TC Rol 17432

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CIENTO SETENTA Y UNO




Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 13 de marzo de 2026, el Colegio Campos del
Ranco Limitada, deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y
séptimo, del Código del Trabajo, para que ello incida en el proceso RIT C-
-7-2020, RUC 19-4-01932030, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía
de La Unión;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad puede
adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que pueda
prosperar, siendo, así impertinente que la Sala efectúe un examen previo
de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente
la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, y el inciso
decimoprimero del mismo, de la Constitución Política, se complementa
con la preceptiva que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 84 establece en su
inciso primero, numeral cinco, que un requerimiento deberá ser
declarado inadmisible, cuando el precepto legal impugnado no resultará
decisivo en la resolución del asunto. Al mismo tiempo, establece en el
numeral 6° que será declarado inadmisible por adolecer de falta de
fundamento plausible;

5°. Que, esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la
acción constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella será
declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal de
inadmisibilidad prevista en los numerales 5° y 6°, del mencionado artículo
84, de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura;

6°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente explica que
Claudia Recabarren Gómez, Evelyn Cartes Ovalle, Yesenia Tejeda
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Monsalve, y Christiane Lein Macquardt, dedujeron demanda laboral por
despido indirecto, nulidad del despido, cobro de prestaciones y daño
moral en contra de la Corporación Educacional For Faris, también
denominada Educacional Javiera Viviana Pardo Poveda, o Javiera Viviana
Pardo Poveda, y además en contra del Colegio Campos Del Ranco Limitada
por existir entre ellas una sola unidad empleadora. El juicio se encuentra
en etapa de ejecución, luego que la Corte de Apelaciones de Valdivia en
sentencia de reemplazo acogiera la demanda de despido indirecto
respecto de tres trabajadoras; y que la Corte Suprema rechazara el
recurso de unificación de jurisprudencia intentado por las demandadas.

Indica que en la etapa de cumplimiento objetó la liquidación, la que
fue acogida mediante resolución de fecha 19 de mayo de 2022,
ordenándose practicar una nueva que descontara las sumas pagadas y
consignadas. Sin embargo, en la nueva liquidación de fecha 09 de julio de
2022 se aplicaron intereses y reajustes hasta esa fecha, sin considerar que
el despido ya estaba convalidado al mes de agosto de 2021.

De esta forma, alega que en el referido proceso de cobranza, no
sólo no se ha considerado la convalidación del despido efectuada en
agosto del año 2021 respecto de doña Yesenia Tejeda Monsalve como de
Christine Lein Marquardt, sino que se pretende que a doña Evelyn Cartes
Ovalle -quien ha seguido prestando servicios regularmente y a la cual se le
pagan oportunamente sus remuneraciones y cotizaciones previsionales,
de salud y de seguro de cesantía-, se le pague doble remuneración y doble
cotización cada mes, una por su contrato de trabajo y otra por la supuesta
convalidación pendiente.

Agrega que a partir de la fecha de la última liquidación no recibió
ninguna notificación acerca de las actuaciones y resoluciones dictadas en el
proceso seguido en su contra.

Seguidamente, refiere que, con 26 de diciembre de 2025, se
aprobaron con citación las bases de remate, incluyéndose como bien a
subastar el inmueble de propiedad del Colegio y donde funciona éste,
cuyo avalúo fiscal, al segundo semestre del año 2025, corresponde a la
suma de $359.430.463 pesos;

7°. Que, al fundamentar el conflicto concreto de constitucionalidad
alega que la aplicación del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del
Código del Trabajo “vulnera el Principio de la Proporcionalidad de las
sanciones, comprendido en las garantías de no discriminación arbitraria
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consagrada en el Art. 19 Nº2, y del Debido Proceso, garantía de un justo y
racional procedimiento, y ejercicio de la función jurisdiccional, consagrados
en el art 19 N°3, ambos de la Constitución Política de la República” (fojas 7).

Asimismo, estima que en el caso concreto se transgrede el artículo
19, N° 24, de la Constitución, pues sin justificación suficiente se dispone
arbitrariamente del patrimonio del Colegio, “sanción pecuniaria que no
guarda relación alguna con la conducta a que se la asocia, carece de
justificación suficiente y se acrecienta en el tiempo sin límite alguno” (fojas 12).

Junto con ello, considera que la aplicación de la norma impugnado
en los incisos señalados afecta la garantía constitucional de seguridad
jurídica, consagrada en el artículo 19 N°26, y el derecho a desarrollar
cualquiera actividad económica, garantizado en el artículo 19 N° 21,
ambos de la Constitución Política;

8°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad de
un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que la
densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°).

