TC Rol 17424

Texto completo

0000042
CUARENTA Y DOS




Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.



A fojas 39, a todo, estese a lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 11 de marzo de 2026, César Andrés López
Sanhueza ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 1° inciso segundo de la Ley N°
18.216, para que ello incida en el proceso penal RIT N° 36-2026, RUC N°
2101063175-8, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Concepción;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
dar cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala de esta Magistratura;

3°. Que, desde ya, a partir del examen del requerimiento,
alegaciones para fundar un conflicto constitucional y luego de analizar el
estado procesal de la gestión invocada, esta Sala se ha formado
convicción de que concurre la causal prevista en el numeral 6° del
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. La
acción de inaplicabilidad de la presente causa carece de fundamento
plausible, por lo que no resulta necesario verificar el cumplimiento de los
requisitos en fase de admisión a trámite;

4°. Que, la presentación de fojas 1 contiene argumentaciones
insuficientes a efectos de explicitar las presuntas vulneraciones a la
Constitución Política que refiere, dada la aplicación de la norma
cuestionada en la gestión seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Concepción, con relación a la imputación penal dirigida al
requirente;

5°. Que, se impugna el artículo 1° inciso segundo de la Ley N°
18.216, atendida la restricción que establece de otorgar eventuales
penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, entre otros, a los
autores del delito de violación, ilícito previsto en el artículo 361 del
Código Penal;

6°. Que, lo anterior es presentado en el contexto de una causa
criminal en que el requirente fue imputado por dicho delito. Señala que


1
0000043
CUARENTA Y TRES




la imposibilidad de acceder a pena sustitutiva, en su caso, produce
contravención a la Constitución en sus artículos 1° y 19 N°s 2 y 3 (fojas 4),
así como a los artículos 11.1, 24 y 5.6 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (fojas 7-8).

Explica a fojas 7 que “el trato discriminatorio que se observa de un
análisis primario del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº18.216, carece
de razonabilidad, ya que da un tratamiento distinto a los sujetos perseguidos
por las normas que allí se enumeran, sin que exista razonabilidad alguna
para justificar la diferencia de tratamiento. Esta infracción, que, como
venimos diciendo, corresponde a un tratamiento abstracto, se puede
observar - en el caso que nos convoca- por tratarse de delitos en contra de la
indemnidad sexual”;

7°. Que, las alegaciones del requerimiento de inaplicabilidad
presentado a fojas 1, acción que ostenta una especial naturaleza jurídica
de control concreto de la ley en un especial y particular caso concreto
sustanciado ante un tribunal ordinario o especial, conducen a la
declaración de inadmisibilidad.

Desde que fuera ingresada la causa Rol N° 2959-16, en enero de
2016, esta Magistratura ha conocido en diversas oportunidades
impugnaciones en la competencia de inaplicabilidad a la disposición
nuevamente cuestionada. En su oportunidad, el Tribunal razonó que la
improcedencia a todo evento de otorgar penas sustitutivas a la privación
efectiva de libertad pudo implicar contravención a lo dispuesto en el
artículo 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto;

8°. Que, así, este Tribunal falló que “cualquiera sea el medio que el
legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, éste
no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del
quantum de la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no
es la naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva
para apreciar qué tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar
el nivel de gravedad de un ilícito es el quantum de la pena” (STC Rol N°
2959), cuestión que, verificada la sistemática global en que son
penalizadas diversas conductas bajo la Ley N° 17.798, de Control de
Armas, no se avenía en la mayoría de los delitos de ese cuerpo legal con
la pena asociada y su forma estricta de cumplimiento, lo que generó
diversos declaraciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Luego, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.412, de enero de 2022,
se modificó la regla impugnada para posibilitar, bajo determinados


2
0000044
CUARENTA Y CUATRO




requisitos, el acceso a penas sustitutivas en delitos contemplados en la
Ley de Control de Armas, por lo que esa línea jurisprudencial no se
mantuvo. Ello es relevante al tratarse de acciones de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad en que los contornos de la gestión pendiente
invocada son relevantes al resolver;

9°. Que, sin embargo, existe un continuo jurisprudencial que este
Tribunal ha mantenido en el tiempo. Los diversos delitos que ha
introducido el legislador en las restricciones para el acceso a penas
sustitutivas tienen algunas características comunes: en su gran mayoría
corresponden a tipos penales que, conforme lo dispone el artículo 3° del
Código Penal, se consideran crímenes, con un rango punitivo abstracto
comienza en los cinco años y un día de presidio mayor en su grado
mínimo de privación de libertad, llegando en ciertos casos a la máxima
sanción que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el presidio
perpetuo calificado. Por otro lado, la penalidad asociada a este grupo de
delitos descansa no sólo en consideraciones relativas al bien jurídico
protegido (vida, libertad ambulatoria, autonomía e indemnidad sexual),
sino también a la especial lesividad de dichas conductas, cuestión que
fue tenida en consideración por el legislador para exceptuar del eventual
otorgamiento de penas sustitutivas;

10°. Que, como puede apreciarse, el caso presentado ante esta
Magistratura, basado únicamente en una imputación dirigida al actor
por presunto delito de violación, se torna ajeno a otras impugnaciones
que en su oportunidad ameritaron sentencias estimatorias. En contrario,
se desarrolla un supuesto vinculado a la eventual comisión de delitos en
que el legislador ha ponderado el desvalor de la conducta respecto de la
sanción, en lo que debe encontrarse como parte integrante su especial
forma de cumplimiento. Lo anterior, por cierto, en el evento de dictarse
sentencia condenatoria y una vez que ésta se encuentre firme y
ejecutoriada, cuestión que se encuentra bajo la competencia del
sentenciador penal de fondo;

11°. Que, por lo expuesto, el requerimiento carece de fundamento
plausible para sortear el requisito previsto en el artículo 84, numeral 6°
de la Ley orgánica Constitucional de este Tribunal con relación al artículo
93 inciso undécimo de la Constitución. El requirente no entrega
elementos nuevos y diversos para explicar la forma en que la gestión
pendiente permitiría acreditar la existencia de una contravención
constitucional, de ser aplicada la regla impugnada. Su argumentación no


3
0000045
CUARENTA Y CINCO




se aparta de los razonamientos vertidos en casos presentados con
infracciones a delitos de menor lesividad;

12°. Que, por ello, al no desarrollar un conflicto constitucional
concreto la acción deducida no supera el estándar que el legislador
orgánico ha establecido en el artículo 84, numeral 6° de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, por lo que no puede
prosperar y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.424-26-INA.




4
0000046
CUARENTA Y SEIS


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 18/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 18/03/2026 Fecha: 17/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 17/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 18/03/2026




A7C29595-76D6-4914-9255-A2BC93D64512
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.