TC Rol 17448

Texto completo

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QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 17.448-26 CPR

[7 de mayo de 2026]
____________



CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO POSITIVO, EL CUIDADO
INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES, Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL ADULTO
MAYOR, CONTENIDO EN LOS BOLETINES N°S 13.822-07, 12.451-13
Y 12.452-13, REFUNDIDOS


VISTOS Y CONSIDERANDO:



I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio Nº 77/SEC/26, de fecha 17 de marzo de 2026, el H.
Senado ha remitido copia autenticada del proyecto de ley para promover el
envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el
fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, contenido en los Boletines
N°s 13.822-07, 12.451-13 y 12.452-13, refundidos, con el objeto de que este Tribunal
Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 1°,
de la Constitución Política de la República, ejerza el control preventivo de
constitucionalidad respecto del inciso tercero, última oración, del artículo 21; del
inciso tercero del artículo 23; del número 1 del artículo 28; del artículo 30; del número
10 del artículo 31; y de los artículos segundo, cuarto y quinto transitorios del proyecto
de ley.

SEGUNDO: Que, el Nº 1 del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el



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QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO




control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de
las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias
propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando
anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto
de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente
ha reservado a una ley orgánica constitucional.



II. NORMATIVA DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDA A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, del oficio remisor antes identificado, del oficio N° 93/SEC/26
que rola a fojas 541, y de la tramitación legislativa se colige que la normativa del
proyecto de ley que ha sido sometida a control de constitucionalidad corresponde a la
que se transcribe a continuación:



“Artículo 21.- (…)

Los gobiernos regionales y las municipalidades podrán definir instancias de
participación para presentar propuestas durante este proceso de elaboración.

(…)



Artículo 23.- (…)

Las personas mayores víctimas de abandono social también podrán concurrir ante el
tribunal con competencia en asuntos de familia dentro del territorio jurisdiccional de su
residencia o domicilio para que adopte las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
Dicho procedimiento judicial se substanciará de acuerdo con las normas establecidas en el
Párrafo quinto del Título IV de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y en lo no
previsto en ellas, por las disposiciones de su Título III.

(…)



Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968, que crea
los Tribunales de Familia:

1. Incorpórase, en el artículo 8°, el siguiente numeral 17), nuevo, pasando el actual
numeral 17) a ser numeral 18):

“17) Los asuntos relativos a las personas mayores respecto de los cuales sea necesario
adoptar alguna de las medidas a que se refiere el Párrafo quinto del Título IV.”.

(…)



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QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE




Artículo 30.- Añádese, en el artículo 15 de la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, el siguiente inciso segundo,
nuevo:



“El Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia deberá sesionar una vez al
año, a lo menos, para conocer de las materias establecidas en el artículo 1°, relacionadas con
personas mayores. Dicha instancia, entre otros asuntos, deberá conocer de los informes anuales
elaborados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor sobre el estado general de la vejez y el
envejecimiento a nivel nacional y regional; aprobar la propuesta de Política Nacional de
Envejecimiento, cuando corresponda, y conocer del plan estratégico para las personas mayores
y su estado de implementación”.



Artículo 31.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.828, que crea
el Servicio Nacional del Adulto Mayor:

(…)

10. Reemplázase el artículo 12, por el siguiente:

“Artículo 12.- Créanse los Comités Regionales para el Adulto Mayor, en adelante los
“Comités”, como órganos colaboradores del Servicio encargados de administrar, de acuerdo al
reglamento, el Fondo Concursable para el Adulto Mayor, y los demás recursos que le sean
donados o legados para fines específicos, y asesorar al gobernador regional en la promoción y
aplicación a nivel regional de los planes y programas relativos a las personas mayores, en
conformidad con los lineamientos propuestos por la Política Nacional de Envejecimiento y los
Consejos Regionales de las Personas Mayores.

Los Comités serán presididos por el gobernador regional, su secretaría ejecutiva
radicará en el Director Regional del Servicio, y estarán integrados por los secretarios regionales
ministeriales de los ministerios que determinen el Secretario Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia y el Director Regional del Servicio. Asimismo, se integrarán
representantes de las municipalidades y de las organizaciones civiles de la región que presten
servicios o realicen trabajos directos con personas mayores. El mecanismo y porcentaje de
representación serán determinados por el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social
y Familia y por el Director Regional del Servicio, de acuerdo a criterios objetivos.

En todo lo demás, los Comités se regirán por el reglamento.”.

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(…)




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QUINIENTOS CINCUENTA




Artículo segundo.- Los Consejos Asesores Regionales de las Personas Mayores a que
hace referencia el artículo 5° ter de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto
Mayor, incorporado a dicha norma por el numeral 6 del artículo 31 de la presente ley, serán los
continuadores legales de los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores creados
mediante el decreto supremo N° 8, de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

(…)



Artículo cuarto.- La Política Nacional de Envejecimiento a la que se refiere el artículo
21, deberá dictarse en un plazo máximo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de
la presente ley. La Política Nacional de Envejecimiento señalada anteriormente sucederá a la
“Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2015 – 2025.

(…)



Artículo quinto.- Al tercer año desde su entrada en vigencia, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia en conjunto con el Ministerio de Hacienda deberán evaluar e
informar respecto de la implementación y aplicación de la presente ley. El informe deberá
considerar especialmente las acciones del Estado y formular propuestas para mejorar la
aplicación de la ley, de existir antecedentes que así lo justifiquen.

El informe será remitido a la Comisión que corresponda del Senado; y a las Comisiones
de Personas Mayores y Discapacidad, de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social,
Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados. El referido informe deberá
publicarse en el sitio electrónico de los ministerios respectivos.”.

(…)



III. NORMAS NO CONSULTADAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO
SOBRE LAS CUALES SE HA PRODUCIDO DISCUSIÓN EN TORNO A SU
EVENTUAL NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

QUINTO: Que, no obstante que el proyecto de ley fue remitido para control
de constitucionalidad respecto de la preceptiva identificada en la considerativa
primera, este Tribunal, en ejercicio de sus facultades, examinó la eventual naturaleza
de ley orgánica constitucional de las siguientes disposiciones no consultadas por el
Congreso Nacional:



“Artículo 7.- Acceso a la justicia. Para resguardar el ejercicio de los derechos de las
personas mayores que intervengan como parte, testigo o perito en un procedimiento judicial, y
especialmente su derecho de acceso a la justicia, los tribunales deberán propender al
cumplimiento de las siguientes medidas:




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1. Velar por que se respete el principio de igualdad y no discriminación arbitraria por
razones de edad en la tramitación de los procesos judiciales en los que intervengan personas
mayores en las calidades señaladas en el encabezamiento de este inciso.

2. Resguardar en las decisiones judiciales el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
de las personas mayores, y su derecho a la seguridad, a una vida libre de violencia y maltrato,
a recibir un trato digno, y a ser respetado y valorado sin ningún tipo de discriminación.

3. Promover y garantizar la debida diligencia y una atención preferente y prioritaria
en todos los procesos judiciales en los que intervengan personas mayores en las calidades
señaladas en el encabezamiento de este inciso, y asegurar siempre el respeto a las garantías del
debido proceso. En los casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor,
cuando ésta sea interviniente en las mismas calidades referidas previamente, se propenderá a
la priorización de la atención y agilización del procedimiento si se trata de las actuaciones
efectuadas ante los tribunales de justicia.

Lo dispuesto en los numerales anteriores también será aplicable a los auxiliares de la
administración de justicia, en lo que corresponda a sus funciones dentro de un procedimiento.

(…)

Artículo 11.- (…)

Las personas mayores y las organizaciones que las representen participarán en el
Comité Consultivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor y en los Consejos Asesores
Regionales de Personas Mayores, en conformidad con la ley N° 19.828, que crea el Servicio
Nacional del Adulto Mayor. Estos últimos tendrán el carácter de consejos de la sociedad civil,
de acuerdo con el artículo 74 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el
decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.”.

(…)



IV. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
QUE ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
RELACIONADA CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

SEXTO: Que, los artículos 38 inciso primero, 77 inciso primero, 111 inciso
tercero y 118 inciso quinto de la Constitución Política de la República, establecen que
son propias de ley orgánica constitucional las materias que en él se indican y cuyo
contenido a continuación se transcribe:



"Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de
la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter




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técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de
ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes”.

(…)

Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y
atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración
de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que
respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la
profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

(…)

Artículo 111. (…)

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional,
correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica
constitucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados
para el cumplimiento de la función administrativa. Asimismo, le corresponderá la
coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.

(…)

Artículo 118. (…)

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las
municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el
alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de
la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a
plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.".

(…)



V. CALIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY
SOMETIDAS A EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos segundo y
sexto, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley
remitido que pudieran estar comprendidas en las materias que la Constitución ha
reservado a una ley orgánica constitucional.

De conformidad al oficio remisor, del oficio N° 93/SEC/26 y de la tramitación
legislativa del proyecto de ley se colige que se ha calificado como normativa orgánica
constitucional el inciso tercero, última oración, del artículo 21; el inciso tercero del
artículo 23; el número 1 del artículo 28; el artículo 30; el número 10 del artículo 31 y
los artículos segundo, cuarto y quinto transitorios del proyecto de ley.




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OCTAVO: Que, sin perjuicio de la calificación efectuada por el Congreso
Nacional, este Tribunal, en ejercicio de su competencia para determinar el ámbito de
las leyes orgánicas constitucionales, concluye que la única disposición que reviste
dicha naturaleza en el proyecto remitido corresponde al artículo 28 N° 1 del proyecto
de ley en examen.

NOVENO: Que, examinadas las otras disposiciones del proyecto de ley
remitido en torno a su eventual incidencia en asuntos reservados al legislador
orgánico constitucional, deben calificarse aquellas como propias de legislación
común, al no incidir en los aspectos competenciales determinados en las disposiciones
antes indicadas ni en otra preceptiva de igual naturaleza, según se razonará.



1. El proyecto de ley en que se inserta la normativa en examen

DÉCIMO: Que, como fuera expuesto en el Mensaje Presidencial que inicia la
tramitación legislativa del proyecto de ley, correspondiente a los Boletines N°s 13.822-
07, 12.451-13 y 12.452-13, refundidos, éste tiene por objeto promover el envejecimiento
digno, activo y saludable de todas las personas, y establecer un marco integral para la
protección del ejercicio y goce de los derechos y libertades de las personas mayores,
reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
y otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, a fin de
contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

DÉCIMO PRIMERO: Que el proyecto se compone de 31 artículos
permanentes y 7 disposiciones transitorias, estructurados en cinco títulos. El Título
Preliminar establece el objeto, principios y conceptos de la ley. El Título I reconoce y
regula los derechos de las personas mayores y las acciones del Estado en la materia,
abarcando desde el derecho a la igualdad y no discriminación hasta los derechos a la
conectividad, privacidad e intimidad. El Título II regula la Política Nacional de
Envejecimiento, sus deberes generales, contenidos y líneas de acción. El Título III
define y regula el abandono social de la persona mayor y los mecanismos para su
protección. El Título IV establece medidas de fomento del acceso y participación de
las personas mayores en actividades de carácter cultural, artístico o deportivo.

A su vez, el Título V del proyecto contiene modificaciones legales. El artículo
28 introduce modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia,
estableciendo un nuevo procedimiento judicial de protección en favor de las personas
mayores víctimas de abandono social. El artículo 29 incorpora un Capítulo XI nuevo
en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, regulando el contrato del trabajador
adulto mayor. El artículo 30 modifica la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. El artículo 31 introduce diversas modificaciones en la ley
N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, fortaleciendo su
institucionalidad y ampliando sus funciones y atribuciones.



