TC Rol 17442

Texto completo

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TREINTA Y NUEVE


Santiago, treintaiuno de marzo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, Constructora Inmobiliaria, Ingeniería y Maquinarias
Prahuen Limitada y don Francisco José Hidalgo Jerardino accionan de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 606 del
Código de Procedimiento Civil, en la gestión seguida ante la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Ingreso Corte N° 3391-2026,
caratulada "INCOFIN Leasing S.A. con Constructora Inmobiliaria, Ingeniería
y Maquinarias Prahuen Limitada", que incide en los autos Rol C-7826-2024,
tramitados ante el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago;

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta
Magistratura;

3°. Que el artículo 93, inciso primero, N° 6, e inciso decimoprimero,
de la Constitución Política, se complementa con la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 84, inciso primero,
numeral 6°, establece que un requerimiento deberá ser declarado
inadmisible cuando carezca de fundamento plausible;

4°. Que el precepto impugnado, el artículo 606 del Código de
Procedimiento Civil, dispone que las sentencias en que se ratifique el
desahucio o se ordene el lanzamiento, las que den lugar a la retención, y
las que dispongan la restitución de la cosa arrendada, en los casos de los
dos artículos anteriores, solo serán apelables en el efecto devolutivo,
tramitándose la apelación como en los incidentes. La inaplicabilidad se
solicita exclusivamente respecto de la regla que concede la apelación en el
solo efecto devolutivo, en cuanto permite que la sentencia de primera
instancia produzca efectos durante la tramitación de los recursos
interpuestos en su contra;

5°. Que los requirentes fundan el conflicto constitucional en la
infracción de los artículos 19 N°s 2, 3 y 26 de la Constitución Política de la
República, y de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 5°, inciso segundo, de la
Carta Fundamental. Sostienen, en síntesis, que la aplicación del precepto
impugnado permite que la sentencia definitiva de primera instancia que
ordenó la restitución del bien arrendado y condenó solidariamente a los
requirentes al pago de obligaciones contractuales, produzca efectos
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CUARENTA


durante la tramitación de los recursos de casación en la forma y apelación
deducidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, afectando la eficacia
práctica del control jurisdiccional de segunda instancia y exponiendo a los
requirentes a consecuencias patrimoniales de difícil reversión;

6°. Que, no obstante, el requerimiento de inaplicabilidad incoado
adolece de falta de fundamento plausible. Debe recordarse que la acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad constituye un instrumento de
control concreto y represivo, mediante el cual se persigue la supresión de
la aplicación de un precepto legal en una gestión judicial determinada, y no
la reformulación abstracta del régimen normativo aplicable a una materia,
prerrogativa que corresponde exclusivamente al legislador. Como
consecuencia de este carácter concreto, la viabilidad del libelo exige que el
conflicto constitucional se encuentre circunscrito y concatenado con el
estado procesal de la gestión pendiente invocada, de modo que el
gravamen o perjuicio alegado sea real, actual y delimitado, y no
meramente hipotético o genérico;

7°. Que, de la lectura del requerimiento no se advierte el desarrollo
de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado que permita
comprender, en términos concretos y vinculados al estado procesal de la
gestión pendiente, la contrariedad a la Constitución que significaría la
aplicación de la norma cuestionada. Los requirentes no han explicado
circunstanciadamente de qué forma concreta y delimitada la aplicación del
artículo 606 del Código de Procedimiento Civil genera, en el caso
específico, una vulneración de las garantías constitucionales invocadas. Las
alegaciones formuladas se articulan en términos genéricos en torno a la
supuesta ineficacia del recurso de apelación derivada del régimen de
efecto devolutivo, sin que dicha argumentación se encuentre concatenada
con las particularidades procesales de la gestión pendiente de modo que
permita sustentar un vicio constitucional concreto que amerite ser
conocido por el Pleno de esta Magistratura.

A este respecto, los propios requirentes dan cuenta de haber
solicitado una orden de no innovar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Santiago, con el objeto de suspender los efectos de la sentencia
recurrida, solicitud que fue rechazada, al igual que la reposición deducida
en su contra. Sin embargo, dicha circunstancia no suple el déficit
argumentativo que afecta al libelo, en cuanto el rechazo de la medida
cautelar ordinaria no equivale a la construcción de un conflicto
constitucional concreto y delimitado, ni releva a los requirentes de la carga
de explicar circunstanciadamente de qué modo la aplicación del precepto
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CUARENTA Y UNO


impugnado produce, en las condiciones específicas de la gestión
pendiente, una contravención a los preceptos de la Carta Fundamental que
se denuncian como infringidos. La acción de inaplicabilidad no puede
operar como un mecanismo de revisión o sustitución de las decisiones
adoptadas por el tribunal de la gestión en el ejercicio de sus facultades
cautelares.

8°. Que, en consecuencia, no habiéndose fundado suficientemente
el conflicto constitucional planteado en torno a la aplicación concreta de la
norma legal cuestionada en la gestión judicial pendiente, corresponde
declarar la inadmisibilidad del presente requerimiento, por concurrir la
causal prevista en el artículo 84, numeral 6°, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA: derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a lo principal, de fojas 1, a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.442-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 01/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 01/04/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 01/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery Romero y señora
Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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CUARENTA Y DOS


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




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