TC Rol 17425

Texto completo

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TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES




Santiago, veinte de marzo de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Leonardo Orlando Muñoz Muñoz acciona de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 12 inciso
séptimo de la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de
Pensiones Alimenticias, en la causa sobre cumplimiento de alimentos Rit
Z-839-2015, caratulada “Barra con Muñoz”, seguida ante el Juzgado de
Familia de Concepción, y en la causa Rol N° 288-2026, seguida ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura.
3°. Que el artículo 93, inciso primero, N° 6, y el inciso
decimoprimero del mismo, de la Constitución Política, se complementan
con la preceptiva que se contiene en la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 84 establece en
su inciso primero, numeral 3°, que un requerimiento deberá ser
declarado inadmisible cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación.
4°. Que es necesario examinar, precisamente, si la gestión en que
incide el requerimiento se encuentra pendiente de modo que una
eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda surtir efecto en
dicha gestión.
5°. Que el requirente acciona en el marco de una causa sobre
cumplimiento de alimentos seguida ante el Juzgado de Familia de
Concepción. En dicho proceso, practicadas liquidaciones de pensiones
alimenticias, el requirente dedujo objeciones que fueron rechazadas por
el tribunal a quo. Con fecha 26 de febrero de 2026, interpuso recurso de
apelación en contra de la resolución que rechazó la objeción a la
liquidación, generándose el Rol N° 288-2026 ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Concepción.
El requirente sostiene que la oración “Tampoco será recurrible la
resolución que rechaza la objeción a la liquidación”, contenida en el
inciso séptimo del artículo 12 de la Ley N° 14.908, vulnera los artículos 5°
y 19 N°s 2 y 3 de la Constitución Política, así como los artículos 1.1, 8 y 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto priva al
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alimentante del derecho a recurrir de la resolución que rechaza su
objeción a la liquidación, impidiendo el acceso a una segunda instancia
como expresión del debido proceso.
6°. Que del mérito de la certificación de fojas 22 consta que, con
fecha 10 de marzo de 2026, la Sala de Cuenta de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Concepción declaró inadmisible el recurso de apelación
interpuesto por el requirente, fundándose precisamente en la parte final
del inciso séptimo del artículo 12 de la Ley N° 14.908, que establece que
no será recurrible la resolución que rechaza la objeción a la liquidación.
De esta manera, se ha identificado por la requirente el proceso
sustanciado bajo Rol N° 288-2026, que se encuentra actualmente
terminado.
7°. Que, en razón de lo expuesto, atendido el estado procesal de la
gestión sub lite, no es posible afirmar la subsistencia de una gestión
judicial pendiente en lo que respecta al conflicto constitucional
denunciado por el requirente. La declaración de inadmisibilidad del
recurso de apelación por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción
confirma lo resuelto en torno a la objeción a la liquidación realizada.
8°. Que, consecuencialmente, según ha sido planteado en el libelo,
no existe en la actualidad gestión judicial pendiente susceptible de ser
afectada por una eventual declaración de inaplicabilidad del precepto
impugnado. La situación procesal configurada no admite que una
eventual sentencia de inaplicabilidad pueda surtir efectos útiles en la
gestión, toda vez que no existe una instancia jurisdiccional pendiente en
la que pueda aplicarse la norma cuya inaplicabilidad se solicita, ni una
decisión futura que pueda ser influida por la eventual declaración de
inconstitucionalidad del precepto en los términos en los cuales ha sido
planteado el conflicto constitucional.
9°. Que, así, no cumpliéndose con el esencial requisito de existir
una gestión pendiente en la que resulte determinante la aplicación del
precepto cuestionado, tal como ha razonado en fallos anteriores este
Tribunal Constitucional, la acción constitucional deducida no puede
prosperar (Roles N°s 16.919, 16.079, 15.826, 15.703 y 15.250, entre
otros).


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 3 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,
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SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Marcela
Peredo Rojas, quien estuvo por apercibir a la requirente a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79, inciso segundo, de la Ley
N° 17.997, en orden a acompañar una certificación actualizada de la
gestión judicial invocada proveniente del tribunal sustanciador.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.425-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 20/03/2026 Fecha: 20/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 23/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 23/03/2026




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