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2. Consideraciones interpretativas generales sobre normativa orgánica
constitucional

DÉCIMO SEGUNDO: Que, para el ejercicio de la competencia otorgada
conforme al artículo 93, inciso primero, N° 1° de la Constitución Política de la
República, rigen criterios interpretativos ya fijados en jurisprudencia sostenida de esta
Magistratura con el objeto de delimitar el campo específico de cada normativa
orgánica constitucional, a efectos de diferenciarlas de los preceptos constitucionales y
sus leyes interpretativas y de la ley común, según se razonara en STC Rol N° 4, c. 4°.
Dichas consideraciones han sido extensamente desarrolladas en recientes
pronunciamientos, en aras de permitir el desarrollo de una jurisprudencia con
pretensión de estabilidad para el ejercicio de la competencia en sede de control
preventivo (STC Roles N°s 15.043, c. 8°; 15.525, c. 10°; 16.024, c. 10°; 16.051, c. 10°;
17.010, c. 9° y 17.342, c. 18).

DÉCIMO TERCERO: Que, un razonamiento transversal en la
jurisprudencia referida consiste en que el texto fundamental restringe el carácter
orgánico constitucional a materias específicas que ella misma señala, sin que
corresponda extenderla a las demás prescripciones contenidas en una ley o artículo
de ella que no traten específicamente de las materias enumeradas, resultando
improcedente “extender el ámbito de aplicación de las leyes orgánicas constitucionales más
allá de lo necesario y permitido por la Constitución” (STC Rol N° 50, c. 8°).

De este modo, las leyes orgánicas constitucionales son aquellas expresamente
previstas en la Constitución para ámbitos específicos determinados y por su carácter
excepcional no pueden ser extendidas a otros aspectos, debiendo ser interpretadas en
forma restrictiva conforme se infiere de su naturaleza. Ellas han sido incorporadas a
la Carta Fundamental, restrictivamente y en forma excepcional, para regular, en lo
medular, ciertas instituciones básicas (STC Rol N° 17.330, c. 11°).

DÉCIMO CUARTO: Que, esta conceptualización guarda coherencia con
aproximaciones doctrinarias y de derecho comparado. Como ha sido reconocido, la
normativa orgánica constitucional constituye “una de las manifestaciones del interés del
constituyente de 1980 por limitar la capacidad reguladora de la ley” (Zapata Larraín, Patricio
(2024). Justicia Constitucional. Santiago: Legal Publishing Chile, 1° edición, p. 208), por
lo que toda ampliación de su ámbito competencial constituye “una restricción al
principio mayoritario” (Aldunate Lizana, Eduardo (2010). “Interpretación
constitucional y decisión política”. Pro Jure. Revista De Derecho - Pontificia Universidad
Católica De Valparaíso, p. 48).

DÉCIMO QUINTO: Que, este criterio sobre el alcance del ámbito
competencial de las leyes orgánicas constitucionales igualmente guía los
razonamientos del presente fallo. Lo anterior no dice relación únicamente con una
justificación de reglas supra mayoritarias, atendido el quórum actual fijado en el
artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, sino con la excepcionalidad de



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que determinados ámbitos de regulación legislativa sean objeto de revisión en sede
de control preventivo obligatorio por esta Magistratura. Lo anterior en la comprensión
de que ello no implica, en ningún caso, abdicación de sus potestades sino la
comprensión del ámbito de su ejercicio en un sistema constitucional democrático de
Derecho, como fuera refrendado en STC Rol N° 16.024, c. 16° y recientemente en la
STC Rol N° 17.342-26, c. 18°.



3. El contenido competencial del artículo 38 inciso primero de la
Constitución

DÉCIMO SEXTO: Que, esta Magistratura ha determinado el sentido y alcance
del artículo 38 inciso primero de la Constitución mediante diversos pronunciamientos.
Así consta en STC Roles N°s 15.043-23, 15.169-24, 15.796-24, 16.024-24 y 16.189-24,
entre otras.

De tal manera, se ha asentado que desde la literalidad del precepto
constitucional son materias propias del legislador orgánico constitucional: (i) la
organización básica de la Administración Pública; (ii) la garantización de la carrera
funcionaria; (iii) los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse
la carrera funcionaria; (iv) el aseguramiento de la igualdad de oportunidades de
ingreso a la carrera funcionaria; y (v) y el aseguramiento de la capacitación y el
perfeccionamiento de los integrantes de la Administración Pública.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en lo que concierne específicamente a la
organización básica de la Administración Pública, se ha resuelto que esta expresión
dice relación con sus elementos “característicos o esenciales” (Cea Egaña, José Luis
(2013). Derecho Constitucional Chileno. Santiago: Ediciones Universidad Católica de
Chile, t. III, pp. 173-174), contenidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, de 5 de diciembre de 1986, examinada por
el Tribunal en la STC Rol N° 39-86. Este carácter esencial de dicha Ley es propio de la
pretensión del legislador, en cumplimiento al mandato constitucional, de contar con
un estatuto legal que contenga “la organización básica de la Administración Pública”,
es decir, un “verdadero estatuto básico de la Administración del Estado”, al tiempo
que constituye, precisamente, una “ley de bases”, conforme a lo expresado en STC Rol
N° 15.043-23, c. 9° y STC Rol N° 15.796-24, c. 22°.

Este criterio sustantivo de interpretación recogido en los fallos
individualizados fue identificado ya en la STC Rol N° 39-86, permitiendo establecer
que el artículo 38 inciso primero de la Constitución convoca al legislador orgánico
constitucional únicamente respecto de sus “normas fundamentales o generales, sin que
pueda entrar a los detalles relacionados con la administración”. Así, la ley común está
prevista por la Constitución para el desarrollo de diversos aspectos de los órganos
administrativos en sus ámbitos competenciales, por lo que ninguno de éstos puede
exceder dicho ámbito, y ello porque los órganos de la Administración son



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heterogéneos, de modo que no pueden sino compartir una normativa básica (STC Rol
N° 2367-12, cc. 16° y 17°).

DÉCIMO OCTAVO: Que, en lo pertinente, la STC Rol N° 15.169-24, c. 10°,
siguiendo lo previamente analizado en la STC Rol N° 2367-12, c. 20°, sostuvo que “[l]os
órganos de la administración del Estado operan a través de unidades o centros que imputan su
actividad a la entidad jurídica de la que forman parte”, por lo que “la organización de un
órgano de la Administración supone que éste ya fue creado por la autoridad correspondiente.
Por lo mismo, organizarlo es adecuar los medios necesarios para su funcionamiento” (c. 21°).
La Carta Fundamental crea directamente algunos órganos y convoca a la ley orgánica
constitucional para establecer su organización, como sucede, por ejemplo, respecto de
la organización del Banco Central (artículo 108) y de la Contraloría General de la
República (artículo 99 inciso final). Distinto es entonces el caso de la Administración
Pública, por cuanto la Constitución convoca a la ley orgánica constitucional sólo para
regular su “organización básica”. En lo restante, su normativa es ámbito de definición
legislativa de orden común.

De tal manera, las normas que “dicen relación con las funciones que está llamado a
desempeñar el nuevo servicio y no con su configuración [...] no tienen naturaleza orgánica
constitucional y, en consecuencia, no forman parte de la ley a que se refiere el artículo 38, inciso
primero, de la Constitución” (STC Rol N° 1031-08, c. 7°). Los pronunciamientos en STC
Rol N° 2205-12, c. 7° y STC Rol N° 2245-12, c. 6° ratificaron tal razonamiento.

DÉCIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, la delimitación del ámbito
orgánico constitucional surge en la correlación entre el artículo 38 inciso primero de
la Constitución con lo establecido en sus artículos 63, N° 14, y 65 inciso cuarto, N° 2.
El constituyente ha distinguido entre la organización misma y la creación de “nuevos
servicios públicos (...) y determinar sus funciones o atribuciones”, materia de ley simple o
común bajo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por ello, la STC Rol
N° 15.139-24, al examinar la Ley N° 21.658, en criterio mantenido en la STC Rol N°
15.169-24, c. 10°, asentó que es necesario identificar una alteración a la organización
básica de la Administración del Estado para estimar la faz competencial de la ley
orgánica constitucional.



4. El contenido competencial del artículo 77 inciso primero de la
Constitución

VIGÉSIMO: Que, corresponde igualmente identificar el marco competencial
del legislador orgánico constitucional previsto en el artículo 77 inciso primero de la
Constitución. Los criterios para ello han sido definidos en pronunciamientos
múltiples por esta Magistratura, existiendo fallos recientes en causas Roles N°s 15.368,
15.380, 15.525, 15.619 y 15.796, adjudicando sentido a la oración “organización y
atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración
de justicia en todo el territorio de la República”. Todo ello en remisión a la temprana



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jurisprudencia del Tribunal consignada en STC Rol N° 4, c. 4°, desarrollado en STC
recaídas en Roles N° 297, N° 1243, N° 1528, N° 1583, N° 2649, N° 2713 y N° 8297.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en síntesis, se ha resuelto que el concepto
“organización” de los tribunales “se refiere a la estructura básica del Poder Judicial en cuanto
ella no está reglada por la propia Carta Fundamental, pues dice relación con lo necesario para
la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República", como
expresamente se refiere en STC Rol N° 4, c. 4°, desarrollándose tal conceptualización
durante la primera etapa en que fue ejercido el control preventivo de
constitucionalidad de leyes orgánicas constitucionales para examinar el alcance del
artículo 74, actual artículo 77 de la Constitución, en STC Roles N° 9, N° 62, N° 131 y
N° 171, Rol N° 271, c. 14°, en criterios que fueron refrendados en STC Rol N° 15.525,
c. 13° y STC Rol N° 15.796, c. 29°.

En paralelo, se ha resuelto que el concepto de “atribuciones”, está referido a
“competencia”, la que corresponde a la “facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer
de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus funciones”, por lo que ha de
entender comprendidas sólo las reglas que digan relación con aquella, sea esta
absoluta o relativa, o si se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la
“jurisdicción” (STC Rol N° 15.796-24, c. 29°).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, igualmente se ha resuelto que el
establecimiento de reglas relativas a la ritualidad procedimental no alcanza al
legislador orgánico constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 77 inciso
primero de la Constitución y se enmarca, más bien, en el ámbito de su artículo 63 N°
3 conforme latamente se ha desarrollado en STC Roles N°s 15.796-24, c. 30°, y 15.043-
23, c. 16°, en línea con lo ya asentado en 3130-16, 32°. La Carta Fundamental a estos
efectos diferencia reglas orgánicas para organización y atribuciones de los tribunales
de reglas procesales que regulan el enjuiciamiento, las cuales exceden el marco de lo
reservado por el precepto constitucional, no guardando relación con la esfera de
acción determinada por la competencia otorgada, sino con la forma o manera en que
el tribunal respectivo debe resolver la contienda que la ley ha entregado a su
conocimiento.

Lo anterior, resulta igualmente de la necesaria interpretación armónica del
texto constitucional, en tanto las leyes orgánicas constitucionales sólo pueden regular
aquellos determinados aspectos que la propia Constitución menciona, especialmente
al tener en consideración lo dispuesto en su artículo 63 N° 1, pues sólo son materias
de ley: “Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas
constitucionales”. Por regla general el resto de las materias son objeto de ley simple. Así
se ha entregado al legislador común en el artículo 63, N° 3 constitucional regular las
cuestiones que son propias de la “codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra”,
aspecto que involucra “[el] procedimiento que han de seguir los jueces a que alude dicho
precepto en ejercicio de su competencia”. Así fue fallado en STC Rol N° 271, c. 10°, en línea
con Rol N° 15.796, c. 30°, resultando coherente con ello también la incorporación del



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inciso final del artículo 77 de la Constitución, según la historia de su establecimiento,
en cuanto mediante el uso de la expresión “así como" la Constitución delimita el marco
de la ley orgánica constitucional reservada a la regulación de la “organización” y
“atribuciones” de los tribunales y no respecto a las “leyes procesales que regulen un sistema
de enjuiciamiento” (STC Rol N° 15.525-24, c. 14°).



