta en modo alguno en la norma impugnada
que “sería la disposición legal relevante para la decisión de fondo de la
acción constitucional, pero eso siempre que se hubiere superado la etapa de
admisibilidad, que se resuelve por reglas distintas; específicamente, en la
actualidad, por lo dispuesto en el artículo 2° inciso segundo del Auto
Acordado N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, que no ha sido
impugnado en el presente requerimiento”;

8°. Que, esta Sala declarará además la inadmisibilidad del libelo por
concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997, esto
es, falta de fundamento plausible, atendido a que lo verdaderamente
cuestionado por el requirente es la sentencia dictada por el Juzgado de
Policía Local de La Granja que acogió la querella infraccional en su
contra, y que luego fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San
Miguel, por lo que el libelo no puede prosperar, pues la acción de
inaplicabilidad no es la vía idónea para obtener la revisión de lo resuelto
por los jueces del fondo. Así lo ha resuelto esta Magistratura en reiterada
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CIENTO VEINTITRES


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jurisprudencia; a modo ejemplar sostuvo en la causa Rol 16.390, c. 8° que
“la inaplicabilidad no busca corregir eventuales errores del juez del fondo en
la forma en que aplica la ley, porque no es una instancia para revisar
decisiones judiciales. La equívoca o arbitraria aplicación de una norma legal
puede generar efectos inconstitucionales, pero esta Magistratura no está
habilitada para la corrección de tales errores interpretativos, pues para ello
existen los mecanismos de impugnación de los actos y resoluciones judiciales
que nuestro ordenamiento jurídico confiere a la parte agraviada. Aceptar
que esos defectos puedan ser subsanados por el Tribunal Constitucional
transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal, dotando a esta
acción constitucional de una naturaleza que no posee. El control concreto
que le corresponde efectuar no radica sobre actuaciones de los poderes
públicos, sino sobre preceptos legales, siendo en definitiva un control de
carácter normativo”;

9°. Que, por lo demás, cabe tener presente que la gestión pendiente
invocada es un recurso de protección intentado por el actor en contra de
una sentencia definitiva dictada por el Juez de Policía Local de La Granja y
confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, acción que no se
aviene con la finalidad que ésta persigue conforme lo establecido en el
artículo 20 de la Constitución Política. En efecto, el tribunal de alzada al
declarar la inadmisibilidad del recurso de protección indicó que:

“1°) Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio
del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones
arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo
de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones
legales.

2°) Que los hechos descritos en la presentación de folio 1, atañen a un
procedimiento que ha sido de conocimiento del Juzgado de Policía Local de
La Granja y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, de manera
que el asunto está sometido al imperio del derecho, existiendo autoridad
competente ante el cual se podrán hacer las alegaciones y peticiones
pertinentes, todo lo cual impide que esta acción tutelar pueda ser acogida a
tramitación.”;

10°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional
y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
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CIENTO VEINTICUATRO


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iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental.

En consecuencia, el asunto promovido por la parte requirente no se
encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de
jurisdicción constitucional, que únicamente debe determinar si la
aplicación del precepto legal al caso concreto es o no contrario a la
Constitución, lo que no ocurre en la especie, pues de los antecedentes de
la causa fluye que lo reclamado por el actor es la sentencia dictada por el
juez de fondo que aplicó en su caso las normas de la Ley del consumidor
y no aquellas del Código Civil que regulan los contratos como pretendía
el actor, por tanto, no puede tenerse por cumplido el estándar de
plausibilidad exigido por la Constitución y la ley orgánica constitucional
que rige el actuar de este Tribunal;

11. Que, de lo razonado, se concluye que respecto del artículo 2° de
la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos
de los consumidores, concurre la causal de inadmisibilidad contemplada
en el artículo 84 N° 5 y 6, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de
esta Magistratura, ya que, de los antecedentes de la gestión judicial
pendiente, aparece que el mencionado precepto no resultará decisivo en
la resolución del asunto y, por otro lado, no se advierte un problema de
constitucionalidad en que esta Magistratura pueda resultar competente
para un pronunciamiento de fondo.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, numerales 5 y 6, y demás pertinentes de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1° Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a
fojas 1.

2° Álcese la suspensión decretada a fojas 46.
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La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS previene que estuvo por
declarar inadmisible la acción de inaplicabilidad únicamente por la causal
prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional.


Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol Nº 17.420-26 INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/04/2026




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