TC Rol 17449

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SETECIENTOS DIECISIETE




Santiago, seis de mayo de dos mil veintiséis.

A fojas 116, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 698, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer y segundo otrosí, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 19 de marzo de 2026, Michael Mark Clark Varela
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 97, inciso primero, letras a) y b),
de la Ley N°18.045, de Mercado de Valores, para que ello incida en el
proceso seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre reclamo
de ilegalidad, bajo el Rol 73-2025 (Contencioso Administrativo), en
conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de apelación, bajo el Rol
N° 39.715-2025;

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 25 de marzo 2026 a
fojas 107. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás partes de
la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad, formulando observaciones la parte
requerida a fojas 698, instando por la inadmisibilidad del requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente y según las
piezas allegadas al expediente (fojas 128 y ss) la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) mediante Oficio N° 170.499 de 26 de diciembre de 2024
instruyó al requirente “a adoptar todas las medidas pertinentes para
subsanar las infracciones expuestas”, en relación con supuestas
irregularidades relativas a la adquisición que realizó la sociedad
Inversiones Antumalal Limitada -de la que el requirente es socio- de las
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cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport con fecha 13 de
diciembre de 2024, por no haber realizado una Oferta Pública de
Adquisición de Acciones (OPA).Sin embargo, a juicio del requirente dicha
operación “no implicó transferencia de acciones de Azul Azul S.A. ni radicación
de derechos políticos en el aportante. Conforme al diseño de la Ley N° 20.712,
las facultades de administración y de ejercicio de los derechos inherentes a los
activos del fondo se radican de manera exclusiva en la sociedad
administradora del FIP, no en sus cuotacorrentistas” (fojas 6).

En contra del oficio en referencia interpuso un recurso de
reposición administrativo, el cual fue rechazado por la CMF con fecha 22
de enero de 2025 mediante resolución exente N° 977, por lo que deduce
recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que,
igualmente fue rechazado con fecha 03 de septiembre de 2025.

Frente a dicha decisión interpone recurso de apelación ante la Corte
Suprema, el que se encuentra con decreto de autos en relación desde el 30
de septiembre de 2025 y que constituye la gestión pendiente (Rol N°
39.715-2025);

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad
sostiene que la aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho de
propiedad, al proyectar sobre las cuotas adquiridas cargas regulatorias
ajenas a su estatuto legal; la igualdad ante la ley, al someterlo a un
tratamiento propio de accionistas controladores que no comparten su
posición jurídica; y el debido proceso y el principio de legalidad
sancionatoria, al construir sobre una cláusula abierta de “poder para” el
presupuesto habilitante de eventuales responsabilidades administrativas
y penales.

En efecto, afirma que la CMF y la Corte de Apelaciones de Santiago
calificaron al requirente como controlador indirecto de una sociedad
anónima abierta, pese a que su inversión se materializa exclusivamente
mediante la adquisición de cuotas de un Fondo de Inversión Privado
(“FIP”), esto es, de un patrimonio de afectación regido por un estatuto
legal especial.

Advierte que el conflicto constitucional no reside en una “mera
discrepancia hermenéutica sobre el alcance del artículo 97 LMV, sino en los
efectos que produce su aplicación concreta cuando se utiliza como norma de
conexión para proyectar el régimen de control societario propio del mercado
público de valores sobre una inversión estructurada a través de un FIP. En esa
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operación, el artículo 97 funciona como una verdadera “norma-puente” que
activa consecuencias regulatorias incompatibles con el estatuto de los FIP
previsto en la Ley N° 20.712 (“LUF”)” (fojas 4). Explica que mientras el artículo
97 de la LMV establece los requisitos que permiten atribuir la calidad de
controlador, el artículo 199 del mismo cuerpo legal impone a quien
adquiere dicho control la obligación de formular una OPA, haciendo
presente que el artículo 93 de la LUF prohíbe, en términos absolutos y sin
distinciones, la realización de ofertas públicas respecto de las cuotas de
fondos de inversión privados.