5. La ley orgánica constitucional contenida en el artículo 111 inciso tercero
de la Constitución Política

VIGÉSIMO TERCERO: Que el alcance competencial del artículo 111 inciso
tercero de la Constitución Política de la República fue objeto de desarrollo por esta
Magistratura en la STC Rol N° 17.298-26, cc. 11° a 14°, a partir del análisis efectuado
en la STC Rol N° 4179-18. De dicho desarrollo se extrae que el inciso tercero del
artículo 111 de la Carta Fundamental reserva al legislador orgánico constitucional la
regulación de las funciones y atribuciones del gobernador regional, en su calidad de
órgano ejecutivo del Gobierno Regional, en coordinación con los demás órganos y
servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

VIGÉSIMO CUARTO: Que los conceptos de “funciones” y “atribuciones”
fueron precisados por esta Magistratura en los referidos pronunciamientos. Las
“funciones” corresponden a aquellas materias sustantivas que el legislador orgánico
constitucional desarrolla para el adecuado ejercicio de la misión constitucional del
gobierno regional, tales como el ordenamiento territorial, el fomento de actividades
productivas y el desarrollo social y cultural. En su faz material, cada función “posee
características esenciales o inherentes a ella, las cuales emanan de la sustancia, materia
o contenido de los asuntos que trata” (Cea Egaña, José Luis (1999). Teoría del
Gobierno. Ed. Universidad Católica de Chile, p. 79). Las “atribuciones”, por su parte,
corresponden a las potestades con que se dota a los gobiernos regionales para el
cumplimiento de dichas funciones, esto es, los instrumentos jurídicos que
operativizan su ejercicio en el marco de la ley orgánica constitucional (STC Rol N°
4179-18, cc. 22° a 24°).

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en consecuencia, inciden en el ámbito
competencial del legislador orgánico constitucional aquellas disposiciones que
innoven en las referidas funciones y atribuciones de los gobiernos regionales,
confiriendo nuevas facultades o modificando las ya establecidas. Por el contrario,
recaen en el ámbito de la ley común aquellas normas que se limitan a especificar o
remitir a competencias ya contempladas en el texto de la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, sin alterar ni innovar en lo
ya previsto. Como ha resuelto este Tribunal, “lo llamado por el texto fundamental a
ser regulado bajo normativa orgánica constitucional ya existe, sin que pueda derivarse
una modificación. No se innova en atribuciones que detenta el Gobierno Regional en




12
0000559
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE




su ámbito de competencia” (STC Rol N° 16.024-24, c. 37°; en igual sentido, STC Roles
N°s 17.298-26, c. 14°; 15.982-24, c. 10°; 14.980-23, c. 12°).



6. Criterios jurisprudenciales que determinan el alcance de la faz
competencial del artículo 118 inciso quinto de la Constitución

VIGÉSIMO SEXTO: Que, conforme al artículo 118 inciso quinto de la
Constitución Política de la República, una ley orgánica constitucional determinará las
funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las
materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a
requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de
ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así
como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que esta Magistratura ha delimitado el alcance
competencial de dicho precepto constitucional a lo largo de una extensa
jurisprudencia. Ya en STC Rol N° 11-1982 se determinó que la normativa que entrega
a las municipalidades atribuciones para dar solución a determinados problemas, junto
con los preceptos indispensables para determinar el alcance de dichas atribuciones,
corresponde a materias reservadas a ley orgánica constitucional. Este criterio
fundacional fue luego precisado y desarrollado en el control preventivo de
constitucionalidad de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, mediante
las STC Roles N°s 37-1986, 50-1987, 52-1988, 54-1988, 69-1989, 73-1989, 85-1989 y 104-
1990, asentándose en dicha etapa los contornos esenciales del ámbito competencial
reservado al legislador orgánico constitucional en esta materia.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en particular, en STC Rol N° 50-1987, c. 8°, esta
Magistratura estableció que la Carta Fundamental restringe el carácter orgánico
constitucional a materias específicas que ella misma señala, sin que corresponda
extenderlo a las demás prescripciones contenidas en una ley o artículo de ella que no
traten específicamente de las materias enumeradas, a efectos de evitar extender el
ámbito de aplicación de las leyes orgánicas constitucionales más allá de lo necesario y
permitido por la Constitución. En igual sentido se pronunció en STC Rol N° 54-1988,
al examinar el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modificó la Ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en STC Rol N° 255-1997, a
propósito del proyecto de ley que otorgó un mejoramiento especial de
remuneraciones para los profesionales de la educación.

VIGÉSIMO NOVENO: Que de lo asentado se deriva que, si bien es materia
propia de ley orgánica constitucional la determinación de atribuciones de las
municipalidades, ello no significa que todas sus atribuciones, sean esenciales o
accidentales, deban ser objeto de ella, pues la inclusión de estas últimas excedería el
ámbito de aplicación de esta clase de leyes (STC Rol N° 54-1988, c. 4°). En dicho
pronunciamiento fue examinado el precepto que disponía que las municipalidades



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0000560
QUINIENTOS SESENTA




tendrían, además, las atribuciones no esenciales que les confieran las leyes o que
versen sobre materias que la Constitución expresamente ha encargado sean reguladas
por la ley común, concluyéndose que todas aquellas normas que hayan otorgado u
otorguen a las municipalidades atribuciones que no revisten el carácter de esenciales
quedan entregadas al legislador común.

TRIGÉSIMO: Que este criterio ha sido sostenido en pronunciamientos
ulteriores de esta Magistratura, ratificándose que únicamente revisten naturaleza de
ley orgánica constitucional aquellas normas que otorguen a las municipalidades
atribuciones esenciales, en tanto las demás quedan entregadas al legislador común.
Lo determinante para efectuar dicha calificación es establecer si la disposición en
examen confiere realmente nuevas atribuciones esenciales a las municipalidades o si,
por el contrario, se limita a regular el ejercicio de atribuciones ya conferidas en otros
preceptos o a concretar modalidades de actuación que no innovan en su marco
competencial esencial. Así lo ha ratificado esta Magistratura en pronunciamientos
recientes, al señalar que no es materia de ley orgánica constitucional la normativa que
no innova respecto de las atribuciones que ya tienen los municipios ni en aquellas
materias en que el alcalde requiere la consulta o el acuerdo del concejo (STC Roles N°s
17.280-26, c. 23°; 17.209-25, cc. 41° a 43°; 17.163-25, cc. 10° a 12°; 15.801-24; 15.459-24;
13.182-22; 13.071-22).




7. Examen de las normas contenidas en el proyecto de ley

Artículo 21 inciso tercero del proyecto de ley

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que el inciso tercero del artículo 21 del proyecto de
ley, en su última oración, dispone que “los gobiernos regionales y las municipalidades
podrán definir instancias de participación para presentar propuestas durante este
proceso de elaboración”, referido al proceso de elaboración de la Política Nacional de
Envejecimiento.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en el marco de su tramitación legislativa, esta
disposición fue calificada por el Congreso Nacional como norma de rango orgánico
constitucional en virtud de lo dispuesto en los artículos 111, inciso tercero, y 118, inciso
quinto, de la Constitución Política de la República, por incidir en las atribuciones de
los gobiernos regionales y de las municipalidades, respectivamente.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, sin embargo, del examen de su contenido esta
Magistratura constata que la disposición no establece nuevas atribuciones para los
gobiernos regionales ni para las municipalidades. La norma se limita a reconocer una
facultad de participar en el proceso de elaboración de una política pública sectorial,
sin conferir a dichos organismos potestades que no se encuentren ya reconocidas en
el ordenamiento jurídico vigente, conforme se razonará.




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0000561
QUINIENTOS SESENTA Y UNO




TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en lo que respecta a los gobiernos regionales, el
legislador orgánico constitucional ya ha previsto en la Ley N° 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional los principios y
mecanismos que habilitan la participación de dichos entes en procesos de elaboración
de políticas públicas. Su artículo 14 establece que los gobiernos regionales, en el
ejercicio de sus funciones, deberán inspirarse, entre otros, en el principio de “efectiva
participación de la comunidad regional”. A su vez, su artículo 28 dispone que el
consejo regional tendrá por finalidad “hacer efectiva la participación de la comunidad
regional”, invistiéndolo de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. La
disposición en examen no agrega ni modifica dichas previsiones, limitándose a
reconocer una manifestación concreta de aquello que ya constituye un principio rector
de la acción regional.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, igualmente, el legislador común ha regulado de
manera general el derecho de participación de los órganos de la Administración del
Estado en los procesos de formulación de políticas públicas. La Ley N° 20.500, sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, incorporó en la Ley N°
18.575 los artículos 69, 70 y 73, reconociendo en su artículo 69 a las personas el derecho
de participar en las políticas, planes, programas y acciones del Estado. A su vez, el
artículo 70 obliga a cada órgano de la Administración del Estado a establecer
modalidades de participación en el ámbito de su competencia y el artículo 73 faculta
a dichos órganos para señalar materias en que se requiera conocer la opinión de las
personas. Estos preceptos configuran un estatuto general de colaboración y apertura
en la gestión pública que ya permite, en el marco de las competencias existentes, la
participación de gobiernos regionales y municipalidades en el diseño de una política
sectorial, sin que la disposición examinada agregue elemento novedoso alguno a
dicho esquema.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que esta Magistratura ha resuelto que no revisten
naturaleza de ley orgánica constitucional aquellas normas que no innovan en las
funciones o atribuciones de los gobernadores y consejos regionales, ni corresponden
a una transferencia de competencias propia de ley orgánica constitucional (STC Rol
N° 17.163-25, c. 14°). En igual sentido, ha sostenido que no es materia de ley orgánica
constitucional la normativa que no innova respecto de las atribuciones que ya poseen
las municipalidades (STC Rol N° 17.280-26, c. 23°; STC Rol N° 17.209-25, cc. 41° a 43°).

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la disposición contenida en el
inciso tercero, última oración, del artículo 21 del proyecto de ley no hace sino concretar
una modalidad de colaboración en el diseño de una política sectorial sobre la base de
principios y mecanismos ya reconocidos tanto en la legislación orgánica constitucional
de gobiernos regionales como en la legislación común sobre participación ciudadana.
Desde allí, no altera las competencias esenciales de los referidos organismos ni
modifica la organización básica de la Administración del Estado.




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0000562
QUINIENTOS SESENTA Y DOS




TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, por consiguiente, la disposición en examen no
reviste naturaleza de ley orgánica constitucional y corresponde calificarla como
norma propia del legislador común.



Artículo 23 inciso tercero del proyecto de ley

TRIGÉSIMO NOVENO: Que el inciso tercero del artículo 23 del proyecto de
ley dispone que las personas mayores víctimas de abandono social podrán concurrir
ante el tribunal con competencia en asuntos de familia dentro del territorio
jurisdiccional de su residencia o domicilio para que adopte las medidas necesarias
para resguardar sus derechos. Igualmente establece que dicho procedimiento judicial
se sustanciará de acuerdo con las normas establecidas en el Párrafo quinto del Título
IV de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y en lo no previsto en ellas,
por las disposiciones de su Título III.

