TC Rol 17443

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QUINIENTOS TREINTA Y SIETE


Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.


VISTOS Y CONSIDERANDO:
1°. Que, con fecha 17 de marzo de 2026, Empresa de Desarrollo Pesquero de
Chile S.A. (EMDEPES) acciona de inaplicabilidad respecto de los artículos 1°, 2° y
primero transitorio de la Ley N° 21.752, que fija un nuevo fraccionamiento entre el
sector pesquero artesanal e industrial, en el proceso Rol N° 27-2026, seguido ante la
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en conocimiento de la Excma. Corte Suprema,
bajo el Rol N° 10.547-2026.
2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta Magistratura, siendo
acogido a trámite con fecha 7 de abril de 2026, según consta a fojas 66, confiriéndose
traslado a las demás partes de la gestión para examinar el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad;
3°. Que, contextualizando el conflicto constitucional, la requirente sostiene
que bajo el régimen instaurado por la Ley N° 20.657, de 2013, se crearon las Licencias
Transables de Pesca como derechos patrimoniales plenos divisibles, transferibles,
transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico, con un fraccionamiento de
cuotas de captura asegurado hasta el año 2032 mediante su artículo sexto transitorio.
De tal manera, explica que la Ley N° 21.752 derogó expresamente ese
fraccionamiento y lo sustituyó por uno nuevo que reduce la base de cálculo de la cuota
industrial, afectando el contenido económico de sus licencias. Por ello arguye un
conflicto constitucional desde la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución,
al configurarse una expropiación regulatoria sin indemnización, del artículo 19 N° 26,
al afectarse la esencia del derecho de propiedad y del artículo 19 N° 20, al imponerse
al sector industrial una carga pública singular que debiera ser soportada por la
colectividad. Adicionalmente, refiere que bajo el Acuerdo de Asociación Económica
Estratégica entre Chile y Japón EMDEPES forma parte de un grupo empresarial con
capital japonés cuyas inversiones resultarían protegidas por dicho instrumento;
4°. Que, evacuó traslado el Consejo de Defensa del Estado, en representación
del Fisco de Chile, y formularon observaciones Aquality Limitada y el Consejo
Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, Asociación Gremial
(CONDEPP A.G.), quienes fueron tenidos como terceros interesados en el proceso de
autos a fojas 502, con fecha 29 de abril de 2026.
El Consejo de Defensa del Estado invocó las causales de los numerales 5° y 6°
del artículo 84 de la Ley N° 17.997, argumentando, en síntesis, que los preceptos
impugnados no resultan decisivos en la gestión pendiente y que el requerimiento
plantea un control abstracto de constitucionalidad que desnaturaliza la acción de
inaplicabilidad, al abarcar cerca del 60% del articulado de la ley.
A su vez, Aquality Limitada y CONDEPP A.G. sostuvieron, en lo sustancial, que
EMDEPES opera únicamente en el área comprendida entre las regiones de Los Lagos
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QUINIENTOS TREINTA Y OCHO