De este modo, indica que en el caso de autos, el artículo 97 permite
imputarle un deber de OPA que el propio ordenamiento jurídico prohíbe
cumplir en la forma en que se le exige, generando una antinomia
normativa explícita y concreta entre mandatos legales incompatibles, lo
que, a su juicio, no es posible resolver a través de los criterios
interpretativos legales ordinarios para la resolución de antinomias como
la jerarquía, la temporalidad y la especialidad;

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional y
legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental;

7°. Que, asimismo, esta Magistratura ha establecido que un
requerimiento de inaplicabilidad adolece del debido fundamento
plausible cuando el actor presenta un conflicto de mera legalidad. En
efecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, analizando el
espectro normativo de la expresión “fundamento plausible”, empleada
por el legislador orgánico constitucional como requisito para que el libelo
incoado supere el necesario estándar en sede de admisibilidad ha
delimitado con precisión sus contornos. Así, inequívoco es que se debe
estar en presencia de un conflicto constitucional, esto es, frente a una
contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente
aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la
alegación de mera legalidad, puesto que el parámetro de contraste es la
Constitución y no la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por
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inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía constitucional (así,
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N°s 4696, c. 10°; 5124, c.
18°; y 5187, c. 4°, entre otras);

8°. Que, en la especie se verifica que el conflicto sometido al
conocimiento de esta Magistratura es un asunto de mera legalidad de
competencia de los jueces del fondo, son éstos los llamados a determinar
si el actor, al adquirir a través de la Sociedad de Inversiones Antumalal
Limitada un total de 6.354.981 cuotas (90%) del Fondo de Inversión
Privado Tactical Sport, el que, a su vez, era propietario del 63,07% de las
acciones serie B de Azul Azul S.A, queda comprendido dentro de la figura
legal de “controlador” a que se refiere el artículo impugnado en autos,
pues la irregularidad detectada por la autoridad administrativa consiste,
precisamente, en “haber realizado una adquisición indirecta de acciones de
la sociedad anónima abierta Azul Azul S.A., que le permitió tomar su control,
sin haber sometido dicha adquisición al procedimiento de oferta pública de
adquisición de acciones en los términos exigidos por el artículo 199 de la Ley
de Mercado de Valores …” (fojas 625);

9°. Que, en consecuencia, el asunto promovido por la parte
requirente no se encuentra dentro del marco de atribuciones de este
órgano de jurisdicción constitucional, que únicamente debe determinar si
la aplicación del precepto legal al caso concreto es o no contrario a la
Constitución, lo que no ocurre en la especie, pues de los antecedentes de
la causa fluye que el requirente no comparte la calificación de controlador
indirecto de la sociedad anónima Azul Azul y por tanto, con poder para
influir decisivamente en su administración, que ha realizado la CMF,
cuestión que no le corresponde dilucidar a este Tribunal, sino que a la
Corte Suprema que a través del recurso de apelación debe determinar el
sentido y alcance del artículo 97 de la LMV impugnado y, al mismo tiempo,
determinar si correspondía al actor realizar una OPA en la hipótesis
referida.

En este sentido, el propio requirente señala que “el máximo tribunal
deberá pronunciarse necesariamente sobre si la adquisición mayoritaria de
cuotas del FIP Tactical Sport permite subsumir a mi representado en el
concepto legal de “controlador” del artículo 97 LMV y, por esa vía, si resulta
jurídicamente exigible el deber de formular una OPA” (fojas 7), cuestión que
exige un ejercicio hermenéutico de parte de la autoridad judicial.

Cabe hacer presente que la Corte de Apelaciones de Santiago al
rechazar el reclamo de ilegalidad descartó que el acto administrativo de la
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CMF infrinja los artículos 54 y 97 de la LMV, pues en ella “la autoridad no
sostiene que el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport pueda ser el
controlador de Azul Azul S.A., sino que –cosa distinta- señala que la adquisición
de acciones del fondo le permitió a él (Michael Clark) tomar el control de esa
persona jurídica” (fojas 626);

10°. Que, por ello, no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, lo planteado en el
requerimiento es un asunto de mera legalidad y no de constitucionalidad.
Así lo ha establecido esta Magistratura al señalar que “en sede de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha
sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de
constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por
consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e
interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia
jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de
competencia de los jueces del fondo” (Rol N°2775);

11°. Que, conforme lo razonado, no puede tenerse por cumplido el
estándar de plausibilidad exigido por la Constitución y la ley orgánica
constitucional que rige el actuar de este Tribunal, por lo que el
requerimiento será declarado inadmisible al concurrir la causal
contemplada en el artículo 84 N° 6 de Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.

2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas
107.
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La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro señor
HÉCTOR MERY ROMERO, y de la Ministra señora ALEJANDRA PRECHT RORRIS,
quienes estuvieron por declarar la admisibilidad del libelo por estimar que
no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el
artículo 84 de la Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.449-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 06/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 06/05/2026 Fecha: 06/05/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 06/05/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




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