TC Rol 17434

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TREINTA Y CINCO


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Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.


VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 16 de marzo 2026, Carlos Patricio Sepúlveda
Sáez, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 19, inciso decimotercero, en la oración: “El interés
que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizar mensualmente”, del D.L. N° 3.500, que establece nuevo sistema
de pensiones, para que ello incida en el proceso RIT A-1-2022, RUC 22-3-
0024579-3, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad
puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que
pueda prosperar, siendo así, impertinente que la Sala efectúe un examen
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare
derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras,
sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788,
1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, y el inciso
decimoprimero del mismo, de la Constitución Política, se complementa
con la preceptiva que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 84 establece en
su inciso primero, numeral 5, que un requerimiento deberá ser
declarado inadmisible, cuando la aplicación del precepto impugnado no
es decisiva en la gestión pendiente;

5°. Que, como antecedentes de la gestión judicial, la parte
requirente explica que la Sociedad Administradora de Fondos de
Cesantía de Chile II S.A., inició juicio ejecutivo por cobro de cotizaciones
impagas por la suma de $811.365 ante el Juzgado de Letras y Garantía de
Carahue. Luego de la primera liquidación realizada por el tribunal con
fecha 21 de agosto de 2022, el monto ascendió a la suma de $39.312.778
pesos, cifra que volvió a incrementarse con la liquidación de fecha 14 de
agosto de 2024, a la suma de $92.579.192.
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TREINTA Y SEIS


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Indica que todas las nulidades procesales presentadas han sido
rechazadas, por lo que se ha proseguido la ejecución en su contra;

6°. Que, al fundar el conflicto constitucional, alega que la aplicación
del precepto impugnado “transgrede principios fundamentales del
ordenamiento jurídico, tales como el Principio Non bis in ídem y el Principio
de Proporcionalidad, infringiendo también derechos y Garantías
Fundamentales, los cuales en virtud del Artículo 5 inciso 2, 6 y 7 todos de la
Constitución Política de la República, deben ser respetados por toda
autoridad” (fojas 6);

7°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad de
un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que
la densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°);

8°. Que, de conformidad con el requerimiento, esta Magistratura
declarará su inadmisibilidad dado que la preceptiva legal impugnada no
es decisiva en la resolución de la gestión judicial invocada.
En efecto, el requirente impugna el artículo 19, inciso
decimotercero, en la oración: “El interés que se determine en conformidad a
lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizar mensualmente”, del D.L.
N° 3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, norma aplicable a
las Administradoras de Fondo de Pensiones, las que en virtud del
procedimiento establecido en la Ley 17.322, sobre cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad, están
obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones
adeudadas y sus reajustes e intereses;
9°. Que, en el caso sub lite, quien demanda ejecutivamente es la
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., regida
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TREINTA Y SIETE


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por la Ley 19.728, que establece un seguro de desempleo y que remite al
procedimiento de cobranza de la Ley N° 17.322. Y, en lo que respecta al
anatocismo, la señalada Ley 19.728, en su artículo 11, inciso cuarto
vigente establece que “[e]n todo caso, para determinar el interés a que se
refiere el inciso anteprecedente, se aplicará la tasa vigente al día primero del
mes anterior a aquél en que se devengue. El interés que se determine en
conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente. La Superintendencia publicará mensualmente los reajustes e
intereses que corresponda aplicar de acuerdo a este artículo”.
En consecuencia, el precepto legal impugnado no tendrá
incidencia en la resolución del asunto de que conoce el Juzgado de Letras
y Garantía de Carahue, ya que la norma aplicable al caso concreto es el
artículo 11, inciso cuarto, de la Ley sobre seguro de desempleo;


10°. Que, de lo razonado, se concluye que respecto del artículo el
artículo 19, inciso decimotercero, del D.L. N° 3.500, concurre la causal de
inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 N° 5, de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, ya que, de los
antecedentes de la gestión judicial pendiente, aparece que el
mencionado precepto no resultará decisivo en la resolución del asunto.
Así, lo ha señalado este Tribunal al resolver “Que el artículo 93, inciso
primero, N° 6, de la Constitución Política exige que el precepto legal pueda
resultar decisivo en la resolución del asunto o gestión pendiente, ‘lo que
implica que la inaplicabilidad declarada deba ser considerada por el juez
llamado a resolverla, tanto en lo que se refiere a los fundamentos de ésta
cuanto a todo otro razonamiento que implique que la decisión del asunto no
resultará contraria a la Constitución’…” (STC Rol N° 1780);


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, numeral 5, y demás pertinentes de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1° Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a fojas 1.A los otrosíes, a todo, estese a lo resuelto.



Notifíquese, comuníquese y archívese.
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TREINTA Y OCHO


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Rol Nº 17.434-26 INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 31/03/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 31/03/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 31/03/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




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