CUADRAGÉSIMO: Que, en el marco de su tramitación legislativa, esta
disposición fue calificada por el Congreso Nacional como norma de rango orgánico
constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 inciso primero de la
Constitución Política de la República, por cuanto dice relación con las atribuciones de
los tribunales de justicia. Sin embargo, del examen de su contenido esta Magistratura
constata que la disposición no innova en las atribuciones de los juzgados de familia.
La competencia para conocer de los asuntos relativos al abandono social de personas
mayores y adoptar las medidas de protección que correspondan se encuentra radicada
en el número 1 del artículo 28 del mismo proyecto de ley, disposición que modifica
directamente el artículo 8° de la Ley N° 19.968.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que lo que el inciso tercero del artículo 23
regula es una remisión al procedimiento aplicable y las reglas de tramitación del
asunto, esto es, la forma o manera en que el tribunal debe resolver la contienda,
aspectos que esta Magistratura ha calificado consistentemente como propios del
legislador común, no alcanzando al legislador orgánico constitucional conforme lo
dispuesto en el artículo 77 inciso primero de la Constitución.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que esta Magistratura ha resuelto, según ya
se ha razonado previamente, que la Carta Fundamental, a estos efectos, diferencia las
reglas orgánicas relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de las
reglas procesales que regulan el enjuiciamiento como materia de ley común conforme
al artículo 63 N° 3, pues estas últimas no guardan relación con la esfera de acción
determinada por la competencia otorgada, sino con la forma o manera en que el
tribunal respectivo debe resolver la contienda que la ley ha entregado a su
conocimiento (STC Roles N°s 15.796-24, c. 30°; 15.043-23, c. 16°; 3130-16, c. 32°).

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, igualmente, este Tribunal ha
confirmado que el establecimiento de reglas relativas a la ritualidad procedimental no
alcanza al legislador orgánico constitucional, enmarcándose más bien en el ámbito del


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0000563
QUINIENTOS SESENTA Y TRES




artículo 63 N° 3 de la Constitución (STC Rol N° 16.579-25, c. 27°; STC Rol N° 15.368-
24, cc. 15° y 16°). Por consiguiente, la disposición contenida en el inciso tercero del
artículo 23 del proyecto de ley no reviste naturaleza de ley orgánica constitucional,
pues regula aspectos rituales o procedimentales y no atribuciones competenciales
nuevas, y corresponde calificarla como norma propia del legislador común.



Artículo 28 N° 1 del proyecto de ley

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que el número 1 del artículo 28 del proyecto
de ley incorpora en el artículo 8° de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia,
un nuevo numeral 17), del siguiente tenor: “Los asuntos relativos a las personas
mayores respecto de los cuales sea necesario adoptar alguna de las medidas a que se
refiere el Párrafo quinto del Título IV.” La disposición desplaza el actual numeral 17)
a numeral 18).

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, en el marco de su tramitación legislativa,
esta disposición fue calificada por el Congreso Nacional como norma de rango
orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 inciso primero de la
Constitución Política de la República.

Del examen de su contenido, la disposición confiere una nueva competencia a
los juzgados de familia para conocer de los asuntos relativos a personas mayores
respecto de los cuales sea necesario adoptar medidas de protección en el marco del
Párrafo quinto del Título IV de la ley N° 19.968, innovando así en las atribuciones de
dichos tribunales. Esta materia corresponde, por su propia naturaleza, al legislador
orgánico constitucional conforme al artículo 77 inciso primero de la Constitución, en
tanto la expresión “atribuciones” contenida en dicho precepto comprende las reglas
que dicen relación con la competencia de los tribunales, sea esta absoluta o relativa
(STC Rol N° 271, c. 14°; STC Rol N° 418-04, c. 12°; STC Rol N° 16.579-25, c. 15°).

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, asimismo, la disposición en examen
modifica directamente el artículo 8° de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de
Familia, precepto que fue declarado propio de ley orgánica constitucional por este
Tribunal en la STC Rol N° 418-04, c. 12° y luego en STC Rol N° 1151-08, c. 6°, por
cuanto establece la competencia de los juzgados de familia. Conforme a lo prescrito
en el artículo 66 inciso segundo de la Constitución Política de la República, la norma
que modifica un precepto previamente declarado de rango orgánico constitucional
reviste igual naturaleza jurídica. Como ha resuelto este Tribunal, “el precepto del
proyecto de ley que modifica una norma declarada propia de ley orgánica sobre
organización y atribuciones de los tribunales de justicia tiene igual naturaleza
conforme al artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República y,
asimismo, conforme al artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental” (STC
Roles N°s 16.644-25, c. 27°; 16.579-25, c. 19°; 15.015-23, c. 13°; 15.525-24, c. 50°).




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0000564
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO




CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por consiguiente, el número 1 del
artículo 28 del proyecto de ley reviste naturaleza de ley orgánica constitucional
conforme a los artículos 77 inciso primero y 66 inciso segundo de la Constitución
Política de la República.



Artículo 30 del proyecto de ley

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que el artículo 30 del proyecto de ley añade
un inciso segundo nuevo en el artículo 15 de la ley N° 20.530, que crea el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, disponiendo que el Comité Interministerial de
Desarrollo Social y Familia deberá sesionar una vez al año, a lo menos, para conocer
de las materias establecidas en el artículo 1° de dicha ley relacionadas con personas
mayores. Dicha instancia, entre otros asuntos, deberá conocer de los informes anuales
elaborados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor sobre el estado general de la
vejez y el envejecimiento a nivel nacional y regional; aprobar la propuesta de Política
Nacional de Envejecimiento, cuando corresponda; y conocer del plan estratégico para
las personas mayores y su estado de implementación.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, en el marco de su tramitación legislativa,
esta disposición fue calificada por el Senado, en primer trámite constitucional, como
norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 38
inciso primero de la Constitución Política de la República, por incidir en la
organización básica de la Administración del Estado en relación con el Comité
Interministerial de Desarrollo Social y Familia.

QUINCUAGÉSIMO: Que, sin embargo, del examen de su contenido esta
Magistratura constata que la disposición no crea un nuevo órgano ni confiere
potestades resolutivas que innoven en la organización básica de la Administración del
Estado. El Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia ya se encuentra
creado y regulado en el artículo 15 de la Ley N° 20.530. El precepto más bien regla la
periodicidad de las sesiones y la precisión de materias que dicho Comité deberá
conocer en relación con las personas mayores. Se trata, por tanto, de una concreción o
especificación de funciones intersectoriales de coordinación ya contempladas en su
diseño institucional, sin conferirle potestades decisorias nuevas que alteren la
organización básica de la Administración del Estado.

En este sentido, la aprobación de la propuesta de Política Nacional de
Envejecimiento que se encomienda al Comité no constituye una potestad decisoria
autónoma y no altera la estructura básica de la Administración del Estado ni priva a
ningún órgano de sus atribuciones propias.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en esta línea, esta Magistratura ha
resuelto que una especificación normativa que no modifique la estructura propia de
los servicios públicos constituye ley simple, especialmente cuando se trata de órganos
de naturaleza consultiva o de coordinación intersectorial (STC Rol N° 17.307-26, c. 33°;


18
0000565
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO




STC Rol N° 17.011-25, c. 13°; STC Rol N° 16.633-25, c. 12°). En similar sentido, este
Tribunal ha señalado que las funciones del Comité Interministerial en examen son
“propiamente intersectoriales en el ámbito de sus objetivos y no privan a los
Ministerios ninguna de sus atribuciones respectivas; en contrario, más bien, norman
una articulación simultánea y sucesiva que no innova de lo previamente establecido
en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado” (STC Rol N° 15.043-23, c. 22°).

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, la disposición
contenida en el artículo 30 del proyecto de ley no reviste naturaleza de ley orgánica
constitucional al no alterar la organización básica de la Administración del Estado,
correspondiendo calificarla como norma propia del legislador común.



Artículo 31 N° 10 del proyecto de ley

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que el número 10 del artículo 31 del
proyecto de ley reemplaza el artículo 12 de la ley N° 19.828, que crea el Servicio
Nacional del Adulto Mayor, regulando los Comités Regionales para el Adulto Mayor
como órganos colaboradores del Servicio, encargados de administrar el Fondo
Concursable para el Adulto Mayor y de asesorar al gobernador regional en la
promoción y aplicación a nivel regional de los planes y programas relativos a las
personas mayores. La disposición establece asimismo la presidencia, secretaría
ejecutiva e integración de dichos Comités, entregando a criterios objetivos
determinados por el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y
el Director Regional del Servicio el mecanismo y porcentaje de representación de las
municipalidades y organizaciones civiles que los integran.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, en el marco de su tramitación
legislativa, esta disposición fue calificada por el Senado, en primer trámite
constitucional, como norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo
dispuesto en el artículo 38 inciso primero de la Constitución Política de la República,
por estimarse que alteraría la organización básica de la Administración Pública.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, sin embargo, del examen de su
contenido esta Magistratura constata que la disposición no innova en la organización
básica de la Administración del Estado. Los Comités Regionales para el Adulto Mayor
ya se encontraban contemplados en el artículo 12 de la ley N° 19.828, y el precepto en
examen introduce modificaciones en su composición y funcionamiento sin conferirles
potestades resolutivas que excedan las ya contempladas en dicha norma. En efecto,
las funciones que se les asignan son de naturaleza colaboradora y asesora, sin que se
trate de un órgano colegiado dotado de facultades decisorias que altere la estructura
básica que establece la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado.




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0000566
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS




QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que esta Magistratura ha resuelto de manera
consistente que la creación o modificación de órganos de naturaleza consultiva no
innova en la estructura general contemplada en la Ley N° 18.575 y, por tanto, no
reviste naturaleza de ley orgánica constitucional (STC Rol N° 14.480-23, c. 11°; STC
Rol N° 13.670-22, c. 24°; STC Rol N° 17.011-25, c. 13°). Asimismo, no puede el
legislador orgánico abarcar o incursionar en todos los detalles de aquellas
instituciones a las que se le ha encargado regular su organización y funcionamiento,
debiendo limitarse a delinear la estructura básica o fundamental para lograr un
expedito funcionamiento en la práctica (STC Rol N° 160-92, c. 10°; STC Rol N° 16.024-
24, c. 26°).

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la disposición
contenida en el número 10 del artículo 31 del proyecto de ley tampoco reviste
naturaleza de ley orgánica constitucional y corresponde calificarla como norma propia
del legislador común.



Del artículo segundo transitorio del proyecto de ley

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que el artículo segundo transitorio del
proyecto de ley dispone que los Consejos Asesores Regionales de las Personas
Mayores a que hace referencia el artículo 5° ter de la ley N° 19.828, incorporado por el
numeral 6 del artículo 31, serán los continuadores legales de los Consejos Asesores
Regionales de Personas Mayores creados mediante el decreto supremo N° 8, de 2008,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, en el marco de su tramitación
legislativa, esta disposición fue calificada, como norma de rango orgánico
constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 inciso primero de la
Constitución Política de la República.

SEXAGÉSIMO: Que, sin embargo, del examen de su contenido esta
Magistratura constata que la disposición no crea nuevos órganos ni confiere nuevas
atribuciones que innoven en la organización básica de la Administración del Estado.
Se trata de una norma de continuidad jurídica que establece la sucesión entre
organismos ya existentes, limitándose a garantizar que los Consejos Asesores
Regionales de Personas Mayores creados por decreto supremo sean reconocidos como
continuadores legales de aquellos que el propio proyecto de ley regula, sin alterar la
estructura básica de la Administración del Estado contemplada en la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por
consiguiente, en los términos precedentemente razonados a propósito de examen del
artículo 31 N° 10 del proyecto, esta disposición no reviste naturaleza de ley orgánica
constitucional y corresponde calificarla como norma propia del legislador común.