Para comprobar si el precepto legal impugnado es decisivo o no,
esta Judicatura ha desarrollado múltiples criterios. Entre ellos, ha
explicado que, al realizar el análisis de la decisoriedad de la norma, es
importante considerar el estado procesal de la gestión pendiente. Esto ha
motivado a que las Salas de este Tribunal declaren inadmisibles
requerimientos cuando “en el actual estado en que se encuentra la
sustanciación del reclamo en comento, la aplicación del precepto impugnado
no resulta decisiva” (STC Rol N°3.278, c. 7°). Por tanto, esta Magistratura
tendrá presente el estado actual de la gestión pendiente invocada al
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momento de analizar si la norma que la parte requirente pretende
inaplicar es decisiva o no;

9°. Que, según el certificado de la gestión pendiente expedido por
el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión y acompañado a fojas 20, la
causa se encuentra en estado de “proceder a la realización de un inmueble
embargado a la demandada Colegio Campos de Ranco Limitada, inscrito a su
nombre a fojas 696 N°804 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de La Unión del año 2018, una vez que se haya fijado el mínimo
del precio de remate, lo cual depende de un informe pericial que aún no ha
sido evacuado”;

10°. Que, de conformidad con la presentación de fojas 1, el
requirente solicita la declaración de inaplicabilidad del artículo 162, incisos
quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo, por estimar que éste
infringe principios y derechos consagrados en la Constitución Política de la
República. Sin embargo, dicha preceptiva legal, de acuerdo con los
antecedentes de la causa, no es decisiva en la resolución de la gestión
judicial invocada, dado que la causa se encuentra actualmente en la etapa
de cumplimiento -remate-, por lo que la norma impugnada ya fue aplicada
por el juez de fondo en la sentencia de reemplazo dictada con fecha 21 de
enero de 2020 por la Corte de Apelaciones de Valdivia, condenando a la
actora en su calidad de continuadora legal de la “Corporación Educacional
For Faris”, o “Educacional Javiera Viviana Pardo Poveda”, al pago de
diversas prestaciones laborales, siendo el procedimiento de ejecución, la
continuación de aquel juicio declarativo, sustanciado ante el Juzgado de
Letras y Garantía de La Unión;

11°. Que, de lo razonado se concluye que respecto del precepto
impugnado, incisos referidos, del Código del Trabajo, concurre la causal
de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 N° 5, de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, ya que, de los antecedentes
de la gestión judicial pendiente, aparece que la normativa que se impugna
ya fue aplicada en el juicio laboral respectivo y, por tanto, recibió sus
efectos procesales, por lo que el libelo intentado por la parte requirente no
puede prosperar;

12°. Que, asimismo, esta Sala declarará además la inadmisibilidad
del libelo por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 6, de la Ley N°
17.997, esto es, falta de fundamento plausible, atendido a que la
requirente solicita en la petitoria de su presentación que esta
Magistratura ordene al tribunal de cobranza que emita una nueva
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liquidación del crédito, prescindiendo de la aplicación de la norma
impugnada, lo que escapa de la competencia de este Tribunal, pues dicha
materia está entregada por el legislador al juez de fondo. Es éste el
llamado a practicar las liquidaciones que sean procedentes, teniendo las
partes el derecho de objetarlas en la etapa procesal correspondiente y de
interponer los recursos que estimen pertinentes para hacer valer sus
pretensiones;

13°. Que, además, cabe tener presente que en sede de
admisibilidad, y siguiendo lo razonado en resolución recaída en causa Rol
N° 14.479-23, la exigencia constitucional y legal de fundamento plausible o
razonable implica verificar por la Sala respectiva que se está en presencia
de un conflicto constitucional para iniciar un contradictorio en esta sede
por la vía de una acción de inaplicabilidad que debe vincularse con una
gestión pendiente en que la pérdida de vigencia concreta de una
disposición legal debe ser la única forma de hacer valer, en un especial y
concreto caso, la supremacía de la Carta Fundamental.

En el caso sub lite, no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, teniendo en consideración las
características del caso concreto no existen argumentos que permitan
comprender cómo se afectan las garantías y derechos que estima
vulnerados, considerando que la actora objetó la liquidación practicada
por el tribunal, la que fue acogida, ordenándose una nueva liquidación del
crédito.

En estas circunstancias, se concluye por esta Sala que el libelo
intentado no puede prosperar en su admisibilidad, conforme se declarará.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y 6; y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo
resuelto.
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La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, estuvo por declarar
derechamente inadmisible el requerimiento sólo por la causal establecida
en el artículo 84 N° 6, de la Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura. Ello porque el petitorio del requerimiento solicita a esta
Magistratura que ordene “(…) al tribunal que conoce de la gestión pendiente
la emisión de una liquidación del crédito que prescinda de la aplicación de la
norma cuya inaplicabilidad se solicita.” (f. 17). De modo tal, que dicha
petición no posee fundamento plausible ya que excede el objeto procesal
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad establecida en el
artículo 93, inciso primero, numeral 6, de la Carta Fundamental.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.432-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 24/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 24/03/2026 Fecha: 25/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 25/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 25/03/2026




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