TC Rol 17431

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SETECIENTOS NUEVE




Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que don Alejandro del Carmen Núñez Machuca acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 83 inciso primero del Código de
Procedimiento Civil, en el proceso Rol N° C-7902-2019, seguido ante el
Juzgado de Letras de Colina, en actual conocimiento de la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol
N° 18.761-2025 (Civil).
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, admitiéndose a tramitación a fojas 16, con fecha 31 de
marzo de 2026.
3°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. En la especie no se cumple con el
requisito esencial en torno a la estructuración argumentativa plausible
del conflicto constitucional vinculado con el caso concreto que se sigue
en la gestión pendiente.
4°. Que, según se lee de la presentación de fojas 1, el requirente
acciona en el marco de un juicio ejecutivo de cobro de pagaré seguido
ante el Juzgado de Letras de Colina, en el que detenta la calidad de
ejecutado. Con fecha 30 de abril de 2025, el requirente promovió
incidente de nulidad procesal fundado en la prescripción de la acción
ejecutiva, el que fue rechazado mediante resolución de fecha 12 de
septiembre de 2025. En contra de dicha resolución interpuso recurso de
apelación, actualmente pendiente de resolución ante la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Santiago bajo el Rol N° 18.761-2025, constituyendo
ésta la gestión judicial pendiente invocada.
5°. Que el requirente sostiene que la aplicación del artículo 83
inciso primero del Código de Procedimiento Civil vulnera la garantía
constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución
Política. Argumenta que dicho precepto ha sido interpretado y aplicado
por el tribunal como una habilitación para negar el acceso a la nulidad
procesal, pese a que concurrirían antecedentes objetivos que darían
cuenta de la prescripción de la acción ejecutiva, privando así al ejecutado


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de un mecanismo eficaz para corregir un vicio sustancial del
procedimiento (fs. 4).
6°. Que, según ha razonado esta Magistratura, la exigencia de
fundamento plausible implica una contradicción directa, clara y precisa
del precepto legal eventualmente aplicable a un caso concreto con la
Constitución, lo que desvirtúa la alegación de mera legalidad o que las
problemáticas que presente el requirente sean corregidas por las vías
recursivas, puesto que el parámetro de contraste es la Constitución y no
la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía constitucional (así,
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N°s 15.265, 15.557,
16.067, 16.403, 17.087, entre otras).
7°. Que, del examen del requerimiento, se constata que el conflicto
constitucional invocado adolece de una incoherencia estructural que
impide tenerlo por plausiblemente fundado. El artículo 83 inciso primero
del Código de Procedimiento Civil es precisamente la norma que habilita
la nulidad procesal, al disponer que ésta podrá ser declarada cuando
exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable
sólo con su declaración. Es decir, lejos de impedir el acceso a dicho
remedio, constituye su fundamento normativo. La declaración de
inaplicabilidad de dicho precepto suprimiría el único sustento legal de la
pretensión anulatoria que el propio requirente hace valer en la gestión
pendiente, lo que priva al requerimiento de la coherencia argumentativa
mínima exigible para configurar una controversia constitucional
plausible.
8°. Que, adicionalmente, el requirente plantea el conflicto
constitucional sobre la base de que el artículo 83 inciso primero del
Código de Procedimiento Civil ha sido interpretado y aplicado por el
tribunal de la gestión de un modo que impediría dar lugar a la nulidad
solicitada. Ese planteamiento no constituye una impugnación de la
aptitud del precepto para contrariar la Constitución, sino una
controversia sobre el ámbito de aplicación de la norma y la
determinación de si concurrían en la especie sus presupuestos de
procedencia, cuestión que constituye materia de legalidad y
hermenéutica procesal que corresponde resolver al juez del fondo.
De este modo, al construir el conflicto constitucional sobre los
efectos de un precepto que no los produce, sino sobre la interpretación
que de él ha efectuado el tribunal ordinario, el requerimiento carece de
la coherencia argumentativa mínima para configurar una controversia


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constitucional plausible (en similar sentido, resolución de inadmisibilidad
recaída en causa Rol N° 17.453-26-INA, c. 10°). Como ha razonado esta
Magistratura, aceptar una tesis contraria significaría transgredir la
distribución de competencias entre el Poder Judicial y este Tribunal,
encontrándose esta Magistratura impedida constitucional y legalmente
de revisar decisiones judiciales (STC Rol N° 15.036, c. 3°).
9°. Que, consecuencialmente, atendido el carácter eminentemente
concreto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el
requirente no ha estructurado argumentativamente, de manera
plausible, un conflicto constitucional en el caso, planteándose cuestiones
cuyo conocimiento y resolución compete al juez del fondo. Por lo
expuesto, se declarará la inadmisibilidad del requerimiento.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE: Que se declara inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. Álcese la suspensión decretada en
autos.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.431-26-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/04/2026




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