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0000567
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE




De los artículos cuarto y quinto transitorios del proyecto de ley

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que el artículo cuarto transitorio del proyecto de
ley dispone que la Política Nacional de Envejecimiento deberá dictarse en un plazo
máximo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley,
sucediendo a la “Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2015-2025”.
Por su parte, el artículo quinto transitorio establece que al tercer año desde su entrada
en vigencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con el Ministerio
de Hacienda deberán evaluar e informar respecto de la implementación y aplicación
de la ley, remitiendo dicho informe a las comisiones del Congreso Nacional que indica
y publicándolo en los sitios electrónicos de los ministerios respectivos.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, del examen de su contenido esta
Magistratura constata que ninguna de las dos disposiciones crea nuevos órganos,
confiere nuevas atribuciones ni altera la organización básica de la Administración del
Estado. El artículo cuarto transitorio establece un plazo para la dictación de la Política
Nacional de Envejecimiento y su relación de sucesión respecto de la política anterior,
tratándose de una norma de carácter temporal que regula la implementación de lo
dispuesto en el articulado permanente. El artículo quinto transitorio, a su vez,
establece un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas sobre la aplicación de
la ley, sin innovar en la estructura básica de la Administración del Estado
contemplada en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado. Por consiguiente, ambas disposiciones no revisten
naturaleza de ley orgánica constitucional y corresponde calificarlas como normas
propias del legislador común.



Del artículo 7° del proyecto de ley

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que el artículo 7° del proyecto de ley establece
que, para resguardar el ejercicio de los derechos de las personas mayores que
intervengan como parte, testigo o perito en un procedimiento judicial, los tribunales
deberán propender al cumplimiento de determinadas medidas, entre las que se
cuentan velar por el respeto del principio de igualdad y no discriminación arbitraria
por razones de edad, resguardar en las decisiones judiciales el derecho a la vida y a la
dignidad en la vejez, y promover y garantizar la debida diligencia y una atención
preferente y prioritaria en los procesos judiciales en que intervengan personas
mayores. La disposición hace extensivas estas directrices a los auxiliares de la
administración de justicia en lo que corresponda a sus funciones.

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que este Tribunal, en ejercicio de su competencia
para determinar el ámbito de las leyes orgánicas constitucionales, examinó la eventual
naturaleza de ley orgánica constitucional de esta disposición no consultada por el
Congreso Nacional.




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0000568
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO




SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, del examen de su contenido, esta
Magistratura constata que la disposición no innova competencialmente en las
atribuciones de los tribunales de justicia. Sus numerales contienen principios y
directrices que orientan el actuar judicial en el marco de garantías ya reconocidas en
el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las
personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho a un
proceso previo legalmente tramitado. No se trata de reglas de competencia ni de
normas que confieran nuevas atribuciones a los tribunales, sino de estándares de
conducta judicial coherentes con deberes que ya pesan sobre los órganos
jurisdiccionales en virtud del texto constitucional. Como ha resuelto esta
Magistratura, el establecimiento de reglas relativas a la ritualidad procedimental y a
los criterios que deben orientar la actuación judicial no alcanza al legislador orgánico
constitucional conforme al artículo 77 inciso primero de la Constitución,
enmarcándose más bien en el ámbito de su artículo 63 N° 3 (STC Rol N° 16.579-25, c.
27°; STC Rol N° 15.368-24, cc. 15° y 16°).

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que, por consiguiente, el artículo 7° del proyecto de
ley no reviste naturaleza de ley orgánica constitucional y corresponde calificarlo como
norma propia del legislador común.



Del artículo 11 inciso final del proyecto de ley

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que el inciso final del artículo 11 del proyecto de
ley dispone que las personas mayores y las organizaciones que las representen
participarán en el Comité Consultivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor y en los
Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores, en conformidad con la ley N°
19.828. Agrega que estos últimos tendrán el carácter de consejos de la sociedad civil,
de acuerdo con el artículo 74 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que este Tribunal, en ejercicio de su competencia
para determinar el ámbito de las leyes orgánicas constitucionales, examinó la eventual
naturaleza de ley orgánica constitucional de esta disposición no consultada por el
Congreso Nacional.

SEXAGÉSIMO NOVENO: Que, del examen de su contenido, esta
Magistratura constata que la disposición no reviste naturaleza de ley orgánica
constitucional. Si bien la norma efectúa una remisión al artículo 74 de la Ley N° 18.575,
dicha remisión no crea nuevos órganos ni confiere nuevas atribuciones que innoven
en la organización básica de la Administración del Estado. La disposición se limita a
reconocer la participación de las personas mayores y sus organizaciones en instancias
ya existentes, precisando que los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores
tendrán el carácter de consejos de la sociedad civil conforme al marco normativo
vigente, sin dotarlos de potestades resolutivas. Como ha resuelto esta Magistratura,



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0000569
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE




la creación de organismos de participación ciudadana que carecen de potestades
resolutivas no incide en las materias contempladas en el artículo 38 inciso primero de
la Constitución Política de la República, tal como se ha precisado en torno a la
determinación de la naturaleza de los artículos 30 y 31 N° 10 del proyecto en examen.

Por consiguiente, el inciso final del artículo 11 del proyecto de ley no reviste
naturaleza de ley orgánica constitucional y corresponde calificarlo como norma
propia del legislador común.



VI. INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU
COMPETENCIA

SEPTUAGÉSIMO: Que, en lo pertinente se ha oído previamente a la Corte
Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución
Política, conforme consta en oficios de dicho Tribunal N° 58-2021, de 7 de abril de 2021
y N° 362-2024, de 15 de octubre de 2024.



VII. NORMATIVA ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO
DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORME CON LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que, la disposición del proyecto de ley que
reviste naturaleza de ley orgánica constitucional y sobre la cual este Tribunal emite
pronunciamiento en sede de control preventivo de constitucionalidad declarándolo
ajustado a la Constitución corresponde únicamente al artículo 28 N° 1 del proyecto
remitido. Las restantes disposiciones del proyecto de ley no versan sobre materias
propias de ley orgánica constitucional, por lo que este Tribunal no emitirá
pronunciamiento sobre ellas en sede de control preventivo de constitucionalidad.



VIII. CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en sesión de 5 de enero de 2026 de la H.
Cámara de Diputados, el H. Diputado Andrés Giordano Salazar formuló reserva de
constitucionalidad respecto del artículo 29 del proyecto de ley, según consta a fojas
259 y 260, en los siguientes términos:

“El señor Giordano.- Señorita Presidenta, veo que en la tramitación de este proyecto
se ha cometido un posible error de procedimiento que tiene efectos concretos en el texto que se
pretende despachar, y que reviste importancia constitucional tanto por la forma como por el
fondo. Lo estoy planteando en virtud del artículo 150 del Reglamento.

El 30 de junio de 2025, esta honorable Sala conoció la votación del proyecto de ley sobre
envejecimiento positivo, oportunidad en la que se sometió a votación separada el artículo 29 de
la iniciativa. Esa votación separada la solicitó quien habla respecto de dicho artículo, que consta



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0000570
QUINIENTOS SETENTA




en las páginas 71 a 81 del comparado, votación que tuvo como resultado 52 votos a favor, 55
en contra y 9 abstenciones, por lo que resultó rechazado el texto propuesto por la Comisión de
Personas Mayores y Discapacidad.

Conforme a lo dispuesto respecto del artículo que ya mencioné, una vez rechazado el
texto, correspondía someter a votación el texto aprobado por el Senado, lo que no ocurrió. Esta
omisión consta tanto en la minuta de votación publicada, como en el registro oficial de
votaciones disponible en el sitio web de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo,
pese a no haberse producido dicha votación, en el informe oficial de la Secretaría de la Cámara
se da por aprobado el texto del Senado, sin que esta Corporación haya tenido oportunidad de
pronunciarse expresamente sobre este artículo.

Esta situación fue oportunamente advertida en la Comisión Mixta con el objeto de
subsanarla. No obstante, ello no fue posible por no haber alcanzado la unanimidad, lo que
impidió corregir esto, que, a mi juicio, es un vicio de tramitación.

En consecuencia, nos encontramos ante una situación que es irregular, en la que el
proyecto está próximo a ser despachado incorporando una norma respecto de la cual esta
Cámara no ha manifestado su aprobación, vulnerando los procedimientos establecidos en el
Reglamento y en la Constitución.

Por lo anterior, quiero consultar a la Secretaría de la Cámara qué mecanismos proceden
para subsanar la irregularidad y, en subsidio, dejar expresa reserva de constitucionalidad sobre
dicha norma, tanto por su contenido como por la forma en que fue tramitada, al no haberse
cumplido el trámite constitucional y reglamentario exigido. He dicho.”.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que, el cuestionamiento formulado y
precedentemente transcrito no versa sobre normativa que ostente rango orgánico
constitucional sujeta a control preventivo por esta Magistratura, ni tampoco ha sido
precisada suficientemente, motivo por el cual, en esta sentencia, no se emitirá
pronunciamiento a dicho respecto. En equivalente sentido se ha pronunciado este
Tribunal, entre otras, en STC Rol N° 2732-14 CPR, c. 15°, STC Rol N° 2132-11, c. 10° y
14.455-23, c. 37, en un criterio que será mantenido en el pronunciamiento de autos.



IX. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS
NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista,
consta que la norma sobre la cual este Tribunal emite pronunciamiento fue aprobada,
en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso
segundo del artículo 66 de la Constitución Política.



Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 38 inciso
primero, 77 inciso primero, 111 inciso tercero y 118 inciso quinto de la Constitución




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0000571
QUINIENTOS SETENTA Y UNO




Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51 de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

I. QUE EL ARTÍCULO 28 N° 1 DEL PROYECTO DE LEY PARA PROMOVER
EL ENVEJECIMIENTO POSITIVO, EL CUIDADO INTEGRAL DE LAS
PERSONAS MAYORES, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD DEL ADULTO MAYOR, CONTENIDO EN LOS
BOLETINES N°s 13.822-07, 12.451-13 Y 12.452-13, REFUNDIDOS,
APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL, ES CONFORME CON
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.


II. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO
DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES DISPOSICIONES
DEL PROYECTO DE LEY, POR NO VERSAR SOBRE MATERIAS QUE
INCIDEN EN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.


Desestimado el carácter de ley orgánica constitucional con el voto dirimente
de la Presidenta del Tribunal Constitucional, Ministra señora DANIELA MARZI
MUÑOZ, de conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 8° de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en relación con el artículo
23 del proyecto de ley en la oración: “Las personas mayores víctimas de abandono social
también podrán concurrir ante el tribunal con competencia en asuntos de familia dentro del
territorio jurisdiccional de su residencia o domicilio para que adopte las medidas necesarias
para resguardar sus derechos”.



DISIDENCIAS

El Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ estuvo por calificar como norma
orgánica constitucional el artículo 23 inciso tercero en la oración: “Las personas
mayores víctimas de abandono social también podrán concurrir ante el tribunal con
competencia en asuntos de familia dentro del territorio jurisdiccional de su residencia o
domicilio para que adopte las medidas necesarias para resguardar sus derechos”.

Dicha oración reviste naturaleza de ley orgánica constitucional conforme al
artículo 77 inciso primero de la Constitución Política de la República. En efecto, la
disposición radica en los juzgados de familia una competencia para conocer de los
asuntos relativos al abandono social de personas mayores y adoptar las medidas
necesarias para resguardar sus derechos, competencia que antes no se encontraba
contemplada en el ordenamiento jurídico. No se trata de una remisión procedimental
ni de la especificación de una atribución preexistente, sino de la creación de una nueva



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0000572
QUINIENTOS SETENTA Y DOS




facultad jurisdiccional que innova en las atribuciones de los tribunales de familia.
Como ha resuelto esta Magistratura, la expresión “atribuciones” contenida en el
artículo 77 inciso primero de la Constitución comprende las reglas que dicen relación
con la competencia de los tribunales, sea esta absoluta o relativa (STC Rol N° 271, c.
14°; STC Rol N° 418-04, c. 12°), materia que corresponde por su naturaleza al legislador
orgánico constitucional.

