TC Rol 17453

Texto completo

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CINCUENTA Y DOS


Santiago, siete de abril de dos mil veintiséis.



A fojas 49, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Carolina Andrea Bernal Galaz acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 464 del Código de Procedimiento
Civil, para que ello incida en la causa Rol 6622-2024, seguida ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y en la causa Rol C-26527-
2017, caratulada “Itaú Corpbanca con Bernal”, seguida ante el 19° Juzgado
Civil de Santiago.

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura;

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir las causales de inadmisibilidad previstas en
los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. Por una parte, el precepto legal
impugnado no resulta decisivo para la resolución del asunto ventilado en
la gestión judicial pendiente y, por otra, el requerimiento no ha
estructurado argumentativamente de manera plausible un conflicto
constitucional vinculado con el caso concreto;

4°. Que la gestión invocada consiste en un juicio ejecutivo seguido
por Itaú Corpbanca en contra de la requirente ante el 19° Juzgado Civil de
Santiago. En el marco de dicho proceso, practicado el requerimiento de
pago, la requirente dedujo excepción de prescripción de la acción ejecutiva
invocando el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Explica que el
tribunal de primera instancia declaró precluido el derecho a oponer
excepciones, fundando su decisión en el artículo 464 del mismo Código.
Interpuesto recurso de reposición con apelación en subsidio, rechazada la
reposición, la apelación fue concedida y actualmente se sustancia bajo el
Rol 6622-2024 ante la Corte de Apelaciones de Santiago;

5°. Que la requirente sostiene que la aplicación del artículo 464 del
Código de Procedimiento Civil, en cuanto opera como impedimento
absoluto para alegar la prescripción ya consumada de la acción ejecutiva,
vulnera los artículos 7°, 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política, por cuanto
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CINCUENTA Y TRES


priva a la ejecutada del derecho a defensa, afecta su patrimonio y
contraviene el principio de juridicidad al permitir la continuación de un
proceso ejecutivo fundado en una acción extinguida;

6°. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 inciso
undécimo de la Constitución y en el artículo 84 numeral 5° de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se exigen diversos
elementos que, concatenados, permiten constatar si la impugnación es
decisiva para resolver el asunto, los que se expresan en que, con la
aplicación de la norma invocada, eventualmente, el sentenciador fallará el
asunto y con ello se producirá el resultado contrario a la Constitución. La
declaración de inaplicabilidad permite evitar dicho resultado no buscado
por el Constituyente;

7°. Que, del examen del libelo y de los antecedentes de la gestión
pendiente, se advierte que el conflicto procesal que la requirente somete a
esta Magistratura no emana del artículo 464 del Código de Procedimiento
Civil. Dicho precepto se limita a enumerar las excepciones admisibles en el
juicio ejecutivo, entre ellas, expresamente, la prescripción de la deuda o de
la acción ejecutiva en su numeral 17°, sin establecer plazo alguno para su
interposición. En consecuencia, una eventual declaración de inaplicabilidad
del artículo 464 no alteraría el resultado de la gestión pendiente, pues la
controversia sobre la oportunidad en que debió oponerse la excepción de
prescripción no depende de dicho precepto;

8°. Que, de este modo, no se verifica que la normativa requerida de
inaplicabilidad resulte decisiva para la resolución del asunto ventilado en la
gestión judicial pendiente invocada. La decisión de la Corte de Apelaciones
sobre el recurso de apelación deducido no dependerá de la aplicación del
artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, sino de la evaluación de si el
tribunal de primera instancia procedió correctamente al declarar precluido
el derecho a oponer excepciones, lo cual es materia propia de dicho
recurso y no del control de constitucionalidad concreto que corresponde a
esta Magistratura. Se configura, de esta manera, la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura;

9°. Que, a mayor abundamiento, las alegaciones desarrolladas por la
requirente para fundar el conflicto constitucional adolecen igualmente de
falta de fundamento plausible en los términos del artículo 84 N° 6 de la Ley
N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura. Si bien se
requiere la declaración de inaplicabilidad de un precepto de rango legal
para que ello incida en una gestión pendiente, las argumentaciones
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CINCUENTA Y CUATRO


formuladas no configuran plausiblemente un conflicto de orden
constitucional propio de una acción de inaplicabilidad, planteando en
cambio asuntos de mera legalidad relativos a la correcta identificación,
interpretación y aplicación de las normas procesales que rigen la
oportunidad para oponer excepciones en el juicio ejecutivo;

10°. Que el vicio constitucional denunciado descansa sobre la
premisa de que es el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil el que
impide a la requirente hacer valer la excepción de prescripción. Sin
embargo, según se ha razonado, dicho precepto se limita a enumerar las
excepciones admisibles en el procedimiento ejecutivo, sin establecer plazo
alguno para su interposición. La determinación de cuál es la norma que fija
dicho plazo, y si aquella fue correctamente identificada y aplicada por el
tribunal al declarar precluido ese derecho, constituye una cuestión de
legalidad y hermenéutica procesal que corresponde resolver al juez del
fondo. Al construir el conflicto constitucional sobre los efectos de un
precepto que no los produce, el requerimiento carece de la coherencia
argumentativa mínima para configurar una controversia constitucional
plausible.

En igual sentido, las alegaciones relativas a la vulneración de los
artículos 7° y 19 N°s 3 y 24 de la Constitución se encuentran
indisolublemente conectadas a dicha premisa y no pueden entenderse
referidas al precepto impugnado. Como ha señalado esta Magistratura, la
acción de inaplicabilidad no es idónea para buscar la enmienda o revocar
lo resuelto por un tribunal en ejercicio de sus competencias para
determinar el sentido y alcance de preceptos legales, en tanto no
constituye una instancia para revisar decisiones judiciales (entre otras,
causas Roles N°s 493, 2465, 14.945, 15.021, 15.079, 15.084 y 15.936);

11°. Que, además, si bien es factible que una determinada
interpretación adoptada por un tribunal pueda generar efectos
inconstitucionales, activándose la competencia de inaplicabilidad de la ley,
esta Magistratura no está habilitada para la corrección de errores
interpretativos si, de existir, se han habilitado por el legislador mecanismos
de impugnación de esos actos y resoluciones. Aceptar que esos defectos
puedan ser subsanados por este Tribunal transformaría la inaplicabilidad
en un recurso procesal y la dotaría de una naturaleza que no posee de
acuerdo con sus requisitos constitucionales y legales. El control concreto
que le corresponde efectuar en el ámbito de la inaplicabilidad no radica
sobre actuaciones de otros órganos del Estado ni sobre la interpretación
de normas procesales, sino sobre preceptos legales que puedan resultar
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CINCUENTA Y CINCO


contrarios a la Constitución en su aplicación al caso concreto (STC Rol N°
15.066-24, c. 21°);

12°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, y en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución Política,
configurándose asimismo la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de dicho cuerpo legal, en cuanto el déficit
argumentativo del que adolece el requerimiento no permite constatar un
conflicto constitucional argüido en términos claros, precisos y detallados
de modo tal que permita la comprensión de la contrariedad a la
Constitución que significaría la aplicación de la norma cuestionada en el
caso concreto.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N°s 5 y 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS concurre a todo lo razonado
precedentemente con exclusión del considerando 11°.

Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.453-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 08/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 07/04/2026 Fecha: 07/04/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 08/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor
Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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CINCUENTA Y SEIS


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 08/04/2026




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