TC Rol 17457

Texto completo

0000079
SETENTA Y NUEVE




Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 24 de marzo de 2026, Joel Aparicio Chávez Chávez
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que establece
penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de
libertad, para que ello incida en el proceso penal RIT N° 967-2024, RUC N°
2400465395-1, seguido ante el Juzgado de Garantía de Lautaro; RIT 80-
2025, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, en conocimiento
de la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el
Rol N° 2-2026 (Penal);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad puede
adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que pueda
prosperar, siendo, así impertinente que la Sala efectúe un examen previo
de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente
la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible al
concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del
artículo 84, de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto
es, por adolecer de falta de fundamento plausible;

5°. Que, el requirente explica con fecha 02 de octubre de 2025, el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco lo sentenció a la pena de tres
años y un día de presidio menor en su grado máximo y accesorias como
autor del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, cometido durante el
día 24 de abril de 2024, sin que proceda la pena sustitutiva del artículo 15
bis de la Ley 18.216.
0000080
OCHENTA




En contra de dicha sentencia presentó recurso de nulidad y
apelación subsidiaria en cuanto la sentencia definitiva no dio lugar a la
pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. El recurso de nulidad fue
rechazado con fecha 30 de diciembre de 2025, concediéndose la
apelación, la que se encuentra pendiente de vista y resolución, según
certificado de la gestión pendiente incorporado a fojas 22;

6°. Que, al fundamentar el conflicto concreto de constitucionalidad,
alega que la aplicación del precepto impugnado infringe los artículos 1° y
19 N° 2, de la Carta Fundamental; los artículos 1.1 y 24 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; y los artículos 2.1 y 26 del Pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos, que amparan el principio de
no discriminación y la igualdad ante la ley.

7°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 14.479, c. 7°, “la exigencia
constitucional y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar
por la Sala respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional
para iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad. Éste debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única forma
de hacer valer, en ese especial y concreto caso, la supremacía constitucional.
Por ello, las alegaciones de quien acciona ante este Tribunal deben ser
analizadas en relación con las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado y expresa la
naturaleza jurídica de una acción de control concreto de constitucionalidad de
la ley (en igual sentido, resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-
21, c. 7°)”;

8°. Que, en este caso, la falta de fundamento plausible o razonable
estriba en que el actor no entrega elementos nuevos y diversos que
permitan a esta Magistratura modificar el criterio ya asentado en casos
análogos en que ha rechazado requerimientos de inaplicabilidad,
estableciendo que “la figura por cuya comisión fue acusado el requirente es
un delito sexual que protege la integridad sexual de las personas. Sin
embargo, no resulta plausible considerar que la sujeción de estos delitos a
regímenes diversos, en lo relativo a la sustitución de la pena, constituya una
discriminación, en la medida que resulte posible distinguirlos para estos
efectos desde la perspectiva de su gravedad o dañosidad.

Así, cabe enfatizar que la ponderación legislativa de la gravedad o
dañosidad del delito puede dar lugar a diversas consecuencias normativas. En
0000081
OCHENTA Y UNO




este sentido, podrá expresarse tal ponderación en la pena asignada al delito,
pero también, por ejemplo, en los plazos de prescripción y las circunstancias
modificatorias de la responsabilidad penal aplicables, así como en el régimen
relativo a la forma de cumplimiento de la pena.

De este modo, que la sustitución de la pena privativa de libertad resulte
improcedente sólo respecto de algunos delitos sexuales, se explica en la
medida que el legislador ha estimado dichos delitos sexuales como
particularmente graves. Así, en el caso del artículo 366 del Código Penal, las
figuras contempladas en los incisos primero y segundo se incluyen en el
catálogo de delitos establecido en el precepto legal impugnado; mientras que
la figura del inciso tercero (abuso sexual por sorpresa) no se incluye,
resultando procedente la sustitución de la pena. De ello no se sigue la
existencia de una discriminación, en la medida que, en atención a lo dicho, la
distinción fue establecida por el legislador haciendo uso del margen de
discrecionalidad con que cuenta para establecer diferenciaciones razonables
en el tratamiento punitivo de las figuras delictivas”, STC 16.441-25, c. 20.

Asimismo, en la causa Rol 15.485-24, c. 13°, determinó que “la
limitación que el legislador ha establecido respecto a la aplicación de penas
sustitutivas a los condenados por determinados delitos ha sido especificando
el tipo penal y no mediante una determinación genérica, como podría ser la
penalidad o quantum de la pena, siendo razonable y sin que resulte
desproporcionado que dicha exclusión se realice en consideración de la
naturaleza del delito, del bien jurídico protegido o de la condición de la
víctima, como sucede justamente en relación a las características del delito por
el que ha sido condenado el requirente” (así también causa Rol 16.388-25);

9°. Que, conforme lo razonado, ha de declararse la inadmisibilidad
del requerimiento de inaplicabilidad deducido a lo principal de fojas 1, al
confluir la causal establecida en los artículos 93 inciso undécimo y 84 N° 6,
de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,
pues el libelo se estructura sobre alegaciones genéricas de vicios
constitucionales y desatiende diversos pronunciamientos de este Tribunal
que han descartado la contravención a la Carta Fundamental a partir del
contraste del precepto impugnado, frente al principio de no
discriminación y la igualdad ante la ley.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
0000082
OCHENTA Y DOS




artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento deducido
en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.457-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 01/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 31/03/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 01/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery Romero y señora
Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 01/04/2026




5CC1BF24-4C5D-4226-BB8F-2BE78AA9BC00
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.