El hecho de que la competencia haya sido posteriormente radicada de manera
expresa en el artículo 8° de la ley N° 19.968 mediante el número 1 del artículo 28 del
proyecto no enerva la naturaleza orgánica constitucional de la primera oración del
inciso tercero del artículo 23, pues ambas disposiciones inciden de manera autónoma
en las atribuciones de los juzgados de familia. La primera al habilitar directamente la
concurrencia ante dichos tribunales, y la segunda al incorporar formalmente dicha
competencia en el catálogo del artículo 8° de la ley N° 19.968.



El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, y la Ministra señora MARCELA
PEREDO ROJAS, al tenor de las normas orgánico-constitucionales las que indican, por
mandato de la Constitución, a partir del examen completo del proyecto de ley
sometido a su conocimiento en el ejercicio legítimo de la facultad reconocida en el
artículo 93 numeral primero de la Carta Fundamental. Tal como se fundamentará a
continuación. Así, estos disidentes razonan en conformidad al texto de la Constitución
que:



I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO
OBLIGATORIO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE
ADULTOS MAYORES



A. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MATERIAS RESERVADAS POR LA
CONSTITUCIÓN AL LEGISLADOR ORGÁNICO
1°. Que, el Honorable Senado ha remitido mediante Oficio Nº77/SEC/2026 de
17 de marzo de 2026, el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, para
promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el
fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, contenido en los Boletines Nºs
13.822-07, 12.451-13 y 12.452-13, refundidos.

Luego, a través del Oficio Nº93/SEC/26 de 6 de abril de 2026, el Honorable
Senado precisa que el texto autenticado remitido a esta Magistratura respecto a las
disposiciones consultadas del proyecto de ley corresponden a los artículos 21, 23, 28,
30, 31, segundo transitorio, cuarto transitorio, y quinto transitorio; todos ellos del
proyecto de ley controlado, como consta a fojas 541 y siguientes del expediente
constitucional.




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0000573
QUINIENTOS SETENTA Y TRES




2°. Que, en virtud del artículo 93, numeral primero de la Constitución Política
de la República es atribución de esta Magistratura “Ejercer el control de
constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las
leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias
propias de estas últimas, antes de su promulgación”. Por ende, las normas contenidas en
el proyecto de ley que estos jueces constitucionales disidentes subsumimos al tenor de
la fuerza normativa de la Carta Fundamental que calificamos como leyes orgánicas
constitucionales son las siguientes:



i. El artículo 7 del proyecto de ley. Que regula el ejercicio legítimo de
los derechos de las personas mayores que intervengan en un procedimiento judicial.
Así, verbi gratia, la disposición controlada impone a los tribunales de justicia garantizar
una atención preferente y prioritaria a los procesos judiciales en los que intervenga
personas mayores. Por tanto, la norma es orgánica constitucional en virtud del artículo
77, inciso primero, de la Constitución;
ii. El inciso cuarto del artículo 11 del proyecto de ley. Que fortalece la
institucionalidad para la protección de los adultos mayores e incide en la regulación
básica de la organización del Estado porque regula a los Consejos de la sociedad civil
y a los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores. Por tanto, la disposición
es orgánica constitucional en virtud del artículo 38, inciso primero, de la Constitución.
iii. La frase “Los gobiernos regionales y las municipalidades podrán
definir instancias de participación para presentar propuestas durante este proceso de
elaboración”, contenida en el inciso tercero del artículo 21 del proyecto de ley. La
norma controlada regula los mecanismos de participación ciudadana especialmente
para las personas mayores; a saber, radicando la atribución de los gobiernos
regionales y de las municipalidades. Por tanto, la norma es orgánica constitucional en
virtud de los artículos 111, 113 y 118 de la Constitución;
iv. El inciso tercero del artículo 23 del proyecto de ley. La norma
controlada asegura el derecho de las personas mayores víctimas de abandono social a
concurrir ante el tribunal de familia competente para que se adopten las medidas
necesarias para resguardar sus derechos. Por tanto, la norma es orgánica
constitucional en virtud del artículo 77, inciso primero, de la Constitución;
v. El artículo 28 del proyecto de ley. Modifica la Ley N°19.968, que crea
los Tribunales de Familia, otorgando competencias a los jueces de familia respecto al
derecho de las personas mayores víctimas de abandono social a concurrir ante
aquellos tribunales para que se adopten las medidas necesarias para resguardar sus
derechos. Por tanto, la norma es orgánica constitucional en virtud del artículo 77,
inciso primero, de la Constitución;
Asimismo, específicamente el numeral 1 del artículo 28 del proyecto
de ley, en cuanto modifica el artículo 8º de la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de
Familia, es de naturaleza orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso
segundo de la Carta Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencias roles Nº418 y Nº1.151, esto es vía




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0000574
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO




fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional chileno;

vi. El artículo 30 del proyecto de ley. Esta disposición controlada
fortalece la institucionalidad en materia de protección de los adultos mayores a través
del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, estableciendo el deber de
sesionar una vez al año, a lo menos, para conocer de ciertas materias relacionadas con
personas mayores. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del
artículo 38, inciso primero, de la Constitución;
vii. El numeral 1 del artículo 31 del proyecto de ley. En cuanto ordena
sustituir, los términos “adulto mayor” por “persona mayor” en la Ley Nº19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, modifica el artículo 6º Ley Nº19.828. Por
ello, la disposición controlada tiene naturaleza orgánica constitucional en virtud del
artículo 66 inciso segundo de la Carta Fundamental, pues modifica una norma
declarada orgánica constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº358; esto
es vía fuente jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional
chileno.
viii. El numeral 2 del artículo 31 del proyecto de ley. En el mismo sentido
de artículos anteriores la ratio del precepto legal controlado regula el Servicio
Nacional del Adulto Mayor, de forma tal que este pase de ser un servicio
descentralizado funcionalmente, a ser un servicio descentralizado funcional y
territorialmente. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud del
artículo 38, inciso primero, de la Constitución;
ix. El numeral 3 del artículo 31 del proyecto de ley. Regula las
atribuciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por tanto, la disposición es
orgánica constitucional en virtud del artículo 38, inciso primero, de la Constitución;
x. El numeral 4 del artículo 31 del proyecto de ley. Modifica el artículo
5º de la Ley Nº19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la disposición
controlada tiene naturaleza orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso
segundo de la Carta Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº358, esto es vía fuente
jurisprudencial secundaria como fuente del derecho constitucional chileno.
Asimismo, en cuanto regula las atribuciones del Director Nacional del Servicio
Nacional del Adulto Mayor, la disposición controlada es orgánica constitucional en
virtud del artículo 38, inciso primero, de la Constitución;

xi. El numeral 6 del artículo 31 del proyecto de ley. En cuanto crea los
Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores, la disposición controlada es
orgánica constitucional en virtud del artículo 38, inciso primero, de la Constitución;
xii. El numeral 7 del artículo 31 del proyecto de ley. En cuanto incide en
la integración del Comité Consultivo el Adulto Mayor, la disposición controlada es
orgánica constitucional en virtud del artículo 38, inciso primero, de la Constitución.
Asimismo, el precepto legal controlado modifica el inciso segundo del artículo
6º de la Ley Nº19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por ende,
jurídicamente es orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la
Carta Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica constitucional por




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0000575
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO




esta Magistratura en sentencia rol Nº358, esto es vía fuente jurisprudencial secundaria
como fuente del derecho constitucional chileno;

xiii. El numeral 10 del artículo 31 del proyecto de ley. Crea los Comités
Regionales para el Adulto Mayor, los cuales serán presididos por el gobernador
regional, y establece su integración, incluyendo a representantes de las
municipalidades. Por tanto, la disposición es orgánica constitucional en virtud de los
artículos 38, inciso primero, 111 y 118 de la Constitución;
xiv. El artículo segundo transitorio del proyecto de ley. Regula a los
Consejos Asesores Regionales de las Personas mayores que serán los continuadores
legales de los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores. Por tanto, la
disposición es orgánica constitucional en virtud de los artículos 38, inciso primero, 111
y 113 de la Constitución;


3°. En consonancia con lo anteriormente expuesto, la razón jurídica de la
calificación de los preceptos legales controlados en el presente proyecto de ley radica
en las fuentes del derecho constitucional chileno. Ello por dos razones esenciales que
fundamentan esta disidencia.

4°. En primer término, porque la Constitución es fuente directa y primaria que
determina las materias derivadas al legislador orgánico constitucional. Y, porque,
además, en virtud de la norma normarum las normas que crean, modifican o derogan
materias orgánicas constitucionales poseen el mismo carácter conforme al artículo 66
de nuestra Carta Magna.

5°. En segundo término, porque la jurisprudencia de esta Magistratura es
fuente secundaria del derecho constitucional chileno, por ende, para estos ministros,
resulta evidente que las materias que han sido declaradas como orgánico
constitucionales por jurisprudencia anterior, fundamentan entonces la coherencia
sistémica del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio que, lo anterior no obsta para el
control a posteriori, si existe vulneración de derechos adquiridos reconocidos por la
Carta Fundamental.



B. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓN
DE LEY ORGÁNICA EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD PARA LAS
PERSONAS MAYORES

6°. Este Tribunal es el garante de la Ley Suprema en nuestro ordenamiento
jurídico. Por ello, los jueces de esta Magistratura controlan el proyecto de ley sometido
a su conocimiento para dilucidar si aquellas disposiciones relativas a competencias
propias de leyes orgánicas constitucionales han cumplido con los requisitos de forma
y fondo que la Carta Fundamental exige. Ello porque “la Constitución es un todo
orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas




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0000576
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS




la debida correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que conduzca a
anular o a privar de eficacia algún precepto de ella” (sentencia rol N°33, c. 19°).

Y, es que el aspecto orgánico es una garantía para el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas mayores en virtud del principio de servicialidad del
Estado en orden al bien común al tenor del artículo primero de la Carta Fundamental.

7°. En efecto, evitar el reduccionismo de las materias confiadas al legislador
orgánico es esencial si se tiene en cuenta que las normas orgánicas constitucionales
son verdadera fuente del derecho constitucional al complementar la regulación
contenida en la Carta Fundamental. Así lo ha explicado la doctrina comparada al
señalar que “en muchos países existe un cuerpo importante de normas legales dictadas por el
legislativo que -no en teoría, pero sí en la práctica- complementan, desarrollan, modifican
o adaptan la constitución. Estas leyes, que suelen ser de rango superior a las demás, reciben
diversos nombres: “constitucionales” (Italia), “orgánicas” (España), etc. Las materias que
regulan suelen ser de gran trascendencia, como la organización judicial. Como decíamos en
el capítulo anterior, estas leyes son muy importantes porque ninguna Constitución (en sentido
material) puede ni debe estar sólo en una única ley, y ninguna Constitución (en sentido formal)
puede regularlo todo, ni debe siquiera intentarlo” (PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos
(2006): Teoría constitucional. Santiago, Editorial LexisNexis, segunda edición, p. 39).

8°. Por tanto, “[L]a Constitución debe aplicarse y no debe ser sólo una
declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas se sujete a
distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la ley orgánica por su
contenido deba obligatoriamente sujetarse al texto constitucional y controlarse
previamente como requisito en su proceso formador” (BULNES ALDUNATE, Luz (1984):
La ley orgánica constitucional. Revista chilena de Derecho, vol. 11, N°2 y 3, pp. 228-
239).

9°. Con razón, el constituyente chileno, inspirado en modelos de derecho
comparado, vale recordar, Constitución Francesa de 1958, Constitución española de
1978, ha reconocido este tipo de leyes que por razones de competencia exigen un
quórum de aprobación de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio para crear,
modificar o derogar una ley orgánica constitucional. Con razón, De Otto explica que
“las normas relativas a ciertas materias queden sujetas a un procedimiento especial, que exige
una mayoría cualificada” (DE OTTO, Ignacio (1988): Derecho constitucional. Sistema de
fuentes. Barcelona, Editorial Ariel S.A., segunda edición, pp. 111-113).