y de Magallanes, por lo que la mayoría de los preceptos impugnados no tendrían
aplicación porque inciden en las demás pesquerías reguladas por la ley,
configurándose la causal del numeral 5° y que la invocación del Acuerdo de
Asociación Económica Estratégica entre Chile y Japón como parámetro de control
constitucional carece de fundamento plausible, configurándose adicionalmente la
causal del numeral 6°;
5°. Que, compareció, asimismo, Nissui América Latina S.A., sociedad matriz
del grupo empresarial al que pertenece EMDEPES, siendo tenida como tercero
interesado en el proceso de autos a fojas 529, con fecha 5 de mayo de 2026.
Argumentó la admisibilidad del requerimiento, sosteniendo, en lo esencial, que existe
una gestión pendiente real y vigente ante la Excma. Corte Suprema, que los decretos
impugnados en dicha gestión son aplicación directa e imperativa de la Ley N° 21.752 y
que el requerimiento desarrolla una tesis fundada sobre la naturaleza de las licencias
transables de pesca como derechos de propiedad constitucionalmente protegidos;
6°. Que, esta Sala convocó a las partes a alegar en estrados acerca de la
admisibilidad del requerimiento, alegatos que se verificaron en audiencia del día 5 de
mayo de 2026;
7°. Que, luego de los alegatos de admisibilidad y examinado el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad de la ley en
la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la
acción constitucional deducida puede prosperar solo parcialmente, debiendo
distinguirse entre los preceptos impugnados según concurran o no los requisitos
exigidos por el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución Política, en relación con
los artículos 83 y 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional;
8°. Que, en lo que respecta al artículo 1° de la Ley N° 21.752, corresponde
precisar que la acción de inaplicabilidad es un control concreto de constitucionalidad.
No recae sobre la norma en abstracto, sino sobre los efectos que su aplicación
produce en una gestión pendiente determinada, respecto de una parte con una
situación jurídica precisa. El conflicto de constitucionalidad debe ser concreto y
fundado en la incidencia efectiva del precepto sobre el caso particular del requirente
(Roles N°s 15.196, c. 13° y 13.620, c. 20°). Sin embargo, en autos es impugnado el
precepto en su integridad, que regula veintiún recursos hidrobiológicos distintos en
diversas áreas geográficas del país, pese a que articula su conflicto constitucional
únicamente en torno a dos de ellos.
9°. Que, desde esa perspectiva, el conflicto que la requirente funda de manera
concreta y plausible se circunscribe a las pesquerías en que EMDEPES efectivamente
opera, en el área marítima comprendida por las regiones de Los Lagos, de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena. Son
precisamente esas pesquerías las que han sido objeto de los Decretos Exentos N°s 272
y 273, de 2025, del Ministerio de Economía, impugnados en el recurso de protección
que sirve de gestión pendiente, reguladas en los numerales 10 y 11 del artículo 1° de la
Ley N° 21.752, respectivamente. Respecto de ellos, el estándar argumentativo se
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cumple, en tanto la requirente desarrolla un conflicto de constitucionalidad concreto
que puede incidir en la resolución de la gestión pendiente;
10°. Que, en cambio, los restantes numerales del artículo 1° regulan el
fraccionamiento de otras pesquerías en áreas geográficas donde la requirente no
opera con sus licencias, por lo que no guardan relación con el conflicto constitucional
concreto que se plantea en la gestión invocada. Impugnar la totalidad del artículo 1°
equivale, en esa medida, a atacar de manera genérica el sistema de fraccionamiento
establecido por la ley, más allá de la situación jurídica particular de la requirente.
Como ha señalado esta Magistratura, no puede considerarse razonablemente
fundado un requerimiento que en lo esencial ataca de manera abstracta un sistema
(Roles N°s 2.970, cc. 6° y 7°; 4.702, c. 6°; 2.151, c. 11°; 13.620, c. 22°; 15.196, c. 13°).
Concurre, por tanto, la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N° 6 de la
Ley N° 17.997 respecto de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 y 21 del artículo 1° de la Ley N° 21.752;
11°. Que, en lo que respecta al artículo 1° transitorio de la Ley N° 21.752, esta
Sala declarará su inadmisibilidad por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5
de la Ley N° 17.997. La preceptiva en cuestión establece la oportunidad de entrada en
vigencia del nuevo fraccionamiento, disponiendo que este regirá desde la siguiente
oportunidad en que corresponda fijar cuotas globales de captura y que no podrá
entrar en vigor antes de tres meses desde la publicación de la ley. Se trata de una
norma de vacancia cuyo contenido normativo se agotó al momento en que el
fraccionamiento entró efectivamente en vigencia para el año 2026, que es
precisamente la oportunidad en que fueron dictados los Decretos Exentos
impugnados en la gestión pendiente.
En este sentido, si la aplicación del precepto “ya acaeció, produjo sus efectos y
se agotó”, no es posible considerarla decisiva en la resolución del asunto pendiente,
toda vez que la declaración de inaplicabilidad ya no tendría la virtud de evitar el efecto
inconstitucional que le da sentido (Roles N°s 1.546, 2.543, 2.547 y 5.366, entre otros).
Al haberse ya aplicado y agotado sus efectos en la fase en que se fijaron las cuotas
para el año 2026, el artículo 1° transitorio no resulta decisivo para la resolución del
asunto actualmente ventilado ante la Excma. Corte Suprema.
12°. Que, sin perjuicio de lo razonado, en lo que respecta al artículo 2° de la
Ley N° 21.752, que deroga expresamente el artículo sexto transitorio de la Ley N°
20.657, esta Sala estima que se desarrolla un específico cuestionamiento de
constitucionalidad concreto que puede incidir en la gestión pendiente, cuestión que
posibilita realizar una distinción en lo resolutivo de esta decisión.
En virtud de lo anterior corresponde declarar únicamente la admisibilidad
parcial del libelo de fojas 1, en los términos ya expuestos.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, N°s
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5 y 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,


SE DECLARA:
1°. Que se declara admisible el requerimiento deducido a fojas 1 en lo que
respecta a la impugnación dirigida contra los numerales 10 y 11 del artículo 1° y el
artículo 2° de la Ley N° 21.752. Se declara inadmisible en lo demás. Conforme a lo
resuelto, modifíquese la carátula del presente expediente.
2°. Manténgase la suspensión decretada en autos.
3°. Notifíquese la presente resolución a todas las partes de la gestión judicial
en la que incide el requerimiento, confiriéndoles un plazo de veinte días para que
formulen observaciones y presenten antecedentes.
4°. Póngase el requerimiento de autos en conocimiento de la Cámara de
Diputadas y Diputados, del Senado y del Presidente de la República, enviándoles
copia del mismo y confiriéndoles un plazo de veinte días para formular observaciones
y presentar antecedentes.


Acordado con el voto en contra de los Ministros señor Raúl Eduardo Mera
Muñoz y señora Marcela Inés Peredo Rojas, quienes estuvieron por declarar la
inadmisibilidad íntegra del requerimiento de autos, considerando lo dispuesto en el
artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997. Al efecto tienen presente que el libelo no plantea
un conflicto concreto de constitucionalidad referido a preceptos legales
determinados, sino que cuestiona en términos amplios y abstractos el nuevo régimen
de fraccionamiento instaurado por la Ley N° 21.752, lo que desnaturaliza la acción de
inaplicabilidad, concebida para excluir la aplicación de un precepto legal específico en
una gestión concreta y no para impugnar un sistema normativo en su integridad. En
dicho sentido, el libelo se ha estructurado sobre un juicio de mérito sobre una opción
de política legislativa, en relación con la redistribución del acceso a los recursos
pesqueros entre sectores, cuestión que excede el ámbito propio del control concreto
de constitucionalidad que corresponde ejercer a esta Magistratura.


El Ministro señor Mario René Gómez Montoya estuvo por declarar la
admisibilidad íntegra del requerimiento de autos al no verificarse en la especie
ninguna de las causales contempladas en el artículo 84 de la Ley N° 17.997.


Notifíquese. Comuníquese.
Rol N° 17.443-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 12/05/2026
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Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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