A mayor abundamiento, se advierte en el derecho constitucional francés que
las leyes orgánicas versan sobre temáticas “indispensables para el funcionamiento del
mismo sistema constitucional” (PARDO FALCON, Javier (1990): El Consejo Constitucional
francés. La jurisdicción constitucional en la Quinta República. Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, p. 164).




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0000577
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE




II. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS COMO
ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 77, INCISO PRIMERO, DE LA
CONSTITUCIÓN COMO GARANTÍA JUDICIAL DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
MAYORES

10°. El artículo 77 inciso primero de la Constitución mandata al legislador
orgánico constitucional la “organización y atribuciones” de los tribunales de justicia. Y
es que, es la Constitución la que dispone en sus propios artículos y a través de su
densidad normativa qué materias serán reguladas por leyes orgánicas
constitucionales.

11°. Además, la expresión “organización y atribuciones de los tribunales” forma
parte de una tradición constitucional ininterrumpida en Chile respecto de la
regulación de los tribunales de justicia en la Carta Fundamental desde 1833 hasta hoy.
Por tanto, esa cosmovisión no debe interpretarse restrictivamente porque el
constituyente ha dotado de contenido normativo a la disposición constitucional.

12°. Así, las expresiones “organización y atribuciones” requieren correlación en
necesaria coherencia interpretativa con la propia función judicial establecida
directamente en la Constitución, en tanto, “[l]a facultad de conocer de las causas civiles y
criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley”. De esta manera, bajo la norma constitucional del actual
artículo 77, está entregado a dicho legislador la “organización y atribuciones de los
tribunales”, por lo que aquel tiene facultad para conferirles las atribuciones que estime
pertinentes para la debida administración de justicia, en la medida en que ello se
materialice mediante la reserva que ha dispuesto la propia Constitución a la ley
orgánica constitucional. Así fue resuelto en sentencia rol n° 80, c. 9°, criterio que
también ha sustentado la disidencia en causa rol n° 15.796-24 y 15.801-24, entre otras,
a propósito de la determinación del alcance del artículo 77 de la Carta Fundamental.

13°. Por lo anterior, el contenido normativo de la “organización y atribuciones”
reservada a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso primero supone que
no se desnaturalice o vacíe de contenido la expresa reserva entregada por la
Constitución a la ley orgánica constitucional.

De esta forma, el legislador orgánico tiene facultad constitucional “para
entregarle a los tribunales las atribuciones que estime pertinentes para la debida
administración de justicia” (sentencia rol N°80, c. 9°). Así, esta Magistratura ha indicado
en sentencias roles números, 62, 316 y 433, establecer determinadas prohibiciones para
optar a los cargos de juez, es materia del legislador orgánico constitucional; o, en
sentencia rol N°3.203, c. 9°, se estimó incidente en su esfera competencial la entrega
de nuevas atribuciones a los tribunales de competencia penal.

14º. Además de lo señalado, al examinar el sentido y alcance de las expresiones
“organización y atribuciones” que se contienen en el artículo 77 inciso primero de la
Constitución, es necesario tener presente que la delimitación competencial surge no
sólo de estas disposiciones en una aproximación aislada -lo que no es posible al


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0000578
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO




interpretar en forma armónica e íntegra el texto constitucional- sino que, antes de ello,
desde las Bases de la Institucionalidad, que se fundamenta y controla en virtud del
principio constitucional de juridicidad; esto es, el artículo séptimo de la Carta
Fundamental sobre investidura regular, competencia y actuación conforme a la ley.
Así, “[l]os órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus
integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, añadiendo el inciso
segundo que “[n]inguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que
los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

15º. La ratio del proyecto de ley es la protección institucional de los derechos
de las personas mayores, facilitando el acceso a la justicia, para así promover el
“envejecimiento positivo y del cuidado integral de los adultos mayores” (p. 5 del Mensaje
Presidencial Nº174-368).

16º. Y, es que la Carta Fundamental en coherencia con el artículo 5º inc. 2º de
la Constitución tutela en virtud de la Convención Americana sobre la protección de
los derechos humanos de las personas mayores ratificado por Chile y vigente. De
modo tal, que los preceptos legales declarados como orgánico constitucionales tienen
por objeto concretizar dicha Convención.

Ello porque, aquella exige al Estado de Chile “promover, proteger y asegurar
el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir
a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente
Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o
adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados
Parte, a favor de la persona mayor” (Véase artículo primero de dicha Convención).



III. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS COMO
ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 38 PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
MAYORES

17º. Que, para determinar si un precepto parte de un proyecto de ley tiene
naturaleza orgánica constitucional, el juez constitucional debe contrastar las
disposiciones de la Carta Fundamental que confían la regulación legislativa de una
temática a una ley orgánica constitucional con los preceptos sometidos a examen.

18° Por ende, este contraste o test normativo abstracto, debe tenerse presente
que el artículo 38 inciso primero de la Constitución establece que “una ley orgánica
constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará
la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y
asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el
perfeccionamiento de sus integrantes”.



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0000579
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE




19º. Que, a través de dicha disposición constitucional, el constituyente confió
al legislador orgánico el desarrollo normativo de la organización básica de la
Administración del Estado, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que la existencia de
la Administración y de los cargos públicos asociados a ella, están íntimamente ligados
a la efectividad práctica del principio de servicialidad del Estado y del bien común,
entendido como fin último del Estado, ambos consagrados en el artículo 1° inciso
cuarto de la Constitución.

20º. A mayor abundamiento, debido a este control normativo abstracto y
obligatorio en razón de los consejos de la sociedad civil, esta Magistratura ha
sostenido que las disposiciones que obligan a los órganos del Estado a establecer este
tipo de consejos “(…) son propias de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, a que se refiere el inciso primero del artículo 38 de la
Constitución Política” (STC Rol Nº1.868, c. 6º).



IV.SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS COMO
ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 111 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN
21°. Esta Magistratura ha señalado que los preceptos legales que norman
atribuciones o funciones de los Gobiernos Regionales son orgánicos constitucionales
en virtud de los artículos 111 y 113 de la Constitución.

Y, es que, “los preceptos en examen regulan las funciones generales del gobierno
regional (…) Dicho cuerpo normativo estructurado en torno a las diversas funciones de los
gobiernos regionales, en el marco de la reforma en examen incide en las leyes orgánicas
constitucionales previstas por la Constitución en el artículo 111, inciso segundo y en su
artículo 113” (sentencia Rol Nº4.179, c. 22º).

22°. En ese mismo sentido, la jurisprudencia de esta Magistratura es conteste
“al analizar el alcance de los anotados artículos 111 y 113 de la Constitución, en cuanto se
reserva al legislador orgánico constitucional “establecer, correspondientemente, las
atribuciones y funciones del gobierno regional” (STC Rol N° 155-92, c. 36°), parecer
mantenido, entre otras, en la STC Rol N° 443-05, c. 7°, al examinar diversas modificaciones a
la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y en
la STC Rol N° 4179-18, c. 22°, estimándose que “las funciones del Gobierno Regional,
desarrolladas primero, a nivel general y luego, en áreas específicas, vienen a regular lo que la
Constitución ha mandatado, precisamente, al legislador orgánico constitucional para un
adecuado ejercicio de su misión constitucional en el contexto del proceso de regionalización”
(STC Rol Nº14.425, c. 9º).



V. SOBRE EL SENTIDO CONSTITUCIONAL DE LA LEY ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MUNICIPALIDADES




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QUINIENTOS OCHENTA




23°. A mayor abundamiento, en materia de municipalidades la regulación
constitucional posee en esencia dos características particulares. La primera dice razón
con la flexibilidad normativa del mandato constitucional que refiere de modo directo
a ciertas materias específicas para que sean competencia de ley orgánica. La segunda
se refiere a las competencias que según el principio de juridicidad las municipalidades
poseen. Ello porque se trata de la separación de funciones vertical, esto es, a partir del
artículo tercero de la Carta Magna que organiza competencialmente la forma jurídica
del Estado de Chile, esto es, un Estado Unitario.

24°. Con razón, la definición constitucional de municipalidad está regulada en
el artículo 118 de la Constitución que establece que “son corporaciones autónomas,
creadas y configuradas, en sus elementos esenciales (organización, funciones, potestades),
directamente por el propio texto constitucional, el que es complementado por leyes orgánicas
constitucionales. Sin embargo, el legislador puede precisar cuánta autonomía corresponde a un
determinado órgano constitucional; pero no puede establecer interferencias externas
incompatibles con dicha autonomía” (Véase, GÓMEZ GONZÁLEZ, Rosa Fernanda (2017):
La potestad normativa sancionadora municipal. Análisis de la operatividad del
principio de legalidad. Revista Ius et Praxis, Año 23, Nº2, p. 494). (El destacado es
nuestro).

25°. A mayor abundamiento, desde el derecho público se reconoce que el
derecho municipal es una rama del derecho administrativo porque “comparte sus
fuentes, aun cuando por sus características particulares tiene una legislación propia y
especialísima que la regula. De esta forma existe una Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades signada con el N° 18.695 de 31 de marzo de 1988, que regula por especial
mandato de la Constitución su organización y funcionamiento, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio del
Interior publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2006”. (Véase, VILLAGRÁN ABARZÚA,
M. (2015). Manual de derecho municipal: (ed.). Santiago de Chile, Chile: RIL editores,
pp. 38-39). (El destacado es nuestro).



VI. SOBRE LA RATIO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CALIFICADOS COMO
ORGÁNICOS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 66, INCISO SEGUNDO DE LA
CONSTITUCIÓN
26°. Que, además, estos ministros califican al numeral 1 del artículo 28; y a los
numerales 1, 4 y 7 del artículo 31; todos del proyecto de ley controlado, como
orgánicos constitucionales en virtud del artículo 66, inciso segundo, de la Constitución
y de la jurisprudencia de esta Magistratura que ha declarado previamente aquellas
materias como competencia de ley orgánica. Ello, porque “Las normas legales a las
cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las leyes de quórum
calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados
y senadores en ejercicio”. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 66 inciso
segundo constitucional.



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QUINIENTOS OCHENTA Y UNO




27°. Por tanto, el numeral 1 del artículo 28 del proyecto de ley, en cuanto
modifica el artículo 8º de la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, es de
naturaleza orgánica constitucional en virtud del artículo 66 inciso segundo de la Carta
Fundamental, pues modifica una norma declarada orgánica constitucional por esta
Magistratura en sentencias roles Nº418 y Nº1.151. Asimismo, los numerales 1, 4 y 7
del artículo 31 del proyecto de ley modifican normas que forman parte de la Ley
Nº19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, declaradas orgánica
constitucional por esta Magistratura en sentencia rol Nº358. Razón por la cual
calificamos las disposiciones controladas ya referidas con la misma naturaleza jurídica
en virtud de la fuente normativa y jurisprudencial indicada.

Por tanto, estos ministros consideramos que donde existe la misma razón debe
existir la misma disposición por razones de lógica y certeza jurídica.



VII. SOBRE EL SENTIDO DE LA DECLARACIÓN DE LEYES
ORGANICAS CONSTITUCIÓNALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

28° Por último, los preceptos legales declarados orgánico constitucionales al
tenor de la Constitución y conforme a los razonamientos precedentemente indicados,
suponen ya en sede Administrativa, ya en sede judicial el ejercicio del derecho de
acceso a la justicia.

29° Ese derecho supone considerar el estándar reconocido para las personas
mayores ante los órganos del Estado. Esto es, al tenor de la Convención de protección
de las personas mayores, la Carta Fundamental chilena y las leyes que este proyecto
controlado dispone.

30° De modo tal, que el ordenamiento jurídico resulte acorde al deber del
Estado de garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona
mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos
administrativos y judiciales conforme al texto de la Carta Fundamental respetando los
derechos asegurados constitucionalmente en su tenor literal y en su contenido
esencial.



El Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA estuvo por calificar como
normas de rango orgánico constitucional los artículos 7°, el inciso final del artículo
11, la última oración del inciso tercero del artículo 21, el inciso tercero del artículo
23 en su integridad, el artículo 30 y el número 10 del artículo 31, todos del proyecto
de ley.

1°. Que las disposiciones relativas al Comité Interministerial de Desarrollo
Social y Familia, a los Comités Regionales para el Adulto Mayor, y a la participación
de personas mayores en los consejos de la sociedad civil, esto es, los artículos 30, 31



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QUINIENTOS OCHENTA Y DOS




N° 10 y 11 inciso final, inciden en la organización básica de la Administración del
Estado y corresponden, por tanto, al legislador orgánico constitucional conforme al
artículo 38 inciso primero de la Constitución. Esta Magistratura ha resuelto que las
disposiciones que obligan a los órganos del Estado a establecer consejos de la sociedad
civil son propias de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado (STC Rol N° 1.868-10, c. 6°), y que la creación, funciones e
integración de órganos de coordinación intersectorial inciden en dicho ámbito
competencial (STC Rol N° 10.455-21, c. 9°).

2°. Que por su parte, el artículo 21 inciso tercero última oración y el artículo 23
inciso tercero en su integridad dicen relación con atribuciones de gobiernos
regionales, municipalidades y tribunales de familia, materias reservadas a ley
orgánica constitucional conforme a los artículos 111 inciso tercero, 118 inciso quinto y
77 inciso primero de la Constitución, respectivamente, en tanto las disposiciones en
examen confieren o concretan facultades de dichos organismos que inciden en su
marco competencial propio (STC Rol N° 4179-18, c. 22°; STC Rol N° 418-04, c. 12°).

En términos equivalentes, el artículo 7° innova en los criterios que rigen la
actuación de los tribunales de justicia en el ejercicio de sus atribuciones, alcanzando
igualmente al legislador orgánico constitucional del artículo 77 inciso primero de la
Carta Fundamental, en tanto esta Magistratura ha reconocido que dicho legislador
tiene facultad para conferir a los tribunales las atribuciones que estime pertinentes
para la debida administración de justicia (STC Rol N° 80, c. 9°).



PREVENCIONES

Las Ministras señoras DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta), NANCY YÁÑEZ
FUENZALIDA, MARÍA PÍA SILVA GALLINATO estuvieron por calificar el número 1 del
artículo 28 del proyecto de ley como ley orgánica constitucional conforme al artículo
77 inciso primero de la Constitución Política de la República, sin considerar que
dicha calificación pueda fundarse desde el artículo 66 inciso segundo de la Carta
Fundamental.

A estos efectos, el artículo 66 inciso segundo de la Constitución establece que
las normas de una ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación,
modificación o derogación, de las mayorías señaladas en dicho precepto. De ello se
sigue que su aplicación presupone la existencia de una norma orgánica constitucional
previa que sea objeto de modificación. En el caso del número 1 del artículo 28, la
disposición incorpora un numeral 17) nuevo en el artículo 8° de la ley N° 19.968, que
crea los Tribunales de Familia, confiriendo a los juzgados de familia competencia para
conocer de los asuntos relativos a personas mayores respecto de los cuales sea
necesario adoptar medidas de protección. La norma en cuestión no modifica una
atribución previamente establecida, sino que crea una enteramente nueva.




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QUINIENTOS OCHENTA Y TRES




En consecuencia, el fundamento de la calificación orgánica constitucional del
número 1 del artículo 28 reside exclusivamente en el artículo 77 inciso primero de la
Constitución, en tanto la disposición innova en las atribuciones de los juzgados de
familia al conferirles una nueva competencia. El artículo 66 inciso segundo resulta
inaplicable al caso, pues su supuesto de hecho no se verifica cuando lo que hace el
legislador es crear una competencia nueva que antes no existía en el ordenamiento
jurídico.



Adoptado el acuerdo desechada que fue la indicación propuesta por los
Ministros señores RAÚL MERA MUÑOZ y MARIO GÓMEZ MONTOYA, en cuanto a que
no corresponde examinar normas del proyecto de ley que no fueron consultadas por
el Congreso Nacional, previenen que se han pronunciado sobre su calificación como
normas orgánicas constitucionales y sobre su conformidad con la Constitución,
única y exclusivamente porque fueron sometidas a la deliberación y votación por este
Pleno de Ministros y Ministras.

Estos Ministros consideran, en la línea de lo razonado en el voto disidente de
los ministros señores Carmona, García, Hernández y Pozo en la sentencia Rol N° 4317-
2018 (considerandos 2º a 6º) que, en virtud de la tesis de deferencia estricta al
legislador, así como de la comprensión sistemática de las normas sobre control de
constitucionalidad, esta Magistratura -en el marco del control contemplado en el
artículo 93 número 1- ha de imponerse un autocontrol respecto de las materias sobre
las cuales debe pronunciarse, correspondiéndole referirse solamente a aquellos
preceptos calificados como orgánicos constitucionales por el Congreso Nacional y
remitidos por éste para su conocimiento y control. En palabras de Martínez Estay “la
idea de auto-restricción y de deferencia es una consecuencia clara del principio de separación
de poderes. Se refiere a la actitud de respeto que deben observar entre sí los diversos órganos
que ejercen potestades públicas, lo que conlleva reconocerse mutuamente las competencias que
corresponden a cada uno de ellos y las limitaciones derivadas de esto.” (Martínez Estay, José
Ignacio. 2014. Auto-restricción, deferencia y margen de apreciación. Breve análisis de
sus orígenes y de su desarrollo. En: Estudios constitucionales, 12:1, pp. 365-396).

Es relevante puntualizar, como se señala en el precitado voto disidente, que
esta posición tiene antigua historia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y
retomarla resulta especialmente relevante luego de las reformas constitucionales del
año 2005. Por una parte, a propósito del deber de lealtad constitucional de todos los
órganos del Estado, que se traduce en que el deber de garantizar el orden institucional
de la República también le compete al Congreso Nacional y, por otra, en virtud del
establecimiento, ex post al control preventivo, de mecanismos de control de
constitucionalidad de la ley, tanto de efectos generales como de efectos particulares.

Al respecto, Emilio Pfeffer asimismo da cuenta que esta postura es de larga
data en la historia de esta Magistratura, precisando que “en una primera época el




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QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO




Tribunal Constitucional resolvía invariablemente, aunque con algunas disidencias, que sólo
estaba revestido de jurisdicción para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes que
tengan rango de ley orgánica constitucional según la calificación efectuada por el propio Poder
Legislativo. Mientras que, por modo excepcional, y únicamente cuando se suscitara una
cuestión de constitucionalidad, es decir, hubiere un requerimiento en tal sentido formulado por
los órganos habilitados para ello, podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de un precepto
contenido en un proyecto de ley de otra naturaleza” (Pfeffer Urquiaga, Emilio. 1998.
Algunos problemas que se derivan del control obligatorio de constitucionalidad que
ejerce el Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales. En: Ius et
Praxis, 4:1, p. 263).

En relación con este último punto, como ha señalado Domingo Lovera, la
lógica de la regulación en materia de legitimación activa del ejercicio de las
atribuciones del Tribunal Constitucional da cuenta de una clara tendencia a dejar
entregada tal facultad a las ramas políticas. El autor enfatiza que la lógica del diseño
institucional permite concluir que la regla general es la primacía de la calificación del
legislador, salvo que se requiera al Tribunal Constitucional su pronunciamiento. Por
lo mismo, resulta relevante constatar que respecto de los preceptos que no sean
calificados como orgánicos constitucionales por la Cámara de origen, subsiste la
posibilidad de que el Presidente de la República, cualquiera de las cámaras, o una
cuarta parte de sus miembros en ejercicio, active el control preventivo regulado en el
artículo 93 número 3 de la Constitución. Lovera ilustra la cuestión como sigue:
“Piénsese en el caso siguiente: el parlamento se encuentra discutiendo un proyecto de ley sobre
materias que se acuerda que son propias de ley ordinaria. De acuerdo con el art. 93 N.º 3 CPR
la revisión de ese acuerdo para ante el TC solo puede ser solicitada por el presidente de la
República, cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Pero ello
no ocurrirá porque en el hipotético caso, de buena fe y luego de razonadas deliberaciones,
ninguno de los legitimados disputa respecto de la calificación acordada. La calificación afirme
sería la del legislador". (Lovera Parmo, Domingo. 2022. Tres advertencias: Tribunal
Constitucional y el derecho adjetivo. En Estudios Constitucionales, 20:1, pp. 39-40).

En el mismo sentido, Rodrigo Correa plantea que el Tribunal Constitucional,
al pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones que no han sido
sometidas a su control por estimar que tienen carácter orgánico constitucional, “ha roto
la sistemática del control y lo ha hecho mostrando poca deferencia al legislador democrático”.
Al respecto, explica que el diseño adoptado por el constituyente “responde a un
principio propio de una república democrática” y no maximiza el control, ya que por
definición permite que una disposición orgánica constitucional escape de la revisión
de esta Magistratura si la Cámara de Origen no la califica como tal. El autor plantea
que “[s]i el constituyente hubiese querido asegurar que toda ley que en opinión del tribunal
tiene carácter orgánico constitucional fuera objeto de control, habría diseñado un sistema
diferente de remisión al tribunal. No habría depositado en la cámara de origen la potestad para
determinar qué leyes remitir al tribunal”. La consecuencia de ello -según señala-, es que




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QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO




el control pasa a depender de un factor completamente aleatorio, puesto que no es
posible controlar una disposición si ella no se encuentra en un proyecto de ley
sometido al tribunal (Correa González, Rodrigo. 2003. Revista de Derecho de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Número I: 2004, pp. 538-540).

A mayor abundamiento, el argumento anterior se ve reforzado a la luz de lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, que en su inciso primero delinea el principio de pasividad como
principio funcional fundamental de la actividad de esta Magistratura, en los
siguientes términos: “El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de las
personas y los órganos constitucionales legitimados de conformidad con el artículo 93 de la
Constitución Política de la República o de oficio, en los casos señalados en la Constitución
Política de la República y en esta ley”. El tenor de esta norma es tajante en cuanto a que
esta Magistratura sólo puede ejercer su jurisdicción de oficio excepcionalmente en
aquellos casos señalados en la Constitución y en la ley: la actuación de oficio se delinea
como excepcional frente a la regla general constituida por la pasividad de este
Tribunal.

En este contexto, analizado el texto de la ley y el de la Constitución, se colige
que no existe iniciativa de oficio de esta Magistratura para ejercer el control preventivo
obligatorio regulado en el artículo 93 número 1 de la Carta Fundamental, en tanto no
existe habilitación expresa para ello. Lo anterior, además, resulta plenamente
concordante con el principio de juridicidad que, por mandato constitucional y en tanto
órgano público, somete a esta Magistratura, debiendo actuar dentro de su
competencia y sin ejercer más potestades que las que expresamente le confiere la
Constitución o la ley.

Así las cosas, no habiendo norma expresa que excepcione al control del artículo
93 N° 1 del texto constitucional de la regla general, esto es, el principio de pasividad,
se hace necesario concluir que la legitimación que activa este control se encuentra
radicada en el Congreso Nacional.



Redactaron la sentencia, disidencias y las respectivas prevenciones, las señoras
y los señores Ministros que las suscriben.

Comuníquese al H. Senado, regístrese y archívese.

Rol N° 17.448-26-CPR.




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QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 07/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 07/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 07/05/2026 Fecha: 07/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 07/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Raúl Eduardo
Mera Muñoz, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




BED61159-08B5-415D-84A5-FDA1F247370C
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